Según diariodelanzarote.com:
El centenar de negocios que hay en Tenorio tiene un grave problema. El Ayuntamiento de Arrecife ha recibido ya en torno a unos 70 pleitos judiciales con el objetivo de que los tribunales le obliguen a clausurar los establecimientos y a iniciar expedientes sancionadores, que podrían culminar en derribo, por encontrarse en un suelo no apto para construir.
Las demandas, que se están notificando al Ayuntamiento capitalino desde el mes de febrero, han sido interpuestas por tres empresas: Espacio Industrial Bermúdez, Fabrecar y Tamicar, relacionadas con el polígono industrial Arrecife Puerto, donde se encuentra Ikea, que siempre ha considerado que las naves de Tenorio, al estar al margen de la legalidad urbanística, les estarían haciendo “competencia desleal”, según fuentes municipales.
El problema que se avecina para los empresarios asentados en Tenorio es serio: en las demandas se pide al Juzgado que exija al Ayuntamiento la apertura de expedientes sancionadores contra las naves, que se les impongan multas económicas y que, llegado al caso, se proceda al derribo de las edificaciones ilegales. Además, se solicita el cierre de los negocios.
Las numerosas demandas están llegando a cinco juzgados de lo contencioso administrativo de Las Palmas de Gran Canaria y, según las fuentes consultadas, la intención es que todas y cada una de las naves tenga su denuncia.
Las empresas que están detrás de este 'macropleito' alegan que la “inactividad” del Ayuntamiento ha hecho posible que se haya levantado una zona industrial y comercial al margen del planeamiento urbanístico de la ciudad.
Un gran hipermercado, talleres mecánicos, grandes comercios o naves de almacenamiento y distribución se han ido consolidando a lo largo de las tres últimas décadas en Tenorio a pesar de que, técnicamente, el suelo tiene la calificación de urbanizable sectorizado no ordenado, lo que hace preciso desarrollar un plan parcial antes de construir.
En el Plan General de Arrecife que se encuentra a día de hoy en vigor –la adaptación básica de 2004- se señala que la barriada de Tenorio tiene del orden de los 282.000 metros cuadrados de superficie y que los propietarios de suelo están obligados a ceder al Ayuntamiento unos 37.000 metros cuadrados para uso público.
El caso de Tenorio se ha constituido, con los años, en un ejemplo claro del proceder del Ayuntamiento en materia urbanística. La situación de ilegalidad de las naves, a muchas de las cuales se accede por pistas de tierra, se aceptó de forma tácita en el pasado mandato, cuando se encargó al urbanista Fernando Prats, que redactaba la revisión del Plan General, que ordenase de forma “pormenorizada” la barriada.
El instrumento de ordenación, que sería un plan parcial, tenía un coste de 84.000 euros, y fue contratado a Senante en 2006, pero no ha llegado a ver la luz. Con el archivo de la revisión del Plan General de la capital de la Isla, en verano de 2008, se esfumó la posibilidad de regularizar a corto plazo la situación de las naves y darles amparo legal.
En el supuesto de que prosperen los recursos judiciales, sin duda los grandes perjudicados van a ser los dueños de las naves de Tenorio, a los que se les ha consentido desde el Ayuntamiento la construcción de sus edificaciones, sobre todo desde la década de los noventa del pasado siglo.
Hace seis años, la asociación de empresarios del parque industrial Arrecife Puerto exploró la vía penal, denunciando ante la Fiscalía a la entonces alcaldesa, María Isabel Déniz, y al concejal de Actividades Clasificadas, Eugenio Hernández.
En su denuncia, consideraba que las autoridades podían haber cometido un delito de prevaricación “al tener conocimiento manifiesto de ilegalidades urbanísticas” y del “ejercicio de actividades empresariales al margen de lo estipulado en la normativa vigente y no proceder” contra ellas.
Sin embargo, la denuncia fue archivada en 2008 por el Juzgado número 2 de Arrecife, a solicitud del fiscal, que acogió el argumento de la defensa de los ediles, ejercida por el letrado Felipe Fernández Camero, de que, aunque no se podía “obviar que las construcciones están en suelo urbanizable (no urbano aún)”, tenían “un destino” de “uso industrial en el planeamiento ya previsto”. Si bien lo cierto es que esa 'regularización', seis años después de la denuncia, no ha llegado.
1985
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2002
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