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NotaPublicado: Lun 10 Jul, 2017 8:14 am 
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Según Diario de Lanzarote:

El denunciante del caso La Bufona y propietario de terrenos en esa urbanización, Gonzalo Murillo, ha vuelto a denunciar que la Gerencia regional del Catastro acaba de cambiar, otra vez, la titularidad de los terrenos donde se asientan las casas y a inscribirlas en una calle inexistente: Chubasquillo, en lugar de Chabusquillo, que es su nombre original.

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Es la segunda vez que ocurre lo mismo. En 2008, la Dirección provincial del Catastro cambió la titularidad a favor de los dueños de esas viviendas sin que nadie se lo pidiera y sin dar audiencia a Murillo, y también cambió el nombre de la calle.

Murillo recurrió y tanto el Ministerio de Economía, primero, y los tribunales después, le dieron la razón. El ministerio destituyó al Director del catastro, Jesús Hernando, alegando que para ese cambio de titularidad no existía expediente y que "la Administración no puede actuar en el vacío, sin motivación y sin procedimiento".

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias anuló hace tres años la inscripción de las viviendas en el Catastro a nombre de los compradores, pero la sentencia no se ejecutó hasta mayo del año pasado, después de que Murillo pusiera los hechos en conocimiento de la Delegación de Economía y Hacienda de Canarias.

Esa sentencia decía que se había hecho el cambio de titularidad al margen de todo procedimiento y que en lugar de adecuar el registro catastral a la realidad, se creó "artificiosamente una realidad nueva".

En esta ocasión, Murillo, en un escrito dirigido a la Delegación de Economía y Hacienda de Canarias, considera que se ha hecho un alta catastral de forma arbitraria y que se ha iniciado el procedimiento sin dar audiencia a su familia, como interesada. También dice que se vencido el plazo de seis meses para notificar la resolución, que se tomó en diciembre y se ha notificado el 3 de julio.

Por otro lado, también denuncia que el gerente regional del Catastro tiene pleno conocimiento de que se está produciendo una ilegalidad "evidente, patente, flagrante y clamorosa".

Destaca, igualmente, que el año pasado ya se hizo una alteración catastral de la casa de la presidenta del PP insular, Astrid Pérez, y que actualmente todo el suelo de esa casa, incluida la franja de terreno rústico que ocupa, aparece catastrado como de uso residencial, mientras que en las otras 13 casas en idéntica situación, esa franja aparece como de uso agrario.


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NotaPublicado: Mar 07 Nov, 2017 3:09 pm 
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Según Diario de Lanzarote:

En febrero de este año, la Audiencia Provincial zanjaba el procedimiento penal que se había iniciado 17 años antes por las casas de la calle Chabusquillo, en la Bufona (Arrecife). La sentencia no deja lugar a dudas: “La demolición acordada debe mantenerse, fundamentalmente porque las obras realizadas (...) no son susceptibles de legalización habida cuenta de la calificación del suelo en que se asientan. La obra está completamente fuera de la ordenación y a tal infracción penal se ha añadido un delito de desobediencia”. El fallo afecta a una parte de 14 casas. En la mayoría de los casos se trata del muro de la vivienda, de algunas terrazas o pérgolas, piscinas y alguna habitación.

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Pero en urbanismo, una cosa es la sentencia y otra la ejecución. Quien debe demoler y costear esa demolición son los promotores, que son los condenados, pero para ello tendrían que acceder a una propiedad privada, las casas que ellos mismos vendieron. Los propietarios, agrupados en la asociación Almadraba, ya han anunciado medidas legales contra estos promotores.

Quien inició todas las denuncias fue la familia Murillo por la usurpación, entre otros terrenos, de esa franja de suelo rústico al norte de la calle Chabusquillo que los promotores ocuparon para construir unas casas que tienen una superficie aprobada y otra, mucho más grande, construida. Con la sentencia, ya firme, de este año, todo parecía aclarado, pero se ha seguido complicando. De hecho, se ha repetido la historia que se dio en 2008.

Hace nueve años, en medio del procedimiento penal, la Dirección provincial del Catastro cambió la titularidad de ese suelo a favor de los dueños de las viviendas y modificó el nombre de la calle, que pasó a llamarse Chubasquillo. Pero previamente las casas permanecieron omitidas de la base de datos del catastro, por lo que no pagaban el impuesto de bienes inmuebles.

Para hacer un cambio de titularidad hay que dar audiencia al anterior propietario, pero en este caso no se hizo. El caso acabó también en los tribunales, ante la falta de respuesta de la Dirección general del Catastro, que depende del Ministerio de Hacienda, y que finalmente acabó destituyendo al gerente regional, Jesús Hernando, por actuar “en el vacío, sin motivación y sin procedimiento”. Es decir, sin expediente.

En 2013, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias anuló la inscripción de las viviendas a nombre de los compradores, pero la sentencia no se ejecutó hasta mayo del año pasado, después de que Murillo pusiera los hechos en conocimiento de la Delegación de Economía y Hacienda de Canarias. La sentencia decía que la actuación del Catastro permitió inscribir una referencia catastral nueva en una calle distinta a la que consta en las escrituras, y añadía: “No es que se haya adecuado el registro catastral a la realidad, por el contrario, se ha hecho artificiosamente una realidad nueva al margen del procedimiento legalmente establecido”.

Ahora la historia se repite. Murillo, de nuevo, denuncia que se ha vuelto a dar de alta en el catastro esas casas a nombre de los compradores en una calle imaginaria, otra vez la calle Chubasquillo, y no Chabusquillo. Denuncia que tampoco esta vez se le ha dado audiencia y que las casas se han catastrado en suelo rústico de uso agrario excepto la casa de la presidenta del PP de Lanzarote, Astrid Pérez, que figura en suelo rústico de uso residencial, un tipo de suelo que no existe.

Ante esta situación, denunció los hechos en la Gerencia regional del Catastro. Lo que dice el Catastro es que fue un procedimiento de subsanación de discrepancias para incorporar las construcciones existentes en la base de datos. El expediente, sin embargo, debía haber caducado en julio porque pasaron seis meses sin que se resolviera, pero no se decretó la caducidad del expediente.

Este periódico se puso en contacto con la Dirección general del Catastro en Madrid para buscar una respuesta a la falta de caducidad y contestan que se trata de un expediente absolutamente privado y que ha estado judicializado, pero sólo unos días después comunican la caducidad del expediente y dicen que hay que iniciar un nuevo procedimiento para dar cumplimiento a la sentencia de 2013 y a la concordancia entre el catastro y la realidad material. Mientras tanto, quien ha estado pagando el IBI por ese suelo es la familia Murillo, que abonó en septiembre de este año 3.500 euros por las dos fincas que se sitúan en la calle Chabusquillo, que sí existe para pagar pero que no aparece en la base de datos del Catastro porque la calle y los propietarios tienen otro nombre.

Gonzalo Murillo, denunciante del caso La Bufona y propietario de los terrenos, ha acabado por denunciar ante la Dirección General del Catastro en Madrid al gerente del Catastro en Canarias por “inacción” al mantener efectivas las resoluciones emitidas en un expediente que ya ha sido declarado caducado por el Director general del Catastro.

[Nota de la Redacción: Tras la publicación de este reportaje en la edición impresa de noviembre de Diario de Lanzarote, el Catastro volvió a reponer la situación en sus planos como estaba originalmente, con los terrenos a nombre de la familia Murillo pero sin la aparición de las casas construidas sobre ellos, lo que continúa siendo una anomalía.]

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En la Oficina técnica de Arrecife no aparecen los expedientes de las segregaciones otorgadas en La Bufona hace casi veinte años para poder construir las casas de la urbanización. Así lo afirma un informe firmado por la arquitecta de la Oficina, que señala que en los dos archivadores que contienen las licencias de segregación del año 1999 no han podido localizarse las segregaciones otorgadas en La Bufona.

Lo que sí se encuentra, según el mismo informe, es la remisión de la relación de decretos y expedientes de licencia de obra a la Secretaría del Ayuntamiento. Las segregaciones fueron clave para poder otorgar las licencias de construcción, que no se podían haber otorgado tal y como se dieron, ya que posteriormente fueron anuladas por los tribunales, al igual que la modificación del plan parcial de 1998, que sólo permitía casas adosadas de 96 metros cuadrados y se acabaron autorizando, y construyendo, un mayor número de casas, aisladas y con mucha mayor superficie.

Por otra parte, la Oficina técnica señala que en abril se remitieron a la alcaldesa y al secretario accidental varios escritos en los que se pide que se inicien “los trámites para contratar la elaboración de informe sobre las actuaciones a efectuar sobre ejecución de sentencia” en esas casas de La Bufona.


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NotaPublicado: Jue 16 Nov, 2017 3:21 pm 
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Según Diario de Lanzarote:

El Juzgado de lo Penal número 3 de Arrecife, que juzgó el caso de La Bufona, ha rechazado la solicitud de seis vecinos afectados, que pedían, en la fase de ejecución de la sentencia, que se anulara la condena a demoler las obras que el fallo considera ilegales.

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La demolición afecta a una parte de 14 casas que se encuentra en suelo rústico y sobre el que se han construido muros, piscinas, pérgolas y, en algún caso, habitaciones.

Los propietarios basaban su petición en el hecho de que están afectados por esa sentencia pero nunca fueron parte del procedimiento penal y solicitaron que se retrotrajeran las actuaciones "hasta el momento procesal en fase de instrucción, en que se tenía que haber dado traslado de las actuaciones con el fin de permitir su personación en el procedimiento penal".

La juez Aitziber Oleaga acordó el pasado mes de octubre no admitir a trámite ese incidente de nulidad porque no aprecia que se haya producido indefensión por vulneración de algún derecho fundamental.

Así, la juez señala que "es del todo improcedente pretender la nulidad de una sentencia que condena a la demolición de unas obras que no solo ha devenido firme por sentencia de fecha 14 de febrero de 2017 por parte de la Sección segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas, sino que incluso habiendo sido objeto de solicitud de aclaración este concreto extremo referente a la demolición de las obras fue desestimada la pretensión de aclaración por la referida Sección segunda mediante auto de fecha 26 de mayo de 2017".

La magistrada considera que el Juzgado de lo Penal carece de competencia para anular una sentencia que ha sido confirmada por la Audiencia Provincial.

El pasado mes de marzo, el Juzgado de lo Penal número 3 de Arrecife ordenó que se ejecutara la sentencia que obliga a los promotores condenados, Antonio Caro y Federico Echevarría, a proceder a la demolición de las obras que se llevaron a cabo en suelo rústico de protección jable en un plazo de seis meses. El cumplimiento de la sentencia se debe verificar por parte de la Policía Local de Arrecife.

La sentencia dice que las obras realizadas "no son susceptibles de legalización habida cuenta de la calificación del suelo en que se asientan. La obra está completamente fuera de la ordenación y a tal infracción penal se ha añadido un delito de desobediencia".


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Traducción al español por Huan Manwë para phpbb-es.com