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El juicio por la incautación de la desaladora de Montaña Roja ha arrancado finalmente este martes y el momento más tenso de la primera jornada se ha vivido cuando Pedro San Ginés estaba siendo interrogado por el abogado de otro de los acusados, el exsecretario Francisco Perdomo. Así, al igual que ocurrió en el primer juicio que se terminó suspendiendo hace un año, se ha vuelto a evidenciar el choque en la estrategia de defensa de ambos procesados: San Ginés asegura que adoptó la decisión asesorado por el secretario, mientras que éste niega haber participado.

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El cambio respecto a la primera vista ha sido que San Ginés sí ha aceptado esta vez contestar a las preguntas de la fiscal -aunque se ha seguido negando a responder a las de la acusación popular-, mientras que Perdomo ha optado por no declarar, y se ha remitido a lo que ya declaró en su día.

En esa declaración, el exsecretario negó haber emitido ningún informe avalando la incautación -ni escrito ni verbal-, y aseguró que solo habló “en una ocasión” sobre el tema con el entonces presidente. “Yo no había estudiado el expediente ni conocía las interioridades”, puntualizó, asegurando que no se le pidió “ningún informe”.

Sin embargo, San Ginés ha insistido este martes en que contó en todo momento con el asesoramiento de Francisco Perdomo. Eso sí, lo que hace un año calificó como “informe verbal”, ahora lo ha definido como “asesoramiento verbal”.

Además, ha declarado que si no le pidió un informe por escrito fue porque el secretario le indicó que no hacía falta. “Ahora dice que no lo recuerda, pero me dijo que no era necesario”, ha asegurado San Ginés, que también ha insistido en que fue Perdomo quien le dijo que no necesitaba autorización judicial para incautar una propiedad privada, que incluía tanto la desaladora como una depuradora, oficinas y hasta una vivienda que ocupaba el vigilante de las instalaciones.

Perdomo, que durante la instrucción declaró que él no hubiera adoptado una decisión así sin un informe jurídico previo, ha guardado silencio este martes, pero quien ha hablado por él ha sido su abogado, al dirigir sus preguntas a San Ginés. “¿Sabía que iba a ser una medida controvertida y compleja, y aún así no consideró necesario pedir un informe por escrito?”, ha cuestionado el letrado.

“No. No lo consideró el asesor jurídico del Consejo, que firmó conmigo la resolución”, ha respondido el expresidente, apuntando de nuevo al secretario y subrayando que el decreto por el que ordenó incautar las plantas también llevaba la rúbrica de Francisco Perdomo. Esto mismo lo ha repetido en varias ocasiones, implicando a Perdomo en una medida en la que éste sostiene que no participó. Sin embargo, al mismo tiempo ha dedicado repetidos elogios al exsecretario -calificándolo en distintos momentos como “profesional reputado”, “honorable”, “reconocido”, de “trayectoria intachable”... -hasta el punto que en una de las ocasiones ha tenido que ser interrumpido por la jueza, pidiéndole que respondiera a la pregunta que se le estaba formulando.

Lo que no ha aclarado San Ginés es si firmó esa resolución antes o después de que lo hiciera el secretario, aunque ha insinuado que fue después. “Yo puedo firmar, o podía, decenas y decenas de resoluciones al día. Pero no firmaba por lo general ninguna que no viniera previamente firmada por el secretario. Doy por sentado que la suscribí después”, ha señalado, para apostillar después que tampoco lo puede “asegurar”.

Además, tampoco ha sabido responder quién redactó esa resolución elaborada a su nombre -y dictada sin tener un solo informe por escrito proponiendo la incautación-; y se ha limitado a señalar que se la llevó “su secretaria” para que la firmara. Justo antes de adoptar esa medida, San Ginés había retirado las competencias sobre los expedientes sancionadores a la consejera que las tenía delegadas, Soraya Brito.

En la primera sesión del juicio, también ha sobrevolado de forma reiterada otro nombre, el del abogado Ignacio Calatayud, que era amigo personal de San Ginés y actualmente está investigado junto él en otra macrocausa, por los pagos que recibió del Consorcio bajo su presidencia.

El propio San Ginés se ha referido a Calatayud -que al mismo tiempo trabajaba para la empresa a la que se le entregaron las plantas incautadas, Canal Gestión- como la otra persona que le asesoró en la incautación. Y también fue quien firmó el único informe jurídico que consta avalando la incautación, pero que se elaboró “a posteriori”, casi dos semanas después de ejecutar la medida.

“¿No consideró incorporar un informe escrito y sin embargo once días después se recaba?”, le ha vuelto a cuestionar el abogado de Francisco Perdomo a San Ginés durante su interrogatorio. Ante su respuesta, volviendo a afirmar que fue el secretario quien le dijo que no era necesario, el letrado ha insistido. “¿El secretario le dijo que no era necesario y posteriormente le dijo que sí?”, ha preguntado. “Yo no he dicho eso”, ha respondido en tono molesto San Ginés, mientras su abogado también ha interrumpido para pedir que no se “interpretaran” las respuestas de su cliente.

Según el expresidente, pidió ese informe con la incautación ya consumada porque la propietaria de las plantas, Club Lanzarote, “había advertido que iba a tomar medidas” y quería tener “garantías absolutas”. “¿La competencia no era del secretario?”, “¿qué necesidad había de ese informe?”, le había preguntado por su parte la fiscal, que también ha interrogado a San Ginés sobre la relación de Calatayud con Canal Gestión, que fue la empresa beneficiada con la incautación.

“¿No le parece que pudo haber incompatibilidad o conflicto de intereses?”, ha insistido la fiscal, cuestionando por qué se contrató precisamente a este letrado. “Era intrascendente si trabajaba o no para Canal”, ha respondido San Ginés, sosteniendo que “la única” empresa a la que se le podían entregar las plantas tras la incautación era ésa, al tener adjudicado ya el ciclo del agua en Lanzarote, también bajo su mandato. “Incompatibilidad sobre la decisión de si se incautaba o no”, ha apostillado la fiscal, subrayando que si no se hubiera adoptado esa medida -que después fue anulada por los tribunales-, no se hubiera hecho esa entrega de las plantas a Canal.

“Me alegra que me haga esa pregunta”, ha respondido a eso San Ginés, afirmando que en ese supuesto asesoramiento previo, Calatayud le planteó las dos opciones, pero “se inclinaba” por ordenar la clausura de la planta y no por la incautación. “Yo lo desoí. Bueno, opté por la menos gravosa para el interés general”, ha afirmado San Ginés. “Le dije, Calatayud, gracias por el consejo, pero me voy a quedar con la segunda para evitar el desabastecimiento”.

“La decisión la adopté yo”, ha reconocido Pedro San Ginés, aunque insistiendo en que “se compartió como posible” tanto por Calatayud como por el coacusado Francisco Perdomo. "Pareciera que yo estoy responsabilizando al secretario, pero en absoluto", ha defendido en otro momento.

En su declaración, San Ginés también se ha remitido reiteradamente a las advertencias que había recibido del Diputado del Común y del Gobierno de Canarias por la situación irregular que había con el abastecimiento de agua en Montaña Roja, que era una urbanización donde no llegaba la red insular, por lo que el servicio se prestaba a través de las plantas de Club Lanzarote, al ser una urbanización que no había sido aún recepcionada (y que sigue sin serlo a día de hoy).

Sin embargo, no ha respondido a una pregunta clave de la abogada de la acusación popular. “¿Le pedían en algunos de esos requerimientos que incautase?”. Como ésta, San Ginés ha dejado decenas de preguntas sin respuesta, ya que se ha vuelto a negar a responder a la acusación, y se ha limitado a escuchar en silencio del aluvión de interrogantes que planteaba la letrada.

Entre ellas, “¿qué urgencia había para ordenar una medida tan gravosa?”, cuando la situación era “conocida y consentida” por la administración y existía desde 1986, cuando se construyó ese plan parcial. Tampoco ha contestado si consultó a algún miembro o a algún órgano del Consejo Insular de Aguas antes de adoptar esa decisión. O “cuánto se pagó por ese informe” de Ignacio Calatayud, “cómo se contrató” y si se le pagó también “por el asesoramiento verbal anterior”.

“¿Era usted amigo personal de Calatayud? ¿Tenía algún vínculo más con él o con miembros de su familia, por ejemplo relacionado con su vivienda?”, ha preguntado también la letrada, en clara alusión a la nueva investigación abierta ahora sobre San Ginés y sobre Ignacio Calatayud, en la que también está implicado su suegro, Felipe Fernández Camero, que era el dueño de la casa del expresidente.

La abogada también ha recordado que el expediente sancionador a Club Lanzarote se abrió por tres faltas leves y una menos grave, y se recogía una multa máxima de 7.800 euros. Sobre este punto, también ha hecho hincapié después la fiscal.“¿No considera necesario que exista una proporcionalidad entre la posible sanción y la medida cautelar?”, ha planteado la representante del Ministerio Público.

Además, tanto la letrada de la acusación como la fiscal le han preguntado por el resto de plantas privadas que existen en la isla. Al respecto, San Ginés ha reconocido que hay “medio centenar” y que algunas ni siquiera cuentan con autorización, aunque ha intentado diferenciar que son para “autoconsumo”.

La fiscal ha tenido que preguntarle también en varias ocasiones si sobre otras no habían recibido quejas, incluso por vertidos ilegales, a lo que el acusado ha terminado respondiendo: “Doy por sentado que sí”, aunque ha reconocido que con ninguna se adoptaron medidas.

“¿Y no le pareció de la suficiente entidad o gravedad?”, ha insistido la fiscal. “No se lo ha parecido al Gobierno de Canarias o al Diputado del Común. No nos advirtieron que podíamos acabar denunciados”, ha respondido San Ginés, insistiendo en remitirse a esos requerimientos, que le instaban a regularizar la situación de los vecinos, pero en ningún momento hacían mención a incautar las plantas y entregárselas a otra empresa.

Respecto a las advertencias que recibió de Club Lanzarote, que le trasladó que era ilegal la incautación que estaban llevando a cabo sin autorización judicial, San Ginés ha reconocido que existieron. “Lo valoro como una opinión, con todo el respeto y cariño, que no puede ser tenida como objetiva, porque tiene intereses de parte”, ha respondido a preguntas de su abogado.

El tercer acusado en la causa, el ex gerente del Consejo Insular de Aguas, José Juan Hernández Duchemín, ha sido el último en declarar. En su caso, fue quien propuso abrir un expediente sancionador a Club Lanzarote por esas tres faltas leves y una menos grave, aunque en ningún momento proponía la incautación, tal y como él mismo ha subrayado.

De hecho, en el juicio tampoco ha querido pronunciarse sobre si esa medida ordenada por San Ginés era acertada. “En eso no voy a entrar. Ni me parece bien ni me parece mal. Sí sé que el problema era muy complejo”, ha declarado.

No obstante, como gerente del Consejo fue quien materializó esa orden e intervino en la entrega de las plantas a Canal Gestión. “Eso no se le podía dar a cualquiera. Tenía que ser una empresa especializada”, ha defendido. Además, ha subrayado que se trataba de una medida “provisional”.

El ex gerente del Consejo de Aguas también se ha negado a responder a la abogada de la acusación, por lo que ha dejado en el aire preguntas como si él “puso alguna sanción a Club Lanzarote previa a esa incautación” o si sabía que era el Gobierno de Canarias quien tenía competencias para tramitar sanciones graves y “¿por qué no se le consultó?”.

Tampoco ha contestado si como gerente del Consejo instó alguna medida contra otras desaladoras privadas que funcionaban en la isla; o por qué incautaron las de Club Lanzarote “para dárselas, sin contraprestación, a otra empresa”.


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NotaPublicado: Mié 25 May, 2022 4:07 pm 
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Según La Voz de Lanzarote:

El ex gerente de Canal Gestión Lanzarote, Gerardo Díaz, ha regresado a la isla para declarar como testigo en el juicio de la desaladora de Montaña Roja, ya que tuvo un papel protagonista en la incautación. De hecho, Díaz ha reconocido que él estuvo presente y que incluso fue su empresa quien pagó al cerrajero al que llamaron para entrar por la fuerza a las instalaciones de Club Lanzarote.

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Díaz también ha vuelto a confirmar que el abogado externo que asesoró a Pedro San Ginés en la incautación, Ignacio Calatayud, trabajaba al mismo tiempo para ellos. “Lo contratamos porque era el abogado del Consorcio, como hicimos con otros proveedores”, ha declarado. “Era público que el abogado del Consorcio y de Inalsa era Ignacio Calatayud”, ha añadido. Y es que realmente este letrado no tenía un contrato con la administración, aunque bajo el mandato de San Ginés sí se le adjudicaban de forma directa tanto la representación en pleitos como labores de asesoramiento externo.

Una de ellas fue precisamente para incautar la desaladora de Montaña Roja, que después fue entregada a Canal, para la que estaba trabajando. “No recuerdo cuánto se le pagaba (a Ignacio Calatayud)”, ha asegurado al responder a la abogada de la acusación. Ésta ha recordado que durante la instrucción, el propio Gerardo Díaz declaró que no había documentos del supuesto trabajo realizado por Calatayud para Canal ,y que era todo asesoramiento “verbal

“Es muy difícil hacer un asesoramiento solo verbal. Algo tendría que escribir”, ha respondido sin embargo en el juicio Gerardo Díaz, señalando que quizá se “expresaría mal” en su primera declaración.

También ha intentado afirmar que los pagos de Canal a Calatayud terminaron antes de que se llevara a cabo la incautación, porque contrataron a otro letrado. Sin embargo, tras mostrarle la letrada las facturas, ha reconocido que continuaron varios meses después.

Gerardo Díaz también ha tenido que responder por su presencia el día de la incautación. “Yo estaba acompañando al Consorcio y vimos que había dificultades. La gente de Club no estaba poniendo las cosas fáciles al Consorcio”, ha declarado. “No digo que tuvieran que hacerlo”, ha apostillado a continuación.

Desde ese día -y hasta que las plantas fueron devueltas por orden judicial a Club Lanzarote-, Canal Gestión empezó a cobrar el agua a los cerca de 6.000 vecinos de ese plan parcial, al que no llegaba la red pública. “Suponía más ingresos, y suponía más gastos y más costes”, ha comenzado respondiendo a la abogada de la acusación.

“¿Tuvieron más pérdidas que beneficios?”, ha intentado concluir después el abogado de San Ginés, dado que Gerardo Díaz había apuntado que tuvieron que realizar obras. “Ahora mismo no podría contestar a esa pregunta con rigor”, ha contestado el testigo.

La abogada de la acusación, Nora Ferrer, le ha preguntado también por su sueldo mientras fue gerente de Canal Gestión Lanzarote, entre junio de 2013 y septiembre de 2015. “Cobraba unos 100.000 euros con objetivos”, ha respondido. “¿Si Canal cobraba más, usted cobraba más?”, ha añadido la letrada. “No todo era en función de resultados. Había cinco objetivos al año”, ha rebatido.

La letrada también le ha preguntado si reclamó que las desaladoras privadas que existían en la isla fueran entregadas a Canal, a lo que ha contestado que no, aunque con matices. “Estaba la intención de que todas las desaladoras que estaban en situación irregular pasaran a Canal, pero no era de un día para otro. Era en 30 años de la concesión”.

También ha negado que él exigiera al Consorcio que se “regularizara” la situación de esas plantas privadas, ante lo que la abogada le ha mostrado un recorte de prensa de una entrevista que concedió un año antes de la incautación, anunciando que iban a pedir precisamente eso.

“Estaba implícito en el pliego del concurso. Que todo el agua la gestionara Canal”, ha defendido entonces el testigo.

También ha confirmado que antes de la incautación, realizó una visita a las instalaciones de Club Lanzarote junto a representantes del Consorcio y del Consejo Insular de Aguas, que ya le habían preguntado si “podrían hacerse cargo”.

“Fue una visita poco sustancial. Benigna. Los responsables de Club nos enseñaron aquello con precisión”, ha señalado. Después, según su declaración, “dos o tres días antes” de la incautación les adelantaron que se iba a adoptar esa medida. “Me avisan de que prepare efectivos, porque no es fácil hacerse cargo de todo eso”.

En la sesión de este martes también ha declarado el cerrajero al que pagó Canal Gestión, que ha explicado que tuvo que romper el candado de acceso y cambiar al menos 20 cerraduras, tanto de puertas como de rejas de esa propiedad privada.

Además, han comparecido como testigos dos trabajadores de Club Lanzarote que presenciaron la incautación, que han confirmado que desde su empresa se advirtió a Ignacio Calatayud y al gerente del Consorcio, Domingo Pérez, -que fueron los que estuvieron presentes- que “no tenían competencias para hacer eso”.

También han subrayado que el recinto incautado no solo albergaba la desaladora y la depuradora, sino también las oficinas y hasta una pequeña casa que era la vivienda del vigilante. “Había objetos personales y de ahí no se pudo recoger nada”, ha declarado uno de ellos.

También ha comparecido el abogado de Club Lanzarote, Pedro Soriano, que ha declarado que antes de la incautación habían tenido reuniones y que “se había hablado de expediente, pero no de aparecer por ahí e incautar”.

Según su declaración, esa posibilidad fue planteada en una de las reuniones previas por el gerente del Consejo, el acusado José Juan Hernández Duchemín, pero desde Club le advirtieron que “tenían que tener orden judicial”. “Eso se planteó desde el principio”, ha subrayado el letrado.

Respecto al día de la incautación, también ha declarado que les transmitió a Ignacio Calatayud y a Domingo Pérez que “no tenían competencias” para entrar por la fuerza a las instalaciones.

Además, a preguntas de la acusación ha señalado que no les dieron audiencia previa ni les permitieron presentar alegaciones antes de ejecutar esa medida cautelar.

Al día siguiente, ha explicado que fue a reclamar una copia del expediente y le dijeron que “tenían que solicitar autorización, porque estaba en manos de Ignacio Calatayud”. Unas horas después se lo terminaron entregando. “Era muy cortito. La resolución y poco más”.

Según ha subrayado la abogada de la acusación, después llegaron a aparecer hasta dos expedientes distintos.

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Tras la incautación, Club Lanzarote acudió a los tribunales, que anularon esa medida cautelar, y también presentó una querella contra Pedro San Ginés. Sin embargo, años después se terminó retirando como acusación particular, tras llegar a un acuerdo con San Ginés -siendo todavía presidente-, por el que a día de hoy siguen suministrando el agua a los vecinos de Montaña Roja.

“¿En 2017 se autoriza la prórroga que se les había denegado antes de la incautación?”, ha planteado la abogada de la acusación.

Por su parte, el abogado de San Ginés le ha preguntado si se “avinieron” a “regularizar” la situación de las plantas después de que interviniera el Gobierno de Canarias, a instancias del Consorcio, dictando una orden de clausura de la planta que nunca se ejecutó. “Llegar a un acuerdo estuvo sobre la mesa en numerosas ocasiones”, “no tuvo que ver con el Gobierno de Canarias”, ha respondido el letrado de Club, que ha explicado que fue el Juzgado, en uno de los pleitos que tenían abiertos, quien les remitió a un mediador.

Además, ha defendido que la empresa tenía el derecho y la “obligación” de suministrar agua a los propietarios de ese plan parcial, porque aún no estaba recepcionado por la administración. “Una cosa es lo que manifiesten, y otra cosa es lo que sea”, ha señalado sobre las advertencias previas.

Por último, este martes también ha declarado la ex consejera Soraya Brito, que cuando se incautó la desaladora tenía las competencias sobre los expedientes sancionadores. Sin embargo, San Ginés se las retiró justo en ese momento. “Yo llevaba muy poquito. Apenas conocía el área”, ha declarado, precisando a preguntas de la acusación que después de aquello sí volvió a seguir a cargo del resto de expedientes sancionadores.

Sobre si alguna vez ha dictado una resolución sin informes por escrito, como se hizo en el caso de la incautación, ha respondido que “no es habitual”.

“¿Habría firmado usted la resolución sin dar audiencia a la otra parte y sin informes?”, le ha preguntado la abogada de la acusación. “Con el conocimiento que tengo ahora, no. Entonces no lo sé”, ha respondido la ex consejera, que no llegó a intervenir en ese expediente, porque lo asumió personalmente San Ginés.

Por su parte, el ex presidente también ha sido preguntado sobre por qué decidió retirarle las competencias, y ha respondido que ella “desconocía totalmente el funcionamiento”, porque “llevaba un mes” cuando llegaron las “advertencias del Diputado del Común”.

“Mi decisión fue ponerme delante de un problema que iba a generar un problema, como finalmente ocurrió”, ha señalado al respecto San Ginés.

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NotaPublicado: Mié 25 May, 2022 4:17 pm 
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“Yo creo que ellos nunca quisieron arreglar nada. Ellos querían coger la planta”. Así ha respondido el representante de Club Lanzarote, Joaquín Cañada, al declarar como testigo en el juicio por la incautación de la desaladora de Montaña Roja.

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Club Lanzarote, como dueña de la planta, fue quien presentó la querella que dio inicio a esta causa. Y aunque finalmente se retiró como acusación particular, Cañada ha dejado claro en su declaración el perjuicio que les supuso esta medida, que ya entonces advirtieron de que era ilegal.

“¿Se sintió presionado durante la incautación?”, le ha preguntado la abogada de la acusación popular. “Sí. Ese día me sentí mal, muy mal”, ha respondido, recordando que terminaron forzando el candado de entrada a las instalaciones.

Después, a preguntas de la fiscal, ha confirmado que la incautación -que después fue anulada por los tribunales- les supuso un daño económico. “Por supuesto”, ha contestado, ratificando que la planta “daba beneficios”. “Está claro”, ha apostillado.

Precisamente por esos beneficios económicos se le había preguntado el día anterior al entonces gerente de Canal Gestión, que fue quien se quedó con las plantas incautadas. “Ahora mismo no podría contestar a esa pregunta con rigor”, sostuvo Gerardo Díaz, al preguntarle por los beneficios que supuso para su empresa quedarse con las plantas de Club Lanzarote.

Por su parte, el representante de Club ha dejado claro que sí daba beneficios y ha precisado que, en su caso, como responsables del plan parcial, los destinaban al mantenimiento de la urbanización, que no había sido entregada a la administración.

Precisamente por ese motivo, en su declaración ha reiterado en varias ocasiones que tenían la “obligación” de suministrar agua dentro de ese plan, al que no llegaba la red pública. “Teníamos el derecho y el deber”, ha insistido.

De hecho, solo un mes antes de la incautación, él mismo firmó un convenio con el Cabildo, rubricado por Pedro San Ginés, para incorporarlo al Plan General de Yaiza, en el que se establecía que quedaban obras por terminar en el plan parcial y que cuando se terminaran se entregarían también las plantas.

Las respuestas más duras en la declaración de Cañada han llegado a preguntas precisamente del abogado de San Ginés, que sostiene que su cliente tomó esa decisión por los requerimientos que tenía del Diputado del Común y del Gobierno de Canarias para que resolviera esa situación, dado que había habido quejas de algunos vecinos.

Según Cañada, en las reuniones previas que mantuvo con el abogado Ignacio Calatayud y con otro de los acusados, el ex gerente del Consejo Insular de Aguas, José Juan Hernández Duchemín, lo que le transmitían no es fórmulas para regularizar la situación. “Tenía que claudicar, tenía que dársela”, ha respondido al letrado de San Ginés.

Al respecto, ha subrayado que Club Lanzarote sí había pedido una autorización de los precios, que es una de las cosas que les achacaban. “Nunca nos contestaron”, ha lamentado. Y el Consejo tampoco respondió a la solicitud de prorrogar la autorización que tenían para el funcionamiento de esa desaladora.

“Me pedían que entregara la planta”, ha reiterado Cañada. Además, se ha ratificado en la declaración que prestó durante la instrucción, en la que afirmó que de incautación solo le hablaron dos días antes. Fue Pedro San Ginés quien le llamó por teléfono para comunicarle que iban a adoptar esa medida, y su respuesta fue advertirle de que no tenían competencias para hacerlo. Además, ha declarado que lo mismo les trasladó a las personas que acudieron en su nombre el día de la incautación, que se realizó sin autorización judicial y sin ningún informe jurídico que avalara esa medida.

Según San Ginés, solo contaba con el asesoramiento “verbal” del abogado externo Ignacio Calatayud y del secretario del Cabildo, Francisco Perdomo, que este martes se negó a declarar y se remitió a sus testificales anteriores, en las que negó haber emitido ningún informe avalando la incautación.

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Durante su declaración, y a preguntas del abogado de San Ginés, Cañada ha confirmado que habían recibido requerimientos desde el año 2005, casi una década antes de la incautación. Sin embargo, también ha subrayado que nunca antes habían tenido una sanción ni del Consejo Insular de Aguas, ni del Consorcio, ni del Gobierno de Canarias.

Fue poco después de la llegada de Canal Gestión a la isla cuando el Consejo abrió un expediente sancionador a Club Lanzarote, por tres posibles faltas leves y una menos grave, que podrían sancionarse con una multa de 7.200 euros. Y en la misma resolución incoando el expediente, San Ginés ordenaba como medida cautelar la incautación.

Durante la segunda jornada del juicio también han declarado hasta cuatro agentes de la Policía Local de Yaiza y dos de la Guardia Civil, que presenciaron la incautación. Respecto a los agentes municipales, han señalado que fue la entonces alcaldesa, Gladys Acuña, quien les pidió que acudieran a Montaña Roja, tras una petición que había recibido del Consejo Insular de Aguas. Pero los cuatro han precisado que acudieron solo por una cuestión de “orden público”, porque les habían advertido de que podía haber “altercados”.

Además, han subrayado que no intervinieron y han confirmado que escucharon a los representantes de Club Lanzarote advertir a Ignacio Calatayud y al gerente del Consorcio del Agua, Domingo Pérez, que no tenían competencias para entrar por la fuerza e incautar las instalaciones.

“Nos llamaron porque decían que se estaba produciendo un conflicto, pero nosotros no podíamos decir si lo que se estaba haciendo era conforme a la ley”, ha señalado por su parte uno de los agentes de la Guardia Civil, confirmando también que solo acudieron para velar porque se mantuviera “el orden público”.

A preguntas de la acusación, los seis agentes de la policía y de la Guardia Civil han respondido que nunca antes habían asistido a una incautación o a una entrada y registro en una propiedad privada sin que hubiera autorización judicial.

Respecto al notificador del Cabildo, que acudió ese día a las instalaciones de Club Lanzarote para entregar la resolución de San Ginés, también ha declarado este miércoles y ha subrayado que él se limitó a entregar el documento en la puerta. “Yo no tengo que entrar en casa ajena sin permiso judicial”, ha añadido.

Además, también ha comparecido en esta jornada otro trabajador de Club Lanzarote, que era el vigilante de las instalaciones y vivía en una casa que estaba dentro del recinto que fue incautado por orden de San Ginés.

Éste ha confirmado que tenía pertenencias personales en esa vivienda, y que no pudo volver a acceder tras la incautación, hasta que la Justicia anuló esa medida y ordenó devolver las plantas y todas las instalaciones a Club Lanzarote.

Por su parte, la defensa de San Ginés ha aportado a tres testigos en la sesión de este miércoles. Uno de ellos ha sido Pedro Martín Toledo, que fue administrador concursal de Inalsa e hizo un informe a petición del Juzgado. En su declaración, ha confirmado que había medio centenar de desaladoras privadas en la isla, y que conforme Inalsa iba teniendo capacidad para abastecer esas zonas, instaban al Consorcio a actuar. No obstante, no se ha referido expresamente a la de Club Lanzarote, que fue la única con la que se adoptaron medidas.

A propuesta de San Ginés también ha declarado -en este caso por videoconferencia- el que era consejero de Aguas del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, para hablar un expediente sancionador a Club Lanzarote, que abrió el Ejecutivo regional en 2016, dos años después de la incautación.

La resolución del Gobierno canario se terminó dictando en 2017 y además de una sanción económica, se ordenaba la clausura de la planta “por vender agua a terceros sin autorización”. Sin embargo, también matizaba que el Consorcio debía adoptar “las medidas oportunas” para “garantizar el abastecimiento” a los vecinos y hoteles del plan parcial Montaña Roja.

“¿Y eso cómo se hacía?”, le ha preguntado el abogado de San Ginés. “La verdad es que es una buena pregunta”, ha respondido el testigo, que no ha llegado a dar una contestación. “Yo no soy técnico de agua”, “no soy capaz de decir las medidas que tenían que tomar”. De hecho, esa clausura nunca se produjo, porque la planta era necesaria para el abastecimiento de Montaña Roja.

A preguntas de la acusación, Quintero ha negado ser miembro de Coalición Canaria, aunque sí ha terminado confirmado que formó parte del Gobierno de CC y que fue destignado por Fernando Clavijo, compañero de partido de San Ginés.

“Quiero acreditar que el Gobierno de Canarias ha colaborado en la defensa de Pedro San Ginés”, ha señalado la letrada, cuando la magistrada ha interrumpido algunas de sus preguntas. Al respecto, ha subrayado que el Ejecutivo regional inició ese expediente sancionador a instancias del Consejo Insular de Aguas, después de la incautación, de la anulación de esa medida por los tribunales y de la denuncia presentada por Club Lanzarote contra San Ginés.

“¿Sabía que en ese momento el presidente del Consejo tenía una querella de esa empresa a la que ordenaba incoar expediente?”, ha preguntado la abogada.

Además, tanto a este testigo como a otro citado por la defensa de San Ginés para hablar de ese expediente sancionador, les ha trasladado la misma pregunta. “¿Esa orden es firme? ¿Se ha ejecutado? ¿Le consta si se ha han cobrado los 2,3 millones de euros que decía que debía pagar Club Lanzarote?”.

“No me consta”, ha respondido Quintero. Por su parte, Ceferino Marrero, que era secretario del Consejo de Gobierno de Canarias, tampoco ha sabido responder si la resolución era firme, ni si se ejecutó, ni si se cobró el dinero. “La ejecución no es nuestra”, ha respondido.

Poco después, Pedro San Ginés firmó un convenio con Club Lanzarote, por el que esa empresa sigue a día de hoy gestionando la desaladora y la depuradora de Montaña Roja, con el pago de un canon. A cambio, se retiró de todos los pleitos contenciosos que tenía abiertos contra el Consorcio y el Consejo de Aguas. Unos meses más tarde, también se retiró como acusación particular en esta causa penal contra San Ginés.


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“Limítese a contestar”, “permita que le formulen la pregunta”, “no vuelva a interrumpir...” Ésas y otras advertencias ha sido lanzadas de forma reiterada por la titular del Juzgado de lo Penal Número 3 de Arrecife durante el interrogatorio a Ignacio Calatayud, que este miércoles ha declarado como testigo en la última sesión del juicio por la incautación de la desaladora de Montaña Roja.

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Pese a que esa decisión fue anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Calatayud ha seguido defendiendo que la incautación fue “viable, necesaria y proporcional” y que la volvería a “suscribir en los mismos términos”. “Antes, ahora, después y en clase a mis alumnos diré que para entrar en una desaladora no hace falta autorización judicial”, ha sentenciado.

En su declaración, Calatayud ha reconocido así que “asesoró” en esa decisión al presidente, Pedro San Ginés, aunque no hizo ningún informe previo por escrito. Y también ha terminado confirmando que mientras tanto trabajaba para Canal Gestión, que fue la empresa a la que se le entregaron las plantas incautadas. Antes, no obstante, la abogada de la acusación popular ha tenido que repetir varias veces esa pregunta. “Mire, me gustaría hacer alguna precisión” y “yo le explico si me deja” han sido sus expresiones, mientras la abogada le ha recordado que era “una pregunta muy concreta: ¿sí o no?”.

Después, cuando la letrada le ha preguntado si no consideraba que tenía un deber de abstenerse en ese asesoramiento, al existir un posible conflicto de intereses -dado que Canal se iba a “beneficiar” de la incautación-, su contestación ha sido: “Entiendo que no”.

Más larga ha sido la respuesta para contestar si es amigo personal de Pedro San Ginés. “Tengo una relación de confianza con el presidente derivada de la relación profesional de años”, ha comenzado explicando, para hablar después de la relación entre abogados y clientes y de su evolución si “se prolonga en el tiempo”. “De confianza y de cariño”, ha terminado respondiendo al hablar de su relación con San Ginés.

En cuanto a la relación “profesional”, ha explicado que empezó siendo “ocasional”, hasta que fue contratado para la concursal de Inalsa (por lo que ahora está investigado junto a Pedro San Ginés en una nueva macrocausa). A partir de ahí, según su declaración, la “relación profesional” pasó a ser “continua”.

Él mismo ha recordado que bajo el mandato de Pedro San Ginés fue contratado por el Cabildo, por el Consorcio del Agua y por el Consejo Insular de Aguas, además de por otras entidades dependientes de la Corporación que no ha nombrado.

“Es una relación profesional, así se inicia”, ha insistido, al preguntarle la abogada por las fotografías en las que aparecen juntos “de copas” o celebrando su cumpleaños. “Cuando llego a la isla no conozco a nadie”, ha justificado, insistiendo en que después esa relación pasó a ser “de cariño, como con otros clientes”, pero evitando la palabra amistad.

Yo nunca oculté mi relación con Canal. Nunca”, ha respondido tajante al ser preguntado por ello. Sin embargo, al pedir la fiscal que aclarara si se lo comunicó expresamente a Pedro San Ginés o al secretario, su respuesta ha sido “entiendo que sí lo sabían”. Al respecto, cabe recordar que en su primera declaración judicial en la instrucción de esta causa, San Ginés aseguró que lo desconocía, y afirma que se enteró después, a raíz de este procedimiento.

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Respecto a quién le llamó para que prestara asesoramiento en el tema de la incautación, la abogada de la acusación también le ha tenido que repetir en cuatro ocasiones la pregunta, porque no concretaba su respuesta. “Evidentemente, me lo pide sin duda alguna el presidente”, ha terminado por fin respondiendo.

Además, se le han pedido también precisiones sobre ese contrato, dado que él no era personal del Consorcio ni del Consejo, y cobraba por cada servicio que prestaba. “Fue un contrato menor. Es decir, la contratación menor se hace un encargo y se pasa la factura. Así funciona la administración”, ha defendido, evitando el término de “contrato verbal” que ha empleado la abogada de la acusación.

Pese a las advertencias de la magistrada, durante la declaración de Calatayud se han seguido repitiendo sus plantes ante la abogada que llevaba el interrogatorio. “A usted no le gusta que le aclare, eso es obvio”, ha afirmado en uno de los momentos. “A mí lo que me gusta es que conteste a mis preguntas”, le ha respondido la letrada.

Una de ellas se ha centrado en el informe que sí terminó elaborando 10 días después de la incautación, para avalar una medida que ya se había ejecutado. “Al ver la complejidad, el presidente me pide que plasme por escrito lo que le había dicho”, ha justificado.

En ese informe, tal como ha subrayado la letrada, no se planteaban las dos opciones que dio al presidente, según ha declarado en el juicio. “En el informe lo que se hace es un análisis del acto administrativo, no de mi asesoramiento previo”, ha defendido.

En ese asesoramiento previo del que no hay constancia documental, afirma que le dio a San Ginés dos opciones: la clausura de la planta o la incautación. Y también que él apostaba por la primera, porque “desde la estrategia jurídica, pensaba que iba a dar más resultados”.

“Lo que hay que entender, y yo creo que a veces no se entiende bien en la isla, es que es un servicio monopolístico”, ha defendido en otro momento de su declaración. Además, a preguntas del abogado de San Ginés, ha negado que recibiera ninguna compensación de Canal por contribuir a la incautación y a que esa empresa se quedara con las plantas. “Es más, prescindieron de mis servicios. Si me hubieran recompensado, me hubieran mantenido, ¿no?”, ha planteado, en referencia a que al año siguiente dejó de cobrar de Canal.

Lo que no ha respondido, al ser preguntado por la fiscal, es si Canal obtuvo beneficios económicos gracias a esa incautación. “No lo sé. Sinceramente, no lo sé. Yo dejé de prestar mis servicios en mayo de 2015”, ha respondido.

Y sobre por qué no planteó otras opciones, como multas coercitivas para que Club regularizara la situación, se ha remitido a que antes de la incautación “se intentó llegar a un acuerdo” y que él personalmente se reunió en Madrid con responsables de la empresa. Según él, intentaban “prolongar la situación” y el paso siguiente de la administración fue, directamente, ordenar la incautación.

En cuanto a los pronunciamientos judiciales que dieron la razón a Club Lanzarote y la sentencia firme que anuló esa medida cautelar, Calatayud ha sostenido que “del fondo del asunto nunca hubo sentencia”.

“Para mi desgracia, porque yo estaba convencido de que se iban a ganar los procedimientos”, ha añadido, pese a que después ha reconocido que él mismo presentó un escrito en los Juzgados desistiendo de esos procedimientos, tras el convenio negociado por San Ginés con Club Lanzarote, por el que consiguió que se retirara de todos los contenciosos que quedaban abiertos.

Respecto a su defensa de que no es necesaria una autorización judicial para incautar una desaladora o una depuradora, la abogada de la acusación le ha preguntado si sabía que en las instalaciones había también oficinas de la empresa y una vivienda que ocupaba en vigilante, y que también quedó incautada.

“Yo lo que vi fue depuradora y desaladora. No había oficina allí”, ha empezado respondiendo. “Había una oficinita. No era ni una oficina. Era un sitillo con una sillita”, ha añadido después.


Además, ha confirmado que estuvo presente en la incautación, según él en calidad de abogado del Consorcio, y que quien le pidió que acudiera fue el entonces gerente de ese órgano, Domingo Pérez.

Sin embargo, Pérez también ha declarado este miércoles como testigo y ha negado haber requerido la presencia de Calatayud. “Entiendo que estaba como asesor del Consejo, que era quien estaba llevando a cabo la medida”, ha señalado.

A este testigo, la abogada de la acusación también le ha preguntaado cuánto pagó Canal al Consorcio durante el tiempo que estuvo explotando las plantas de Club Lanzarote -hasta que la Justicia anuló esa medida-, y su respuesta ha sido que no se aumentó el canon, en contra de lo que había insinuado Calatayud. Así, siguió pagando solo el 1% de los beneficios netos que declaraba. Según la abogada, eso se tradujo en 19.000 euros “que ni siquiera consta que abonara”, pese a que en ese periodo en el que explotó la desaladora de otra empresa, los ingresos se cifraron en 2 millones de euros.

El que era diputado del común, Jerónimo Saavedra, también ha declarado este miércoles a petición de la defensa de San Ginés. El abogado le ha preguntado por los requerimientos que envió instando al Consejo a actuar con la situación de Montaña Roja.

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“En diciembre de 2011 se había iniciado la queja y hasta 2014 no tuvimos una contestación”, ha recordado. Esa queja se abrió por un vecino y hacía referencia a los precios “abusivos”, así como a la supuesta falta de autorización para la venta a terceros. Por eso, ante la falta de respuesta, en 2014 envió un nuevo requerimiento, advirtiendo con medidas legales.

“¿Pero las advertencias eran porque no les estaban contestando, no?”, ha incidido la abogada de la acusación. “La tarea del diputado del común es defender al ciudadano frente a la administración. Yo no puedo valorar si se ha cumplido o no”. “¿Usted no pidió que actuaran con una medida concreta?”, ha insistido la letrada. Y en este caso, la respuesta ha llegado de la magistrada, que ha ha interrumpido la pregunta. “Eso es obvio”.

Otro testigo en declarar ha sido el gerente que sustituyó a José Juan Hernández Duchemín al frente del Consejo de Aguas, Erik Martín. En su caso, intervino en este procedimiento cuando aún era asesor externo, y se le contrató también para elaborar un informe tras recibir el escrito del diptuado del común.

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Había inseguridad jurídica con la autorización. Si se renovaba, si no se renovaba...”, ha apuntado al hablar de las plantas de Club Lanzarote. “Yo ponía que lo lógico era que se informase, que se hiciese un informe jurídico”, ha recordado. Sin embargo, ese dictamen nunca se solicitó por parte de los acusados, tal como ha subrayado la abogada de la acusación. “Confirma el dolo”, ha destacado en sus conclusiones.

Durante la última sesión del juicio también han declarado tres peritos, catedráticos en derecho administrativo. Dos de ellos se han ratificado en sus informes previos señalando que la incautación no tenía “habilitación legal ninguna”, que era “desproporcionada” y que implicó una “palmaria desviación de poder” (que han definido como “el ejercicio de una potestad de la administración persiguiendo una finalidad distinta”).

Entre otras cosas, ha cuestionado que ni siquiera se dio audiencia previa a la empresa ni oportunidad de presentar alegaciones y que no había autorización judicial. “Vi claramente que no se ajustaba a derecho”, ha señalado Germán Fernández.

“La administración procedió sin más a ejecutar su voluntad, sin seguir el procedimiento establecido”, afirmó por su parte Luciano Parejo, que fue contratado en su día por Club Lanzarote, cuando aún ejercía la acusación particular en la causa. En su dictamen, Parejo llegó a afirmar que era “dificil encontrar un procedimiento” con este nivel de “ilegalidad”, ya que la urbanización aún no no estaba terminada y el promotor aún “estaba cumpliendo su deber de urbanización”, por lo que “la situación”, en su opinión, ni siquiera “era susceptible de procedimiento sancionador”.

Frente a estos dos peritos, la defensa ha aportado a otro, Manuel Rebollo Puig, que fue contratado por el Consorcio bajo la presidencia de San Ginés para emitir este informe. De hecho, en su día Podemos llegó a denunciar un delito de malversación, por destinar fondos públicos a “la estrategia de defensa del presidente” en esta causa.

A preguntas del abogado de San Ginés, Rebollo ha defendido que no era necesario dar audiencia a la empresa antes de ejecutar la incautación, que el presidente tenía “competencias” para adoptar esa medida y que había “proporcionalidad”, aunque “aparentemente suene raro”. “En derecho el límite es borroso. Aunque la medida sea ilícita, que yo no voy a entrar, no me parece que fuera desproporcionada”, ha defendido.

Respecto a la necesidad de autorización judicial, ha empezado alegando que “el legislador español parece empeñarse en complicarlo todo”, pero ha terminado señalando que “en su opinión”, “a efectos constitucionales, solo era necesaria autorización” para entrar “en un domicilio”. “Si yo soy el Juzgado y me la piden, ni la hubiese dado ni la hubiese denegado”. Después, a preguntas de la abogada de la acusación, ha reconocido que no sabía que hubiera también una vivienda en las instalaciones.

Al interrogar a este perito, la letrada de la acusación ha subrayado que fue contratado por San Ginés con dinero público. También le ha preguntado qué documentación le entregaron para emitir su dictamen, y él ha respondido que solo la querella que se había presentado contra el presidente y el recurso contra el archivo que se dictó en primera instancia, y que terminó siendo admitido por la Audiencia Provincial, que ordenó continuar esta investigación penal.


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Según La Voz de Lanzarote:

El Juzgado de lo Penal Número 3 de Arrecife ya ha emitido su fallo en la causa por la incautación de la desaladora de Montaña Roja y ha absuelto al ex presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, y a los otros dos acusados, aunque sin "entrar en el fondo del asunto", tal como señala la magistrada en su sentencia.

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El motivo de la absolución se basa en que la jueza entiende que no había "una acusación legítimamente constituida", lo que afirma que "obliga al dictado de una sentencia absolutoria". Así, a lo largo de 19 folios no valora los hechos enjuiciados, y se centra solo en analizar la personación de los ex consejeros de Podemos en el Cabildo (a los que se refiere como concejales), concluyendo que no se cumplieron los trámites establecidos.

La magistrada estima así el argumento de las defensas, que sostenían que los exconsejeros Carlos Meca, Pablo Ramírez y Plácida Martín se personaron como grupo político, pero después perdieron esa condición. Este mismo argumento había sido rechazado ya por el juez instructor, por la Audiencia Provincial y por el propio Ministerio Fiscal, que avalaron que la causa llegara a juicio con Meca y Ramírez como acusación popular, en calidad de personas físicas. Sin embargo, la sentencia ha estimado ahora esa cuestión previa, invalidando así el juicio.

Además, impone el pago de las costas a los ex consejeros, afirmando que se ha "apreciado temeridad o mala fe", porque sostiene que eran "conscientes de su falta de razón procesal", al "perder la condición de concejales electos (sic)".

En este juicio, que quedó visto para sentencia el pasado 1 de junio, el expresidente del Cabildo, Pedro San Ginés, el exsecretario, Francisco Perdomo, y el exgerente del Consejo Insular de Aguas, José Juan Hernández Duchemín, se enfrentaban a una petición de 8 años de inhabilitación por prevaricación.

Ésa era la pena que pedía la acusación popular, mientras que la Fiscalía solicitó la absolución, tras haber cambiado el criterio que mantuvo durante toda la instrucción de esta causa. Cuando modificó su postura, ya con la instrucción terminada, se acababa de retirar de la causa la querellante, Club Lanzarote -tras alcanzar un acuerdo con San Ginés-, y el cuarto investigado, el abogado Ignacio Calatayud, había sido desimputado en un auto dictado por el juez Salvador Alba.

Durante el juicio, la acusación cuestionó que el Ministerio Fiscal no había explicado ese "cambio de criterio", y recordó que el juez instructor fue quien ordenó la apertura de juicio oral, tras apreciar indicios de delito.

En la sentencia, la magistrada recoge en los hechos probados los fallos judiciales que declararon ilegal la incautación en la vía contencioso-administrativa, señalando entre otras cuestiones que esa medida no era "proporcionada", dado que se dictó como medida cautelar en un expediente por tres faltas leves y una menos grave. Además, recuerda que el único informe que consta avalando la incautación fue elaborado por el abogado externo Ignacio Calatayud, y se emitió después de que San Ginés ordenara esa medida, sin ningún dictamen previo.

Después, las plantas fueron entregadas a Canal Gestión, para quien también trabajaba Calatayud, hasta que la Justicia anuló esa medida cautelar, calificándola de "gravosa" y "extrema" y subrayando que no estaba contemplada en la Ley. Así lo recuerda la propia magistrada en su sentencia, aunque después no entra a analizar estos hechos, al no dar por válida a la acusación popular.


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Traducción al español por Huan Manwë para phpbb-es.com