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NotaPublicado: Jue 07 Jun, 2018 3:51 pm 
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NotaPublicado: Mar 12 Jun, 2018 3:59 pm 
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Según La Voz de Lanzarote:

"Lanzarote pagará el agua más cara de todo el Estado español si no aparta a Pedro San Ginés del Consorcio". Así lo considera NC, que cree que se está produciendo un "derrumbre del sector del agua comandado por San Ginés", mientras "las formaciones políticas que lo mantienen miran para otro lado de forma absolutamente irresponsable". La formación exige así "a los partidos que sostienen" al presidente del Cabildo, PP y PIL, "que no le permitan acabar con este imprescindible sector para nuestra isla".

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La formación apunta que "en las últimas semanas hemos asistido a tres hitos judiciales que son muy graves", recordando, por un lado, la sentencia del TSJC advirtiendo "que el contrato del agua con Canal Gestión es absolutamente ilegal" porque se cambiaron las condiciones del concurso "en beneficio" de esta empresa, y por otro las dos sentencias que anulan el Plan Hidrológico de Lanzarote, tras haber sido recurrido por Daminvest y Asolan, "liquidando de un plumazo la pretensión de que San Ginés le pueda garantizar a sus amigos del Canal el monopolio absoluto del agua en la isla".

Nueva Canarias considera que la respuesta por parte del presidente del Cabildo, que afirmó que "al agua subirá de precio si no se garantiza el monopolio absoluto a Canal Gestión", ha sido "terrible" y que es "algo que él sabe que a estas alturas es materialmente imposible". "El irresponsable presidente del Cabildo se ha enfrentado a dos procesos contra el Plan Hidrológico de Lanzarote sin ni siquiera personarse en los procedimientos y además ahora pretende hacer pagar a los ciudadanos su incompetencia manifiesta con la subida de precios", señalan desde el partido.

A este respecto, desde NC recuerdan que "esta posibilidad fue blindada a la empresa investigada por corrupción que San Ginés trajo a la isla". "San Ginés incluyó en el contrato la posibilidad de subir el precio del agua de un punto por encima del IPC anual, por lo que en una década los lanzaroteños podrían pagar casi el 30% más del precio del agua que estamos pagando en la actualidad", advierte. Y es que, la formación explica que "la media del IPC de este año 2018 está en un 1,4% y el servicio de estudios económicos de Bankinter sitúa la previsión del 2019 en un 1,5%", por lo que "si aplicamos una subida del IPC de 1,4% (media del año en curso y la previsión del 2019) más un punto los próximos 10 años, el agua en Lanzarote puede llegar a subir un 30%".

Además, NC no entiende "cómo es posible que en Lanzarote se pierda un 50% del agua producida, que además los campos estén sin agua de regadío, y nadie exija a Canal Gestión una mínima explicación, con el impacto económico y medio ambiental que estos desastres tienen".

El partido exige que se investiguen estas pérdidas recordando que San Ginés "es responsable del agua desde el año 2009" y que "Canal Gestión se hizo con el servicio hace media década". Además, apunta que "Club Lanzarote ya denunció el estado deplorable en el que habían dejado sus instalaciones, tras más de un año en manos de Canal Gestión, cuando Pedro San Ginés asaltó la planta". "Nadie entiende que tras las inversiones en infraestructuras se sigan perdiendo esas cantidades mientras San Ginés sigue preocupado en comprar barcos podridos por temas sentimentales", añade.

Por eso, desde Nueva Canarias alertan que "o se aparta a San Ginés del Consorcio del Agua o los lanzaroteños pagaremos en un futuro cercano el agua más cara de todo el Estado español". "Un desastre en cadena de esta magnitud al final lo pagará el ciudadano medio", apunta el partido, que exige "a los partidos que sostienen a San Ginés que no le permitan acabar con este imprescindible sector para nuestra isla".


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NotaPublicado: Vie 27 Jul, 2018 4:12 pm 
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NotaPublicado: Vie 24 May, 2019 4:09 pm 
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Según La Voz de Lanzarote:

El abogado Ignacio Calatayud no solo participó activamente en el proceso para adjudicar el agua a Canal de Isabel II -de quien luego cobró más de 116.000 euros en menos de dos años-, sino que también fue quien propuso llevar a cabo esa adjudicación a través de un procedimiento negociado. Así lo reflejan las actas que este miércoles hizo públicas el presidente, Pedro San Ginés, que pretendía intentar atacar con ellas a su principal adversaria en las próximas elecciones, pero que en realidad han permitido conocer datos que aumentan las sospechas sobre este procedimiento en el que la Justicia ya ha visto irregularidades y sobrados indicios de nulidad, ordenando que sea revisado.

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En una de las reuniones reflejadas en esas actas, celebrada después de que quedara desierto el concurso, se puso sobre la mesa un informe elaborado por el secretario del Consorcio planteando los pasos que podían darse a partir de ese momento. En ese informe, como tercera opción incluía la posibilidad de acudir a un procedimiento negociado, pero antes planteaba otras dos posibilidades: volver a convocar el concurso con los mismos pliegos o modificar esas bases y realizar una nueva convocatoria pública.

Sin embargo, junto a ese informe se aportó otro de Ignacio Calatayud, que no es funcionario de la Corporación pero ha sido contratado de forma habitual como asesor externo por San Ginés -que ha reconocido públicamente que les une una relación de amistad-, y también ha sido designado para representar a la institución en algunos de los principales pleitos que ha perdido en los tribunales, como el de la Cueva de Los Verdes.

En su informe, Calatayud ni siquiera valoraba las otras dos posibilidades que planteaba el secretario para volver a sacar a concurso esta adjudicación y se centraba solo en defender el procedimiento negociado. Para ello, sostenía que la ley “lo permite” y defendía la “necesidad urgente de inversiones que eviten y atajen la pérdida de aproximadamente el 50 por ciento del agua”. Sin embargo, más de cinco años después de la adjudicación y tras las inversiones que asegura haber realizado ya Canal Gestión, las pérdidas siguen rondando el 50 por ciento.

“Está y estaría justificada la decisión de optar por el procedimiento negociado, desde el punto de vista del interés público, por razones de economía-costes-tiempo y de eficacia en la actuación administrativa”, defendía Calatayud en su informe, que fue en el que se basó San Ginés para proponer iniciar un procedimiento negociado en lugar de volver a intentar convocar un nuevo concurso público.

En caso de recurrir a esa opción, el secretario había advertido que no se podría “alterar de forma sustancial” el pliego que había salido al concurso que quedó desierto. Sin embargo, eso fue precisamente lo que terminaron haciendo, según ha considerado acreditado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en una sentencia que ya es firme y que ordena revisar todo el proceso de adjudicación. En ese fallo, el TSJC concluye que durante la negociación se introdujeron “sorprendentes alteraciones” en los pliegos que fueron “en beneficio” de Canal.

Cabe recordar que tras esa adjudicación, Ignacio Calatayud también fue quien “asesoró” al presidente para incautar la desaladora de Club Lanzarote en Montaña Roja y para entregársela a Canal Gestión. Y cuando lo hizo, Calatayud ya había empezado a trabajar para Canal, que le abonaba 3.300 euros mensuales, además de pagarle también para asesorar al Consorcio. “Me parece irrelevante”, contestó San Ginés cuando este medio le preguntó si conocía esta relación laboral de su asesor externo y amigo, después de que el juez le hiciera esta misma pregunta cuando declaró como imputado en la causa por la incautación.

Después de haber emitido el informe en el que se basó San Ginés para acudir a un procedimiento negociado para adjudicar el agua, Calatayud también participó en todas las reuniones, tanto de la mesa de contratación como con las empresas invitadas a participar en este proceso que la Justicia ha ordenado revisar.

En cuanto a los pliegos del concurso, quien los elaboró fue la empresa de un ex directivo de Canal, que después fue detenido en una de las causas de corrupción en las que está inmersa Canal de Isabel II. Además, cuando el concurso quedó desierto y se acudió al procedimiento negociado por recomendación de Calatayud, se volvió a contratar a este ex directivo de Canal para realizar la valoración técnica de las ofertas, dando la mayor puntuación a su antigua empresa. En la comisión de investigación creada en el Cabildo se le preguntó a San Ginés por esas contrataciones, pero no aclaró cómo se llevaron a cabo ni por qué se optó por la empresa de un ex alto cargo de Canal de Isabel II.

El otro informe, correspondiente a la valoración económica de las ofertas, fue redactado por el gerente del Consorcio del Agua, Domingo Pérez, y ni siquiera incluía un cálculo de cuánto dinero suponía cada oferta en lo relativo a los cánones variables, que era el punto fuerte de la otra empresa aspirante, Gestagua, superando con creces a la oferta de Canal. Esos cánones aparecían en el pliego inicial que se sacó a concurso, que señalaba que se valorarían con 15 puntos, es decir, más aún que la oferta en inversiones, por la que se podían obtener un máximo de 10 puntos . Sin embargo, a la hora de hacer su informe, el gerente argumentó que sería un “ejercicio de predicción” calcular cuánto dinero supondrían esos cánones variables y no llegó a dar cifras. Domingo Pérez se negó después a comparecer en la comisión de investigación creada hace unos meses en el Cabildo, mientras que San Ginés aseguró que era “imposible” conocer esa cifra. Sin embargo, tal como publicó este jueves La Voz de Lanzarote, las actas también confirman que el presidente sí manejaba datos de lo que hubiera supuesto, y la diferencia sería de decenas de millones de euros a favor de Gestagua.


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NotaPublicado: Jue 30 May, 2019 10:25 pm 
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Según La Voz de Lanzarote:

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias acaba de ordenar que se ejecute la demoledora sentencia que determinó que debe revisarse la adjudicación del agua en Lanzarote a Canal de Isabel II por las irregularidades detectadas en el procedimiento. La resolución, que está fechada el pasado 27 de mayo, señala que el fallo ha “ganado firmeza”, confirmando así lo que había publicado La Voz de Lanzarote y desmintiendo con ello al presidente en funciones del Cabildo, Pedro San Ginés, que hace solo dos semanas volvió a asegurar que este procedimiento estaba “cerrado” o “archivado”.

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“No hay nada que ejecutar”, afirmó San Ginés después de que La Voz hiciera pública la providencia del Tribunal Supremo que hizo firme ese fallo, al rechazar los recursos presentados por el Consorcio del Agua y por Canal de Isabel II. Además, San Ginés reconoció que ya conocía esa providencia -que se había dictado casi tres meses antes- y que la había mantenido oculta, igual que hizo en su día con la sentencia del TSJC, que también tuvo que ser desvelada medio año después por este medio.

Ahora, la diligencia de ordenación dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias no solo deja constancia de la “firmeza” de esa sentencia, sino que también ordena que se “lleve a puro y debido efecto” y que se “exija el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo”.

Ese fallo estimó un recurso interpuesto por Club Lanzarote y anuló una resolución del Consorcio por la que se rechazó su petición de revisar la adjudicación del agua a Canal. Así, ordenaba que se llevara a cabo esa revisión, “con observancia de todos y cada uno de sus trámites”, tras haber detectado causas de nulidad. De hecho, la Sala apuntaba que había valorado anular directamente la adjudicación, aunque finalmente optó por ordenar que fuera la administración quien iniciara la revisión de sus actos.

“Lo prudente ahora es actuar como usualmente hacemos, esto es, ordenar se admita la solicitud y que se sustancie el procedimiento por todos sus trámites”, señalaba la sentencia, que también advertía que “muy difícilmente podrá esta polémica actuación del Consorcio superar el obstáculo que supone el dictamen del Consejo Consultivo”. Así, apuntaba que ese procedimiento de revisión terminará declarando nulo el contrato.

Por su parte, San Ginés se resiste a iniciar esa revisión y se aferra al convenio que negoció con Club Lanzarote por la desaladora de Montaña Roja, en el que incluyó una cláusula para que se retiraran también de este procedimiento. Sin embargo, la retirada del demandante no le exime de la obligación de ejecutar el fallo, dado que no se trata simplemente de un pleito entre particulares sino de una cuestión de orden público. Además, la propia Ley obliga a toda administración a revisar sus actos cuando hay causas de nulidad, y en este caso esa advertencia de nulidad viene de una sentencia judicial firme que el TSJC ya ha ordenado ejecutar.

Entre otras cosas, esa sentencia considera acreditado que en el procedimiento negociado se produjeron “sorprendentes alteraciones” en los pliegos “en beneficio” de Canal. Ese procedimiento negociado se inició después de quedar desierto el concurso, y quien propuso acudir a esta vía en lugar de convocar una nueva licitación fue el abogado Ignacio Calatayud, que después participó activamente en el proceso como asesor de San Ginés.

En ese momento, el secretario de la Corporación había señalado que también podía convocarse una nueva licitación, bien con los mismos pliegos o modificándolos y sacando un nuevo concurso, pero San Ginés optó por la vía propuesta por su asesor y amigo personal, que tras la adjudicación llegó a cobrar de Canal 116.000 euros en menos de dos años. Además, Calatayud también fue quien asesoró después al presidente para incautar la desaladora de Club Lanzarote en Montaña Roja y entregársela a Canal Gestión, en unos hechos por los que San Ginés se sentará en el banquillo acusado de prevaricación.

Además, pese a que el secretario advirtió que en caso de ir a un negociado no podían introducirse cambios sustanciales en los pliegos, la sentencia del TSJC confirma que eso fue exactamente lo que terminaron haciendo. “Es incuestionable que el Consorcio terminó por efectuar una modificación sustancial de las condiciones rectoras del procedimiento de adjudicación del contrato, hasta el punto que el efectivamente celebrado es radicalmente distinto al que fue objeto de la licitación inicial”, señalaba la sentencia del TSJC que ocultó San Ginés y que ahora deberá ser ejecutada.

En cuanto a los pliegos del concurso, quien los elaboró fue la empresa de un ex directivo de Canal, que después fue detenido en una de las causas de corrupción en las que está inmersa Canal de Isabel II. Después, cuando el concurso quedó desierto y se acudió al procedimiento negociado por recomendación de Calatayud, se volvió a contratar para realizar la valoración técnica de las ofertas a este ex directivo de Canal, que dio la mayor puntuación a su antigua empresa.

El otro informe, correspondiente a la valoración económica de las ofertas, fue redactado por el gerente del Consorcio del Agua, Domingo Pérez, y ni siquiera incluía un cálculo de cuánto dinero suponía cada oferta en lo relativo a los cánones variables, que era el punto fuerte de la otra empresa aspirante, Gestagua, superando con creces a la oferta de Canal.

Cabe recordar que Domingo Pérez se negó a comparecer en la comisión de investigación creada hace unos meses en el Cabildo y por tanto no aclaró las lagunas de su informe, mientras que San Ginés aseguró que era “imposible” conocer esa cifra. Sin embargo, tal como publicó la pasada semana La Voz de Lanzarote, las actas de las reuniones de la mesa de contratación confirman que el presidente sí manejaba datos de lo que hubiera supuesto la oferta de Gestagua, y la diferencia sería de decenas de millones de euros a los que renunció el Consorcio al adjudicar el agua a Canal.


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NotaPublicado: Vie 30 Jun, 2023 3:45 pm 
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Según Diario de Lanzarote:

El Tribunal Supremo inadmitió el pasado mes de enero el recurso de casación presentado por el Consorcio insular del agua de Lanzarote. Se hace firme así la sentencia favorable a Canal Gestión del año 2021 sobre la subida de las tarifas. Las cuentas de Canal Gestión Lanzarote de 2022 hablan de una deuda de más de 12 millones, pero con la acumulación de los meses más los intereses de demora, esta deuda, según las fuentes consultadas, ya llega hasta los 15 millones de euros y podría llegar a los 19 a final de año.

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El pleito se remonta al año 2017. Según el contrato firmado en junio de 2013 entre el Cabildo y la empresa madrileña de aguas, el Consorcio debía actualizar las tarifas del agua a partir de ese año y de forma anual aplicando una subida que consistía en aplicar el Índice de Precios al Consumo (IPC) más el uno por ciento. El entonces presidente, Pedro San Ginés, que comenzó a tramitar la subida, la paralizó y decidió no hacerla al considerar que había una controversia respecto a la interpretación del contrato.

La redacción del contrato dejaba poco espacio para la interpretación, pero el Consorcio decidió judicializar el problema para no afrontar una subida antes de las elecciones de 2019. Alegaron que había diferencias de interpretación entre los técnicos y la jurista del Consorcio sobre el procedimiento a seguir y que el Consorcio interpretaba que se debían actualizar los precios sobre la base de los costes de producción y no sobre toda la factura, lo que daba como resultado una subida inferior.

En febrero de 2020 la primera sentencia del Juzgado de lo contencioso administrativo 3 de Las Palmas de Gran Canaria ya fue contraria al Consorcio. Solo se ocupaba de la subida de 2017, 2018 y 2019 y daba un resultado acumulado de 3,3 millones. Según las cuentas de Canal, la subida para 2017 debía haber sido del 2,3 por ciento, en 2018 del 2,1, en 2019 del 2,4, en 2020 del 1,4, en 2021 del 0,9 y en 2022 del 6,8 por ciento. En los últimos años el IPC ha subido de forma significativa. La subida acumulada para las facturas del agua a los usuarios, cuando se aplique, al margen de esta deuda, ya es casi de un 25 por ciento respecto a lo que se paga ahora.

El nuevo grupo de gobierno del Cabildo tendrá que decidir cómo y cuándo se paga la deuda: si lo hace el propio Consorcio con fondos propios, si lo hace con los beneficios de Inalsa por los parques eólicos o si se aplica la subida a los usuarios con carácter retroactivo. Por otra parte, en las cuentas de 2022 se refleja un pago de 1,5 millones “transferidos por el Consorcio del Agua de Lanzarote, como pago a cuenta del incremento de tarifas reclamado”, sin más explicaciones.

El primer intento de subida se frustró en abril de 2019, un mes antes de las anteriores elecciones municipales. El entonces consejero delegado del Consorcio del Agua, Echedey Eugenio, retiró “por razones de oportunidad” de forma unilateral la propuesta de subida que había enviado unos meses antes a la Comisión de precios de Canarias.

Poco después de tomar posesión Loli Corujo, denunció esa maniobra de CC. Habló de que era un “asunto de gran magnitud y gravedad para los intereses económicos del Consorcio” y que iba a valorar las posibles responsabilidades penales de la decisión adoptada por Eugenio “sin que mediaran informes técnicos y jurídicos y sin el conocimiento de los ayuntamientos”.

Sin embargo, Corujo mantuvo el pleito y finalizó su mandato en la presidencia del Cabildo sin aprobar la subida. Este pasado mes de mayo, Pedro San Ginés aseguraba que se había incluido en el orden de una asamblea del Consorcio celebrada en mayo de 2021 la subida de las tarifas del agua entre 2019 y 2021, que tampoco se habría culminado.

La segunda sentencia es de julio de 2021, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. En ella se destacaba que la Administración “no puede llevar a cabo una modificación unilateral del contrato” y que el proceso para la subida requiere que la Comisión de Precios de Canarias apruebe primero las tarifas. La sentencia no reconoce una cantidad determinada pero obliga a que se someta a la Comisión de Precios de Canarias “para que exista una cantidad líquida, vencida y exigible”.

La modificación de las tarifas debe ser sometida por el concesionario al Consorcio para su aprobación antes el 31 de enero del ejercicio en que deban ser aplicadas y el Consorcio las aprobará en asamblea antes del 15 de febrero. Sobre la fórmula a aplicar, el fallo dice que es la que se establece en la oferta que acompaña al contrato, la del IPC más el uno por ciento. Canal también solicitaba una compensación por el posible desequilibrio económico de la concesión, pero el fallo dice que primero deben ser fijadas las tarifas incrementadas para la comprobación o no de dicho desequilibrio, y que se debe abrir otro expediente a tal efecto.

Las pérdidas de Canal Gestión Lanzarote no son solo de agua. Durante el año pasado, las redes de distribución perdieron 15,8 millones de metros cúbicos de agua, lo que supone un 56,42 por ciento de la producción total. Esas pérdidas también se reflejan en las cuentas convertidas en pérdidas económicas, junto al aumento del precio del combustible, que están poniendo a la empresa en situación complicada.

Los resultados son nefastos. En los dos últimos ejercicios, las pérdidas son de 28 millones de euros, de los que 12,3 son del año 2022. El patrimonio neto de la empresa es de 50 millones de euros con un fondo de maniobra negativo de 7,5 millones.


“Estos fondos propios negativos son consecuencia de los malos resultados de los dos ejercicios precedentes, por el enorme impacto de la pandemia y la caída del turismo en la cifra de negocios, además del efecto producido por la escalada de los precios de la energía, y la imposibilidad de actualizar las tarifas. Pese a la importante mejora en los ingresos en el ejercicio 2022, décimo de actividad de la Sociedad, el encarecimiento de la energía no ha permitido equilibrar el resultado”, se puede leer en las cuentas.

Canal Gestión Lanzarote tiene un crédito suscrito con Canal de Isabel II por un importe máximo de 153 millones de euros “que le permitirá cumplir con sus compromisos de pago e inversiones”. Según la propia empresa, “existe evidencia razonable sobre la recuperación” siempre y cuando se suban las tarifas.

El ciclo integral del agua necesita una gran cantidad de inversiones millonarias para poner a punto el servicio de producción, almacenamiento, distribución y reutilización. Los compromisos inversores de la empresa, que tasa en más de 60 millones de euros desde el año 2013 (de las que 3,4 millones de euros aún se estarían ejecutando) prácticamente han finalizado. Para 2023, Canal Gestión solo prevé una inversión de poco más de un millón de euros.

En la memoria de las cuentas anuales también se refleja la posibilidad de que se considere nula la adjudicación del contrato, por un pleito instado por Club Lanzarote. En ese caso, según Canal Gestión, tendría derecho a una compensación por los siguientes conceptos: el importe del canon inicial actualizado conforme a los tipos de interés, el importe de las inversiones ejecutadas, las pérdidas operativas o de explotación soportadas durante los ejercicios en los que haya ejecutado el contrato y “la reparación de cualesquiera otros daños emergentes derivados de la nulidad”.

En cualquier caso, la cantidad probablemente excedería de los 200 millones de euros. “Ninguna de las partes involucradas en el proceso de Club Lanzarote ha incoado procedimiento para solicitar la declaración de nulidad del procedimiento de adjudicación de la concesión”, dice la Memoria.


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NotaPublicado: Mié 05 Jul, 2023 2:01 pm 
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Según Crónicas de Lanzarote:

El consejero de Residuos, Aguas, Energía Eólica, Transporte, Movilidad y Accesibilidad del Cabildo de Lanzarote, Domingo Cejas, está actualmente inmerso en el análisis de la situación dejada en sus áreas por parte del anterior Gobierno. En el programa “A Buena Hora” de Crónicas Radio de este martes ya dejó claro que duda que la ex presidenta, María Dolores Corujo, vuelva por la Institución y más después de cómo se fue y del desastre que dejó a sus espaldas. Por empezar con el tema del agua, aseguró que es de locos que ahora se vaya a tener que pagar lo correspondiente a la subida del precio del agua que no se aplicó durante cinco años y que estaba en el contrato y explicó que esto incluye no sólo la tarifa sino los intereses y recargos. Aseveró que incluso el gerente de Canal Gestión en Lanzarote se sorprendió cuando fue a verle para hablar sobre cómo podían arreglarse las cosas tras 5 años en los que nadie del Cabildo se había puesto en contacto con él. Confía en dejar atrás una política basada en la desatención y los constantes pleitos para poder dotar a la isla de un servicio de calidad de este bien esencial.

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- Este lunes hubo pleno en el Cabildo pero parece que María Dolores Corujo tampoco estuvo.

- No, no fue ni ella ni Ariagona. El portavoz fue Benjamín Perdomo.

- ¿Sospechan que no va a volver a ir a un pleno ni por casualidad?

- Yo creo que con la agenda tan apretada que tiene, no vendrá, y más teniendo en cuenta la situación con la que ha salido. Entiendo que la que va a liderar la oposición será Ariagona o Benjamín.

- El PSOE les exigía en ese pleno que se opusieran frontalmente de las jaulas marinas, algo que ustedes ya tenían claro.

- Benjamín hizo lo habitual en el PSOE, culpar al gobierno anterior de 2015. Parece ser que, cuando Fernando Clavijo fue presidente autorizó algunas cosas y por eso, como ellos dicen siempre, la culpa siempre es de CC. Tanto el grupo de gobierno como la oposición se mostró en contra de las jaulas y más de esa manera. Agradezco que el primer pleno de esta legislatura haya sido unánime. Hay que ver en qué momento del procedimiento estamos y si se puede hacer algo, porque como siempre, las administraciones muchas veces llegan tarde a dar respuesta a la ciudadanía o cuando alguna empresa está tramitando algo y eso provoca que muchas veces se llegue a la vía judicial. Espero que cuando se incorpore el próximo presidente del Gobierno de Canarias podamos reconducir la situación y que esas jaulas no se instalen en nuestro litoral.

- Usted va a tener la responsabilidad del agua. Ya sabemos que no se ha hecho nada en estos cuatro años más allá de una guerra con Canal Gestión. La empresa ha hecho una radiografía pavorosa de la situación en la isla. ¿Cómo se ha encontrado este asunto?

- Muchas veces nos olvidamos de dónde estamos, lo que avanzamos y lo que hemos perdido en esta legislatura, en la que no se ha hecho nada. Lo único que se ha hecho ha sido entablar batallas judiciales en contra de Pedro San Ginés a ver si podían buscar algo de su gestión con Canal Gestión o con el Consorcio. Eso fue lo único que hizo este grupo de 2019 a 2023. Nosotros hemos entrado y desde el primer minuto han saltado todas las alarmas y hemos visto cómo está la situación del ciclo integral del agua. La población, colectivos, asociaciones son conscientes de que se vienen reivindicando mejoras en el servicio porque lo que todos queremos es tener agua, porque es algo básico. Estamos pidiendo de manera exprés una solución.

- Es que esto no puede esperar ni un minuto más.

- Eso es. Mi obligación es tener claro esta semana lo que vamos a resolver de inmediato y hoy mismo intentaremos solventar las urgencias a corto plazo para poder paliar esta situación; planificar a medio y largo plazo y tener claro qué queremos hacer. Un dato muy importante es que no podemos estar constantemente enfrentados con la empresa que tiene la concesión para gestionar el ciclo integral del agua; tenemos que ir de la mano porque no queda otra.

- Hay un contrato y podría haber una buena relación. No tiene por qué ser mala la relación entre el Consorcio y Canal Gestión.

- Exacto. Yo tuve el viernes mi primera reunión oficial con el gerente y así se lo manifesté. Él se llevó una grata sorpresa porque en los últimos años nadie había ido a verles; sólo había un enfrentamiento constante y escritos van y escritos vienen. No hubo ni un acercamiento personal y de trabajo, que es lo que tiene que fluir. En un contrato como éste, la empresa y la Administración tienen que ir de la mano, con un diálogo fluido y un trabajo constante porque eso redunda en la mejora de todo. La isla está pasando carencias pero lo único que hicieron fue echarle la culpa el uno al otro.

- Entonces, ¿el gerente alucinó cuando usted fue a hablar con él para solucionar los problemas?

- Claro. Ni él mismo se lo esperaba. Decía que después de tanto tiempo, hacía falta un cambio radical. Yo estuve siete años llevando la gestión del Complejo de Zonzamas, donde también hay una empresa y tenemos que ir cumpliendo estrictamente porque no puede ser de otra manera y si hay cualquier inconveniente o no se está de acuerdo, no pasa nada, seguimos trabajando. Lo primero que hay que hacer es solucionar el problema y después ya veremos a quién le corresponde, si es a la empresa o a la Administración abonar esa reparación. Lo que no puede ser es que ahora estemos en la situación que estamos. Se ha perdido un tiempo de oro. Todos sabemos que siempre habrá pérdidas pero lo que no puede ser es el porcentaje de pérdidas tan elevado.

- Más de la mitad de lo que se produce.

- Exacto y eso no entra en cabeza de nadie. Si Lanzarote está produciendo 75.000 metros cúbicos de agua al día, no puede perder 40.000. Algo habrá que hacer y habrá que empezar a sanear la infraestructura y habrá que localizar a corto plazo dónde están localizadas las averías, mirando con proyección a un futuro para cambiar toda la red en la isla y eso no lo va a hacer Canal Gestión porque no les corresponde a ellos. Eso lo tiene que hacer el Consorcio junto con las administraciones insulares, regionales y de Europa.

- Otra cosa importante es la subida del precio del agua, que la anterior presidenta se negó a aplicar estando en contrato, y ahora lo tienen que abonar ustedes de golpe. ¿Han llegado a algún tipo de acuerdo?

- Lo que estamos haciendo es un acta de arqueo para ver cómo estaba la situación tanto de la estructura como económicamente. Tenemos que buscar a los responsables de lo que ha pasado estos cinco años para poder hacerle frente y planificar esa subida al futuro pero hay que pagar todos estos años. Además, ya no pagas el principal, pagas los intereses y recargos. Esto es de locos. Si se hubiera empezado a pagar desde el minuto 1 no estaríamos así pero aquí lo primero que se hizo fue recurrir, perder y volver a recurrir y perder y volver a recurrir hasta la sentencia firme del Supremo. Con esto, lo único que hicieron fue alargar el problema y tiraron la pelota para que alguien más adelante lo pagara. Si ya sabíamos que había que pagarlo, lo único que había que discutir era la forma, pero había que haber buscado un consenso, ir pagando pero no dejarlo correr.

- Da la sensación de que los anteriores gobernantes no querían ser quienes subieran el precio del agua, algo que, además, está en contrato.

- En cualquier contrato siempre tiene que haber una revisión. En este caso se puso el IPC más el 1%. Todos sabemos el escándalo de subida del precio de la luz, la comida… todo se ha puesto por las nubes pero el precio del agua seguía estancado desde 2013. Ahora tenemos que reconducir la situación, actualizarla, hacer frente a esa millonada que hay que pagar porque corresponde por ley porque ese dinero se podría haber utilizado en reparar las necesidades de las redes. No se puede consentir que se pierda más de la mitad del agua. Además, cuanto más produces, más pérdidas se generan pero más agua sale.

- Otra vez vuelve a estar la isla llena con los plásticos que vienen de Zonzamas. ¿No se está reciclando como se tiene que reciclar?

- Cada vez que hay viento se sale de la caldera todo ese plástico. Hay una zona de voluminosos, donde no entra directamente lo que llamamos la basura orgánica, sino que va a una zona de descarga donde van todos los camiones que hacen esa recogida. Ahí se genera muchísima bolsa y a eso se le une el propio sistema y ahora están aumentando la celda de vertidos y cada vez que hay algo que vuela, va directamente hacia la zona de Argana. Este lunes ya ha ido un grupo de los que tenemos aquí de mantenimiento y conservación de carreteras porque estamos pendientes de que a lo largo de este mes entre el contrato de los planes de empleo. Uno de esos planes irá destinado durante tres años a limpieza y mantenimiento del entorno de Zonzamas, Argana, San Bartolomé, Tahíche… pero mientras, tenemos que esperar a que se hagan esas mejoras del Complejo Medioambiental de Zonzamas. Posiblemente a principios de septiembre habrá una actuación importante dentro de la planta y se reducirá casi al cien por cien que se vuelen los plásticos.


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NotaPublicado: Jue 19 Oct, 2023 7:47 pm 
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Según La Voz de Lanzarote:

La portavoz del Grupo Socialista en el Cabildo de Lanzarote, Ariagona González, ha denunciado la intención del presidente de la institución, Oswaldo Betancort, de abonar a Canal Gestión 58,4 millones de euros como pago de obras que debieran ser realizadas por la concesionaria del ciclo integral del agua y que, además, tan solo beneficiarán a la propia empresa.


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La consejera ha explicado que el plan de medidas urgentes, dado a conocer por Betancort, incluye toda una serie de obras en las redes de distribución que se justifican por el alto volumen de averías que experimentan algunas de esas redes, pero ha recordado que "el arreglo de esas averías le corresponde a Canal Gestión, tal y como se establece en las condiciones de la adjudicación".

"Oswaldo y Canal Gestión se han puesto de acuerdo para que sea el Consorcio del Agua el que cambie las conducciones, para que la empresa se ahorre las reparaciones, sin que eso signifique ninguna mejora para los abonados ni para la administración", ha explicado González.

González ha señalado que, además de ahorrarse gastos de reparaciones, Canal se beneficiará de que disminuyan las pérdidas en la red, ya que supondrán un menor gasto de producción y distribución, sin que esa mejora repercuta en lo más mínimo en los recibos de los abonados.

"Con la sustitución de las conducciones, Canal se beneficiará de que disminuyan las pérdidas, pero las familias y empresas seguirán pagando lo mismo a final de mes", ha denunciado.

La consejera ha mostrado su asombro e indignación porque «Por si fuera poco, Oswaldo ha pactado adjudicarle las obras a Canal, sin que salgan a concurso público, renunciando a obtener un precio más ventajoso, y encareciéndolas en un 10% de gastos de gestión, que también irían a parar a la caja de la empresa».

Ariagona González ha señalado que este "inexplicable trato de favor a Canal Gestión incluye", como ya ha denunciado el Grupo Socialista, "la adquisición de dos nuevos bastidores en sustitución de los averiados en la planta Lanzarote III, por 9,5 millones de euros que se añadirán a los 58,4 millones de la reposición de tuberías".

"La responsabilidad de mantener las instalaciones en perfecto estado de uso es de Canal Gestión, tanto las conducciones, como las plantas. Además, habría que saber si los bastidores han tenido el mantenimiento adecuado y, en todo caso, le corresponde a Canal repararlos y no que sea el Consorcio el que los sustituya", ha finalizado la consejera.


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NotaPublicado: Lun 08 Jul, 2024 4:01 pm 
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Según Infobae:

El Canal de Isabel II, la mayor empresa pública de la Comunidad de Madrid, no solo gestiona y trata el agua que beben los madrileños. Desde junio de 2013 también se encarga de la red abastecimiento y saneamiento en las islas canarias de Lanzarote y La Graciosa, dando servicio a 208.000 habitantes. En la zona, las lluvias son generalmente muy escasas, por lo que Canal Gestión Lanzarote (la empresa creada por el Canal para llevar la concesión) opera con cuatro captaciones de agua marina que transforman en agua apta para el consumo mediante la explotación de cuatro plantas desalinizadoras. Luego, a través de 1.513 kilómetros de tuberías, el agua llega a siete municipios que incluyen a 75 pequeñas localidades. El Canal gestiona y trata 29,4 millones de metros cúbicos.

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Canal Gestión Lanzarote (empresa 100% dependiente del Canal) ganó la concesión en 2013, frente a otras dos candidatas: Canaragua (filial de Aguas de Barcelona) y Gestagua (filial del grupo multinacional francés Saur). El canon a abonar por la concesionaria era de 50 millones de euros, con una inversión exigida mínima de 15,7 millones en los primeros cinco años. El periodo del contrato es de 30 años, dura hasta 2043. A cambio, la contraprestación que recibe la concesionaria es el derecho a cobrar las correspondientes tarifas a los abonados en función del grado de utilización de los distintos servicios públicos prestados. ¿Qué hace la Comunidad gestionando el agua de dos islas que están a 1.577 kilómetros de Madrid? La respuesta es que en 2013 el Gobierno regional, presidido entonces por Ignacio González, continuó con un proceso de expansión y líneas de negocio que ya había llevado al Canal a otros países de Suramérica.

Pero el problema es que Canal Lanzarote se ha convertido en un pozo sin fondo. Como concesionaria, esta filial “tiene la obligación de operar y mantener las instalaciones incluidas en el contrato de concesión, cuyo titular es el Consorcio de Agua de Lanzarote, una entidad pública local. Canal Gestión Lanzarote, como empresa operadora de las redes, ha comunicado en reiteradas ocasiones a lo largo de los últimos años el mal estado en que se encontraban las infraestructuras, remarcando el alto riesgo de desabastecimiento”, explican desde el Canal. Es decir, que el dueño de las redes es el Consorcio, pero quien las opera es el Canal.

En agosto de 2023, el Consorcio se comprometió a realizar inversiones por 90 millones de euros. Pero mientras se están ejecutando estas inversiones, Canal Gestión Lanzarote “seguirá prestando todo el apoyo técnico para corregir el deterioro de las infraestructuras”, que “con el fin de prestar un servicio de calidad, nos ocupamos de la rápida reparación de las roturas, la realización de las campañas de detección de fugas y de la gestión eficiente de las presiones en las redes”.

Por ejemplo, cuando el Canal llegó en 2013 a Lanzarote, había unas 10.000 roturas anuales en 1.500 kilómetros de tuberías. En 2017, la situación no parecía haber mejorado, porque el 46% del suministro se seguía perdiendo en roturas y fraudes. ¿Qué estadísticas se manejan ahora? En Canal no han ofrecido datos tras la petición de Infobae España, pero en una reciente respuesta parlamentaria a una petición de información del diputado socialista Diego Cruz, la Comunidad de Madrid informa que en el año 2022 se repararon más de 10.850 averías en ambas islas. Parece ser que todo sigue igual.

Por eso, el Gobierno regional que preside Isabel Díaz Ayuso está licitando un contrato por 22.8 millones de euros para “actuaciones urgentes de renovación y reparación en las redes hidráulicas e infraestructuras asociadas de las islas de Lanzarote y La Graciosa”.

El contrato incluye “las actuaciones urgentes de reparación, mantenimiento y renovación en la red de abastecimiento de agua potable, regenerada y de saneamiento de Canal Gestión Lanzarote, correspondientes a las zonas geográficas de las de las islas de Lanzarote y de La Graciosa, y cuantas obras sean necesarias ejecutar con carácter de urgencia en la red de abastecimiento y de agua regenerada y en sus elementos e instalaciones asociadas”. La sola mención de la palabra urgente revela que las averías están a la orden del día. Las obras incluyen los municipios de Arrecife (que cuenta con 14 núcleos de población), Tías (siete núcleos), Yaiza (15), San Bartolomé (5), Tinajo (9), Haria (10) y Teguise (con 21 núcleos poblacionales). El contrato es por tres años. ¿Cuánto dinero lleva invertido ya el Canal en su filial de Lanzarote? No hay datos.

A la espera de conocer la cuenta de resultados de de 2023, Canal Lanzarote ha dado pérdidas en 2020, 2021 y 2022, lo que ha provocado que su matriz en Madrid haya tenido que conceder un préstamo de 153 millones de euros a su filial. Según la Comunidad de Madrid, la pandemia del covid provocó que los ingresos por consumo descendieran en 2020 y 2021 porque las islas viven del turismo. Luego llegó la invasión rusa a Ucrania, lo que elevó el precio de la electricidad. Y hay que tener en cuenta que toda el agua potable que Canal Lanzarote suministra a sus usuarios es agua de mar desalada cuyo proceso necesita de mucho consumo eléctrico. El gasto energético de la compañía creció un 63% en 2021 y un 121% en 2022, superando los 25 millones de euros.

El Gobierno de Cristina Cifuentes estudió muy seriamente en 2017 y 2018 poner a la venta su concesión en la isla, vigente hasta 2043. Entonces reinaba la idea de que la Comunidad de Madrid debía deshacerse de todos sus negocios fuera de las fronteras madrileñas, que incluía vender todas sus participaciones en las filiales suramericanas y la de Lanzarote.

El Canal llegó a firmar un contrato de consultoría para ese proceso de desinversión con el Banco Santander, que cobró 900.000 euros. Pero con Ayuso los planes han cambiado. “En cuanto a la posible desinversión de Lanzarote y el abandono de la concesión, ni se ha planteado ni se encuentra actualmente entre los objetivos de la empresa”, sentencian desde el Canal. La concesión de Lanzarote da empleo a 194 personas que suman salarios de 10,5 millones de euros.


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Según Diario de Lanzarote:

Canal Gestión Lanzarote tuvo unas pérdidas de 13,5 millones de euros durante el año pasado. Es la misma cantidad, aproximadamente, de los dos ejercicios anteriores, en los que perdió 28 millones de euros entre 2021 y 2022. Desde 2013 acumula unas pérdidas de explotación de 64 millones de euros. En la oferta inicial se reflejaba que la empresa comenzaría a dar beneficios a partir del octavo año de la concesión, pero las pérdidas continúan 11 años después de asumir el ciclo integral del agua en Lanzarote. Además, durante el año pasado las redes de distribución perdieron 15,8 millones de metros cúbicos de agua, lo que supone un 56,42 por ciento de la producción total. Aún queda por renovar, aproximadamente, el 85 por ciento de las redes de distribución existentes.


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La cifra de pérdidas del año pasado está “lejos de lo esperado en los planes previstos por la sociedad”, según señala el informe de gestión incluido en las cuentas. El motivo principal que esgrime la compañía para este resultado es el del incremento de los precios de la energía. “La sociedad continúa revisando y optimizando sus procesos y líneas de acción para garantizar su objetivo de dar un servicio público de calidad. Con la incorporación de los últimos avances y conocimientos técnicos, comerciales y de gestión, aplicados sobre la captación del recurso hídrico, su tratamiento, distribución, depuración y reutilización, y acompañada de las actividades comerciales y de soporte, se asegura la finalidad de lograr un sistema integrado de planificación, gestión y control de la actividad”, señala la empresa en el informe.

“La sociedad prevé para el ejercicio 2024 estabilidad en su cifra de negocio por las expectativas de la actividad turística insular, y un aumento del tres por ciento en sus gastos de explotación motivado por el alza de precios esperada. Se espera en el ejercicio 2024 el cobro de la deuda acumulada por la subida de tarifas pendiente de los años 2017 a 2023, que asciende a unos 19 millones de euros, y la actualización de las mismas por sentencia firme que reconoce el derecho de la sociedad a percibir las tarifas actualizadas conforme a la fórmula IPC+1”, apuntan las cuentas.

“Los riesgos e incertidumbres a los que se enfrenta la sociedad son los inherentes al sector en el que esta desarrolla su actividad. En este sentido, la sociedad tiene establecidos los mecanismos de control necesarios para poder mitigar dichos riesgos e incertidumbres asociados al negocio”, señala la empresa, y hace referencia a la subida de las tarifas que, según el contrato, debían haberse revisado el 1 de junio de 2017. “La sociedad se encuentra en proceso de reclamación de la aprobación de dicha revisión de tarifas o una compensación por el mismo importe”. Los cálculos de Canal Gestión de la merma de ingresos por la subida que no se ha producido son ya de 19,7 millones de euros a 31 de diciembre de 2023.

Los incrementos solicitados, según contrato, son del 2,3 por ciento entre el 1 de junio de 2017 y el mismo día de 2018, del 2,1 por ciento al año siguiente, el 2,4 por ciento en 2019, el 1,4 en el año 2020 y el 0,9 por ciento en 2021. A partir del año 2022 la subida reclamada es mucho mayor: del 6,8 por ciento tanto en ese año como a partir del 1 de junio de 2023.

El 18 de octubre de 2023 Canal Gestión pidió la ejecución forzosa de la sentencia de julio de 2021, dictada por la sección primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que le dio la razón parcial en cuanto a la subida. La demanda sobre la ejecución aún no se ha resuelto, pero el Consorcio del Agua ya ha hecho la propuesta de subida a la Comisión de Precios de Canarias, que deberá decidir sobre la cantidad a aumentar el precio del agua.

Las cuentas reflejan que “existen una serie de factores que pueden ocasionar dudas significativas sobre el funcionamiento normal de la sociedad”. El patrimonio neto de Canal Gestión es negativo por importe de 63,9 millones de euros. “Tiene unos flujos operativos negativos que ascienden a 4,9 millones de euros y además un fondo de maniobra negativo por importe de 12,3 millones de euros”.

Estos fondos propios negativos son consecuencia de los malos resultados de los tres ejercicios precedentes, “por el enorme impacto de la pandemia y la caída del turismo en la cifra de negocios, además del efecto producido por la escalada de los precios de la energía, la subida de los tipos de interés y la imposibilidad de actualizar las tarifas”. “Pese a la importante mejora en los ingresos en el ejercicio 2023, los costes de la energía no han permitido aún equilibrar el resultado”, señalan las cuentas.

En paralelo a estos factores “existen otros que mitigan estas dudas”, según el documento. Se refiere al apoyo financiero por parte de Canal de Isabel II, su accionista único, compañía controlada por la Comunidad de Madrid, y el préstamo que mantiene con esta empresa “por importe máximo de 153 millones de euros que le permitirá cumplir con sus compromisos de pago e inversiones”.

No obstante, de esa cantidad máxima, Canal Gestión ya se ha gastado 147 millones, que son 5,5 más que el año anterior. El préstamo devenga un interés del 5,7 por ciento en 2023. En ese ejercicio, además de incorporar al préstamo el importe de los intereses del ejercicio 2022 por 2,7 millones de euros, se dispusieron 5,5 millones y se amortizaron 3,5 millones de euros.

“El administrador único estima que la sociedad generará flujos de efectivo netos suficientes para atender el pago de las deudas a corto plazo”, indica el informe. A finales de este año, Canal Gestión tendrá que afrontar el pago de 23 millones de euros a su accionista único, Canal de Isabel II. Además, deberá devolver 25 millones más en los tres años siguientes, hasta finales de 2027. En 2030, la deuda tendrá que haberse reducido a 70 millones, en 2033 a solo 25 y en 2035 el crédito quedaría amortizado si se cumplen las previsiones de la empresa.

La cifra de negocios en 2023 alcanza los 35,4 millones de euros, un 6,7 por ciento superior al ejercicio anterior. El 84 por ciento corresponde a facturación de agua potable, nuevos contratos y reposición de acometidas, el 15 por ciento es por la tasa de saneamiento y el uno por ciento por la venta de agua regenerada. La provisión por servicio devengado no facturado en el año 2023 asciende a 3,6 millones de euros, y fue de 4,4 millones de euros a 31 de diciembre de 2022.

La empresa recibió una subvención de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias para desalación de agua por importe de algo más de un millón de euros. Por su participación en el servicio de interrumpibilidad eléctrica recibieron 1,9 millones de euros.

Los gastos en aprovisionamiento en el último año fueron de 25,5 millones. La mayor parte (18,3 millones) fue en el gasto de energía eléctrica, siete millones menos que el año anterior. Otros 5,3 millones fueron para pagar trabajos hechos por empresas externas. El gasto energético de Canal Gestión se incrementó en un 63 por ciento en 2021 y en un 121 por ciento en 2022, superando los 25 millones de euros. El gasto en personal fue de 10,3 millones de euros. Canal Gestión tiene 221 empleados: tres directivos, 36 técnicos, 41 personas en administración y 141 obreros y subalternos.

Canal Gestión tiene reflejada en sus presupuestos para este año una cantidad de tan solo 800.000 euros en inversiones y señala que mantiene obras en curso por valor de 327.000 euros. Destaca que ya ha financiado inversiones por importe de 57,1 millones de euros, casi tres millones más de los que se había comprometido a hacer por contrato en el año 2013.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid respondió al diputado por Más Madrid en la Asamblea, Alejandro Sánchez, sobre el futuro de Canal Gestión Lanzarote. Sánchez había registrado cuatro preguntas parlamentarias relacionadas con las pérdidas económicas de la empresa de aguas que depende de la matriz Canal de Isabel II.

El Gobierno madrileño señalaba que “una vez recuperada a sus niveles normales la tasa de ocupación turística de la Isla, con precios de la electricidad ‘normales’ y contando con la aplicación de las sentencias favorables a Canal Gestión Lanzarote, en relación con los incrementos tarifarios (que se estima serán de un 25 por ciento), es previsible que se produzca una mejora significativa de la cuenta de resultados de la empresa en los próximos ejercicios”.

Canal de Isabel II considera que ya se han superado las “circunstancias excepcionales” que han provocado resultados negativos estos últimos años y que las iniciativas que está poniendo en marcha en estos momentos la empresa en el ámbito energético y de gestión del ciclo del agua “permiten pensar en que los resultados de la concesión serán positivos en los próximos ejercicios”.


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Canal Gestión ha salido al paso de las declaraciones del presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, en las que hacía público un informe en el que se señalaban los "graves incumplimientos" del contrato por parte de la empresa.

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En un comunicado la empresa afirma que "no ha recibido, hasta la fecha, ninguna comunicación oficial por parte del Cabildo de Lanzarote ni del Consorcio del Agua en relación con los supuestos incumplimientos que se nos atribuyen en la ejecución del contrato para la gestión del ciclo integral del agua en Lanzarote y La Graciosa". "Toda la información que poseemos sobre este asunto proviene de los medios de comunicación y, en consecuencia, hemos solicitado formalmente que se nos remita el expediente completo para poder conocer de manera detallada los puntos que se están cuestionando. De hecho, a día de hoy, seguimos sin disponer de la documentación requerida", manifiestan.

"Entendemos que estas discrepancias deberían ser abordadas en la Comisión de Seguimiento, que es el foro adecuado y previsto para tratar cualquier asunto con el contrato. De hecho, nos sorprende que en la única sesión convocada de esta comisión en este año, celebrada el día 26 de agosto, apenas unos días antes de la rueda de prensa, este punto no estuviera incluido en el orden del día", señalan desde Canal.

Canal Gestión ha solicitado una convocatoria urgente de la Comisión de Seguimiento, "a fin de dilucidar los presuntos incumplimientos y poder discutir la controversia generada en el seno correspondiente, en el que hay sigue siendo el espacio asignado para hacer el seguimiento y control del contrato".

Por último, la empresa "reitera su plena disposición para colaborar con el Cabildo y el Consorcio del Agua en la resolución de cualquier discrepancia que exista. Confiamos en que las instituciones involucradas actuarán con la diligencia y responsabilidad debidas".


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Traducción al español por Huan Manwë para phpbb-es.com