FORO SOBRE LANZAROTE

Fuente laprovincia.es:

La decisión de la magistrada del juzgado de instrucción número 4 de Arrecife, Aurora García, de acordar la imputación del tesorero del Ayuntamiento de Arrecife, Antonio Cabrera Panasco, por los presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad documental en el denominado caso Montecarlo ha abierto una auténtica guerra jurídica entre la juez que instruye este caso y la fiscalía.



De hecho, la Fiscalía Provincial de Las Palmas presentaba ayer un recurso de reforma y apelación contra este auto al que califica de "incoherente, incongruente y carente de fundamentación fáctica y jurídica" y en el que llega, incluso, a cuestionar la labor desarrollada hasta el momento por la juez en la instrucción del caso Montecarlo que investiga los pagos desde los ayuntamientos de San Bartolomé y Arrecife a empresas por servicios supuestamente inflados y en los que no se guardó el procedimiento administrativo legal.

La Fiscalía no sólo pone en duda los argumentos esgrimidos por la juez y actual decana de los juzgados de Arrecife para acordar la imputación del tesorero sino que además le reprocha que no haya dado respuesta a muchas de las diligencias solicitadas por el Ministerio Fiscal desde el pasado mes de marzo para agilizar la investigación de esta trama.

"Hemos de poner el acento en que las escasas diligencias que se han acordado hasta la fecha han sido todas solicitadas por la Fiscalía, salvo la que ahora se recurre, y que desde el 29 de marzo de 2012 se han solicitado muchas más a las que no se ha dado respuesta alguna, habiendo instado el Ministerio Fiscal que se impulsara el procedimiento y se practicaran las diligencias solicitadas desde marzo en diferentes ocasiones, las últimas el 22 de noviembre y el 13 de diciembre, dictándose una providencia el día 14 de diciembre justificándose en la carencia de medios personales que no se provean los escritos, sin que se explique por qué las diligencias no se acuerdan", señala el escrito de recurso de la Fiscalía.

En el recurso, la Fiscalía se lamenta también de que la juez no haya citado aún a las personas que fueron denunciadas por el Ministerio Fiscal en su denuncia del 12 de marzo de 2012 " y cuya declaración como imputadas se ha reiterado en diversas ocasiones tal y como obra en autos y sin que hasta la fecha se hayan acordado", destaca en su escrito. Una denuncia en la que Fiscalía imputa a un total de 16 personas entre políticos, empresarios y técnicos municipales.

La Fiscalía critica también en su recurso que la juez no haya explicado las razones "por las que se empecina la Instructora, que no "juzgadora", en no comprender la postura del Ministerio Fiscal a la hora de oponerse a la imputación de un testigo.

Fuente diariodelanzarote.com:

El secretario accidental del Ayuntamiento de Arrecife, Francisco Javier López, ha destacado en un informe que “se debe tener en cuenta que cabe la posibilidad de depurar las responsabilidades a las autoridades o empleados públicos que actuaron irregularmente” al contratar principalmente servicios o suministros valorados en más de 388.000 euros.



En la relación de facturas reconocidas al margen del presupuesto se encuentran numerosos gastos atribuidos al área de Turismo, así como gastos en combustible de la Policía Local, el parque móvil y las guaguas municipales (el Ayuntamiento ha sido incapaz de culminar el concurso público para este suministro), o en servicios jurídicos externos.

Por la vía del reconocimiento extrajudicial de créditos el Ayuntamiento capitalino también ha asumido este mes facturas del funcionamiento del área de Servicios Sociales, como limpieza y seguridad, e incluso deudas con la asociación de familiares de enfermos de alzheimer, estimadas en más de 35.000 euros.

El secretario destaca en su dictamen que no se puede contratar de forma verbal salvo que existan casos “de emergencia” y que son nulas de pleno derecho las contrataciones en las que no se sigue el procedimiento legal.

No obstante, recalca que “en virtud del principio general” según el cual “nadie puede enriquecerse en detrimento de otro”, se da en estos casos una obligación para el Ayuntamiento al no poder incurrir en “enriquecimiento injusto”.

El secretario subraya en su informe que incluso se puede dar el caso de “responsabilidad patrimonial de las autoridades y del personal” derivada “de sus actuaciones en materia de contratación, tanto por daños causados a particulares como a la propia Administración”.

En cualquier caso, avala que el Ayuntamiento reconozca las facturas para evitar que las empresas o profesionales presenten reclamaciones por “daños y perjuicios” contra el Ayuntamiento al no haber cobrado por servicios prestados.

Fuente diariodelanzarote.com:

La juez que instruye el caso Montecarlo, Aurora García, dictó una providencia el pasado miércoles, 26 de diciembre, por la que admite todas las diligencias solicitadas por la Fiscalía en la denuncia que dio origen al caso excepto la comparecencia como testigo del perito del Ministerio de Hacienda que realizó el informe que ha causado controversia entre la Fiscalía y la propia juez.



La pasada semana, la juez acordó la imputación del tesorero de Arrecife, Antonio Cabrera Panasco, en contra del criterio de la Fiscalía , y en base a la petición de la defensa de otro imputado, el teniente alcalde José Montelongo.

La Fiscalía y la juez interpretan de forma diferente ese informe, que se realizó para analizar los casos de San Bartolomé y Arrecife. La Fiscalía considera que los casos en estos ayuntamientos son diferentes y que en San Bartolomé se trata de delitos que exigían la participación directa del tesorero mientras que en Arrecife no.

Tras la imputación del tesorero, la Fiscalía recurrió ese auto y se quejó de que la instructora no había aceptado aún las diligencias solicitadas hace meses para hacer avanzar el caso.

El pasado miércoles la juez aceptó todas las diligencias excepto la de citar al autor del informe, alegando que no es el momento procesal oportuno. La declaración del perito podría aclarar si considera que el tesorero puede tener responsabilidad en los hechos investigados, como sostiene la juez o no la tiene, como sostiene la Fiscalía.

La juez ha aceptado las diligencias de la Fiscalía, que solicitaba la declaración como imputados de varios técnicos y ex concejales respecto a los casos relacionados con las empresas Tunera e Inelcon.

Así, entre enero y abril tendrán que declarar los técnicos Miguel Ángel Leal y José Nieves, los ex concejales Emilia Perdomo, Lorenzo Lemaur, Eduardo Lasso e Isabel Martinón y los empresarios Eduardo Ferrer y Carlos Lemes.

Como testigos tendrán que prestar declaración las técnicos municipales Elena Martín, antigua responsable del departamento de contratación del Ayuntamiento, y Carmen Villaverde, responsable de contabilidad y que ha desempeñado el puesto de interventora accidental en los últimos meses.

Por otra parte, la juez ha dictado un auto por el que levanta el secreto de sumario de todo lo que aún permanecía bajo secreto, después de que se levantara la parte relativa a San Bartolomé el pasado mes de octubre.

Fuente diariodelanzarote.com:

El ex director de la oficina del Banco Santander en la Calle Real, Juan Antonio Ruiz Viaña, tendrá que declarar como imputado por un delito de blanqueo de capitales dentro del caso Montecarlo. El Juzgado número 4 de Arrecife lo ha citado para el mes de mayo. Ruiz Viaña se trasladó a trabajar en el mismo banco a la Península hace unos meses.

Según la investigación, el interventor municipal Carlos Sáenz ingresaba de forma habitual en esa oficina en efectivo cantidades que rondaban los 4.000 euros, un hecho que han reconocido tanto Sáenz como el empresario José Vicente Montesinos, ambos en prisión provisional por este caso.

La acusación del blanqueo de capitales se produce por permitir, supuestamente, que se ingresara esa cantidad sin identificar a la persona que hacía los ingresos y sin comunicarlos a Hacienda, ya que las operaciones mayores de 3.000 euros en efectivo deben comunicarse a la Agencia Tributaria.

El caso Montecarlo se vuelve a activar esta misma semana con la declaración este jueves del ex alcalde de San Bartolomé, Miguel Martín. También declarará el próximo lunes 28 el tesorero de San Bartolomé, Luis Manuel Rodríguez, el martes el empresario de Inelcon Carlos Lemes y el miércoles el ex concejal de Arrecife, Eduardo Lasso (PIL), así como el técnico del área de festejos, José Nieves, todos en calidad de imputados.

En febrero declararán los funcionarios de Arrecife Elena Martín y Carmen Villaverde, que fue interventora accidental tras la encarcelación de Sáenz, así como Carlos Borges, administrativo en el departamento de compras, la concejal del PP Nayra Callero y el alcalde Manuel Fajardo Feo, todos ellos como testigos.

En marzo declarará como testigo otra trabajadora de Arrecife, Ana Gopar, y como imputados los concejales José Montelongo (PSOE) y Cándido Reguera (PP), mientras que en abril lo hará el tesorero de Arrecife, Antonio Cabrera Panasco, el tesorero Carlos Sáenz en dos ocasiones, el empresario Eduardo Ferrer, de la empresa Tunera, el funcionario Miguel Ángel Leal, el ex concejal Lorenzo Lemaur (PP) y el ex asesor Blas Cedrés, todos imputados por distintos supuestos delitos.

Finalmente, en mayo tendrá que declarar el ex director de la oficina bancaria, además de los ediles populares Lemaur (ex concejal) y Reguera, de nuevo, el ex concejal de San Bartolomé Javier Betancort y el abogado Federico Toledo, así como el ex concejal del PIL de Arrecife José Miguel Rodríguez y quien fuera su asesor Ángel García Gijón. También declararán Montesinos y Sáenz.

El caso se ha dividido en cinco piezas: una que tiene que ver con el servicio de recaudación en el Ayuntamiento de San Bartolomé y cuatro con el Ayuntamiento de Arrecife. Esas cuatro piezas pertenecen, tres de ellas a los expedientes de las empresas Tunera, Inelcon y Gesineal, y la otra a la trama de elaboración y cobro de pliegos de contratación, cuyos servicios no se habrían prestado finalmente pero sí se habrían cobrado.