FORO SOBRE LANZAROTE

Vídeo Lancelot Digital:

Según La Voz de Lanzarote:

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha absuelto a Isabel Martinón del delito de prevaricación por el que había sido condenada en el caso Inelcon, una de las piezas del caso Montecarlo.



En un fallo judicial dictado el pasado 17 de septiembre, el alto tribunal admitió el recurso de casación presentado por la defensa de la exconcejala de Arrecife y revocó la condena dictada por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas en su contra.

La Audiencia había condenado en 2022 a Isabel Martinón por firmar tres órdenes de pago valoradas en 55.566 euros a dos empresas y aseguró que la entonces edil de Hacienda conocía "los defectos de los que adolecía la tramitación de las facturas". Martinón fue condenada a siete años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y a pagar una décima parte de las costas procesales.

En la resolución judicial que revoca esta condena y a la que ha tenido acceso La Voz, el Supremo ha señalado la "incompletitud descriptiva" y la falta de precisión en la descripción de los hechos probados en los que se basó la sentencia condenatoria.

El órgano judicial ha confirmado que los hechos "resultan manifiestamente incompletos" e impiden conocer al Tribunal "de qué exigencias se desvió la recurrente". Al mismo tiempo, el alto tribunal ha aludido a un "grave déficit descriptivo" en dicho fallo judicial.

En este sentido, la Sala ha indicado que no puede "evaluar si se cumplen las exigencias" para considerar que Martinón cometió un delito de prevaricación administrativa, ya que el Supremo desconoce "de manera absoluta los defectos" que el tribunal analizó para asegurar que la entonces concejala de Hacienda no podía autorizar el pago de las facturas que la llevaron a ser condenada.

Mientras tanto, la Sala ha defendido que la actuación de Martinón "se ajustó a sus obligaciones dentro del expediente contable" y ha añadido que además las obras facturadas no afectaron a los intereses patrimoniales del Ayuntamiento de Arrecife, ya que se ejecutaron y su importe "se ajustó al valor de mercado".

Isabel Martinón y Carlos Francisco Sáenz, interventor del Ayuntamiento de Arrecife, fueron los únicos condenados en esta pieza del caso Montecarlo. Esta causa investigaba los delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, fraude a la administración, falsedad en documento público y falsedad en documento privado contra ambos y otras nueve personas, que resultaron absueltas.

La Audiencia Provincial había considerado probado que Francisco Sáenz firmó los documentos contables que reconocían el pago de facturas a dos empresas "sin comprobar, faltando a los deberes inherentes a su cargo". Tras ello, Martinón le dio el visto bueno al pago de las facturas. Tras la sentencia del Supremo, Carlos Sáenz es el único condenado por esta causa.

Vídeo Lancelot Digital:

Según La Voz de Lanzarote:

El exinterventor del Ayuntamiento de Arrecife Carlos Sáenz ha reconocido este lunes los hechos que se le imputan en la última de las piezas del llamado 'caso Montecarlo', que comienza a juzgarse en la Audiencia de Las Palmas.



En la primera sesión de la vista, que se celebra en Lanzarote, Sáenz ha admitido "con matizaciones" las irregularidades que se le atribuyen, sin estar de acuerdo con la pena solicitada por la Fiscalía en su escrito de acusación, que es de seis años de cárcel.

El exinterventor del Consistorio ya se había confesado autor de hechos similares en cuatro de las cinco piezas anteriores del caso y tuvo que ingresar en prisión por las condenas que recibió por ello.

El 'caso Montecarlo' se originó en 2012, tras una denuncia anónima en Fiscalía. Se dividió en seis piezas (cuatro en Arrecife, una en San Bartolomé y otra en La Oliva, Fuerteventura) y esta es la última.



Todas tienen al interventor del Ayuntamiento de Arrecife con protagonista central de los delitos que se juzgan. La que examina desde este lunes la Audiencia de Las Palmas tienen que ver con unas facturas reconocidas y pagadas a la empresa Tunera, del empresario Eduardo Ferrer, también procesado.

Después de dos suspensiones, en esta tercera ocasión se ha iniciado la vista oral, que además de a Sáenz y a Ferrer juzga al exalcalde José Montelongo (PSOE), actualmente responsable de la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias dependiente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias.

También se sientan en el banquillo cuatro exconcejales de Arrecife: Eduardo Lasso (PIL), Isabel Martinón (PNL), Lorenzo Lemaur (PP) y Víctor San Ginés (PSOE), cada uno de un partido distinto y ninguno ya en la política activa.

Los otros tres acusados son el exasesor Blas Cedrés y dos técnicos: José Nieves, ya jubilado, y Miguel Ángel Leal, en activo.

En la causa se investiga si hubo pagos a Tunera Producciones por servicios no realizados, duplicados o con facturas infladas, además de irregularidades en la contratación o la justificación de esos servicios, por distintos eventos.

La Fiscalía considera que "el importe arbitraria y fraudulentamente abonado por el Ayuntamiento de Arrecife" a la empresa asciende, "sólo entre los años 2009 y 2012, a la cantidad mínima" de 3,2 millones de euros, de los cuales "al menos" 121.000 euros obedecen "a pagos por servicios no prestados".

En su declaración, Sáenz, que ha se ha hecho acompañar de un libro que recoge la Ley de Contratos del Sector Público, ha señalado que solo conocía a Ferrer por motivos profesionales, como proveedor del Ayuntamiento.

Ha explicado los distintos tipos de contratos y el procedimiento de conformación del gasto, desde la propuesta de gasto hasta el pago y ha dicho que se necesita la firma de un concejal y un técnico del área para conformar una factura.

Ha señalado que quien debía comprobar si se ejecutaba o no el servicio o era al precio convenido era "quien ejecutó la compra, o el concejal o un técnico".

Sáenz ha argumentado que "los procedimientos de contratación son largos y tediosos" y ha puesto como ejemplo que el contrato de Parques y Jardines tardó tres años en llevarse a cabo por falta de formación de los técnicos de algunos departamentos.

El exinterventor ha reconocido que el fraccionamiento de contratos, una práctica no permitida, era un procedimiento "casi habitual". "Yo asumo ni responsabilidad", ha dicho, antes de añadir que "casi todo lo que llegaba era urgente".

Uno de los hechos principales que se investiga en esta pieza es el pago de facturas de Tunera que presentaban irregularidades, no se habían podido pagar por la vía ordinaria, y se incluyeron en un listado para pagar en el pleno municipal gracias a la petición de un crédito específico.

Según ha explicado Sáenz, las condiciones para acceder a esos créditos estaban establecidas en un decreto del Gobierno central que se hizo "para que no tuvieran que intervenir los políticos", sino que se trataba de pagar las facturas que no se habían podido pagar por orden de antigüedad.

Y ha indicado que el listado con las facturas se elaboró en Intervención y se envió a la Concejalía de Hacienda, que "no debía comprobar nada" y después se llevaba al pleno.

Según Diario de Lanzarote:

El tesorero del Ayuntamiento de Arrecife, Antonio Cabrera Panasco, uno de los testigos de la última pieza del caso Montecarlo, ha admitido este lunes que sufrió presiones para dar el visto bueno al pago de unas facturas sin que se garantizara su prelación por orden de antigüedad.



En la primera sesión del juicio que celebra en Lanzarote la Audiencia de Las Palmas, a Cabrera Panasco le han preguntado inicialmente por los procedimientos que se levaban a cabo en el Ayuntamiento.

Luego, las acusaciones personadas en el caso (la Fiscalía, el propio Ayuntamiento de Arrecife y la organización Transparencia Urbanística) se han centrado en saber cómo se elaboraban los listados con las facturas que se aprobaron por vía extraordinaria en los plenos de noviembre de 2011 y diciembre de 2012.

Uno de los hechos principales que se investiga en esta pieza es el pago de facturas de la empresa Tunera Producciones que presentaban irregularidades, no se habían podido pagar por la vía ordinaria y se incluyeron en un listado para pagar en el pleno municipal gracias a la petición de un crédito específico.

El tesorero ha relatado que desde la Concejalía de Hacienda se le hizo llegar un listado de facturas, pero que nadie le certificaba que esas eran todas las facturas que había pendientes, porque él debía pagar primero las más antiguas.

Se produjo una reunión en Secretaría, previa al pleno, con el entonces alcalde, el acusado José Montelongo (PSOE), en la que se planteó que había prisa por el acuerdo plenario y, sin embargo, el tesorero no informaba positivamente porque no tenía constancia de esa antigüedad.

Preguntado si recibió presiones, ha respondido que sí, "lo normal en esos momentos".

Al final, los listados se llevaron a reconocimiento extrajudicial en el pleno en contra de su criterio. "Nunca me dieron esa justificación", ha declarado.

Este testigo ha explicado que no había un plan de disposición de fondos y había problemas de liquidez, así que comenzó a pedir un justificante con el motivo por el que había que pagar una factura concreta.

Entre 2009 y 2012 funcionó un registro de facturas en Intervención a las que se les ponía un sello sin pasar por el registro general del Ayuntamiento. Para el tesorero, este registro "no tenía mucha formalidad", ya que consistía "en solo un sello y ya está".

En las cuestiones previas al juicio, las defensas solicitaron la anulación o el archivo de la causa por diversas razones.

El abogado del empresario Eduardo Ferrer, dueño de Tunera Producciones, alegó que se ha hecho una "investigación prospectiva" contra su cliente, que no tiene relación con la denuncia inicial.

En el caso de otros acusados, que ya fueron juzgados y absueltos en la pieza anterior relacionada con la empresa Inelcon, solicitan el archivo con el argumento de que los hechos ya han sido juzgados, ya que los listados de facturas que se aprobaron en los plenos extraordinarios son los mismos que en la pieza anterior.

Según Diario de Lanzarote:

Un técnico del departamento de Intervención del Ayuntamiento de Arrecife convocado como testigo en el 'caso Montecarlo' ha explicado a la Audiencia de Las Palmas que llevaba el registro de facturas al margen del registro general del Consistorio hasta el año 2011.



En su declaración en el juicio, este testigo, Manuel Martín Gutierrez, ha contado que había empresarios que presentaban facturas en las que se estampaba un sello manual, pero con posibilidad de cambiar la fecha, y se comparaban las firmas de los concejales y los técnicos con una plantilla que tenían con firmas en el departamento.

En una de ellas hubo una confusión, porque se parecían, entre la de un técnico acusado en la causa, Blas Cedrés, y la de una exconcejal, que no había firmado la factura.

En muchas facturas no se identificaba a quién pertenecía la firma, solo se reflejaba "el concejal" o "el técnico" y pasó a ponerse, según este testigo, "el empleado del Ayuntamiento".

Las acusaciones han intentado poner de manifiesto en las dos primera sesiones del juicio el descontrol que consideran que había en aquella etapa en el Ayuntamiento de Arrecife, ya que no se fiscalizaban las facturas ni en Intervención, ni en Tesorería -no era su cometido-, ni en Contratación, que dependía de Intervención.

Por otra parte, Carmen Villaverde, técnico de gestión, que fue tesorera accidental, ha relatado al tribunal que se negó a autorizar un informe que permitía pagar las facturas sin respetar el orden de prelación y, después de eso, ya no ejerció más como sustituta.

La exsecretaria accidental Asenet Padrón, llegó a denunciar que habían entrado en su despacho en su ausencia y sin su consentimiento en busca de un expediente objeto de investigación judicial en el caso Montecarlo, que se había llevado a su casa el entonces alcalde Cándido Reguera.

Padrón fue destituida de su cargo y tuvo que ser repuesta tras ganar dos contenciosos. En este juicio, ha corroborado la versión del tesorero de que había recibido presiones durante una reunión para aprobar un listado de facturas pendientes.

Los exconcejales Manuel Fajardo Feo, Teresa Lorenzo y Blanca Blancas, en la oposición en los años 2011 y 2012, han señalado que se abstuvieron o se opusieron a la aprobación de las facturas en la Comisión de Hacienda.

Otra de las cuestiones sobre las que se preguntó en la vista oral fue el contrato de dinamización de centros socioculturales, adjudicado a Tunera Producciones, la empresa en torno a la que gira esta última pieza del caso Montecarlo.

Han declarado dos extrabajadoras, que no eran animadoras socioculturales. Una de ellas señaló que primero fue contratada por un convenio con el Servicio Canario de Empleo para ese proyecto y las acusaciones pusieron de manifiesto lo innecesario de la contratación, si ya se llevaba a cabo con trabajadores de convenio.

Otra de las testigos relató que no había girado ninguna factura a nombre de la empresa, ya que no era autónoma, aunque en la causa aparece una factura a su nombre.

Por otra parte, el técnico de cultura del Ayuntamiento, Humberto Guadalupe, ha dicho que no tuvo relación con ese proyecto y que incluso llegó a poner una queja al respecto, mientras que Ana Gopar, técnica de educación, ha relatado que fue designada por el exconcejal Lorenzo Lemaur para fiscalizar el contrato y que en Contratación la advirtieron de que debía salir a licitación o tener tres ofertas porque excedía la cantidad de los contratos menores. Después, ya no supo más del proyecto.

El caso Montecarlo se originó en 2012 tras una denuncia anónima en Fiscalía. En la causa se investiga si hubo pagos a la empresa Tunera, del empresario Eduardo Ferrer, por servicios no realizados, duplicados o con facturas infladas, además de las irregularidades en la contratación o la justificación de esos servicios, por distintos eventos.

La Fiscalía considera que "el importe arbitraria y fraudulentamente abonado por el Ayuntamiento de Arrecife" a la empresa asciende, "solo entre los años 2009 y 2012, a la cantidad mínima" de 3,2 millones de euros, de los cuales "al menos" 121.000 euros obedecen "a pagos por servicios no prestados".

Según La Voz de Lanzarote:

El dueño de la empresa Tunera, Eduardo Ferrer, ha negado este martes haber querido estafar al Ayuntamiento de Arrecife (Lanzarote) inflando facturas y cobrando un mismo proyecto de dos veces para adjudicarse un contrato sin concurso público en connivencia con autoridades y empleados municipales.



En la tercera sesión de la vista oral del juicio sobre la última pieza del 'caso Montecarlo', una trama de presunta corrupción en el Consistorio de Arrecife, Ferrer ha rechazado la acusación de la Fiscalía de que facturó solo unos meses de un programa todavía en marcha y más tarde los restantes para eludir normas de contratación pública, al fraccionar el montante total.

Algo que hizo, según ha declarado ante la sección primera de la Audiencia de Las Palmas, a fin de poder afrontar los gastos derivados de la contratación de dos empleadas a las que fichó para desarrollar un proyecto de dinamización de barrios impulsado por el Ayuntamiento entre los años 2010 y 2011, siendo alcalde Cándido Reguera.

Porque -ha afirmado- "yo quería cobrar mensualmente, que es como pago, mensualmente", a fin de tener fondos para costear "las nóminas de las dos chicas" empleadas para dicho programa.

En consecuencia, "hice una primera factura por el 50 % y una segunda por el otro 50 % del proyecto", ha precisado, en una sesión celebrada en la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria.

Además, el responsable de Tunera Producciones ha negado que en la segunda de las facturas incluyera falsamente otros trabajos que había hecho para la corporación, como un concierto de Alejandro Sanz o la actuación de un representante de Arrecife en la Gala Drag Queen del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, para cobrar de más.

Frente a las tesis de la acusación, Ferrer ha asegurado que consignó en la misma minuta de la segunda parte del proyecto otros cobros que tenía pendientes porque "fue el alcalde quien dijo que metiera todo en esa factura, acabando el año".

Ya que había "diferentes encargos que me hicieron desde la Alcaldía, y el alcalde me dijo que lo metiera en una sola factura", ha añadido, insistiendo: "son cosas que teníamos pendientes de cobrar, de albaranes de servicios prestados".

Eduardo Ferrer ha sostenido que, en todo caso, procedió siempre "con la máxima transparencia" y que la segunda factura se presentó "con el desglose de todos los servicios prestados, al detalle".

Y, preguntado por su abogado defensor sobre si indujo a Carlos Sáenz, entonces interventor de la corporación, a que "se saltara el respeto a las normas de contratación pública" para así no tener que competir con otras empresas por la adjudicación del proyecto, ha sentenciado: "en ningún caso".

La defensa del empresario ha presentado como perito, por otra parte, a un economista y auditor de cuentas profesional que, tras analizar todas las minutas pasadas por Tunera al Ayuntamiento, ha emitido un informe descartando que la empresa cobrara por trabajos que en realidad no hizo o que inflara sus precios.

Este experto ha declarado que hay una serie de elementos visuales, como fotografías e informaciones periodísticas de las actividades realizadas y una serie de facturas, pagos de impuestos, a la Seguridad Social y demás, que corroboran la veracidad de las palabras del empresario.

Y ha agregado que "el beneficio que se obtiene está dentro de los márgenes razonables" en todos los servicios contratados y que no hay indicios de "fraccionamiento malintencionado" de facturas.

En la misma vista oral han comparecido como acusados de presunta corrupción, por supuestamente haber sido cómplices del presunto beneficio ilícito de Ferrer, los exconcejales de Arrecife Eduardo Lasso (PIL), Isabel Martinón (PNL), Lorenzo Lemaur (PP) y Víctor San Ginés (PSOE), cada uno de un partido distinto y ninguno ya en la política activa.

Así como tres acusados más, el exasesor Blas Cedrés, y los técnicos José Nieves, ya jubilado, y Miguel Ángel Leal,

Todos ellos se sientan en el banquillo por ser firmantes de facturas abonadas en una u otra ocasión a Tunera Producciones, y han respaldado el planteamiento del empresario de que todos los pagos que se le hicieron eran ajustados a los servicios prestados.

Según su versión, ellos mismos fueron testigos de las actividades que organizaba Tunera, en unos casos, y en otros dijeron haberlas rubricado fiándose de técnicos del Ayuntamiento que les dieron previamente el visto bueno.

Algo que ha resumido Isabel Martinón, entonces concejal de Hacienda, señalando: "yo recibía expedientes con la firma del señor interventor, que es quien fiscalizaba, y, entonces, yo confié en él", puesto que "mi labor era política. Yo no entré para llevar un perfil técnico, sino político".

La vista oral de esta última pieza del Caso Montecarlo se retomará este miércoles en la Ciudad dela Justicia de Las Palmas de Gran Canaria.