FORO SOBRE LANZAROTE

Las licencias son:
199 en Montaña Roja, 67 en Puerto Calero, 42 en Costa Papagayo, 35 en Cortijo Viejo, 24 en Castillo del Águila, 17 en Las Coloradas, 12 en el Plan Parcial Playa Blanca y 10 en San Marcial del Rubicón.

ya caera este tembien, como Gonzalez Arroyo en la Oliva, y los que quedan en toda Canarias

Según la voz de lanzarote:

El pasado 6 de abril y después de mantener un largo pulso con el Cabildo de Lanzarote, el Ayuntamiento de Yaiza informó sobre un total de 406 licencias que había entregado desde el año 2000. El Consistorio tenía un plazo de 60 días para presentar posibles recursos a esas licencias, pero el plazo se ha cumplido este martes 6 de junio, sin que se haya recurrido a la vía judicial, pese a que, según los técnicos de la oficina del PIOT, hay irregularidades en la tramitación de 235 de esas licencias. Para intentar mantener sus opciones, justo en el último día de plazo, la Corporación ha firmado un requerimiento dirigido al Ayuntamiento de Yaiza, pidiéndole que revoque esas licencias.

Según la voz de lanzarote:

El Ayuntamiento de Yaiza remitió el pasado viernes al Cabildo insular un total de 188 licencias urbanísticas tanto turísticas como residenciales concedidas por el Consistorio que preside José Francisco Reyes (PNL) entre el año 1991 y el año 1998. Con esta decisión, el Ayuntamiento da cumplimiento al auto del TSJC de noviembre pasado que le obligaba a notificar las licencias otorgadas en esos años.

Después de que en abril de este año y tras el requerimiento de la Consejería de Política Territorial, el Consistorio sureño trasladase unas 330 licencias (en principio se dijo desde el Cabildo que eran 406), José Francisco Reyes remitió el pasado viernes, 16 de junio, a la primera institución de la Isla cuatro licencias de 1991, dos de 1992, 13 del año 1993, 23 de 1994, 19 de 1995, 31 del año 1996, 38 concedidas en 1997 y hasta 58 otorgadas en el año 1998.

El envío de los casi dos centenares de licencias por parte del Ayuntamiento de Yaiza no es casual, sino que está motivado por un auto de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) de 18 de noviembre de 2005 por el que se acordó la ejecución provisional de una sentencia de 2001 que obligaba al Consistorio a notificar las licencias que había concedido en el período señalado.

Como se recordará, a pesar de que el Ayuntamiento recurrió la resolución judicial en casación ante el Tribunal Supremo, el Cabildo pidió la ejecución de la sentencia, extremo que fue aceptado por el TSJC en noviembre del año pasado.

Hace unos meses, en abril, el Ayuntamiento ya envió un buen número de licencias que previamente no había notificado al Cabildo como le obliga la ley, referidas en aquella ocasión al período comprendido entre los años 2000 y 2005. Entonces, desde la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente se anunció la entrada de 406 licencias, aunque después de analizarlas, quedaron un total de 330.

De ese importante número de autorizaciones urbanísticas, los servicios jurídicos del Cabildo entienden que 230 no respetan el Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT), las Directrices, la programación que establece la llamada moratoria turística o, incluso, estándares de calidad. De ahí que el pasado 6 de junio la presidenta cabildicia, Inés Rojas, enviara un requerimiento a Reyes para que revocara todas esas licencias como paso previo a la interposición de recursos contenciosos.

Según diariodelanzarote.com:

El pasado 16 de junio, el Cabildo recibía una remesa con un total de 188 licencias procedente del Ayuntamiento que preside José Francisco Reyes (PNL). Las autorizaciones se concedieron entre 1991 y 1998 y fueron entregadas a la primera institución de la Isla al estar obligado el Consistorio a hacerlo por un auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) dictado en noviembre de 2005.

Después de su análisis, los servicios técnicos de la Corporación insular han detectado que una de las licencias, de 1997, en el Plan Parcial de Montaña Roja, referida al Iberostar Lanzarote Park y cuyo objeto es el 'modificado del proyecto de 25 apartamentos', incumple el Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT) al superar el número de plazas turísticas asignadas en ese momento el Plan Parcial, que eran para el cuatrienio 1996-2000 de 849. El Cabildo insiste en que Montaña Roja no se ha adaptado al PIOT.

Además, un total de 18 licencias (16 concedidas en Puerto Calero y dos en el Plan Parcial Las Coloradas) también han sido puestas en duda por el Cabildo. En este caso porque "incumplen el número de plazas residenciales que se pueden ejecutar por plan parcial" cuatrienalmente. En Puerto Calero, desde 1992 hasta 1996 y desde esta fecha hasta el año 2000 tenía asignado "0 plazas residenciales" mientras que en Las Coloradas se podían ejecutar "103 plazas residenciales en el período 1996-2000".

El decreto en el que se requiere al Ayuntamiento de Yaiza para que anule estas licencias fue firmado por la presidenta del Cabildo, Inés Rojas, el pasado 13 de septiembre e incluye un apercibimiento al alcalde: "si dentro del mes siguiente a la recepción de este requerimiento no lo contestara, se entenderá rechazado, y quedará expedita la impugnación jurisdiccional contencioso-administrativa".

Este último requerimiento no ha sido el único. A principios de junio de este año, el Cabildo envió otro a Reyes para que revocase más de 230 licencias que incumplirían presuntamente la normativa territorial vigente. El requerimiento sería un paso previo para interponer recursos contenciosos si así lo estimase la Corporación insular, que tendría que tomar una decisión en octubre, según los plazos estimados.

En aquel caso, los técnicos de la Oficina del Plan Insular encontraron hasta más de 230 autorizaciones que no respetan según sus criterios el PIOT, las Directrices, la programación establecida por la conocida como moratoria turística e incluso estándares de calidad, según los casos.

Una vez que el Ayuntamiento toma conocimiento del requerimiento que le envía el Cabildo, tiene un plazo de un mes para revocar las licencias que los técnicos de la Corporación insular consideran irregulares o, si así lo estima, justificar por qué a su juicio son perfectamente legales.

Cuando se produjese la respuesta de Yaiza al requerimiento, el Cabido tendría otros dos meses para tomar la decisión de acudir a los tribunales y recurrirlas por la vía contencioso-administrativa.