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NotaPublicado: Lun 18 Sep, 2006 8:45 am 
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El arquitecto de La Bufona Federico Echevarría responsabiliza a los compradores como el Fiscal Miguel Pallarés, la consejera del Cabildo Astrid Pérez, el notario otorgante Celestino Mendizábal, etc.... de la ampliación ilegal de sus viviendas sobre suelo rústico y de fraude fiscal por impago de impuestos.

http://WWW.diariodelanzarote.com/2006/0 ... rote01.htm


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NotaPublicado: Sab 07 Oct, 2006 10:56 am 
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Altos cargos y funcionarios como el Fiscal de Arrecife Miguel Pallarés, la Consejera del Cabildo Astrid Pérez, el notario Celestino Mendizábal, son propietarios de viviendas ILEGALES en LA BUFONA construidas sin licencia de obra, ni calificación territorial, sobre suelo rústico protegido.

Sus viviedas están precintadas desde el año 2000 por la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, por estar construidas sobre suelo rústico protegido. Y NO se les sanciona, NI se restituye la realidad física alterada demoliendo sus viviendas ILEGALES, NO se les cobra el impuesto de contribución urbana por sus viviendas ILEGALES, etc...

http://www.cronicasdelanzarote.es/artic ... ticle=4417

http://WWW.diariodelanzarote.com/opinio ... abrera.htm

http://WWW.diariodelanzarote.com/2006/1 ... rote03.htm

http://WWW.diariodelanzarote.com/2006/1 ... rote01.htm


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NotaPublicado: Vie 02 Feb, 2007 8:43 am 
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EL P.P. La Bufona podría llegar a ser declarado nulo.

http://www.diariodelanzarote.com/2007/0 ... rote02.htm


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NotaPublicado: Mar 13 May, 2008 10:17 am 
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Según diariodelanzarote.com:

La Apmun ha contestado a Eduardo Murillo y Gonzalo Murillo que la orden se tomó el pasado 6 de mayo en el sentido de que, “tras la realización de las actuaciones previas que sean precisas, se tramite procedimiento de la realidad física alterada”.

Así, se procedería a derribar “aquellas actuaciones que, careciendo de licencia y con invasión de suelo rústico de protección (...), se excedan de la delimitación aprobada en el Acuerdo de la Comisión Provincial de Urbanismo de fecha 7 de mayo de 1981 del Plan Parcial La Bufona Interior”.

“Una vez haya sido dictada la orden de demolición”, aclara la Apmun en un escrito dirigido a la familia Murillo, “se esperará, para la efectiva ejecución de la misma, a la finalización de los procesos jurisdiccionales penales, o en su caso contencioso-administrativos que se encuentren en curso y que puedan tener incidencia en la referida orden de demolición”.

Cabe destacar que ya en un informe del Jefe de Servicio de Ordenación Urbanística, de septiembre de 2004, se sostiene que “el fondo construible en la calle El Chabusquillo y su prolongación es de 15 metros más 3 metros de retranqueo, lo que supone un total de 18 metros ”.

Además, añade el dictamen, en la urbanización La Bufona Interior “se comprueba que excede a la delimitación aprobada, ocupando espacios de especial protección ecológica”.

Gonzalo Murillo asegura que, en realidad, las viviendas construidas al norte de la calle El Chabusquillo “tienen un fondo de 40 metros , por lo que hay que tirar la casa, la piscina y el cercado” de las casas.


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NotaPublicado: Mié 04 Jun, 2008 9:57 am 
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Según diariodelanzarote.com:

Gonzalo Murillo, propietario de suelo en el ámbito de La Bufona , ha reclamado al Ayuntamiento de Arrecife seis millones de euros “por los daños” causados por la “ilícita actuación de los miembros de la Oficina Técnica ” al conceder “declaraciones de obra nueva” para catastrar viviendas sobre terrenos de su propiedad y de su familia.

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Según apunta Murillo, el Gerente Regional del Catastro, Jesús Hernando Velasco, ha certificado que 18 viviendas en La Bufona han sido catastradas sobre terrenos de la familia Murillo “usando aparentemente unas declaraciones de obra nueva emitidas por el Ayuntamiento de Arrecife”.

La reclamación de Murillo coincide en el tiempo con el hecho de que los promotores del plan parcial, a través de la inmobiliaria Reinas han puesto a la venta dos viviendas en el ámbito del plan parcial.

Murillo también ha recordado, en un escrito dirigido al alcalde, Enrique Pérez Parrilla, que la promotora Brisa Inversiones le adeuda al Ayuntamiento 727.000 euros “por las cesiones obligatorias” del plan parcial “no realizadas” al Consistorio.

Además, asegura que la venta de las dos viviendas serían “fraudulentas” ya que las edificaciones “son manifiestamente ilegales por no respetar el uso del planeamiento vigente”.

En ese sentido, recuerda que el planeamiento permite “apartamentos adosados” y no viviendas unifamiliares y sostiene que se triplica la “densidad edificatoria permitida” al haber construido “viviendas de 250 metros cuadrados donde la licencia de obra otorgada sólo permite edificar hasta 96 metros cuadrados ”.

Según ha recalcado Murillo, la inmobiliaria “reconocer por teléfono que estas viviendas” en venta “están en La Bufona y que la superficie construida es de 94 metros cuadrados por planta. Como tiene tres plantas, la superficie real construida es de alrededor de 250 metros cuadrados ”.

Esto implica necesariamente que Brisa Inversiones SL es la que habría construido las casas vulnerando la licencia de obra otorgada” en su momento, por lo que insta al alcalde a que el Ayuntamiento utilice sus competencias de disciplina urbanística y sancione.


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NotaPublicado: Mié 11 Nov, 2009 3:21 pm 
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Según diariodelanzarote.com:

El Tribunal Supremo (TS) ha dictado una sentencia en la que declara la nulidad de la modificación del plan parcial de La Bufona, en el término municipal de Arrecife, ya que en su tramitación se omitió el informe preceptivo de la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias sobre cómo afectaba a la carretera LZ-2 y el acceso a la misma.

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La sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TS, fechada el 28 de octubre, casa una resolución judicial anterior del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) dictada el 18 de enero de 2005, y anula el acuerdo de la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias (Cumac) de 28 y 29 de abril de 1998 por el que se aprobó definitivamente la modificación puntual del plan parcial La Bufona.

La Sala acoge uno de los argumentos expuestos en su demanda por el recurrente, Eduardo Murillo, que considera que en el desarrollo del plan parcial le fueron usurpados terrenos colindantes de su propiedad, de naturaleza rústica, sobre el que se habrían construido viviendas. Sin embargo, el Supremo no entra a valorar esta cuestión, que se dirime en un procedimiento civil.

Lo que sí recalca el Tribunal Supremo es que en la aprobación del plan parcial se omitió el informe “preceptivo y vinculante” de la Consejería de Obras Públicas, que “constituye un trámite esencial”. La necesidad de este informe está contemplada en la Ley de Carreteras de Canarias.

La urbanización de La Bufona, promovida por la empresa Brisa Inversiones, ha estado rodeada por la polémica desde hace años. Sobre la misma también existe un procedimiento penal por el supuesto desprecinto de las obras de unas viviendas paralizadas por el Seprona en el año 2000, que habrían invadido suelo rústico.

Sentencia del Tribunal Supremo:
http://www.diariodelanzarote.com/docume ... tencia.pdf


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NotaPublicado: Lun 30 Nov, 2009 12:02 pm 
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Los chalés de La Bufona se quedan sin amparo legal

ABC, ARRECIFE Lunes , 30-11-09

El plan parcial La Bufona se ideó como una de las zonas residenciales más exclusivas de Arrecife. Lo promovía «Brisa Inversiones», del arquitecto Federico Echevarría y se modificó en el año 1998. El proceso del plan parcial y su construcción ha sido un cúmulo de irregularidades e ilegalidades que han terminado por dejar el plan parcial y las más de cincuenta viviendas que hay en él fuera de la legalidad. El Tribual Supremo ha anulado la modificación de este plan parcial porque no se solicitó informe de la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias para ver cómo afectaba a la carretera LZ-2. No se hicieron los accesos para el plan parcial y, supuestamente, se han usurpado terrenos rústicos de protección, terrenos de un particular y un terreno del Servicio de carreteras, propiedad del Gobierno de Canarias, que se segregó y se vendió.
Pero esto es sólo una pequeña parte. La Agencia de protección del medio urbano y natural emitió un informe demoledor el año pasado en el que se concluía que el plan nunca debió haberse ejecutado porque no contaba con la superficie mínima de 50.00 metros cuadrados. Y además se construyeron 52 casas cuando sólo se podían haber hecho 24. También reconoce el informe que los documentos del plan «no eran reflejo de la realidad territorial» y que las viviendas cuentan con mayor superficie construida que la autorizada. Es más, dice que algunas casas se hicieron antes de la concesión de la licencia y que otras se han ampliado con posterioridad.
Algunas viviendas tienen doble referencia catastral y otras han estado omitidas de la base de datos del catastro, así que no han pagado impuestos. Por si fuera poco, el plan ni siquiera tiene aprobada la Junta de compensación, no ha hecho las cesiones obligatorias y debe al Ayuntamiento cerca de un millón de euros por este concepto.
El propio registrador de Arrecife reconoce en un escrito que efectivamente se ha producido la alteración del nombre de los linderos de varias fincas registrales. Sin ir más lejos, se segregó de la finca matriz de Brisa una finca de más de siete mil metros y el resultado es que la finca matriz no mengua y aparece otra finca nueva con esos siete mil metros. Además, los terrenos que expropió carreteras figuran a nombre de la promotora. En definitiva, se podría decir que la documentación sobre este plan y su realidad física nada tienen que ver.
El próximo paso por parte de la Agencia de protección del medio sería, en buena lógica, la orden de derribo de las casas, si se aplica el criterio seguido en otras actuaciones. Sin embargo, de momento no es así. El caso es que con todas estas irregularidades se concedieron las licencias, se construyeron las casas y ninguno de los propietarios se ha quejado.
Aún dos procedimientos
Este proceso del Tribunal Supremo se ha resuelto pero quedan otros dos pendientes: uno penal contra el arquitecto, el constructor y el promotor, ya fallecido, que era el encargado municipal del catastro y delineante de Arrecife. Se archivó la causa, aunque está recurrida, contra el ex secretario del Ayuntamiento, Felipe Fernández Camero, que firmó las licencias, y contra la anterior alcaldesa, María Isabel Déniz, bajo cuyo mandato se desprecintaron las obras que se habían precintado tras la denuncia del Seprona. La ex alcaldesa llegó a declarar en el Juzgado que había técnicos municipales que avalaban las licencias pero no quiso dar sus nombres. El otro procedimiento es una reclamación, por parte de Gonzalo Murillo, de sus terrenos, que han sido ocupados.
Estos dos procedimientos acaban de cumplir diez años en los juzgados. El penal aún permanece en diligencias previas y ni siquiera se ha llamado a declarar como testigos a los dueños de las viviendas. Del otro se van a cumplir tres años desde que el Supremo obliga a reiniciar las actuaciones practicadas.
El procedimiento que sí se ha resuelto, este año, es uno que partió de 2003, una denuncia por calumnias e injurias del ex fiscal coordinador de Arrecife, Miguel Pallarés, contra Gonzalo Murillo, que ganó el fiscal. La Sala consideró probado que Murillo le hacía responsable a Pallarés de la paralización de los procedimientos.

Pallarés, que ahora ejerce en Las Palmas y es sobrino político del ex secretario municipal (hoy imputado en el caso de las licencias urbanísticas ilegales otorgadas a hoteles en Yaiza), es dueño de una de las viviendas que ocupan los terrenos que reclama Murillo.


http://www.abc.es/20091130/canarias-can ... 91130.html


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NotaPublicado: Jue 10 Dic, 2009 9:37 am 
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Según diariodelanzarote.com:

La sección sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha estimado el recurso presentado por el denunciante Gonzalo Murillo contra el archivo de la causa contra la ex alcaldesa de Arrecife María Isabel Déniz y el ex secretario del mismo Ayuntamiento, Felipe Fernández Camero.

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La Audiencia considera que el sobreseimiento de la causa contra estas dos personas, decretado en un ato de 14 de febrero de 2008 por el Juzgado número 3 de Arrecife es una decisión “precipitada”, deja sin efecto el sobreseimiento y mantiene su imputación.

Asume, no obstante, el resto del auto, por el que se incoaba el procedimiento abreviado para la causa, iniciada hace diez años. “Lo practicado hasta ahora es suficiente en principio para concluir la instrucción”, señala el auto de la Audiencia.

La Sala deestima los recursos del resto de imputados, el arquitecto y promotor de la urbanización, Federico Echevarría, el constructor Antonio Caro y el delineante municipal, ya fallecido, Francisco Carmona, que continúan imputados.

A la ex alcaldesa María Isabel Déniz (que gobernó en las filas del PIL y hoy milita en CC) se le acusaba de prevariación por no haber procedido a sancionar a los promotores de la urbanización a requerimiento de la Agencia de protección del medio urbano y natural, así como por, supuestamente, levantar el precinto de las obras. Déniz hoy mantiene un cargo en la Agencia canaria de seguridad.

A Fernández Camero, también imputado en la causa de los hoteles ilegales en el Juzgado número 2, se le archivó la causa porque su imputación de firmar licencias ilegales excedía del ámbito de sus competencias.

Fernández Camero, cuando era secretario municipal, supuestamente firmó las licencias de obra para estas viviendas.

En otro procedimiento civil que se sigue por esta urbanización, en el que Murillo reclama terrenos de su propiedad sobre los que se asentaron algunos chalés, los propietarios, que se han personado, han contratado como abogado a Fernández Camero.

La modificación del plan parcial La Bufona está anulada por el Tribunal Supremo. Además, un informe de la Agencia de protección del medio urbano y natural de septiembre de 2008 afirma que el plan parcial La Bufona no debió haberse ejecutado.

En ese informe se dice que “el sector del plan parcial La Bufona no contaba con la superficie mínima de 50.000 metros cuadrados , por lo que no debió desarrollarse dicho plan parcial”, que “se construyeron 52 viviendas y que “según certificados catastrales, las viviendas cuentan con mayor superficie construida que la autorizada”.


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NotaPublicado: Lun 05 Abr, 2010 12:19 pm 
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Según diariodelanzarote.com:

La Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) ha asumido la sentencia del Tribunal Supremo de octubre pasado por la que se anulaba la modificación puntual del plan parcial La Bufona en Arrecife. La sentencia anulaba el acuerdo de esa misma comisión de 28 y 29 de abril de 1998.

Eduardo Murillo, propietario de parte de los terrenos del plan parcial, a la salida de Arrecife, interpuso un recurso contencioso administrativo contra esa modificación del plan hace doce años. El motivo de la nulidad es que no se solicitó informe de la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias que debía haberse pronunciado sobre cómo afectaba el plan parcial a la carretera LZ-2.

Los accesos a la urbanización, una de las más lujosas de la capital, no se hicieron, y se accede por la urbanización contigua, la de El Cable. Ese punto kilométrico, el que coincide con la urbanización, se ha considerado como punto negro por la Dirección General de Tráfico en los años 2004 y 2006 por el elevado número de víctimas en accidentes.

El anuncio de la Cotmac, publicado este lunes en el Boletín Oficial de Canarias, señala que se da traslado del acuerdo al Ayuntamiento de Arrecife para que ejecute la sentencia, así como al Cabildo de Lanzarote, al Tribunal Superior de Justicia de Canarias y a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun).

Precisamente un informe de la Apmun de septiembre de 2008 señalaba que el plan parcial La Bufona no debió haberse ejecutado. El plan no contaba con la superficie mínima exigible para desarrollarse, se construyeron 52 viviendas unifamiliares en donde se podían autorizar sólo 24 y las licencias se otorgaron al amparo del plan parcial y su modificación cuando estos documentos “no eran reflejo de la realidad territorial”. “Según certificados catastrales, las viviendas cuentan con mayor superficie construida que la autorizada”, concluye el informe.

Sobre este plan parcial pesan varios procedimientos judiciales. Uno de ellos, de tipo penal, se sigue contra los promotores del mismo, Antonio Caro, Francisco Carmona (empleado municipal y ex encargado del catastro, ya fallecido) y Federico Echevarría, por usurpación de terrenos y un delito contra la ordenación del territorio. También están imputados el ex secretario del Ayuntamiento, Felipe Fernández Camero y la ex alcaldesa María Isabel Déniz.

La mercantil Brisa Inversiones, promotora del plan parcial, ha reconocido una deuda de casi un millón de euros al Ayuntamiento de Arrecife por no haber realizado la cesión obligatoria para el aprovechamiento municipal. Algunas de las viviendas de este plan parcial han estado durante años excluidas del catastro y otras se han matriculado dos veces en el Registro de la propiedad.


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NotaPublicado: Lun 12 Abr, 2010 7:06 am 
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Según diariodelanzarote.com:

La mercantil Brisa Inversiones, propietaria del plan parcial La Bufona en Arrecife, debe al Ayuntamiento cerca de un millón de euros por no haber realizado las cesiones obligatorias de terreno en esa urbanización. El Ayuntamiento embargó a Brisa una finca de casi 24.000 metros cuadrados que en realidad es suelo público aunque aparezca en el Registro a nombre de la promotora.

El concejal de urbanismo, Pedro de Armas, aseguraba la semana pasada que el Ayuntamiento sí que había embargado a Brisa una finca, en contra de las declaraciones del concejal de la oposición de Alternativa Ciudadana, Ginés Quintana. El embargo existe, pero sobre una finca que ya debería ser propiedad municipal.

Según la memoria de superficies del plan parcial La Bufona, los 23.995 metros cuadrados que se le han embargado a Brisa Inversiones serían las zonas verdes y plazas (más de 9.000), 2.500 metros destinados a aparcamientos, 10.000 de viales y pasos peatonales y mil metros de uso cultural y asistencial.

El plan parcial la Bufona, que ha quedado fuera de ordenación según una sentencia del tribunal supremo, contaba con algo más de 50.000 metros cuadrados para desarrollarse, si bien un informe de la Agencia de protección del medio urbano y natural asegura que nunca debió haberse desarrollado porque en realidad no contaba con esa superficie. Algunas de las casas de esa urbanización ocupan terreno rústico.

De esos 50.000 metros , sólo se pueden aprovechar para las casas la mitad, mientras que el resto son zonas libres. De los 25.000 metros de las casas, Brisa debía haber cedido el diez por ciento al Ayuntamiento y no lo hizo. No llegó a aprobar la Junta de compensación del plan parcial, paso previo a la concesión de licencias que, no obstante, el Ayuntamiento concedió.

Brisa Inversiones presenta en 2004 su proyecto de compensación, señalando que el diez por ciento del aprovechamiento serían 876 metros cuadrados , por un valor de 180 euros, lo que daría algo más de 157.000 euros. El Ayuntamiento lo valoró en más de 750.000 euros a los que hay que añadir ahora los intereses.

La mercantil reconoce en ese proyecto que “no dispone de propiedad alguna con la que materializar la indicada cesión” e incluso que no dispone de liquidez y propone al Ayuntamiento compensarle con terrenos en el plan parcial Maneje sector V, propiedad del mismo grupo empresarial, del arquitecto Federico Echevarría.

La nota de embargo de esa finca se realizó durante el mandato de la ex alcaldesa María Isabel Déniz, que aparece imputada en un procedimiento penal abierto hace diez años por el desarrollo de esta urbanización. También está imputado el ex secretario municipal Felipe Fernández Camero y el propio Echevarría.


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NotaPublicado: Mié 19 May, 2010 8:53 am 
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Según lavozdelanzarote.com:

El Ministerio de Economía y Hacienda, a través del Tribunal Económico Administrativo Regional de Canarias, ha estimado el recurso presentado por el demandante del "caso La Bufona", Gonzalo Murillo, y ha anulado la resolución de la Dirección Provincial del Catastro de enero de 2008 por la que los terrenos de Murillo se inscribían a nombre de otras personas.

Hay que recordar que sobre esta urbanización pesan varios procedimientos judiciales. Uno de ellos, de tipo penal, se sigue contra los promotores del mismo, Antonio Caro, Francisco Carmona (empleado municipal y ex encargado del catastro, ya fallecido) y Federico Echevarría, por usurpación de terrenos y un delito contra la ordenación del territorio. También están imputados el ex secretario del Ayuntamiento, Felipe Fernández Camero, y la ex alcaldesa María Isabel Déniz, actualmente en prisión provisional por el caso "Unión".

El caso es rocambolesco. Murillo ha estado pagando entre 4.000 y 6.000 euros anuales de impuestos desde el año 2000 por sus terrenos cuando sobre ellos se habían edificado cerca de una veintena de viviendas que, por otra parte, han estado omitidas de la base de datos del catastro.

Tras diez años pagando por esos terrenos, en enero de 2008 la Dirección Provincial del Catastro de Las Palmas emite una resolución por la que Murillo desaparece como propietario de los mismos y se pasa a inscribir a los dueños de las viviendas. Además de no pagar, algunas de estas viviendas presentan doble inmatriculación en el catastro e incluso dos escrituras en el Registro de la Propiedad, algo que es completamente anómalo.
Destitución

Tras la reclamación de Murillo, el gerente provincial del catastro fue destituido. Ahora, el Ministerio admite que ese cambio de titularidad se hizo sin que hubiera procedimiento, es decir, que nadie lo solicitó y que no existe expediente. Tampoco se dio la oportunidad a Murillo de hacer alegaciones al cambio de titularidad ni se le comunicó previamente. En la resolución se señala que “la Administración no puede actuar en el vacío, sin motivación y sin procedimiento”.

En el caso presente —señala la resolución— aparecen indicios de la titularidad anterior del interesado y de la alteración catastral producida con cambio de descripción física y jurídica y con atribución de titularidad a nombre de un interesado distinto de quien venía figurando como tal y todo ello sin que se aporte la justificación de haber tenido lugar las actuaciones debidas”.

Por otra parte, respecto a esta urbanización, el Tribunal Supremo ha anulado la modificación del plan parcial, que ha quedado fuera de ordenación. Además, la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) aseguraba en un informe de septiembre de 2008 que el plan parcial La Bufona no debió haberse ejecutado, ya que contaba con al superficie mínima de 50.000 metros cuadrados.

En dicho plan “se construyeron 52 viviendas unifamiliares en donde se podían autorizar 24 viviendas unifamiliares aisladas, por lo que se han desvirtuado todos los parámetros urbanísticos de todo el sector”. Las licencias se otorgaron al amparo de los documentos urbanísticos en vigor (plan parcial y modificación del plan parcial) y esos documentos “no eran reflejo de la realidad territorial”.

Según los certificados catastrales, las viviendas cuentan con mayor superficie construida que la autorizada. Además, algunas de ellas, entre las que se encuentra la del ex fiscal coordinador de Lanzarote, el notario otorgante de las escrituras y la actual presidenta del PP de Lanzarote, se encuentran parcialmente construidas sobre suelo rústico.


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NotaPublicado: Vie 21 May, 2010 10:11 am 
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Según canariasahora.com:

Astrid Pérez, feliz denunciante, consejera del Cabildo y presidenta del PP conejero, vive en una preciosa casa en La Bufona, una casa que es objeto de expediente en la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural y de proceso penal en el Juzgado de Instrucción número 3 de Arrecife como consecuencia de una denuncia del Seprona, de la Guardia Civil. La casa de la doña y de otros personajes importantes como el fiscal Miguel Pallarés, está denunciada por haberse levantado sobre suelo rústico de protección jable (¿a qué nos sonará esto de Jable, madre?), sin licencia de obra y sin calificación territorial. La casa de la consejera del PP está registrada con una superficie de 96 metros cuadrados en una parcela de 384 en una calle llamada El Chabusquillo, al parecer ficticia. En el famoso Catastro, sin embargo, esa propiedad ha crecido como el suflé y aparece como vivienda de 203 metros cuadrados construida sobre parcela de 572. ¿Ha pagado esa pulcra consejera el IBI desde que se produjo la inscripción en 2000? ¿Por qué crece tanto su propiedad? ¿Ya acudió a declarar en ese procedimiento abreviado 7/2008? ¿Cómo era aquello de la paja y la viga? Con perdón.


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NotaPublicado: Vie 21 May, 2010 4:37 pm 
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Según Crónicas de Lanzarote:

Respecto a las viviendas del Plan Parcial La Bufona, donde la consejera es propietaria de una de estas viviendas, sobre este aspecto criticado también desde el mismo medio de comunicación, ,Ástrid Pérez señaló que “no soy solamente yo, sino 53 vecinos de Lanzarote, los que en su día compramos esas viviendas con todo tipo de licencias. Puedo enseñar todas las licencias, las tengo de todo tipo. No es un tema personal, sino de 53 vecinos que hemos sufrido una irregularidad administrativa de unos señores que gobernaban y que, desde luego, no eran personas del Partido Popular”.

Al respecto, recordó que “el abogado de la promotora y de la constructora que me vendió la casa es el actual diputado regional del Partido Socialista por Lanzarote y ex secretario general del partido en la Isla, Manuel Fajardo Palarea”.

A su juicio, desde el PSC “han intentado buscar algo de cuando fui consejera de Economía y Hacienda del Cabildo. Como no han podido encontrar nada, porque mi gestión fue rigurosa y transparencia, han intentado buscarme algo a nivel personal”.

La también presidenta insular del Partido Popular (PP) en Lanzarote aseguró que “ya sabía que en cuanto se pusiera la querella [contra Carlos Espino, secretario general insular del PSC en Lanzarote], se iba a iniciar una campaña de desprestigio por parte del Partido Socialista en mi contra”. En este sentido, resaltó que el citado diario es “un medio de comunicación financiado por el Partido Socialista, y ahora se trata de usar ese medio para esta campaña de desprestigio. No van a conseguir nada, porque toda Lanzarote sabe de la situación de estos 53 vecinos y de lo que ha ocurrido con esas casas”.


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NotaPublicado: Vie 06 Ago, 2010 1:58 pm 
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Según diariodelanzarote.com:

La Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) del Gobierno de Canarias, en un escrito de contestación al propietario de los terrenos rústicos ocupados en la urbanización La Bufona (Arrecife), Gonzalo Murillo, asegura que para demoler las casas en suelo rústico de La Bufona hay que esperar a que el Juzgado determine quiénes son los infractores, bien la empresa promotora o bien los compradores de las viviendas.

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Murillo solicitó a la Dirección General del Gabinete del presidente del Gobierno de Canarias que le informara sobre el expediente abierto en el año 2000 por la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) por una infracción urbanística grave en esta urbanización de Arrecife. Desde presidencia se le remite un informe del director ejecutivo de la Apmun , Pedro Pachecho, sobre dicho expediente.

En ese informe reconoce que queda acreditado que se ejecutaron obras de piscinas, muros y acondicionamiento de parcelas en catorce viviendas ubicadas en suelo rústico de protección ecológica fuera del ámbito del plan parcial y que en julio del año 2000 la Agencia decretó la suspensión de las obras y el corete de suministro de luz y agua.

Dice la Apmun que “existe la posibilidad de reponer el orden jurídico perturbado ordenando la reposición de la realidad física alterada” y que esa reposición ha de exigirse al infractor o la Administración con cargo al infractor, “y aunque los indicios apuntan a que el muro fue promovido por Brisa y Costegui (la constructora), no ha quedado acreditado si en la ejecución del mismo intervinieron los adquirientes posteriores”, es decir, los actuales propietarios, según la Apmun.

Señala que antes de ejecutar la orden de demolición “por razones de prudencia”, se debe esperar “a que las resoluciones judiciales vayan adquiriendo firmeza “y ello porque la causa penal pendiente relativa a la modificación fraudulenta de unos linderos condicionará de forma inequívoca el ejercicio de la potestad de restablecimiento de la Administración ”.

Hay que recordar que un informe que realizó la Apmun en 2008 se asegura que el plan parcial La Bufona no debió haberse ejecutado porque no contaba con la superficie mínima exigible para desarrollarse. Además se construyeron 52 viviendas unifamiliares en donde se podían autorizar sólo 24. Algunas casas cuentan con mayor superficie construida que la autorizada. La modificación del plan parcial La Bufona está anulada por el Tribunal Supremo.

La Agencia ordenó hace once años la suspensión de las obras y el precito de las mismas aunque después se siguió construyendo y la urbanización se terminó. Por estos hechos se sigue un procedimiento penal en el Juzgado número 3 de Arrecife por usurpación de terrenos y delitos contra la ordenación del territorio.

En el procedimiento están imputados el constructor y los promotores de la urbanización, Antonio Caro, Francisco Carmona (empleado municipal y ex encargado del catastro, ya fallecido) y Federico Echevarría, además del ex secretario del Ayuntamiento, Felipe Fernández Camero y la ex alcaldesa María Isabel Déniz a quien se acusa de prevaricación por no haber procedido a sancionar a los promotores de la urbanización y por, supuestamente, levantar el precinto de las obras.

En dicho procedimiento, los promotores derivaron la responsabilidad de la edificación ilegal hacia los propietarios de las viviendas, entre los que está el ex fiscal coordinador de Arrecife, Miguel Pallarés, familiar de Fernández Camero. Los comparadores de las viviendas no han sido llamados a declarar.

La Apmun también reconocía en su informe de 2008 que las viviendas ejecutadas en el ámbito del Plan Parcial La Bufona-interior no se ajustan a las licencias de obra emitidas por el Ayuntamiento de Arrecife y que han sido ampliadas ilegalmente entre los años 2000 a 2007, muchos años después de haber sido compradas a la mercantil Brisa Inversiones, promotora de las obras.


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NotaPublicado: Mié 08 Jun, 2011 11:07 am 
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Según lavozdelanzarote.com:

La Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) ha ordenado la demolición parcial de 14 chalés que se encuentran en la calle Chabusquillo de la urbanización La Bufona, en Arrecife. Las casas se asientan en parte sobre suelo rústico de protección y de valor natural ecológico. En las resoluciones de la Agencia se hace referencia, en todos los casos, a la realización de obras “sin contar con las autorizaciones pertinentes” y se ordena la demolición de esas obras. Los afectados pueden presentar alegaciones en el plazo de quince días.

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Dice la Agencia que “realizadas las investigaciones y gestiones pertinentes, ha sido suficientemente constatado que las obras descritas carecen de amparo administrativo alguno” y asegura que son “indudable y manifiestamente ilegalizables”, al haberse producido una invasión de suelo rústico de valor natural ecológico. En las resoluciones se dice que la infracción contra la ordenación se encuentra prescrita, pero que queda pendiente la reposición de la realidad física alterada. La obligación de restituir esa realidad alterada corresponde al promotor, entendiendo como tal en estos casos al propietario del terreno sobre el que se han hecho las obras.

Entre los propietarios a los que afectan estas resoluciones se encuentra la presidenta del Partido Popular de Lanzarote, Astrid Pérez, que ha sido elegida recientemente consejera en el Cabildo y parlamentaria regional. Pérez tendrá que demoler en su casa las obras de acondicionamiento de parcela consistentes en muros, piscina de unos 31 metros, edificación adosada a lindero de unos 55 metros cuadrados, ampliación de la vivienda en unos 11,50 metros cuadrados, así como la pavimentación unos 43 metros del patio trasero que invade suelo rústico.

Otro de los propietarios es Miguel Pallarés, fiscal de la Fiscalía de Las Palmas y ex fiscal coordinador de Lanzarote. La Apmun le ordena la demolición de muros, piscina de 22 metros, una edificación adosada de 40 metros, la ampliación de la vivienda en unos 17 metros, así como la pavimentación de unos 140 metros cuadrados del patio trasero que invade suelo rústico de protección y de valor natural ecológico, en un fondo de 18 metros de ancho por el largo de la parcela.

En septiembre de 2008, un informe de la Apmun concluía que el plan parcial La Bufona no debió haberse ejecutado porque no contaba con la superficie mínima para desarrollarse. Además, se construyeron 52 viviendas unifamiliares en donde se podían autorizar sólo 24. Las viviendas tienen más superficie de la autorizada y las licencias se otorgaron al amparo del plan parcial y su modificación cuando estos documentos “no eran reflejo de la realidad territorial”.

En ese informe se asegura que la superficie que ocupan las viviendas no se corresponde con las licencias otorgadas. En el Registro de la propiedad figuran con una extensión de 96 metros cuadrados, cuando tienen más de 200. El informe detecta que las casas sufrieron cambios años después de ser adquiridas a la promotora, sin contar con licencia de obra y sobre suelo rústico.

En julio del año 2000, la Agencia decretó la suspensión de las obras, el corte de suministro de luz y agua y el precinto, aunque después se siguió construyendo y la urbanización se terminó. Por estos hechos se sigue un procedimiento penal en el Juzgado número 3 de Arrecife por usurpación de terrenos y delitos contra la ordenación del territorio.

En el procedimiento penal abierto están imputados el constructor y los promotores de la urbanización, Antonio Caro, Francisco Carmona (empleado municipal y ex encargado del catastro, ya fallecido) y Federico Echevarría, además del ex secretario del Ayuntamiento, Felipe Fernández Camero, que habría firmado las licencias de obra, y la ex alcaldesa María Isabel Déniz, a quien se acusa de prevaricación, por no haber procedido a sancionar a los promotores de la urbanización y por, supuestamente, levantar el precinto de las obras. Ambos también están imputados en el caso "Unión", y Fernández Camero también lo está en el caso "Reyes", que investiga la existencia de una presunta trama para adjudicar licencias hoteleras ilegales.

Sobre el plan hay otro procedimiento, ya que el propietario de parte del suelo de ese plan parcial, Gonzalo Murillo, denunció hace más de de diez años la ocupación de sus terrenos por parte de la empresa promotora del plan, Brisa Inversiones. Además, el Tribunal Supremo ha anulado la modificación del plan parcial, por lo que todas las casas construidas en él han quedado fuera de ordenación.

Por otra parte, estas casas que ocupaban los terrenos de Murillo, han estado durante ocho años omitidas de la base de datos del catastro y no pagaban el Impuesto de Bienes Inmuebles. Posteriormente la Dirección Provincial del Catastro cambió el titular del suelo sin que se iniciara ningún expediente y luego el Ministerio de Economía reconoció que esos terrenos de La Bufona se alteraron en el Catastro sin que nadie lo solicitara, anuló la resolución y destituyó al gerente provincial.

La urbanización también ha estado en los juzgados por otros motivos. En marzo de 2009, la Audiencia Provincial de Las Palmas condenó a Gonzalo Murillo a pagar 12.000 euros por un delito de calumnias contra el fiscal Miguel Pallarés, por un artículo publicado en La Voz de Lanzarote en octubre de 2003. En ese artículo, Murillo se quejaba de lo que a su juicio era una paralización del proceso abierto en el año 2000 contra los promotores del plan parcial, que en 2003 aún se encontraba en diligencias previas y, ocho años después, continúa igual.

La Audiencia consideró probado que Murillo achacaba la responsabilidad en la paralización del procedimiento a Pallarés, que entonces era fiscal coordinador de Arrecife y que es sobrino político de Fernández Camero, por entonces secretario municipal del Ayuntamiento capitalino. La sentencia decía que Murillo le atribuía un delito de tráfico de influencias o “confabulación entre el secretario del Ayuntamiento para conceder a su sobrino una licencia ilegal”. Durante la vista oral de ese juicio, celebrada en mayo de 2008 en Arrecife, Pallarés no recordó en su declaración a qué persona le había comprado su casa, ni cuánto pagó por ella ni los metros cuadrados que tiene
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Además, el Juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Arrecife dictó el pasado 25 de noviembre un auto por el que ordenaba que se eliminara de la página web elagitador.com la viñeta publicada en enero de 2008 con el título ‘El fiscal mudo’. El auto era consecuencia de la querella interpuesta contra la revista por Pallarés. La viñeta representaba a la ex alcaldesa de Arrecife, María Isabel Déniz, a Fernández Camero y a Pallarés, caracterizados como los Hermanos Marx y con el título ‘Una tarde en el circo de La Bufona’. El fiscal aparecía caracterizado como Harpo y se le denomina ‘Miguel Callaré, el fiscal mudo’.

La viñeta se realizó a raíz del artículo de opinión publicado unos días antes en ‘La Opinión de Lanzarote’, bajo el título “Y a todas estas, ¿qué hacen los fiscales?”, que ponía de manifiesto la inactividad del Ministerio Fiscal en varios casos de corrupción, entre ellos el de La Bufona
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Traducción al español por Huan Manwë para phpbb-es.com