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NotaPublicado: Sab 28 Dic, 2013 1:32 pm 
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Según Diario de Lanzarote:

De las catorce casas de la urbanización La Bufona, en Arrecife, sobre las que la Agencia de protección del medio urbano y natural (Apmun) dictó este año una orden parcial de demolición, once de ellas han recurrido esa decisión en los Juzgados de lo contencioso administrativo. Para las otras tres que no han recurrido, la orden ya es firme.

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El propietario del suelo rústico donde se asientan la parte de esas casas sobre la que se ha solicitado el derribo, Eduardo Murillo, ha presentado un escrito ante la Apmun en el que señala que la instructora de ese expediente, Carlota Pérez, le certificó por carta que habían sido diez, y no once, los propietarios que habían recurrido, cuando desde el Juzgado se informaba que eran realmente once.

Murillo se queja ante el Director de la Apmun de que no se le dio traslado del recurso presentado por la portavoz del PP en el Cabildo de Lanzarote y parlamentaria regional, Astrid Pérez, propietaria de una de las viviendas. Asegura que de esta forma no se le permite personarse y ejercer su derecho a la defensa sobre un expediente que se abre en un suelo que es de su propiedad.

Además, solicita que se le informe si realmente ya son firmes esas tres órdenes de demolición porque no se han recurrido en los Juzgados y pide que en ese caso se proceda a su ejecución y en caso de que no se vayan a ejecutar, que se emita una resolución motivada de por qué no se lleva a cabo el derribo. También pide que si los propietarios no cumplen la orden de reposición de la realidad física alterada, se les multe mensualmente.

Según la Apmun, “ha sido suficientemente constatado que las obras descritas carecen de amparo administrativo alguno” y asegura que son “indudable y manifiestamente ilegalizables”, al haberse producido una invasión de suelo rústico de valor natural ecológico. La mayoría de las demoliciones afectan a pérgolas, piscinas, edificaciones adosadas a las viviendas, muros, o terrazas.


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NotaPublicado: Sab 04 Ene, 2014 10:30 am 
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La Dirección General de Infraestructura Viaria de la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias se ha opuesto a la construcción de un futuro centro comercial en La Bufona de 7.295 metros cuadrados de superficie útil de exposición y venta promovida por la empresa Supermercados Marcial al entender que parte del suelo de este establecimiento se proyecta sobre suelo que en su momento fue expropiado por la Consejería de Obras Públicas para la construcción de la autovía que une el aeropuerto de Lanzarote con Arrecife (LZ-2).

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"De acuerdo con el contenido del acta de deslinde y amojonamiento llevado a cabo por personal funcionario de la entonces Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas del Gobierno de Canarias en 2001, mediante la cual se materializó sobre el terreno el límite de la expropiación efectuada, con la planta prevista en el proyecto básico para ubicar el centro comercial, como dicha línea atraviesa su superficie, lo que indica que parte del suelo utilizado en su construcción sería terreno expropiado en su momento por la Consejería de Obras Públicas lo que vendría a confirmar lo expuesto en varios de los escritos de alegaciones sobre el uso de suelo público en la ejecución de dicha obra", señala el informe.

Obras Públicas recalca también que la zona donde se prevé construir este edificio invade la denominada línea límite de edificación de las carreteras LZ-2 y LZ-3 (circunvalación) situada a una distancia de 30 metros de la línea blanca de borde que une ambas vías. "Dicha línea intersecta claramente la zona sobre la que se prevé construir el edificio de modo que el proyecto básico que se pretende tramitar no cumple con lo establecido en la Ley de Carreteras al respecto, al existir edificación proyectada por delante de la citada linea", señala el informe.

El informe de Obras Públicas coincide también con el elaborado por el Ayuntamiento de Arrecife sobre la falta de seguridad de los accesos al centro. "Al ser los actuales accesos al plan parcial muy sensibles a cualquier aumento de la intensidad de tráfico se considera que no serán capaces de absorber el previsible incremento de la afluencia al centro comercial en horas puntas, lo que trasladaría con toda probabilidad su incidencia sobre la funcionalidad y la seguridad vial de las dos carreteras de interés regional más cercanas", destaca el informe

Obras Públicas desmiente también que se vaya a crear un nuevo acceso al plan parcial tal y como se asegura en el proyecto básico elaborado por los promotores.


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NotaPublicado: Sab 11 Ene, 2014 8:02 am 
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Fuente laprovincia.es:

La cadena de alimentación Supermercados Marcial seguirá adelante con su proyecto para la construcción de un centro comercial en el plan parcial La Bufona de Arrecife a pesar de los informes negativos que han elaborado tanto el Ayuntamiento de Arrecife como la Dirección General de Infraestructura Viaria. En las alegaciones presentadas por Supermercados Marcial contra estas dos resoluciones se asegura que se modificará el proyecto del centro comercial para ajustarse a la normativa.

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La promotora del centro comercial destaca en sus alegaciones que el informe negativo del Ayuntamiento se debe a un error material cometido por el consistorio durante la tramitación del procedimiento de aprobación del instrumento de Adaptación Básica del Plan General de Ordenación de Arrecife al Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias. Según las alegaciones el Ayuntamiento se equivocó a la hora de delimitar el espacio libre dibujado en el plano de ordenación. El informe municipal destacaba que una parte del centro comercial se establecía sobre suelo destinado a espacios libres.

Supermercados Marcial entiende que corresponde a la Dirección General de Ordenación del Territorio, como órgano al que en su día la Cotmac encomendó la verificación del cumplimiento de los condicionantes impuestos por el acuerdo de aprobación definitiva del Plan General de Ordenación de Arrecife emitir el correspondiente informe aclarando la cuestión sobre el nuevo planeamiento.

En cuanto a las objeciones de la Dirección General de Infraestructuras Viarias de que el centro comercial ocupaba terrenos expropiados en su día para la circunvalación, los promotores destacan que se modificará el proyecto "para adaptarnos a dichas condiciones".

Las alegaciones presentadas por Supermercados Marcial abordan también las críticas a los problemas viarios que iba a suponer la apertura del centro comercial. "Respecto a la solución del tráfico, en tanto se modifica el nudo de unión entre la LZ-2 (autovía) y la LZ-3 (circunvalación) se ha propuesto una solución transitoria de mejora de los accesos consensuada con el Cabildo que está siendo desarrollada en el correspondiente proyecto de ingeniería para su aprobación por el organismo competente", señala el escrito. Por tal motivo, confían en obtener el visto bueno para su proyecto.


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NotaPublicado: Jue 13 Feb, 2014 9:21 am 
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Fuente diariodelanzarote.com:

La Consejería de empleo, industria y comercio del Gobierno de Canarias ha desestimado la solicitud de licencia comercial específica que había pedido Supermercados Marcial para abrir un centro comercial de más de 7.000 metros cuadrados en La Bufona (Arrecife).

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En Lanzarote, los centros que superen los 6.000 metros cuadrados de superficie de venta útil deben obtener permiso del Gobierno de Canarias.

El Gobierno, en una resolución del pasado 5 de febrero, argumenta que consta en el expediente un informe desfavorable del Ayuntamiento de Arrecife, que es vinculante, y que señala que el proyecto no se adecúa al planeamiento municipal.

Señala que, como ese informe es desfavorable, no se han recabado los informes de adecuación del proyecto al Plan Insular de Ordenación o a otros instrumentos, ni tampoco el del Servicio canario de empleo ni los referidos al ámbito medioambiental, residuos, ruidos, energías o redes de distribución.

También destaca el Gobierno que el Servicio de carreteras emitió un informe negativo sobre los accesos y la seguridad, pero también señalando que parte del suelo donde estaba previsto levantar el centro comercial sería suelo público, que tenía que haber sido expropiado por el propio Servicio de carreteras hace trece años.

La oficina técnica del Ayuntamiento de Arrecife también confirmó este hecho, emitiendo a mediados del mes de noviembre un informe desfavorable diciendo que el proyecto presentado por esta empresa no se ajusta al planeamiento municipal en vigor ya que una parte del suelo donde se pretende construir es suelo destinado a espacios libres y a carreteras.

En el informe se señalaba que la finca se encuentra en suelo urbano consolidado destinado a equipamiento o dotación de espacios libres pero que una pequeña parte está en suelo rústico destinado a sistema general de infraestructuras viarias y que por lo tanto esta parte no es edificable. También reflejaba la incidencia del proyecto respecto al tráfico rodado.

El terreno que compró Supermercados Marcial en esa urbanización es de 7.350 metros cuadrados urbanos en cinco parcelas, pero, según las alegaciones hechas por otros propietarios de la zona, actualmente casi 4.000 serían de dominio público por expropiación, aunque la expropiación no se habría llevado a cabo.

En las alegaciones al proyecto se señalaba que la documentación presentada sobre los terrenos “no coincide con el lugar donde quieren hacer el centro ya que se aporta como título una escritura de propiedad que no se corresponde con la finca donde pretenden materializarlo”. Los vecinos de El Cable y La Bufona se opusieron al proyecto.

La empresa de alimentación había solicitado la suspensión del expediente pero el Gobierno considera que no se dan las condiciones para ello. No obstante, señala que una vez que hayan desaparecido las causas que han provocado los informes desfavorables, podrá volver a solicitar licencia comercial.


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NotaPublicado: Lun 17 Feb, 2014 9:40 am 
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Fuente diariodelanzarote.com:

El Gobierno de Canarias, a través de un informe firmado por la Jefa de servicio de la Agencia de protección del medio urbano y natural (Apmun), ha rechazado la pretensión de la familia Murillo, denunciantes del caso La Bufona, de ejecutar de forma inmediata la orden de demolición parcial de tres de las 14 casas que ocupan suelo rústico en La Bufona propiedad de Murillo, y que no han recurrido dicha orden a los tribunales.

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Al no recurrir la orden, ésta ya es firme, así que Murillo solicitó que se ejecutara. La Agencia contesta que aunque sean viviendas individuales y haya 14 órdenes distintas “es una actuación de la Apmun conjunta en la que motivos de racionalidad técnica y de eficacia y eficiencia en la actuación administrativa impiden ejecutar de forma individualizada las órdenes de demolición”.

Añade que “procede diferir el requerimiento a los interesados del proyecto de restablecimiento como primer trámite para la ejecución voluntaria de lo ordenado a la finalización de los procesos jurisdiccionales penales y contencioso administrativos que están en curso”.

En definitiva, que hasta que no se pronuncien los tribunales sobre las otras once casas, no se tomará una decisión sobre estas tres. Es más, la Apmun recuerda que la Administración cuenta con un plazo de 15 años para ejecutar el restablecimiento ordenado, según jurisprudencia del Tribunal Supremo.

La Apmun rechazó emplazar como interesada a la familia Murillo a pesar de que lo ha estado durante más de una década, pero les permite ser parte en el procedimiento en cumplimiento de la acción popular. Murillo ha puesto un recurso de reposición a la decisión del Gobierno de no ejecutar las órdenes de demolición.

Sobre las casas, la Agencia considera que “ha sido suficientemente constatado que las obras descritas carecen de amparo administrativo alguno” y asegura que son “indudable y manifiestamente ilegalizables”, al haberse producido una invasión de suelo rústico de valor natural ecológico. La mayoría de las demoliciones afectan a pérgolas, piscinas, edificaciones adosadas a las viviendas, muros, o terrazas.


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NotaPublicado: Jue 17 Abr, 2014 12:26 pm 
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Según Canarias 7:

La Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural del Gobierno de Canarias (Apmun) ha comunicado, a través del Boletín Oficial de Canarias (BOC), la denegación de la solicitud que en su día formuló el propietario de suelo en la zona de la Bufona en Arrecife, Eduardo Murillo, para que se procediera al derribo de parte de más de una veintena de viviendas construidas, según la denuncia, sobre suelo rústico.

La Apmun comunica al interesado su decisión de «no acceder a la solicitud de ejecución inmediata de las órdenes de demolición que hayan devenido firme en los procedimientos de reposición de la realidad física alterada para la restauración del orden jurídico perturbado», dice el texto, «por obras de acondicionamiento interior de terreno vinculadas al uso residencial realizadas en las viviendas números 2 a la 28, ambas inclusive, sitas en calle Chabusquillo, La Bufona, término municipal de Arrecife».

Por parte de la misma entidad, sin embargo, se manifiesta que el expediente sigue su curso, sin fecha de posible cierre; e informa que contra dicha resolución cabe recurso contencioso administrativo. Como se sabe, sobre estas viviendas, entre las que se incluye la de la diputada y dirigente insular del PP, Ástrid Pérez, pesa una denuncia y la incoación de expediente por supuesta infracción urbanística, que incluso llegó a derivar en órdenes de demolición de parte de dichas viviendas, ampliadas supuestamente de forma irregular.


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NotaPublicado: Jue 08 May, 2014 9:00 am 
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Fuente diariodelanzarote.com:

El plan parcial La Bufona Superior da un paso atrás, desde el punto de vista urbanístico, y pasa a ser con el nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Arrecife (PGOU) suelo urbano no consolidado, por lo que los propietarios de las 52 casas que hay en esa zona tendrán que iniciar los trámites para aprobar un nuevo plan parcial y pagar en consecuencia los gastos que se deriven de ello.

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El nuevo PGOU no ordena este suelo, cuyo planeamiento, modificado en 1998, fue anulado por el Tribunal Supremo, y el único instrumento en vigor que queda de este plan parcial es el de 1981.

Fuentes municipales señalan que el PGOU no ordena suelo, excepto en Tenorio, y que cada promotor tendrá que desarrollar su plan, aunque las casas están amparadas por licencias, según el Ayuntamiento.

El plan parcial de 1981 sólo contemplaba la posibilidad de construir 30 casas. El promotor del plan, Federico Echevarría, hizo una modificación para levantar 52 adosados pero acabó haciendo 52 viviendas unifamiliares.

Los promotores ocuparon suelo urbano propiedad de Gonzalo Murillo así como del Gobierno de Canarias, y no realizaron las cesiones obligatorias para calles y espacios libres, y también ocuparon suelo rústico.

Todas las casas del plan, construidas en base a unas licencias otorgadas basándose en un planeamiento anulado y sin respetar además las determinaciones de ese planeamiento, están fuera de ordenación, pero además pesa una orden de demolición parcial de 14 viviendas que ocupan suelo rústico.

Para poder desarrollar el plan parcial, los propietarios actuales tendrían que hacer las cesiones obligatorias al Ayuntamiento, que hace años se valoraron en 730.000, aunque basándose en la edificabilidad teórica, no en la construida, por lo que la cantidad podría ser mucho mayor.

En la urbanización de La Bufona no hay suelo posible para hacer esas cesiones, porque está todo colmatado. El nuevo Plan General no da más edificabilidad ni legaliza las casas que hay sobre suelo rústico.

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El coste por propietario podría ser mucho más alto porque también tendrían que hacer una Junta de compensación y compensar a los dueños con el valor de los terrenos ocupados, que podría alcanzar varios millones de euros.

En la zona, la familia Murillo tiene más de 8.000 metros urbanos, y el Gobierno de Canarias, otros 8.000. Supermercados Marcial tiene unos 7.000 metros de uso comercial que no ha construido.


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NotaPublicado: Lun 19 May, 2014 9:36 am 
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Propietarios de las casas de la calle Chabusquillo en La Bufona (Arrecife), que tienen una orden de derribo parcial de su vivienda emitida por la Agencia de protección del medio urbano y natural (Apmun), están utilizando en los tribunales de lo contencioso administrativo un informe del Cabildo de Lanzarote para intentar evitar la demolición.

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Seis de los catorce propietarios han aportado este informe en los procedimientos contra esa orden de derribo en los que defienden la legalidad urbanística de sus viviendas en base a ese certificado urbanístico de la Oficina del Plan Insular que señala que las viviendas no se encuentran en suelo rústico de protección, valor natural ecológico-El Jable, según el PIO.

Sin embargo, posteriormente, la misma Oficina dice lo contrario, concluyendo que el Plan Insular remite la clasificación, categorización y ordenación de ese suelo al Plan General de Arrecife “porque la emisión de un certificado urbanístico, en razón de lo expuesto, al ser materia y competencia del citado Plan General, corresponde efectuarlo al Ayuntamiento de Arrecife”. En agosto de 2013 el propio Cabildo calificaba esas casas, al igual que el Gobierno de Canarias, como ilegalizables.

La familia Murillo, propietaria de los terrenos rústicos ocupados por las casas, solicitó al Cabildo que se abriera expediente al técnico que realizó esa certificación, firmada a su vez por el presidente del Cabildo, y el Consejo de Gobierno acordó en enero no llevar a cabo ninguna sanción. Murillo tuvo que recurrir al Diputado del Común para que el Cabildo le comunicara la semana pasada dicha resolución.


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NotaPublicado: Jue 20 Nov, 2014 8:00 am 
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La Fiscalía investiga los accesos al plan parcial La Bufona

La Fiscalía Provincial de Las Palmas ha abierto unas diligencias de investigación para valorar la relevancia penal por una posible comisión de un delito contra la seguridad vial en la ejecución y aprobación del plan parcial La Bufona. De hecho los accesos de este plan nunca se realizaron y los vecinos deben entrar a través de otra urbanización, la del Cable. El Gobierno denegó la construcción de un centro comercial en La Bufona por no tener los accesos. LA PROVINCIA

http://www.laprovincia.es/lanzarote/201 ... 49082.html


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NotaPublicado: Mié 31 Dic, 2014 12:04 pm 
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El nuevo Plan General supletorio que tramita el Gobierno de Canarias para Arrecife podría servir para dar cobertura legal a las obras ilegalizables y con orden de derribo en la urbanización de La Bufona. Así lo pone de manifiesto el denunciante de este caso y propietario de terrenos ocupados por la promotora Brisa Inversiones, Gonzalo Murillo, en las alegaciones que ha presentado al planeamiento.

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Murillo señala que tanto en los expedientes administrativos de derribo de la Agencia de protección del medio urbano y natural de 14 de las casas de La Bufona como en otros informes realizados ad hoc para la Fiscalía, se deja claro que en los terrenos contiguos al plan parcial, que le pertenecen, se ha hecho un proceso irregular de parcelación administrativa.

En el nuevo Plan, con respecto a la unidad de actuación 1 de La Bufona Superior, se mantiene la delimitación aprobada en 1981 por el Gobierno de Canarias pero sin embargo se modifica tanto el coeficiente de edificabilidad bruta como la densidad, la superficie máxima edificable y el aprovechamiento.

Por estos dos motivos, considera que “es más que patente la voluntad desviada de esa Administración, que intenta a través del PGO Supletorio dar cobertura legal a las obras ilegales ejecutadas dentro del plan parcial La Bufona, queriendo salvar de una sola vez saltándose todos los procedimientos establecidos”. Además dice que el aumento de la densidad de ocupación y de población que se prevé para el plan parcial hará que se incumplan todas las previsiones de reservas y estándares de ordenación.

Tampoco se resuelve, según las alegaciones, otro de los problemas de la urbanización, como es el nudo de acceso. Hay que recordar que el Tribunal Supremo anuló la modificación del plan parcial, que sirvió de base para construir todas las viviendas, porque no se habían ejecutado los accesos y porque el informe del Servicio de carreteras era negativo.

A día de hoy se sigue entrando por la urbanización de El Cable, y los terrenos que debía haber expropiado el Gobierno de Canarias los vendieron los promotores a una cadena de supermercados que este año ha presentado un proyecto para hacer un centro comercial que le han denegado.

Es más, un informe técnico reciente recuerda que la Consejería debiera hacer algo para recuperar ese suelo que es suyo. Según las alegaciones de Murillo, “se sigue omitiendo la obligación de resolver ese nudo de entrada”, lo que podría determinar que el Plan Supletorio de Arrecife fuera nulo.

Hay que recordar que en septiembre de 2008 un informe de la Apmun concluía que el plan parcial La Bufona no debió haberse ejecutado porque no contaba con la superficie mínima para desarrollarse. Además, se construyeron 52 viviendas unifamiliares en donde se podían autorizar sólo 24 y las viviendas tienen más superficie de la autorizada. En el Registro de la propiedad figuran con una extensión de 96 metros cuadrados, cuando tienen más de 200.

El informe detecta que las casas sufrieron cambios años después de ser adquiridas a la promotora, sin contar con licencia de obra y sobre suelo rústico. Entre los propietarios se encuentran el ex fiscal coordinador de Arrecife., Miguel Pallarés y la presidenta insular del PP, Astrid Pérez.

Según la Apmun, “las obras carecen de amparo administrativo alguno” y son “indudable y manifiestamente ilegalizables”, al haberse producido una invasión de suelo rústico de valor natural ecológico. Los propietarios han recurrido ante los tribunales la orden de demolición.


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NotaPublicado: Mar 07 Abr, 2015 3:57 pm 
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Según Diario de Lanzarote:

La Audiencia Provincial de Las Palmas ha dictado un auto en el que deja claro que los presuntos delitos cometidos en el caso de La Bufona no han prescrito, por lo que finalmente se celebrará juicio contra los promotores de la urbanización por delitos contra la ordenación del territorio, incumplimiento de precinto, falsedad en documento público o estafa.

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El caso se ha prolongado durante unos 16 años, desde que se interpusieron las primeras denuncias. Al final han quedado como acusados el constructor, Antonio Caro, administrador de Brisa Inversiones, y el arquitecto y promotor Federico Echevarría, que en mayo de 2012 recurrieron la apertura de juicio oral con el argumento de que los delitos habían prescrito.

Ahora, la Audiencia Provincial rechaza que los delitos supuestamente cometidos hayan prescrito y censura que la solicitud de los acusados “ha sido formulada utilizando un cauce procesal inadecuado” al haberse “producido en el plazo concedido para formular escrito de defensa”.

Aunque la Fiscalía de Las Palmas tardó casi tres años en informar sobre la solicitud de prescripción de los delitos, rechazándola, la Audiencia tampoco considera que se haya producido “inactividad procesal”. De este modo, el auto de la Audiencia despeja el camino para que finalmente el Juzgado de lo penal señale fecha para el juicio.

Según la acusación, Echevarría y Caro se enriquecieron de forma ilegal con la construcción de 53 viviendas unifamiliares ocupando suelo rústico de especial protección de jable, fuera de los límites de la urbanización, sin realizar cesiones obligatorias y aumentando la edificabilidad y superficie máxima de las casas en contra de la normativa urbanística.

Además, en los escritos de acusación se destaca que los acusados desatendieron la orden de paralización y precinto dictada por la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun), en julio de 2010, terminaron las viviendas y las vendieron.

El caso se inició con una denuncia del Seprona en el año 1999, a la que se sumó la de la familia Murillo, propietarios de los terrenos ocupados por esa urbanización, tanto los urbanos como los rústicos. Las diligencias, sin embargo, se tuvieron que volver a abrir un año después porque los papeles se extraviaron en el Juzgado.

La Fiscalía y la acusación particular coinciden en acusar a Antonio Caro y Federico Echevarría de un delito contra la ordenación del territorio y de otro de desobediencia, por no respetar la paralización de las obras dictada por la Agencia de protección del medio urbano y natural (Apmun), por construir 53 viviendas donde sólo podían levantar 30, por hacerlo sin licencia municipal y sin calificación territorial ocupando una zona de suelo rústico de valor ecológico y excediéndose de los límites del plan parcial y de la superficie permitida para las casas.

La Fiscalía solicita tres años de prisión por el delito continuado contra la ordenación del territorio y un año de cárcel por el delito continuado de desobediencia grave a la autoridad. Como responsabilidad civil, pide que se les condene “conjunta solidariamente” a “la demolición de las obras ilegalmente construidas y a la reposición de la realidad física alterada”.

En cambio, la acusación particular eleva a 11 años la petición de condena para Echevarría y hasta 15 la solicitud de pena para Caro, al considerarles responsables de delitos de falsedad en documento público y de estafa, tanto a la familia Murillo como por la usurpación del dominio público destinado a carreteras.

En el banquillo solo se sentarán Antonio Caro y Federico Echevarría, aunque en el proceso hubo más imputados: otro promotor, Francisco Carmona, delineante del Ayuntamiento y encargado del Catastro, falleció años atrás.

En la causa también estuvieron imputados el ex secretario municipal Felipe Fernández Camero, que firmó las licencias de las casas, y la ex alcaldesa María Isabel Déniz, a quien se acusó de haber permitido el levantamiento del precinto de las obras. Sin embargo, durante el procedimiento se archivó la causa contra ambos.

Cabe destacar que el Tribunal Supremo anuló la modificación del plan parcial de La Bufona que se hizo en 1998, por lo que actualmente todas las casas están fuera de ordenación. La Apmun ya ha ordenado el derribo parcial de 14 chalés que ocupan suelo rústico y responsabiliza a los propietarios de las viviendas, que han recurrido esa decisión, de haber ampliado las casas, al igual que hacen los promotores.

Entre los dueños de esas casas se encuentra un notario, que escrituró otras viviendas de esa urbanización, que sobre el papel tienen menos de cien metros cuadrados pero que en la realidad tienen cerca de 250 metros; el fiscal Miguel Pallarés, que ahora ejerce en Las Palmas pero que fue fiscal coordinador de Arrecife; o la presidenta insular del PP y parlamentaria, Astrid Pérez.

Más detalles

OMITIDAS. Varias casas estuvieron omitidas de la base de datos del catastro durante años, sin pagar impuestos, tampoco se realizaron los accesos por carretera, que aún no se han llevado a cabo, y se vendió una parcela que debía ser expropiada por el Servicio de carreteras del Gobierno a una cadena de supermercados.

PLEITOS. Además de todos los pleitos por los terrenos, el fiscal Pallarés, propietario de una de las viviendas con orden de demolición y que estuvo fuera de la base del catastro durante ocho años, interpuso tres denuncias por injurias y calumnias.

CONDENAS. Gonzalo Murillo fue condenado a pagar 15.000 euros por un artículo que publicó en prensa en el año 2003 quejándose de que la causa no avanzaba. El Agitador ha sido condenado dos veces a pagar 23.000 euros por dos viñetas en la que criticaba los hechos.

FISCAL. Miguel Pallarés es sobrino político del ex secretario de Arrecife, Felipe Fernández Camero, que fue quien firmó las licencias de obras, mientras que la hija de Camero era la abogada de la promotora Brisa Inversiones.


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NotaPublicado: Dom 06 Sep, 2015 2:26 pm 
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Registrado: Mié 21 Dic, 2005 12:38 am
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http://www.lavozdelanzarote.com/articulo/politica/piden-demolicion-varias-viviendas-ilegalizables-bufona/20150831054303100712.html
NOTA: Los comentarios de "uno que sabe de lo que habla" y las respuestas que recibe, no tienen desperdicio, por lo reveladoras que son.

Piden la demolición de varias viviendas ilegalizables en La Bufona. Eduardo Murillo, propietario del suelo en la urbanización La Bufona de Arrecife donde se encuentran construidas varias viviendas ilegalizables desde el año 2000, ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Las Palmas para demandar "que se aplique la misma justicia para todos", y que según indica Murillo, "estarían incurriendo en la misma actitud desafiante que se achaca a Josefa Hernández". El propietario de dicho suelo, que ya ha solicitado en varias ocasiones la demolición de estas casa, explica que "lejos de reparar el daño causado, al construir en una zona protegida, no solo no han demolido sus construcciones ilegales, sino que han continuado ampliándo, además de añadir piscinas sobre un suelo rústico protegido".

Murillo advierte que, "ante la alarma social suscitada por la percepción por parte de la ciudadanía, de la existencia de una justicia implacable para unos y totalmente ausente para otros" ha decidido reclamar la intervención de la Fiscalía Provincial de Las Palmas, para evitar que se continúe cometiendo "un aparente delito de prevaricación administrativa y se inste a los máximos responsables de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, a ejecutar las resoluciones firmes de demolición que afectan a dichas viviendas".


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NotaPublicado: Mié 23 Sep, 2015 4:16 pm 
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Según Diario de Lanzarote:

La Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias se ha dirigido a la Gerencia Regional del Catastro para solicitar la inscripción catastral de los terrenos que fueron expropiados para la duplicación de las carreteras LZ-2 (Arrecife-aeropuerto) y la circunvalación de Arrecife. En el primero de los casos lo hace dos décadas después de que se produjera la expropiación.

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El Gobierno nunca había registrado a su nombre los terrenos que le correspondían al Servicio de carreteras por la ejecución del plan parcial La Bufona, en Arrecife. En ese plan parcial, ahora anulado por los tribunales, nunca se llegaron a ejecutar los accesos, y se entra por la urbanización El Cable.

Las irregularidades no terminan ahí, porque esos terrenos, que ocupan casi 9.000 metros cuadrados, quedaron a nombre de la promotora Brisa Inversiones que, a su vez, se los vendió a una cadena de supermercados. Esta cadena quiso desarrollar el año pasado un centro comercial en ese suelo, y le denegaron el permiso porque los terrenos son, en parte, propiedad del propio Gobierno.

Los promotores de la urbanización se enfrentan penas de cuatro años de cárcel, en una vista que se celebrará el próximo mes de noviembre, por ocupar terrenos de la familia Murillo para construir 52 viviendas unifamiliares, alguna de las cuales también ocupa suelo rústico y tiene orden de derribo.

Según señala el denunciante del caso, Gonzalo Murillo, “esto podría tener connotaciones penales” ya que implicaría que se ha comerciado con bienes que son dominio público, pero también podría tener una repercusión en la jurisdicción civil, puesto que “los terceros compradores de las ilegales viviendas de La Bufona quedarían sin la cobertura del Registro de la Propiedad, al convertirse en nula la agrupación de fincas que dio lugar a la finca registral 22.481 de la promotora Brisa Inversiones, debido a que esta finca registral incluiría dominio público propiedad de la Comunidad Canaria”, al igual que podrían anularse todas las segregaciones posteriores.

En La Bufona hay 52 viviendas fuera de ordenación ya que la Justicia anuló la modificación del plan parcial inicial del año 1981. Catorce de estas casas tiene una orden de derribo parcial por parte de la Agencia de protección del medio urbano y natural para eliminar algunas partes de las viviendas que se asientan sobre suelo rústico de protección territorial. La Justicia acaba de ordenar que se investigue por qué no se han ejecutado esas órdenes de demolición.

La promotora de las viviendas, por otra parte, ha señalado en sede judicial que no se responsabiliza de la ampliación de esas viviendas y señala a los compradores como los responsables de haberlas ejecutado.


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NotaPublicado: Lun 19 Oct, 2015 10:01 am 
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Según Diario de Lanzarote:

Dos Juzgados de lo contencioso administrativo de Las Palmas, el número 2 y el número 5, han confirmado la vigencia de las órdenes de demolición parcial de tres viviendas en La Bufona (Arrecife), dictadas por la Agencia de protección del medio urbano y natural en febrero de 2013.

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La Agencia ordenó la demolición de algunos elementos de 14 viviendas, como pérgolas, piscinas, edificaciones adosadas a las viviendas, muros, o terrazas, por estar construidas en suelo rústico de valor natural ecológico que, además, no pertenecía la empresa promotora de la urbanización. Las obras son "indudable y manifiestamente ilegalizables".

De esas 14 viviendas, once recurrieron a los tribunales y tres acaban de perder en primera instancia, aunque pueden recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Las otras tres, entre las que se encuentra la de la presidenta insular del PP, Astrid Pérez, no recurrieron.

Además de estas órdenes de demolición, todo el plan parcial está fuera de ordenación, afectado por una sentencia del Tribunal Supremo que declaró nulo el planeamiento. En noviembre se juzga al promotor del Plan, de Brisa Inversiones, Federico Echevarría y al constructor Antonio Caro por un delito contra la ordenación del territorio, falsedad en documento público y estafa.

Los tres propietarios que acaban de perder este pleito estaban defendidos por la abogada Juana Fernández de las Heras, hija y compañera de despacho de Felipe Fernández Camero, que estuvo imputado en la causa ya que, como secretario municipal, fue el encargado de firmar las licencias que después fueron anuladas.

Esta abogada también defendió a los promotores de La Bufona. Los propietarios de las viviendas no han demandado a los promotores, a pesar de que basan su defensa en sostener que las ampliaciones ilegales las llevaron a cabo los compradores después de que se les entregaran las casas.

En estos tres recursos, los demandantes alegaron que las obras fueron realizadas e inscritas antes de la compra de las casas. El Juzgado no acepta este argumento y les recuerda que tienen cauces jurídicos para el resarcimiento de los daños. También pedían la caducidad del procedimiento sancionador. Los afectados, a través de una asociación de vecinos, intentaron conseguir que el Cabildo de Lanzarote certificara que las casas no estaban sobre suelo rústico pero la potestad de certificar el tipo de suelo es del Ayuntamiento.

Según señala el denunciante del caso y propietario de los terrenos ocupados, Eduardo Murillo, "el origen de las construcciones ilegales en La Bufona, arranca de las licencias ilegales contrarias a la normativa urbanística que firmó el funcionario del ayuntamiento de Arrecife, Felipe Fernández Camero, y que han permitido a los promotores edificar grandes viviendas unifamiliares aisladas en donde sólo se podía autorizar la construcción de pequeños apartamentos adosados".

En septiembre de 2008, un informe de la Apmun concluía que el plan parcial La Bufona no debió haberse ejecutado porque no contaba con la superficie mínima para desarrollarse. Además, se construyeron 52 viviendas unifamiliares en donde se podían autorizar sólo 24. Las viviendas tienen más superficie de la autorizada y las licencias se otorgaron al amparo del plan parcial y su modificación cuando estos documentos "no eran reflejo de la realidad territorial".

En ese informe se asegura que la superficie que ocupan las viviendas no se corresponde con las licencias otorgadas. En el Registro de la propiedad figuran con una extensión de 96 metros cuadrados, cuando tienen más de 200. El informe detecta que las casas sufrieron cambios años después de ser adquiridas a la promotora, sin contar con licencia de obra y sobre suelo rústico.


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NotaPublicado: Mié 21 Oct, 2015 12:08 pm 
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Según Diario de Lanzarote:

La empresa Supermercados Marcial ha presentado una propuesta de convenio urbanístico a la Consejería de Política Territorial, cuya empresa Gesplan elabora el nuevo Plan General de Ordenación (PGO) de Arrecife, para que le autorice la construcción de un centro comercial en la urbanización de La Bufona para el que ya intentó conseguir licencia y el Gobierno rechazó con informes desfavorables.

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Supermercados Marcial defiende que le corresponde una parcela de uso comercial en La Bufona de más de 8.400 metros cuadrados y manifiesta en la propuesta de convenio que el proyecto “permitirá consolidar una importante inversión económica” y “crear puestos de trabajo”.

La Dirección General de Infraestructura Viaria del Gobierno canario confirmó hace más de año y medio en un informe que el centro comercial no cumplía con los requisitos en materia de carreteras, aceptando las alegaciones de vecinos y propietarios de la zona.

Sobre los accesos, el Gobierno destacaba que no estaban suficientemente estudiados y que la propuesta no encajaba en el planeamiento en vigor. Además, reconocía que con el centro comercial aumentaría el tráfico en ese punto, y los accesos actuales no serían capaces de absorber ese aumento sin que afectara a la seguridad en la autovía de Arrecife a Playa Honda, porque se formarían colas y eso disminuiría la seguridad de los vehículos.

El informe también reconocía que parte del suelo donde estaba previsto levantar el centro comercial sería suelo público, que tenía que haber sido expropiado por el propio Servicio de Carreteras. La Consejería de Obras Públicas se ha dirigido recientemente a la Gerencia Regional del Catastro para solicitar la inscripción catastral de los terrenos.

En el convenio urbanístico presentado por Supermercados Marcial se califica de “circunstancias sobrevenidas” tanto la “expropiación de los terrenos realizadas por la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias” como la “modificación” de la circunvalación de Arrecife y la carretera de la capital a Playa Honda, “lo cual obliga a replantear el acceso” a La Bufona.

La empresa reclama que el nuevo Plan General de Arrecife categorice sus terrenos como “suelo urbano consolidado en su totalidad”, manteniendo “los usos, las superficies” de las parcelas y “el aprovechamiento urbanístico” y rechaza que el nuevo planeamiento municipal rebaje la categoría del suelo en La Bufona a suelo urbano no consolidado.

En el convenio presentado para su inclusión en el Plan General, Supermercados Marcial asegura que “costeará y ejecutará, de forma simultánea a la edificación del centro comercial que tiene proyectado erigir en la zona, las obras de mejora de los accesos a la urbanización cumpliendo las especificaciones que al respecto dicten el Cabildo de Lanzarote y la Dirección General de Infraestructura Viaria del Gobierno de Canarias”.

En ese sentido, presenta un proyecto básico redactado por el ingeniero Antonio Cárdenas que cuantifica en unos 969.000 euros las obras a ejecutar en los accesos a La Bufona. En su proyecto estima que la urbanización, con el centro comercial, recibiría más de 1.600 vehículos por día.

APARCAMIENTO. En el convenio, la empresa dice que “costeará y ejecutará de forma simultánea a la edificación del centro comercial” las obras de acondicionamiento de un espacio libre de 773 metros cuadrados y de un aparcamiento público de 1.675 metros “previstos en el plan parcial La Bufona Interior”.

ERROR. La empresa asegura en sus alegaciones al Plan General de Arrecife que la Adaptación básica del Plan, que se publicó en agosto de 2004, cometió un “error” al dibujar “unos espacios libres no contenidos” en el diseño de la urbanización de La Bufona. Y sostiene que el Plan General en trámite reproduce ese “error”.

DESVIACIÓN. Además, considera que si el Ayuntamiento pretende la “cesión gratuita” del espacio libre contemplado en el Plan General “sin que exista en la memoria del Plan motivación alguna” para rebajar la categoría del suelo a urbano no consolidado, se incurriría “en desviación de poder”.


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Traducción al español por Huan Manwë para phpbb-es.com