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NotaPublicado: Lun 10 Jul, 2017 8:14 am 
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Según Diario de Lanzarote:

El denunciante del caso La Bufona y propietario de terrenos en esa urbanización, Gonzalo Murillo, ha vuelto a denunciar que la Gerencia regional del Catastro acaba de cambiar, otra vez, la titularidad de los terrenos donde se asientan las casas y a inscribirlas en una calle inexistente: Chubasquillo, en lugar de Chabusquillo, que es su nombre original.

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Es la segunda vez que ocurre lo mismo. En 2008, la Dirección provincial del Catastro cambió la titularidad a favor de los dueños de esas viviendas sin que nadie se lo pidiera y sin dar audiencia a Murillo, y también cambió el nombre de la calle.

Murillo recurrió y tanto el Ministerio de Economía, primero, y los tribunales después, le dieron la razón. El ministerio destituyó al Director del catastro, Jesús Hernando, alegando que para ese cambio de titularidad no existía expediente y que "la Administración no puede actuar en el vacío, sin motivación y sin procedimiento".

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias anuló hace tres años la inscripción de las viviendas en el Catastro a nombre de los compradores, pero la sentencia no se ejecutó hasta mayo del año pasado, después de que Murillo pusiera los hechos en conocimiento de la Delegación de Economía y Hacienda de Canarias.

Esa sentencia decía que se había hecho el cambio de titularidad al margen de todo procedimiento y que en lugar de adecuar el registro catastral a la realidad, se creó "artificiosamente una realidad nueva".

En esta ocasión, Murillo, en un escrito dirigido a la Delegación de Economía y Hacienda de Canarias, considera que se ha hecho un alta catastral de forma arbitraria y que se ha iniciado el procedimiento sin dar audiencia a su familia, como interesada. También dice que se vencido el plazo de seis meses para notificar la resolución, que se tomó en diciembre y se ha notificado el 3 de julio.

Por otro lado, también denuncia que el gerente regional del Catastro tiene pleno conocimiento de que se está produciendo una ilegalidad "evidente, patente, flagrante y clamorosa".

Destaca, igualmente, que el año pasado ya se hizo una alteración catastral de la casa de la presidenta del PP insular, Astrid Pérez, y que actualmente todo el suelo de esa casa, incluida la franja de terreno rústico que ocupa, aparece catastrado como de uso residencial, mientras que en las otras 13 casas en idéntica situación, esa franja aparece como de uso agrario.


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NotaPublicado: Mar 07 Nov, 2017 3:09 pm 
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Según Diario de Lanzarote:

En febrero de este año, la Audiencia Provincial zanjaba el procedimiento penal que se había iniciado 17 años antes por las casas de la calle Chabusquillo, en la Bufona (Arrecife). La sentencia no deja lugar a dudas: “La demolición acordada debe mantenerse, fundamentalmente porque las obras realizadas (...) no son susceptibles de legalización habida cuenta de la calificación del suelo en que se asientan. La obra está completamente fuera de la ordenación y a tal infracción penal se ha añadido un delito de desobediencia”. El fallo afecta a una parte de 14 casas. En la mayoría de los casos se trata del muro de la vivienda, de algunas terrazas o pérgolas, piscinas y alguna habitación.

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Pero en urbanismo, una cosa es la sentencia y otra la ejecución. Quien debe demoler y costear esa demolición son los promotores, que son los condenados, pero para ello tendrían que acceder a una propiedad privada, las casas que ellos mismos vendieron. Los propietarios, agrupados en la asociación Almadraba, ya han anunciado medidas legales contra estos promotores.

Quien inició todas las denuncias fue la familia Murillo por la usurpación, entre otros terrenos, de esa franja de suelo rústico al norte de la calle Chabusquillo que los promotores ocuparon para construir unas casas que tienen una superficie aprobada y otra, mucho más grande, construida. Con la sentencia, ya firme, de este año, todo parecía aclarado, pero se ha seguido complicando. De hecho, se ha repetido la historia que se dio en 2008.

Hace nueve años, en medio del procedimiento penal, la Dirección provincial del Catastro cambió la titularidad de ese suelo a favor de los dueños de las viviendas y modificó el nombre de la calle, que pasó a llamarse Chubasquillo. Pero previamente las casas permanecieron omitidas de la base de datos del catastro, por lo que no pagaban el impuesto de bienes inmuebles.

Para hacer un cambio de titularidad hay que dar audiencia al anterior propietario, pero en este caso no se hizo. El caso acabó también en los tribunales, ante la falta de respuesta de la Dirección general del Catastro, que depende del Ministerio de Hacienda, y que finalmente acabó destituyendo al gerente regional, Jesús Hernando, por actuar “en el vacío, sin motivación y sin procedimiento”. Es decir, sin expediente.

En 2013, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias anuló la inscripción de las viviendas a nombre de los compradores, pero la sentencia no se ejecutó hasta mayo del año pasado, después de que Murillo pusiera los hechos en conocimiento de la Delegación de Economía y Hacienda de Canarias. La sentencia decía que la actuación del Catastro permitió inscribir una referencia catastral nueva en una calle distinta a la que consta en las escrituras, y añadía: “No es que se haya adecuado el registro catastral a la realidad, por el contrario, se ha hecho artificiosamente una realidad nueva al margen del procedimiento legalmente establecido”.

Ahora la historia se repite. Murillo, de nuevo, denuncia que se ha vuelto a dar de alta en el catastro esas casas a nombre de los compradores en una calle imaginaria, otra vez la calle Chubasquillo, y no Chabusquillo. Denuncia que tampoco esta vez se le ha dado audiencia y que las casas se han catastrado en suelo rústico de uso agrario excepto la casa de la presidenta del PP de Lanzarote, Astrid Pérez, que figura en suelo rústico de uso residencial, un tipo de suelo que no existe.

Ante esta situación, denunció los hechos en la Gerencia regional del Catastro. Lo que dice el Catastro es que fue un procedimiento de subsanación de discrepancias para incorporar las construcciones existentes en la base de datos. El expediente, sin embargo, debía haber caducado en julio porque pasaron seis meses sin que se resolviera, pero no se decretó la caducidad del expediente.

Este periódico se puso en contacto con la Dirección general del Catastro en Madrid para buscar una respuesta a la falta de caducidad y contestan que se trata de un expediente absolutamente privado y que ha estado judicializado, pero sólo unos días después comunican la caducidad del expediente y dicen que hay que iniciar un nuevo procedimiento para dar cumplimiento a la sentencia de 2013 y a la concordancia entre el catastro y la realidad material. Mientras tanto, quien ha estado pagando el IBI por ese suelo es la familia Murillo, que abonó en septiembre de este año 3.500 euros por las dos fincas que se sitúan en la calle Chabusquillo, que sí existe para pagar pero que no aparece en la base de datos del Catastro porque la calle y los propietarios tienen otro nombre.

Gonzalo Murillo, denunciante del caso La Bufona y propietario de los terrenos, ha acabado por denunciar ante la Dirección General del Catastro en Madrid al gerente del Catastro en Canarias por “inacción” al mantener efectivas las resoluciones emitidas en un expediente que ya ha sido declarado caducado por el Director general del Catastro.

[Nota de la Redacción: Tras la publicación de este reportaje en la edición impresa de noviembre de Diario de Lanzarote, el Catastro volvió a reponer la situación en sus planos como estaba originalmente, con los terrenos a nombre de la familia Murillo pero sin la aparición de las casas construidas sobre ellos, lo que continúa siendo una anomalía.]

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En la Oficina técnica de Arrecife no aparecen los expedientes de las segregaciones otorgadas en La Bufona hace casi veinte años para poder construir las casas de la urbanización. Así lo afirma un informe firmado por la arquitecta de la Oficina, que señala que en los dos archivadores que contienen las licencias de segregación del año 1999 no han podido localizarse las segregaciones otorgadas en La Bufona.

Lo que sí se encuentra, según el mismo informe, es la remisión de la relación de decretos y expedientes de licencia de obra a la Secretaría del Ayuntamiento. Las segregaciones fueron clave para poder otorgar las licencias de construcción, que no se podían haber otorgado tal y como se dieron, ya que posteriormente fueron anuladas por los tribunales, al igual que la modificación del plan parcial de 1998, que sólo permitía casas adosadas de 96 metros cuadrados y se acabaron autorizando, y construyendo, un mayor número de casas, aisladas y con mucha mayor superficie.

Por otra parte, la Oficina técnica señala que en abril se remitieron a la alcaldesa y al secretario accidental varios escritos en los que se pide que se inicien “los trámites para contratar la elaboración de informe sobre las actuaciones a efectuar sobre ejecución de sentencia” en esas casas de La Bufona.


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NotaPublicado: Jue 16 Nov, 2017 3:21 pm 
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El Juzgado de lo Penal número 3 de Arrecife, que juzgó el caso de La Bufona, ha rechazado la solicitud de seis vecinos afectados, que pedían, en la fase de ejecución de la sentencia, que se anulara la condena a demoler las obras que el fallo considera ilegales.

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La demolición afecta a una parte de 14 casas que se encuentra en suelo rústico y sobre el que se han construido muros, piscinas, pérgolas y, en algún caso, habitaciones.

Los propietarios basaban su petición en el hecho de que están afectados por esa sentencia pero nunca fueron parte del procedimiento penal y solicitaron que se retrotrajeran las actuaciones "hasta el momento procesal en fase de instrucción, en que se tenía que haber dado traslado de las actuaciones con el fin de permitir su personación en el procedimiento penal".

La juez Aitziber Oleaga acordó el pasado mes de octubre no admitir a trámite ese incidente de nulidad porque no aprecia que se haya producido indefensión por vulneración de algún derecho fundamental.

Así, la juez señala que "es del todo improcedente pretender la nulidad de una sentencia que condena a la demolición de unas obras que no solo ha devenido firme por sentencia de fecha 14 de febrero de 2017 por parte de la Sección segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas, sino que incluso habiendo sido objeto de solicitud de aclaración este concreto extremo referente a la demolición de las obras fue desestimada la pretensión de aclaración por la referida Sección segunda mediante auto de fecha 26 de mayo de 2017".

La magistrada considera que el Juzgado de lo Penal carece de competencia para anular una sentencia que ha sido confirmada por la Audiencia Provincial.

El pasado mes de marzo, el Juzgado de lo Penal número 3 de Arrecife ordenó que se ejecutara la sentencia que obliga a los promotores condenados, Antonio Caro y Federico Echevarría, a proceder a la demolición de las obras que se llevaron a cabo en suelo rústico de protección jable en un plazo de seis meses. El cumplimiento de la sentencia se debe verificar por parte de la Policía Local de Arrecife.

La sentencia dice que las obras realizadas "no son susceptibles de legalización habida cuenta de la calificación del suelo en que se asientan. La obra está completamente fuera de la ordenación y a tal infracción penal se ha añadido un delito de desobediencia".


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NotaPublicado: Mar 20 Mar, 2018 4:39 pm 
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El denunciante del caso La Bufona y propietario de terrenos ocupados por viviendas en ese plan parcial de Arrecife, Gonzalo Murillo, ha solicitado ante el Ayuntamiento de Arrecife que inicie un expediente de restablecimiento de la legalidad urbanística alterada sobre otras 15 viviendas, en esta ocasión las que se encuentran al sur de la calle Chabusquillo, en las parcelas A-3 y B-2.

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Hay que recordar que las 14 que se encuentran al norte de esa misma calle también tienen orden de demolición parcial sobre la parte que ocupan suelo rústico. Por otra parte, la modificación del plan parcial sobre la que se basa la construcción de las 52 viviendas que hay en ese plan, está anulada por el Tribunal Supremo y todas las casas, por lo tanto, están actualmente fuera de ordenación.

En la Memoria del avance del nuevo Plan General, Gesplan considera que ese suelo es suelo urbano no consolidado ya que no se ha completado la urbanización porque no se ha recepcionado y no se han hecho las cesiones obligatorias para suelo público.

Murillo señala que esas 15 casas están edificadas sobre zonas verdes, aparcamientos públicos y viales, atendiendo al Plan original, el de 1981 y superponiendo ese Plan a una ortofoto de 2016 para comprobar lo que se ha edificado en la realidad, y solicita a la alcaldesa que informe de esta circunstancia al Catastro y a los titulares de las casas.

Como la Modificación del plan está fuera del mundo jurídico, serían inválidas tanto las escrituras y fincas registrales "de las viviendas situadas en las parcelas A-1, A-2, B-1 y B-2, que han sido edificadas ilegalmente sobre fincas de titularidad catastral y registral de los señores Murillo", como también lo serían "las escrituras y fincas registrales de las viviendas situadas en las parcelas B-3 y B-4, que han sido edificadas ilegalmente, al amparo de la declarada nula Modificación Puntual Plan Parcial La Bufona-Interior de 1998".

No serían válidas tampoco las licencias de segregación ni de obra. Murillo ha estado preguntado durante años al Ayuntamiento por la identidad de quien autorizó esas licencias. En enero de 2018, finalmente, la jurista de la Oficina técnica contesta que los expedientes de esas licencias no constan en los archivos de la Oficina técnica, aunque sí están los decretos.

El concejal de urbanismo, Manuel Hernández Noda, contestó el pasado 5 de marzo que no es posible identificar al técnico que informó favorablemente las licencias de segregación de obras de cuatro viviendas unifamiliares en ese ámbito en el año 2001 porque no se ha podido localizar ese documento en el archivo.

No obstante, entre los documentos que se han localizado en el archivo, sí hay un informe de la Oficina técnica sobre que autoriza la construcción de esas cuatro viviendas en La Bufona en febrero del año 2001, después de que se precintaran las obras. El informe es positivo, aunque se concede en contra del criterio de la arquitecta municipal señalando que el suelo "cumple con los parámetros que le son de aplicación". Está firmado por un técnico sin identificar. La firma se encuentra bajo el título "El técnico municipal" y en ella se puede distinguir el nombre "Jesús".


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NotaPublicado: Mar 08 May, 2018 8:43 am 
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Gonzalo Murillo ha denunciado de nuevo en los tribunales una actuación de la Administración relativa a las casas de La Bufona (Arrecife). En esta ocasión se trata de una posible alteración catastral sobre la casa de la presidenta del Partido Popular de Lanzarote y parlamentaria regional, Ástrid Pérez.

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Murillo considera que puede haber una presunta prevaricación administrativa por parte de la Gerencia regional del Catastro por supuestamente alterar su base datos para catastrar el terreno rústico que ocupa la vivienda de Pérez, a su nombre, sin justificación.

La Gerencia ha adoptado el acuerdo de dar de alta esos terrenos dentro de un expediente de subsanación de deficiencias por falta de concordancia entre la realidad física y la inmobiliaria.

Murillo presentó un recurso de reposición que el catastro ha resuelto de forma negativa, por lo que la denuncia se ha dirigido a los Juzgados. Según señala la denuncia, se habría intentado simular en la base de datos del catastro “una realidad que nunca ha existido”.

Según la nueva alta catastral, la casa de Pérez se encuentra en una finca de 572 metros cuadrados, de los que 245 son rústicos. La cuestión es que el catastro le habría asignado esos metros rústicos sin que la presidenta del PP haya podido justificar su compraventa, ya que siguen siendo propiedad de Murillo.

Sobre esa casa pesan dos órdenes parciales de derribo, de la parte que se construyó en suelo rústico. Una es administrativa de 2013 dictada por la Agencia de protección del medio urbano y natural, que Pérez no recurrió.

La orden afectaba a 14 casas, y otro de los propietarios, el fiscal Miguel Pallarés, recurrió y logró que el TSJC anulara la orden porque la Agencia debía haber impugnado primero la licencia municipal que se concedió. Por otra parte, por la vía penal, la Justicia considera que lo construido en el suelo rústico es ilegalizable y que se debía demoler.

Murillo añade que también se puede estar dando un presunto trato de favor porque el resto de las casas se ha catastrado sobre un suelo rústico de uso agrario y la de Pérez, siendo el mismo suelo, sobre un suelo rústico de uso residencial.

Apunta en la denuncia que el Registro de la propiedad certifica que la finca tiene 384 metros mientras que el catastro da de alta la casa en una finca de 572. Por ello considera que se ha podido manipular la cartografía oficial de la base de datos del catastro. Por su parte, la Gerencia del catastro alega que el expediente de subsanación tiene por objeto reflejar la situación inmobiliaria actual de las parcelas.

No es la primera vez que ocurre algo similar en el Catastro con estas casas. En 2008, la Dirección provincial del Catastro cambió la titularidad de ese suelo a favor de los dueños de las viviendas y modificó el nombre de la calle, que pasó a llamarse Chubasquillo en lugar de Chabusquillo, y antes de esa fecha, las casas estuvieron omitidas de la base de datos durante ocho años.

El cambio de titularidad fue anulado por los tribunales y el Ministerio de Hacienda acabó destituyendo al gerente regional, Jesús Hernando, por actuar “en el vacío, sin motivación y sin procedimiento”
.

En 2013, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias anuló la inscripción de las viviendas a nombre de los compradores, pero la sentencia no se ejecutó hasta mayo del año pasado.

Pero de nuevo, se repitió la historia y se volvieron a dar de alta el año pasado esas casas en la calle Chubasquillo, que no existe. Sin embargo, se caducó el expediente, y es en el nuevo procedimiento en el que se ha podido cometer la irregularidad que denuncia ahora Murillo otra vez.


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NotaPublicado: Vie 08 Mar, 2019 12:01 pm 
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Gonzalo Murillo, el denunciante del caso de La Bufona y propietario de los terrenos que ocupan ilegalmente algunas de las casas de esa urbanización, ha solicitado a la Fiscalía General del Estado que se dé un impulso procesal al caso, ya que en julio del año pasado se anularon todas las actuaciones y se ordenó repetir el juicio, que se celebró en enero de 2016.

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Tanto el Juzgado de lo Penal como la Audiencia Provincial condenaron a los promotores de la urbanización, Antonio Caro y Federico Echevarría, a dos meses de prisión por un delito contra la ordenación del territorio. En la sentencia se incluía el derribo de lo construido “sin título habilitante”, que afecta a la parte de 14 casas que se construyó en suelo rústico de protección ecológica.

Los propietarios de esas casas presentaron un incidente de nulidad alegando indefensión, ya que no se les había citado al juicio como responsables civiles, aunque sí que fueron como testigos. Sin embargo, sí les afectaba el sentido de la sentencia.

La Audiencia les dio la razón porque se lesiona su derecho a no ser condenado sin ser oído en el juicio. Ocho meses después de esa decisión no se ha practicado ninguna diligencia y Murillo acaba de solicitar un impulso “para que la acción procesal emprendida no sea estéril” y sirva para que todos los afectados puedan pronunciarse “y conozcan la situación jurídica de los ilegalizados inmuebles que han sido vendidos por la promotora Brisa Inversiones”.

En su escrito, Murillo pone de manifiesto que no sólo los propietarios no fueron llamados a declarar durante la instrucción, sino que tampoco lo fueron los trabajadores de la Oficina Técnica municipal de Arrecife donde se concedieron segregaciones ilegales de una finca rústica y después licencias de obra que iban contra el planeamiento, así como que se dieron esos permisos sin que se aprobara antes la Junta de compensación y se procediera a llevar a cabo las cesiones de suelo que corresponden al Ayuntamiento.

Murillo señala en su escrito que se ha permitido construir en zonas verdes y sobre suelo destinado a viales y aparcamientos públicos y pide que se lleve al procedimiento a esos trabajadores para que expliquen por qué se autorizaron las licencias.

Dice que se incorporó a la causa un informe del año 2004 de la Agencia de protección del medio urbano y natural en el que se decía que se había alterado la delimitación y la ordenación pormenorizada del plan parcial La Bufona y, sin embargo, no se llamó a declarar ni a los trabajadores ni a los propietarios de las casas. Pide a la Fiscalía General del Estado que su escrito se ponga en conocimiento del Juzgado de instrucción correspondiente que vaya a llevar el caso.

El caso se inició en el año 2000, pasó a procedimiento abreviado en 2008, el escrito de acusación de Fiscalía se hizo en 2011 y se juzgó en 2016. Ahora se tendrá que repetir todo el proceso. En su última sentencia, la Audiencia, a pesar de anular las actuaciones, consideraba que “cabría plantearse” si se había llegado a esta situación “por propia voluntad y desidia” de los propietarios en defender su posición, ya que “no les podía ser ajena la existencia del procedimiento aunque solo fuese por la trascendencia pública que ha tenido”.


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NotaPublicado: Mié 17 Abr, 2019 4:07 pm 
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Según La Voz de Lanzarote:

Más de 20 años después de haberse iniciado la instrucción del caso La Bufona, el procedimiento vuelve a estar suspendido y a la espera de que vuelva a celebrarse un juicio que en realidad ya tuvo lugar hace cuatro años , pero que fue anulado y debe repetirse. Y de momento, el primer paso es encontrar un juez que se haga cargo de las diligencias, ya que dos magistrados han decidido abstenerse, después de que la causa haya vuelto a los Juzgados de Arrecife y de que se haya incorporado a los dueños de las viviendas como responsables civiles subsidiarios.

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Eso fue lo que ordenó la Audiencia Provincial de Las Palmas hace casi un año, cuando anuló el juicio en el que fueron condenados por un delito continuado contra la ordenación del territorio los promotores de esas viviendas: el arquitecto Federico Echevarría y el constructor Antonio Caro. La sentencia ya era firme y estaba en fase de ejecución cuando los dueños de las casas afectadas -entre los que se encuentran el ex fiscal coordinador de Lanzarote, Miguel Pallarés, y la presidenta insular del PP, Ástrid Pérez-, pidieron la nulidad de las actuaciones, alegando que eran “perjudicados” por un fallo que ordenaba también la demolición parcial de sus viviendas.

De hecho, en la fase de ejecución de la sentencia, Echevarría y Caro pidieron que fueran los dueños quienes corrieran con los gastos del derribo, ya que varios reconocieron que tras adquirirlas habían realizado obras en la parte trasera de las casas –que es la que se asienta sobre suelo rústico protegido-, y que no solicitaron licencia para ello. Sin embargo, finalmente esa ejecución quedó suspendida al anularse el juicio y atenderse la petición de los dueños de las viviendas, que alegaron que no se les había ofrecido la oportunidad de personarse en la causa, en la que no obstante sí declararon como testigos.

“Evidentemente cabría plantearse si esa situación no es fruto de su propia y voluntaria desidia o falta de interés en defender su posición cuando que no les podía ser ajena la existencia del procedimiento, aunque solo fuese por la trascendencia pública que ha tenido”, apuntaba la Audiencia en su respuesta. Sin embargo, aunque consideraba “cuanto menos extraño que no supieran las consecuencias que, para sus casas, podría tener la condena que pudiera llegar a dictarse”, añadía que “esa extrañeza, esa sospecha, no la podemos elevar al nivel de certeza que se hace preciso en este caso”. Por eso, anuló lo actuado en la causa desde diciembre de 2011 -cuando el Ministerio Fiscal elevó su escrito de acusación-, y ordenó retrotraer las actuaciones a ese momento, para que se emplazara a los propietarios de los inmuebles en calidad de responsables civiles y se volviera a celebrar el juicio.

Ese auto se dictó hace ya casi un año y desde entonces, la causa ha vuelto a entrar en otro parón. De hecho, ahora mismo ni siquiera tiene un juez a cargo de las diligencias y el procedimiento está suspendido, a la espera de que se pronuncie de nuevo la Audiencia Provincial, ya que el segundo magistrado en el que había recaído la causa ha pedido abstenerse en este procedimiento.

La primera en hacerlo fue la magistrada del Juzgado de Primera Instancia Número 3 de Arrecife, que el pasado mes de enero elevó un “escrito razonado” a la Audiencia pidiendo apartarse del procedimiento, ya que señalaba que existía “causa de abstención” en base a un artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial sobre la abstención o recusación de jueces. Concretamente, el artículo al que hacía referencia se aplica cuando una de las partes ha sido “subordinado” del juez en el que recae el procedimiento. Y en este caso, a la causa se han incorporado todos los propietarios de las viviendas afectadas como responsables civiles.

El pasado 22 de marzo, la Audiencia estimó justificada esa abstención, por lo que las diligencias pasaron al juez que tiene atribuida su sustitución legal, el titular del Juzgado de Instancia Número 2 de Arrecife. Sin embargo, este juez también ha pedido abstenerse en base a la misma ley. En su caso, se dirigió el pasado 10 de abril a la Audiencia, que ahora debe volver a pronunciarse. Y mientras tanto, se ha acordado de nuevo la “suspensión” de un procedimiento que se inició hace ya 20 años.

Este nuevo parón en la causa se suma a todos los obstáculos, errores y dilaciones que ha ido sufriendo durante las dos últimas décadas, y que entre otras cosas hicieron rebajar las penas a los condenados hasta el punto de ser “ridículas”, tal como las calificó la Audiencia Provincial al dictar la sentencia firme de segunda instancia.

Ese segundo fallo rebajó aún más las penas iniciales por las dilaciones indebidas, fijándolas dos meses de prisión para cada acusado, que podían sustituirse por una multa de 1.200 euros, además de otra multa de 1.200 euros y tres meses menos un día de inhabilitación especial para la profesión de promotor o constructor.

Además, esa condena ni siquiera se ha cumplido, al haberse anulado el juicio y por tanto la sentencia. Así, dos décadas después de que fueran denunciados los hechos por el Seprona, las casas continúan en pie y la familia Murillo, que reclama ser la titular de esos terrenos, continúa esperando que se celebre un nuevo juicio.


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NotaPublicado: Jue 05 Sep, 2019 3:57 pm 
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Según Diario de Lanzarote:

El Tribunal económico administrativo regional de Canarias, que depende del Ministerio de Hacienda, desestima un recurso de varios propietarios de La Bufona que pedían que se volvieran a dar de alta en el catastro las casas tal y como son en la realidad física y no en las escrituras.

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El Ministerio de Hacienda acaba de desestimar un incidente de ejecución que habían presentado varios propietarios de las casas de la urbanización La Bufona, en Arrecife, por las alteraciones catastrales que había sufrido las casas en 2008.

Ese año, la Dirección provincial del Catastro cambió la titularidad a favor de los dueños de esas viviendas sin que nadie se lo pidiera y sin dar audiencia a Gonzalo Murillo, propietario de una parte del terreno que ocupan las casas. También cambió el nombre de la calle. Pasó de llamarse Chabusquillo a llamarse Chubasquillo

Murillo recurrió y tanto el Ministerio de Economía, primero, y los tribunales después, le dieron la razón. El ministerio destituyó al director del catastro, Jesús Hernando, alegando que para ese cambio de titularidad no existía expediente y que “la Administración no puede actuar en el vacío, sin motivación y sin procedimiento”.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias anuló esa inscripción de las viviendas y ejecutó la sentencia abriendo un procedimiento de subsanación de discrepancias. Varios propietarios pusieron ese incidente de ejecución ante el Tribunal económico administrativo regional de Canarias, que es un organismo que depende del Ministerio de Hacienda.

Lo que dice el Tribunal es que lo que el Catastro había hecho al cambiar la titularidad no fue adaptar la realidad física de las casas a la descripción catastral. Las casas están escrituradas en parcelas de menos de 400 metros y deberían ocupar una superficie edificada de unos cien metros, cuando en la realidad están en parcelas de más de 500 y miden más de 200 metros cuadrados de superficie.

Lo que hizo, ante la presentación de declaraciones simplificadas de alteraciones de bienes inmuebles para declarar construcciones nuevas, fue crear nuevas referencias catastrales en una calle ficticia y sin dar audiencia al propietario de los terrenos.

Los dueños de las casas creen que la actuación del Catastro fue conforme a derecho porque la alteración de los bienes inmuebles es obligatoria para que la descripción catastral concuerde con la realidad, pero este tribunal señala que el caso no se puede reducir a comunicar que se ha realizado una modificación de obra nueva, porque además no se trata de una parcela con un único propietario.

Como el Catastro no siguió el procedimiento establecido, su actuación es nula, ya que permitió otorgar una nueva referencia catastral a 18 viviendas en una calle distinta a la que consta en las escrituras, al margen de todo procedimiento. En lugar de adecuar el registro al realidad, creó artificiosamente una realidad nueva.

Con el recurso desestimado, la historia no acaba ahí, porque en 2017 ocurrió otra vez lo mismo que en 2008. La Gerencia regional del Catastro volvió a cambiar la titularidad de los terrenos donde se asientan las casas y a inscribirlas en la Chubasquillo, otra vez sin dar audiencia a Murillo.

También habría que recordar que catorce de las casas de La Bufona, que hoy tienen una orden de derribo parcial, estuvieron omitidas de la base de datos del catastro durante años, mientras que los propietarios de los terrenos, la familia Murillo, continuaba pagando el Impuesto de Bienes Inmuebles.

En esta ocasión las casas se catastran en suelo rústico de uso agrario excepto la casa de la hoy alcaldesa de Arrecife, Astrid Pérez, que figura en suelo rústico pero con uso residencial. Murillo volvió a denunciar la situación alegando, además, que el cambio se hizo gracias a un expediente que se debía haber caducado porque pasaron seis meses sin que se resolviera.

Poco después el Catastro caduca el expediente y abre otro procedimiento de subsanación de discrepancias para dar cumplimiento a la sentencia de 2013 y para que haya concordancia entre el catastro y la realidad material.

Murillo ha presentado una denuncia de nuevo ante el Ministerio por una posible actuación anómala. Considera que el Catastro reconoce que ni la superficie de las casas ni la de las parcelas coincide con la que aparece en las escrituras y que los titulares de las viviendas no han acreditado ser los titulares del suelo rústico que ocupan sus casas.


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Traducción al español por Huan Manwë para phpbb-es.com