FORO SOBRE LANZAROTE

Según la voz de lanzarote:

Sólo unos días después de que Juan Ramírez Montero se sentara en el banquillo de los acusados por el caso de la finca Villa Dolores, que quedó visto para sentencia, con una petición por parte de la Fiscalía de cuatro años de prisión, el ex alcalde de Haría se prepara ahora para volver a los Juzgados de Arrecife, a falta de que sea fijada la fecha del juicio oral. Ramírez volverá a los tribunales de nuevo como acusado, en esta ocasión por delitos urbanísticos.

El motivo que en esta segunda causa abierta contra él, podría llevarle a la cárcel por un período de entre cuatro y seis años, es la concesión de aproximadamente una docena de licencias de obra, presuntamente ilegales, en el municipio de Haría. Concretamente los terrenos que recibieron esas licencias, pese a que, están catalogados como rústicos, se encuentran en el Charco del Palo, zona conocida por su utilización, -al menos parte del pueblo-, como área naturista, en la que residen principalmente jubilados del norte de Europa.

Los hechos se remontan a 1999, cuando Juan Ramírez ostentaba la alcaldía de Haría con mayoría absoluta. Se sentaba en el sillón del Consistorio por cuarta legislatura consecutiva, aunque en esos años, desde 1983 que fue elegido por primera vez, ya había cambiado de formación política, del PSOE a Coalición Canaria.

Corrían los últimos momentos de la legislatura, que terminó en junio con las elecciones municipales. Las desavenencias con algún concejal de su Grupo de Gobierno, le llevaron a encontrarse en minoría ante la oposición, que en esos momentos, estaba formada por un concejal de PSOE y cuatro del PIL, frente a los seis que hasta ese momento ostentaba Coalición Canaria. La oposición aprovechó la situación para presentar una moción de censura que finalmente fue apoyada incluso por un concejal de su propio partido, Juan Acuña, que pasó a ocupar la alcaldía cuando expulsaron a Juan Ramírez.

El alcalde no estaba dispuesto a que esa moción de censura se llevara a cabo y se negó a tramitar el Pleno. Fue el Tribunal de lo Contencioso Administrativo el que tuvo que obligar a Ramírez a convocar y celebrar ese Pleno, en el que era más que previsible su expulsión del sillón de alcalde, que finalmente tuvo lugar a finales de abril de 1999. El día antes de la celebración del Pleno, al parecer Juan Ramírez, autorizó en torno a una docena de licencias de obra en suelo calificado como rústico en los límites del núcleo de El Charco del Palo.

Cuando el nuevo Grupo de Gobierno toma las riendas del Ayuntamiento, encabezados por Juan Acuña como alcalde, presentaron una denuncia ante los juzgados el día 30 de junio de 1999 contra Juan Ramírez, al considerar, que esas licencias, supuestamente contradecían las normas urbanísticas. Arranca entonces desde el Juzgado de Instrucción de Arrecife Número 5 las investigaciones previas por un presunto delito contra la ordenación del territorio, unas diligencias para las que se recabaron numerosos indicios y se convocaron un nutrido grupo de testimonios, tanto de los imputados, Juan Ramírez y varios promotores, como de los denunciantes, entre los que se encuentra Juan Acuña y el actual consejero de Economía y Hacienda del Cabildo, Luis Celestino Arráez, así como de otros testigos como el aparejador municipal Juan Montero, el entonces director general de Disciplina Urbanística, la propia María Teresa Caba, secretaria del Ayuntamiento de Haría en esos momentos, y Pedro Perdomo, ambos imputados por el caso de las irregularidades en el contrato de arrendamiento de Villa Dolores.

Unas investigaciones previas del Juzgado de Instrucción que se prolongaron hasta finales de 2003 y que hoy, constan de ocho tomos de autos. En agosto de 2003, la Juez instructora de la causa, Carolina Déniz, consideró que el Alcalde de Haría y los promotores, presuntamente habrían incurrido en delito contra la ordenación del territorio, además de prevaricación. Por su parte el Ministerio Fiscal, en su escrito de acusación, añade a los dos delitos contemplados por la Juez, el de falsedad documental, por lo que la pena a la que puede enfrentarse Juan Ramírez oscila entre los cuatro y los seis años de prisión.Juan Ramírez y los otros imputados recurrieron el auto, pero el Juzgado Número cinco de Arrecife desestimó el recurso. Aún no se ha fijado la fecha de celebración del juicio oral. Según fuentes jurídicas, es posible que sea determinada en un máximo de tres a seis meses.

La acusación sostiene que las licencias de obra concedidas por Juan Ramírez el día antes de la celebración del Pleno por el que tuvo que dejar la alcaldía, permitieron la edificación de una serie viviendas residenciales que se encuentran en suelo rústico. Casi todas las obras están ya construidas y algunas incluso habitadas. Según las investigaciones, Juan Ramírez realizó obras en la zona donde se encontraban los terrenos en cuestión, donde se creó una calle. Asfaltó una parte para el tráfico rodado y construyó una acera para los peatones, unas obras, que de haberse realizado en suelo urbano, habrían permitido la construcción de inmuebles, hecho que no se da en el caso de un suelo rústico.

Además, previamente a la concesión de licencias y la creación de la calle, esos terrenos habrían sido adquiridos por una sociedad instrumental presuntamente de Pedro Perdomo, dueño a su vez de la finca Villa Dolores e imputado en el caso sobre el arrendamiento de la finca junto a Juan Ramírez. A su vez Pedro Perdomo era socio de la entonces esposa del alcalde de Haría, en un negocio de alquiler de bienes inmuebles llamado “Corona Norte S.L.”, que se podría haber visto beneficiada por las licencias concedidas desde el Ayuntamiento.