FORO SOBRE LANZAROTE

DICTADURA PARLAMENTARIA


Resulta vomitivo escuchar las diversas y vergonzantes declaraciones efectuadas por ciertos políticos en el parlamento de Kanaryas, cabildos y otras instituciones, y por sindicatos, ong’s, colectivos y periodistas en ciertos medios de información en contra de la “Ley de Residencia”.

Ante dichas declaraciones no nos queda otro remedio que contestar con la máxima contundencia y claridad para que toda la opinión pública, ponga las cosas en su justo lugar y no se encuentre sujeta simplemente a la opinión interesada y manipulada de aquellos que controlan y pagan determinados medios de información. Intentando conseguir desvirtuar los movimientos sociales y a las personas que intentan que se tomen medidas para que se regule la entrada masiva de inmigrantes sin control, que a diario llegan a las islas por puertos, aeropuertos y costas.

En estos últimos días políticos de cierta relevancia y prestigio han dejado mucho que desear con actitudes y actuaciones inconcebibles dignas de una dictadura en una república bananera.

Se pensaba que la dictadura en este país ya estaba bajo tierra con una losa de miles de kilos que taponaba su sepultura, pero se puede comprobar que ésta jamás ha dejado de existir y que ahora está más viva que nunca.

Nos preguntamos lo siguiente:

¿Cómo se puede solicitar en el parlamento de Canarias y otras instituciones que se desautorice, prohíba e impida la realización de una manifestación legal?

¿Cómo unos parlamentarios y otros pueden descalificar, insultar, agredir verbalmente y atentar contra la imagen de miles de personas y colectivos por ser organizadores de un acto público con el que ellos no están de acuerdo?

Lo que estos parlamentarios han hecho merecen la total repulsa del Pueblo y de que se presenten las correspondientes demandas judiciales por sus descalificaciones públicas y atentar contra la imagen, honorabilidad, libertad de expresión e intentar se vulneren los derechos naturales, constitucionales y las normas de convivencia de un estado de derecho.

Este nuevo precedente y estilo censurador de mandar a callar y silenciar la voluntad del Pueblo y de los colectivos a través de los organismos oficiales se ha de considerar muy grave y un serio y brutal atentado contra las libertades y derechos del ciudadano. Deberían recordar estos parlamentarios y otros, que los ciudadanos y poderes públicos están sujetos a la constitución y al resto del ordenamiento jurídico y que la soberanía nacional de éste país reside en el Pueblo del que emanan los poderes del estado. El ciudadano en la actualidad puede expresar y difundir libremente sus pensamientos, ideas, opiniones mediante la palabra, escritos o cualquier otro medio de expresión, la constitución española reconoce el derecho pacífico de reunión y garantiza el derecho al honor y la intimidad de las personas. Por lo tanto no se puede permitir que ciertos iluminados partidistas y mercenarios de la información pretendan acallar las voces del pueblo sean del signo político, medio de comunicación, sindicatos, o colectivo social que sea, ni tampoco que traten de




intimidarnos con los miembros de los cuerpos de seguridad, con resoluciones judiciales u oficiales en contra de los manifestantes por intentar exponer libremente sus criterios.

Los organismos oficiales deben seguir utilizando su propio lenguaje e intentar llegar a nuestros vecinos a través de los medios de comunicación y cuando se les censure deberán trasmitir la información de boca en boca protestando en la calle, repartiendo octavillas, pegando carteles, etc.

La libertad de actuación y opinión no debe ser manipulada intencionadamente por grupos de presión y en contra del poder popular. El ciudadano no tiene que pedir a nadie autorización en éste país para llevar a cabo un derecho natural de protesta y reclamación.

Estas actuaciones indebidas son las que verdaderamente originan posibles divisiones entre las personas, colectivos, partidos e instituciones oficiales ya que pretender la existencia del pensamiento único en un estado de derecho como el actual es una aberración, se debe respetar la diversidad de opiniones, llevarlas a debate e intentar encontrar un punto de acuerdo entre las partes, si no se puede, serán las mayorías las que decidan, porque nadie está en posesión de la verdad absoluta. Ni tratar de imponer a la fuerza nada a nadie por este motivo bajo ningún concepto se puede permitir acciones que atente contra la dignidad de las personas sus derechos inviolables que le son propios, el libre desarrollo de la personalidad el respeto a la Ley y a los derechos de los demás ya que estos son los fundamentos del orden público, de la paz y convivencia social.

Ante lo expuesto nos deberíamos de preguntar;

¿Quienes son realmente los intolerantes quienes atacan de forma agresiva, brutal y desproporcionada a aquellos que defendemos la “Ley de Residencia”?

¿Quienes son los que no respetan la libertad de expresión y actuación de los demás?

¿Quiénes realmente degradan nuestro estado democrático y atentan contra nuestros valores como Pueblo?

Nosotros jamás hemos necesitado de las descalificaciones para fundamentar nuestros argumentos.

Si esta de acuerdo con nuestra lucha esperamos tu apoyo y respaldo
Llámanos al teléfono 628 690 973 titeroygakat1@yahoo.es

Antonio Leal Aguilar
Presidente de TITEROYGAKAT

Arrecife de Lanzarote, a 2 de noviembre de 2006.

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