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Según la voz de Lanzarote:
Las conclusiones del informe de la empresa KPGM sobre la gestión económica de los Centros Turísticos entre los años 1997 y 2004 irán a la Fiscalía. Así lo ha acordado este viernes el pleno del Cabildo, basándose en un informe jurídico que recomienda que se investiguen las irregularidades detectadas en las cuentas de los Centros, coincidiendo en su mayor parte con los años en los que el socialista Enrique Pérez Parrilla presidía el Cabildo y Miguel Ángel Leal estaba al frente de los CACT,s.
Ha sido la gran sorpresa de la sesión plenaria que el Cabildo celebraba este viernes. Un informe jurídico aportado por el grupo de gobierno recomienda que las conclusiones de la auditoría de los Centros Turísticos sean trasladadas a la Fiscalía, para que investigue si hubo posibles hechos delictivos en la gestión de los CACT,s de esos años, dadas las irregularidades detectadas por la empresa auditora KPGM.
Con ese informe en la mano, el pleno ha decidido seguir su recomendación y trasladar los hechos al Ministerio Fiscal, pero aunque la medida ha contado con los votos favorables del PSOE, la polémica no ha estado ausente. Los socialistas han cuestionado que la presentación de este informe se haya hecho “a última hora y sin pasar previamente por la Comisión de Hacienda del Cabildo”, pero sobre todo insisten en restar validez a una auditoría que consideran “incompleta”, y que afecta directamente a la gestión realizada por Enrique Pérez Parrilla, presidente del Cabildo en la mayor parte de ese periodo, y al también socialista Miguel Ángel Leal, como consejero delegado de los Centros.
“Sorprende que los letrados responsables de este informe jurídico no hayan trabajado sobre la documentación obrante en el Cabildo, sino sobre un documento realizado por KPGM, al que sus propios autores niegan la condición de auditoría, por no haberse ajustado su elaboración a las Normas Técnicas de Auditoría, reconociendo que por parte del Cabildo no se puso a su disposición toda la información necesaria”, afirma el Partido Socialista. Además, muestran “sus dudas con respecto a que la denuncia sea admitida a trámite, considerando que en caso de que fuera admitida, muy probablemente, las diligencias que se practiquen llevarían a su archivo”.
En cualquier caso, los socialistas aclaran que han dado su apoyo a esta medida porque consideran que “si sus cargos públicos tienen conocimiento de informes que supongan la posible existencia de comportamientos que pudieran ser considerados delictivos, su obligación es trasladarlos a las autoridades competentes”. Una explicación que va en la línea de la que aportaron hace sólo tres días, cuando estalló otra tormenta política después de que se hiciera público que Carlos Espino trasladó a la Udyco un informe que derivó en escuchas telefónicas a los alcaldes de Yaiza y Teguise.
En este sentido, el Partido Socialista también aprovecha para reprochar que la presidenta del Cabildo, Inés Rojas, no tenga con otros temas la misma actitud que con la auditoría de los Centros, como por ejemplo con el caso el de la licencia de las mil viviendas concedida por José Francisco Reyes, y ante la que también había un informe jurídico que recomendaba poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía.
Además, y en la línea de críticas al grupo de gobierno del Cabildo, los socialistas agregan que “la solicitud de un informe apresurado sobre una auditoría que no lo es, puede deberse a los escandalosos resultados de las diferentes encuestas que sitúan a Coalición Canaria como perdedora en la mayor parte de las instituciones de la isla y como cortina de humo que trata de ocultar la imputación y el procesamiento de varios de sus cargos públicos y candidatos en escándalos de corrupción urbanística”.
- LOS GASTOS CORRIENTES SE DISPARAN
Los gastos recogidos en el capítulo de “bienes corrientes y servicios” pasaron de 5,8 millones de euros en 1999 a 8,7 millones en 2000, para volver a descender en 2001 hasta los 5,7 millones. En cambio los ingresos en 2000 no crecían por encima del 3%.
- INVERSIONES CONFUSAS
No hay documentación específica sobre la inversión realizada por cada uno de los centros. Se incluye como inversiones 114.000 euros relativos a imprenta en 2001 cuando deberían ir ubicados en el capítulo de gastos corrientes. En 1999 se multiplicó el gasto con diferentes proveedores de materiales para los CACTS: hasta por seis con la empresa Climofrical y por cuatro con Naos Iluminación, dos ejemplos de los que no existe expediente de contratación.
- APROVISIONAMIENTO DE ALIMENTOS
La compra de productos de alimentación para los bares y restaurantes de los Centros Turísticos pasó de algo menos de 1,5 millones de euros en 1998 y 1999 a más de 2,5 millones de euros en el 2000
- AUSENCIA DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN
El 64% de la muestra de gastos auditados carecen de expediente de contratación y en los contratos correspondientes al 36% de los gastos restantes se han observado anomalías o están incompletos. En gran parte de los casos investigados, se hizo el proceso de adjudicación sin concurso abierto, mediante “negociación sin publicidad”.
- CASI 20 MILLONES DE EUROS EN PUBLICIDAD, IMPRENTA Y OTROS SERVICIOS
De 1,5 millones de euros que se gastaron en 1997 en material de imprenta, publicidad, souvenirs y otros servicios, se pasó en el 2000 a los 3,7 millones de euros. En los siete años auditados, este capítulo de gastos alcanzó casi 20 millones de euros, (19,9 millones).
- GRATIFICACINOES SIN EXPLICACIÓN
La cuantía que los Centros Turísticos pagó a su personal en concepto de “gratificaciones” fue en 1998 de 397.000 euros y dos años después aumento hasta los 611.000 euros. Los auditores no han podido tampoco obtener datos de las horas extraordinarias trabajadas por los empleados.
- FALTA DE DOCUMENTACIÓN
- Los auditores no han encontrado documentación que acredite que la contratación de los empleados se hizo bajo principios de igualdad, mérito y capacidad.
- No se sabe el valor de las inversiones realizadas por el Cabildo en los CACTS
- Se han observado incumplimientos en la preparación y presentación de la documentación legal: falta de firma en determinados documentos, en derechos pendientes de cobro y obligaciones pendientes de pago.
- No han podido examinar documentación justificativa respecto a determinadas partidas de gastos e inversiones.
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