Fuente lavozdelanzarote.com:
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 4 de Las Palmas de Gran Canaria ha anulado todas las licencias que recibió el Argana Centro entre noviembre de 2007 y enero de 2008, cuando el centro comercial ya había incluso abierto sus puertas, y ha confirmado que la construcción se realizó de forma ilegal, al no contar con una “licencia válida y efectiva para iniciar las obras”.
De hecho, la sentencia sostiene que el acuerdo de la Junta de Gobierno de Arrecife adoptado el 30 de noviembre de 2007, y que fue recurrido en los tribunales por un particular, tenía la “finalidad” de “
legalizar unas obras que se había ejecutado careciendo de la necesaria cobertura jurídica”. Por eso, anula tanto ese acuerdo, por el que se aprobó un proyecto modificado de obras (que ya habían concluido un año antes), como la licencia de primera ocupación concedida ese mismo día, y la de puesta en funcionamiento otorgada mes y medio después, el 9 de enero de 2008.
Respecto al futuro de este centro comercial, la sentencia, contra la que cabe recurso ante el TSJC,
rechaza la pretensión del demandante de ordenar su demolición, pero advierte que podría acordarse en la fase de ejecución de sentencia, en caso de que no pueda ser legalizado.
Al respecto, cita una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en la que se sostiene que “
la demolición es una consecuencia natural de la anulación de una licencia de obras, pero no la única posible, pues también es posible la legalización”. Eso sí, la sentencia también advierte que esa opción cabe “
siempre y cuando la modificación del planeamiento no haya tenido lugar con fines espurios”, dirigidos a la “legalización de lo declarado ilegal”.
En este caso, cabe recordar que el Argana Centro está incluido en la Unidad de Actuación Número 12, cuyo planeamiento acaba de ser aprobado por la Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias, dando cabida al uso comercial en la zona. Durante la tramitación de este Plan Parcial impulsado por el Ayuntamiento de Arrecife, la Comisión de Ordenación Territorial y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias (Cotmac) aprobó el pasado mes de marzo la Memoria Ambiental, aunque de forma condicionada.
En su resolución, la COTMAC señalaba que había informes negativos y que faltaba uno jurídico. Además, advertía que debían “subsanarse determinadas deficiencias sobre histórico de licencias y superficie edificada máxima”, aportando también las licencias “de lo construido bajo rasante”.
En el caso de Argana Centro, consta de una planta y “dos sótanos o semisótanos”, cuando en la licencia que le concedió el Ayuntamiento en 2003, y que ni siquiera llegó a ser válida, se hablaba de un local y aparcamiento.
Un escrito de alegaciones presentado al Plan Parcial de la Unidad de Actuación Número 12, que acaba de ser aprobado definitivamente por el consejero Domingo Berriel, advertía que con ese documento se estaba cometiendo un doble “fraude”, modificando “ilegalmente” en Plan General para “legalizar” los hechos ya consumados con el Argana Centro, y dando luz verde a las nuevas operaciones previstas en esa misma Unidad de Actuación por el empresario Juan Francisco Rosa.
La historia del Argana Centro comenzó en septiembre de 1987, cuando el empresario
Eduardo Spínola recibió una licencia de obras “para la construcción de un almacén y aparcamiento en la carretera Arrecife –Tinajo”. Casi dos décadas después, Spínola presentó una nueva solicitud en el Ayuntamiento, en nombre de Tiendas Especializadas Canarias, pidiendo licencia de obras sobre “proyecto básico modificado de almacén”.
El 30 de octubre de 2003, el Ayuntamiento le concedió licencia de obras, en la que se hablaba de “1 local y aparcamiento” y una superficie de 5.888 metros cuadrados. Esa licencia estaba condicionada, entre otras cosas, a que el empresario presentara el proyecto de ejecución y el proyecto de infraestructuras de telecomunicaciones.
Sin embargo, sin haber presentado ninguno de estos dos documentos, comenzaron las obras del Argana Centro. “Constituye un hecho acreditado que la codemandada dio inicio a la ejecución de las obras no habiendo cumplido alguna de las condiciones impuestas en la licencia sobre proyecto básico”, sostiene la sentencia. Al respecto, subraya que “la licencia de obras obtenida sobre un proyecto básico no habilita para la realización de la construcción”.
Ese proyecto de ejecución terminó “aportándose varios años después”, “cuando las obras ya se encontraban finalizadas”. Concretamente, Spínola lo entregó en mayo de 2007, meses después de recibir un requerimiento del Ayuntamiento. En ese momento, el empresario había solicitado una renovación de la licencia, y estaba ya tramitando la licencia de primera ocupación, y los técnicos municipales emitieron informes negativos y advirtieron que no había llegado a presentarse el proyecto de ejecución.
Ahora, la sentencia señala que “no sólo el proyecto de ejecución se aportó de forma extemporánea, sino que además, el mismo difería del proyecto básico inicialmente aprobado”. Es decir, que lo que se hizo, no era lo que se había autorizado.
“Las obras finalmente ejecutadas diferían sustancialmente de lo autorizado por la licencia de obras de noviembre de 2003, al no coincidir ni la superficie finalmente construida, ni la estructura interior del edificio con las inicialmente proyectadas”, sostiene la sentencia. Y la mayor prueba de ello es que el propio empresario, en junio de 2007 y con las obras ya terminadas, pidió una nueva licencia para el proyecto modificado, después de que el Ayuntamiento le denegara la licencia de primera ocupación.
A finales de ese año, bajo el gobierno PSOE-PIL y con Enrique Pérez Parrilla en la Alcaldía, el Ayuntamiento autorizó la licencia del proyecto modificado y la de primera ocupación. Sin embargo, antes de tener la licencia de puesta en funcionamiento, Argana Centro abrió sus puertas.
En ese momento, el entonces teniente alcalde, Antonio Hernández, ordenó precintar el centro comercial, aunque el cierre duró poco. En enero, el Consistorio concedió la última licencia que ahora ha sido anulada, la de puesta en funcionamiento.
Para conceder esos tres permisos entre noviembre de 2007 y enero de 2008, el Ayuntamiento alegó que las obras habían quedado “fuera de ordenación”, debido al cambio que había introducido en la zona la Adaptación Básica del Plan General de Arrecife, publicada en el año 2004, que lo calificaba como urbano no consolidado, dentro de la Unidad de Actuación Número 12. Y eso, precisamente, sirvió para la supuesta “legalización” de las obras, al acogerse a un artículo del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias.
Sin embargo, el Juzgado advierte en su sentencia que “
el precepto al que se acoge la Administración para aprobar el proyecto modificado no ampara la legalización de las obras ejecutadas”, ya que está planteado para supuestos muy acotados, en caso de obras preexistentes que queden fuera de ordenación. Y en este caso, la sentencia “reitera” que las obras ejecutadas eran ilegales, ya que “
no se encontraban amparadas por la licencia de noviembre de 2003, no sólo porque no se ajustaran a la misma, sino porque dicho acto autorizatorio nunca llegó a adquirir eficacia”.
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