Según canariasahora.com:
Hasta 12.800 plazas turísticas, con una inversión de 270 millones, han concedido los ayuntamientos de Teguise y Yaiza de forma irregular, según se desprende de las investigaciones judiciales y policiales. Alrededor de ese negocio se instaló un sistema corrupto que salpica a los alcaldes de estos dos municipios: José Francisco Reyes (PNL) y Juan Pedro Hernández (CC), investigados por la Unidad contra la Droga y el Crimen Organizado (Udyco) por la presunta comisión de los delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales.. La operación afecta a los muchos complejos turísticos construidos al margen de la moratoria. Y, al parecer, todavía no alcanza a todos los que han participado en la trama.
El ex consejero de Política Territorial del Cabildo de Lanzarote, el socialista Carlos Espino, encargó (cuando el PSC gobernaba en pacto con CC) al abogado Agustín Domingo Acosta un exhaustivo informe sobre la situación urbanística de la isla que destapó numerosas irregularidades. Fue entonces cuando se puso en manos de la Unidad contra la Droga y el Criimen Oganizado (Udyco), del Cuerpo Nacional de Policía que inició una investigación con pinchazos telefónicos incluidos y originó los correspondientes procesos judiciales.
Yaiza y Teguise son dos municipios situados en Lanzarote, la isla canaria que más ha cuidado su crecimiento urbanístico y pionera en lo que a ordenación del territorio se refiere, premiada incluso por la pulcritud de sus vecinos en el cuidado de sus casas. En ese idílico paisaje tanta grúa, tanto hotel y tanto complejo de apartamentos no pasan desapercibidos. La isla conejera, según denuncia el PSOE, ha pasado a ser el lugar de España con más metros cuadrados ilegales construidos por habitante. Superando incluso a Marbella.
De ese mar de grúas, el letrado Agustín Domingo Acosta extrajo infracción tras infracción y elaboró un informe de 227 folios en el que las palabras “fraude a la legalidad y a la ordenación urbanística y territorial en Yaiza y Teguise” son las más repetidas.
Por esas “irregularidades advertidas en la actuación de ambos ayuntamientos” investiga la Udyco la supuesta comisión de los delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales a los alcaldes de Teguise, José Francisco Reyes, y Yaiza, Juan Pedro Hernández. Ambos en el poder desde hace doce años y con la opción de seguir otros cuatro más. Las encuestas sonríen a los dos.
La policía entiende que en “la estrategia de conjunto” llevada a cabo por los cuerpos directivos de los dos municipios “en la concesión de licencias urbanísticas de forma irregular contaron con la colaboración de un grupo de letrados”. Los más significados Felipe Fernández Camero y su hija Juana Fernández de las Heras.
El informe de la Udyco detalla que Yaiza y Teguise concedieron multitud de prórrogas de viejas licencias “en cartera” que habían sido otorgadas a finales de los años ochenta y cuyas obras nunca se iniciaron, buscando así obviar la aplicación de las medidas de suspensión del otorgamiento de licencias acordadas durante la revisión del PIOT y desarrollar el nuevo planeamiento. “Los alcaldes accedieron a las solicitudes de prórroga de antiguas licencias, valindándolas y obviando la nueva nomativa”, reseña.
Ante las prisas para evitar la aplicación de las determinaciones del Plan Insular y previstas en su revisión, muchos especuladores urbanísticos hicieron que muchas de sus licencias fueran concedidas por los alcaldes sin esperar a que el promotor contara con la autorización sectorial turística, de la que aquellos debían disponer antes del otorgamiento de la licencia de obra.
En el suma y sigue de infracciones también se detalla la vulneración de la Ley 1/98 de 8 de enero de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos Canarios que en su artículo 4 dice que la licencia de actividad clasificada exigible a los complejos turísticos será en todo caso previa a la de las obras. Por lo que al no haberse solicitado las licencias de actividad clasificada previamente a las obras se infringe otra normativa.
Hasta 12.800 plazas, muchas de ellas financiadas con fondos comunitarios Feder, están recurridas por la corporación lanzaroteña. Algunos hoteles doblaron el precio de su valor en su solicitud a Europa. “Dichas licencias fueron ocultadas de forma insistente por dichos alcaldes, negándose a contestar a los múltiples requerimientos formulados”, contempla el informe de la Udyco.
Yaiza y Teguise se han convertido en un paradigma del urbanismo salvaje pese a estar enclavados en una isla con unas normas urbanísticas muy exigentes. Ambos municipios obviaron un Plan Insular que busca la reducción del ritmo de crecimiento.
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