FORO SOBRE LANZAROTE

Según diariodelanzarote.com:

Los teléfonos de los alcaldes de Yaiza y Teguise, José Francisco Reyes y Juan Pedro Hernández, han estado intervenidos por la Policía varios meses de este año como medida de investigación de un procedimiento iniciado en noviembre de 2006 a instancias del socialista Carlos Espino, consejero por aquel entonces titular del área de Política Territorial.

En los primeros días de noviembre, Espino presentó ante la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Brigada Provincial de la Policía Judicial una documentación relativa a presuntas irregularidades advertidas en la concesión de licencias urbanísticas por parte de ambos alcaldes.

Como base se tomó un informe solicitado por la Consejería de Política Territorial a los servicios jurídicos externos del Cabildo. El primer encargo de este estudio data de noviembre de 2005 aunque en junio de 2006 se hicieron precisiones sobre el mismo por parte del consejero.

Según fuentes que han tenido acceso a la documentación que obra en el Juzgado número dos de Arrecife, la autorización judicial para los 'pinchazos' telefónicos se da ya en el año 2007.

El conocimiento público de los mismos -adelantados por Radio Horizonte- se debe a que el pasado viernes los alcaldes aludidos recibieron sendas notificaciones judiciales sobre el procedimiento.

Al parecer, según las fuentes consultadas, la jueza ha dictado un auto reciente mediante el que se levanta el secreto de sumario. También ha determinado el cese de las intervenciones telefónicas a Reyes y Hernández ante las "infructuosas" investigaciones a través de este medio, aseguran las fuentes.

Al margen, en el expediente aparecen los nombres de otras tres personas que profesionalmente se dedican al campo del derecho de manera privada. En cambio, las fuentes aseguran que no se investiga a funcionarios de las corporaciones locales de Yaiza y Teguise.

A pesar del cese en las escuchas telefónicas, la investigación ni mucho menos parece haberse cerrado. De hecho, el alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, confirmó el lunes por la tarde a este periódico no sólo que su teléfono ha estado intervenido sino que también ha sido llamado a declarar en el juzgado el próximo viernes 25 de mayo. También Juan Pedro Henández está llamado a declarar en esa misma fecha.

El primer edil sureño aseguró en declaraciones a este periódico que iba a pedir que se retrase la declaración toda vez que la misma está fijada para dos días antes de las elecciones del 27 de mayo y Reyes considera que el hecho "de ser candidato" es motivo para un aplazamiento.

DESCONOCIMIENTO. Carlos Espino, que admite que entregó una documentación a la Udyco en noviembre de 2006, dice que desde entonces desconoce las actuaciones que se puedan haber llevado a cabo.

SOSPECHAS. Las fuentes que han tenido acceso al expediente aseguran que en el mismo se vierten presuntas acusaciones de prevaricación, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales.

CAMAS. En el informe jurídico encargado por Política Territorial en la etapa de Espino se detallan las presuntas irregularidades cometidas por los ayuntamientos a la hora de conceder miles de camas turísticas.

Según canariasahora.com:

Hasta 12.800 plazas turísticas, con una inversión de 270 millones, han concedido los ayuntamientos de Teguise y Yaiza de forma irregular, según se desprende de las investigaciones judiciales y policiales. Alrededor de ese negocio se instaló un sistema corrupto que salpica a los alcaldes de estos dos municipios: José Francisco Reyes (PNL) y Juan Pedro Hernández (CC), investigados por la Unidad contra la Droga y el Crimen Organizado (Udyco) por la presunta comisión de los delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales.. La operación afecta a los muchos complejos turísticos construidos al margen de la moratoria. Y, al parecer, todavía no alcanza a todos los que han participado en la trama.

El ex consejero de Política Territorial del Cabildo de Lanzarote, el socialista Carlos Espino, encargó (cuando el PSC gobernaba en pacto con CC) al abogado Agustín Domingo Acosta un exhaustivo informe sobre la situación urbanística de la isla que destapó numerosas irregularidades. Fue entonces cuando se puso en manos de la Unidad contra la Droga y el Criimen Oganizado (Udyco), del Cuerpo Nacional de Policía que inició una investigación con pinchazos telefónicos incluidos y originó los correspondientes procesos judiciales.

Yaiza y Teguise son dos municipios situados en Lanzarote, la isla canaria que más ha cuidado su crecimiento urbanístico y pionera en lo que a ordenación del territorio se refiere, premiada incluso por la pulcritud de sus vecinos en el cuidado de sus casas. En ese idílico paisaje tanta grúa, tanto hotel y tanto complejo de apartamentos no pasan desapercibidos. La isla conejera, según denuncia el PSOE, ha pasado a ser el lugar de España con más metros cuadrados ilegales construidos por habitante. Superando incluso a Marbella.

De ese mar de grúas, el letrado Agustín Domingo Acosta extrajo infracción tras infracción y elaboró un informe de 227 folios en el que las palabras “fraude a la legalidad y a la ordenación urbanística y territorial en Yaiza y Teguise” son las más repetidas.

Por esas “irregularidades advertidas en la actuación de ambos ayuntamientos” investiga la Udyco la supuesta comisión de los delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales a los alcaldes de Teguise, José Francisco Reyes, y Yaiza, Juan Pedro Hernández. Ambos en el poder desde hace doce años y con la opción de seguir otros cuatro más. Las encuestas sonríen a los dos.

La policía entiende que en “la estrategia de conjunto” llevada a cabo por los cuerpos directivos de los dos municipios “en la concesión de licencias urbanísticas de forma irregular contaron con la colaboración de un grupo de letrados”. Los más significados Felipe Fernández Camero y su hija Juana Fernández de las Heras.

El informe de la Udyco detalla que Yaiza y Teguise concedieron multitud de prórrogas de viejas licencias “en cartera” que habían sido otorgadas a finales de los años ochenta y cuyas obras nunca se iniciaron, buscando así obviar la aplicación de las medidas de suspensión del otorgamiento de licencias acordadas durante la revisión del PIOT y desarrollar el nuevo planeamiento. “Los alcaldes accedieron a las solicitudes de prórroga de antiguas licencias, valindándolas y obviando la nueva nomativa”, reseña.

Ante las prisas para evitar la aplicación de las determinaciones del Plan Insular y previstas en su revisión, muchos especuladores urbanísticos hicieron que muchas de sus licencias fueran concedidas por los alcaldes sin esperar a que el promotor contara con la autorización sectorial turística, de la que aquellos debían disponer antes del otorgamiento de la licencia de obra.

En el suma y sigue de infracciones también se detalla la vulneración de la Ley 1/98 de 8 de enero de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos Canarios que en su artículo 4 dice que la licencia de actividad clasificada exigible a los complejos turísticos será en todo caso previa a la de las obras. Por lo que al no haberse solicitado las licencias de actividad clasificada previamente a las obras se infringe otra normativa.

Hasta 12.800 plazas, muchas de ellas financiadas con fondos comunitarios Feder, están recurridas por la corporación lanzaroteña. Algunos hoteles doblaron el precio de su valor en su solicitud a Europa. “Dichas licencias fueron ocultadas de forma insistente por dichos alcaldes, negándose a contestar a los múltiples requerimientos formulados”, contempla el informe de la Udyco.

Yaiza y Teguise se han convertido en un paradigma del urbanismo salvaje pese a estar enclavados en una isla con unas normas urbanísticas muy exigentes. Ambos municipios obviaron un Plan Insular que busca la reducción del ritmo de crecimiento.

Felipe Fernández Camero es el abogado que defiende por su imputación por prevaricación, a la Alcaldesa de Arrecife Mª Isabel Déniz, en el proceso penal del P. P. LA BUFONA.

Juana Mª Fernández de las Heras es la abogada que defiende al promotor de LA BUFONA, Francisco Carmona.

El PGOU de Arrecife encubre los delitos contra la ordenación del territorio que se han cometido en LA BUFONA, por los que está imputado por la Fiscalía del TSJC, F. Carmona.