FORO SOBRE LANZAROTE

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Según Diario de Lanzarote:

El Cabildo de Lanzarote considera que “no existe la más remota posibilidad” de legalizar la invasión del vial ocupado por el Hotel Papagayo Arena, en Playa Blanca, “y no solo porque dicho vial se mantiene en el nuevo Plan General de 2014 en el mismo emplazamiento que desde el año 1988 se contempló en el Plan Parcial Las Coloradas”, sino también porque “la ordenación contenida en dicho Plan para las parcelas ubicadas en el frente litoral ha sido anulada mediante sentencia firme”.



La anulación del Plan General hace aún más difícil un encaje legal, no solo en este hotel, sino en todos, ya que el Plan permitía unas nuevas condiciones a las parcelas cercanas a la costa, que ahora han desaparecido.

En abril de este año, el Cabildo había solicitado la demolición del hotel y ahora pide el precinto ante el Juzgado de lo contencioso 5 de Las Palmas de Gran Canaria, que tramita el incidente de ejecución de la sentencia por la que se anularon las licencias al hotel hace ya 14 años. Solicita que se precinte en tanto se procede a su demolición “al carecer de cobertura jurídica alguna y no contar con ninguna expectativa de legalización”. Es decir, pide la ejecución forzosa de la sentencia que hasta ahora no ha sido ejecutada.

Este pasado martes se celebró una vista en ese Juzgado, que debe resolver sobre esta y otras peticiones. El Papagayo Arena, ahora llamado Sandos Papagayo Beach Resort, es uno de los hoteles que no ha podido continuar con su legalización debido a la naturaleza de sus incumplimientos. El hotel ocupa un vial de acceso al mar que no es legalizable y que, de hecho, no encontró solución en el Plan General.

Para el Cabildo, la ejecución de la sentencia “no puede reducirse a una mera declaración de nulidad, sino que necesariamente debe comprender la reposición del terreno correspondiente al vial, que (la licencia) permitió invadir, a su estado anterior a la realización de la construcción”.

Ante la imposibilidad de legalización, el Ayuntamiento de Yaiza y la empresa promotora llegaron a un acuerdo para dar por ejecutada la sentencia sin tener que demoler al margen del Cabildo y de la Fundación César Manrique, que lograron la resolución favorable y están personadas en la ejecución de las sentencias del resto de hoteles. Ese acuerdo lo anularon los tribunales en primera instancia y la empresa lo ha recurrido ante el Supremo.

En las alegaciones presentadas el pasado mes de julio ante el Juzgado, el Cabildo pedía que se dejara “expedito y libre de construcción el suelo público destinado al mismo así como el suelo correspondiente a los espacios de retranqueo a ambos lados”.

La sentencia obliga a demoler todo lo construido sobre ese vial. La ordenanza infringida contempla un retranqueo obligatorio a los accesos igual a la altura de la edificación a ambos lados del vial, con un mínimo de tres metros, “de ahí que el espacio que debe quedar libre de toda edificación a todo lo largo del vial no son únicamente los cinco metros que tiene de ancho el referido vial, sino también, y como mínimo, otros seis metros adicionales que la edificación debe separarse de dicho vial, lo que hace un mínimo de 11 metros de ancho, que en el presente caso alcanza una media de veinte metros de ancho a lo largo del trazado del vial, teniendo en cuenta la gran altura que tiene la edificación en el trazado que invade dicho vial”, señala el Cabildo.

La representación legal de la institución insular recuerda que el hotel nunca solicitó la legalización de las obras que invaden el vial, a pesar de que, desde abril de 2013, una resolución de la Junta de Gobierno de Yaiza les daba tres meses para hacerlo. Si no lo hicieron es porque “es ilegalizable”, según el Cabildo, que recuerda que en este caso la sentencia que declaró la nulidad de las licencias no lo hizo por motivos formales, sino por infracciones urbanísticas materiales, “además, de suma gravedad”.



La empresa propietaria del hotel ha presentado una solución “de accesos al mar” por el exterior de la parcela, que el Cabildo considera que es una aberración jurídica. Esa solución se basa en un informe de Costas que ni siquiera fue incluido en el Plan General y para llevarla a cabo necesitarían no solo incluirla ahora en ese Plan, que acaba de ser anulado, sino una autorización “del órgano competente de la comunidad autónoma” porque se haría sobre zona de servidumbre de protección”.

“Se está a la espera de los informes preceptivos previos a la concesión de la licencia urbanística que han de emitir las administraciones estatal y autonómica respectivamente”, dicen los promotores en sus alegaciones. Para el Cabildo, el proyecto de legalización “no es más que un eufemismo para tratar de sortear, eludir, disfrazar o encubrir –burdamente, por cierto- las consecuencias que se derivan de la invasión del vial”.

Considera que lo que quiere es separar esta “gravísima infracción urbanística del otro proyecto de adecuación de la edificación existente al nuevo planeamiento general municipal, como si pudiera legalizarse la edificación al margen de la ocupación del vial, lo cual resulta una auténtica aberración”.

Según señala la empresa, el Cabildo está obstaculizando el procedimiento de legalización urbanística, porque para que el Ayuntamiento de Yaiza pueda adoptar “la decisión que corresponda, previamente el Cabildo Insular tiene que pronunciarse acerca de la autorización sectorial turística” y no lo hace.

La empresa pide al Juzgado que requiera al Cabildo a que posibilite la continuación del procedimiento de legalización “y, con ello, la remoción de los obstáculos que impiden ejecutar la sentencia”, mientras que el Cabildo dice en sus alegaciones que no se trata de remover obstáculos, sino precisamente de hacer cumplir una sentencia.

Añade que, en cualquier caso, “la ausencia de dicha autorización sectorial no impide pronunciarse sobre la adecuación del proyecto de legalización a la normativa urbanística”. Cree que los promotores solo quieren ganar tiempo y seguir explotando una edificación ilegalmente ejecutada durante el mayor plazo posible. “A estas alturas, atenta incluso al más elemental sentido común seguir demorando en el tiempo algo que es absolutamente ineludible”, añade el Cabildo.

El hotel, en su proyecto de remodelación para obtener la licencia, dice que pretende reducir 231 plazas alojativas (que quedarían en 747), convirtiendo dos habitaciones dobles en una suite, mediante la colocación de una puerta corredera, además de adaptar el perímetro de la parcela para ejecutar un paseo peatonal de acceso al mar demoliendo jardineras y zonas de instalaciones “y su posterior reconstrucción” y aumentar las plazas de aparcamiento.

La asociación Transparencia Urbanística, personada en la ejecución, se suma a las alegaciones del Cabildo de Lanzarote. Recuerda que con la construcción de ese hotel “no solo se produjo la vulneración de la normativa de los instrumentos de ordenación territorial (Plan Insular de Ordenación) y urbanística (Plan Parcial Las Coloradas), sino que dicha vulneración fue burda y grosera, siendo la construcción del Hotel Papagayo Arena el resultado de la comisión de un delito de prevaricación urbanística” que se puede encuadrar en el ámbito de la corrupción urbanística, y que “el único modo de garantizar que se produzca la reparación de los daños y perjuicios producidos a los bienes públicos por las prácticas corruptas es llevar a puro y debido efecto las sentencias dictadas que declaran la nulidad de las licencias”.

Señala que existe complicidad entre el Ayuntamiento y la promotora en la demora del cumplimiento de las resoluciones judiciales cuando la entidad promotora incurre en un manifiesto fraude de ley, al pretender la modificación del planeamiento urbanístico general mediante un procedimiento de otorgamiento de la licencia de legalización”.

Según La Voz de Lanzarote:

“Consta acreditado que las infracciones materiales impiden la legalización”. Con esa contundencia acaba de tumbar el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 5 de Las Palmas el intento de salvar del derribo al hotel Papagayo Arena, que tiene hasta tres sentencias declarando su ilegalidad, dos en la vía contencioso-administrativa y otra más en la vía penal, dentro del caso Yate.



En un auto fechado el pasado jueves 20 de enero, el Juzgado de lo Contencioso ordena la “ejecución íntegra” de una de esas sentencias -que tiene ya más de diez años- y concluye que ha quedado “comprobado el incumplimiento” del fallo por parte del Ayuntamiento de Yaiza. Y es que el hotel sigue ocupando a día de hoy suelo público, que debería ser un gran vial de acceso a la playa.

En total, la superficie pública ocupada superaría los 6.500 metros cuadrados, ya que el vial debía tener casi 200 metros de largo por 5 metros de ancho, a lo que habría que sumar otros 14,4 metros de retranqueo a cada lado, según la normativa en vigor.

“En cumplimiento de la sentencia que se ejecuta, se debe ordenar, en base a la declaración de nulidad radical de los actos, el restablecimiento de la legalidad urbanística y territorial infringida, llevándose a cabo las actuaciones necesarias para ello”, señala el auto. Así, dado que advierte que es “ilegalizable” la invasión del vial público, la única forma de “restablecer la legalidad” pasa por la demolición.

Eso es lo que reclamaban tanto el Cabildo como la asociación Transparencia Urbanística, que instó la ejecución de esta sentencia. Ambos recordaban además que la construcción fue posible gracias a los delitos de prevaricación en los que incurrió el ex alcalde, José Francisco Reyes, que en el caso Yate confesó que otorgó éstas y otras licencias a sabiendas de su ilegalidad y a cambio del cobro de sobornos.

Por su parte, la propiedad y el Ayuntamiento de Yaiza se oponían a esta ejecución, y llegaron a pedir al Juzgado que se inhibiera. Para ello, alegaban que ya había otro proceso abierto ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que fue quien dictó la primera sentencia pendiente de ejecución, referida solo a las licencias de obra del hotel.

Sin embargo, la magistrada deja claro que este otro fallo también se debe ejecutar, ya que tal como había defendido el Cabildo, “se revisaron actos distintos”. En este caso, lo que se anuló fue un decreto previo otorgado por José Francisco Reyes en 1999, que autorizó la agrupación de dos parcelas. Gracias a eso se construyó el hotel como si fuera una sola, “comiéndose” ese vial que debía mantenerse entre ambas. Además, también declaró nulos los decretos que autorizaron el modelo del proyecto del hotel y el proyecto del estado final de las obras.

El motivo de que se recurrieran después fue que Reyes ocultó esos permisos al Cabildo, igual que hacía con otras licencias, hasta que la Justicia le ordenó cumplir la ley y realizar esas notificaciones. Por eso se denunciaron después y se dirimieron en este otro procedimiento, en el que ahora se ha ordenado la ejecución de la sentencia.

Además, el gran cambio que supuso este fallo es que sí entró al fondo de los incumplimientos urbanísticos, a diferencia de lo que hizo el TSJC con las licencias de obra. En aquel caso, como ocurrió con otras sentencias que anularon licencias hoteleras de Playa Blanca, la Sala vio motivo suficiente de nulidad en cuestiones formales, como el hecho de que el Ayuntamiento no solicitó los obligados informes de compatibilidad para otorgar los permisos. Por eso los declaró ilegales sin analizar el resto de motivos, lo que ha complicado la fase de ejecución de sentencia, al no haberse detallado todos los incumplimientos.

Sin embargo, no ocurrió lo mismo en este otro fallo del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, que ahora ha vuelto a reiterar que hubo una “flagrante vulneración” del propio Plan Parcial. Además, subraya que la normativa en vigor sigue contemplando ese vial público, y por eso concluye que lo ejecutado no es legalizable.

“La presente ejecución no está condicionada por lo que se determine en el procedimiento de legalización que tramita el Ayuntamiento para el resto de la edificación, sino al revés”, había advertido la defensa del Cabildo, oponiéndose a los argumentos del Consistorio. “En el procedimiento de legalización únicamente se podrá determinar la edificación que se pueda legalizar fuera del suelo destinado al vial peatonal y sus retranqueos”, señalaba al respecto.

Además, cuestionaba que el Consistorio hubiera ignorado la existencia de este fallo en el intento de legalización del hotel. Al respecto, recuerda que el Ayuntamiento y la propiedad llegaron a presentar un acuerdo en los Juzgados -sin dar audiencia al Cabildo, pese a ser la parte demandante-, “obviando” esta sentencia y “tratando el referido vial público como si de una servidumbre o suelo privado se tratase”, en lugar de suelo público, que es lo que consta acreditado judicialmente.

Cuando tuvo conocimiento de ese “fraudulento acuerdo”, la Corporación insular lo recurrió y fue anulado por el TSJC, por lo que ese intento de legalización seguía sin prosperar.

“Se pretende mantener y consagrar la invasión del vial”, denunció la defensa del Cabildo ante el Juzgado, en respuesta a los alegatos del Ayuntamiento, que defendía que el procedimiento de legalización que tiene abierto justificaba que no se ejecutara esta otra sentencia.

Sobre ese intento, cuestionaba que se ha “dividido el proyecto de legalización en dos”, planteando por una parte la legalización del hotel y por otro un proyecto de “accesos al mar”. Sin embargo, ese acceso a la playa se establece por el exterior del hotel, sin respetar el vial que sigue recogiendo el planeamiento en vigor y manteniendo la ocupación del suelo público, el lo que el Cabildo califica como una "aberración jurídica". Y lo mismo considera de otros argumentos esgrimidos por el Consistorio, como el proyecto que presentó la propiedad para establecer un paso al mar desde dentro del hotel, atravesando escaleras y ascensores.

“Lo que con esos proyectos se pretende no es legalizar el hotel existente adaptándolo a la normativa urbanística aplicable, sino cambiar la normativa urbanística aplicable para poder legalizar el hotel”, advertía la Corporación insular, que insistía en que ese cambio en el planeamiento nunca se puede autorizar a través de una licencia.

Además, cuestionaba que el Ayuntamiento usara como argumento que en el Registro y en el Catastro aparece una sola parcela en lugar de dos, y subrayaba que precisamente eso se debería haber impedido ejecutando esta sentencia que no cumplió el Consistorio, y que anuló el decreto que permitió agruparlas. Al respecto, el auto del Juzgado, contra el que aún cabe recurso, ordena que esta resolución sea notificada a todas las “autoridades competentes”, para que se proceda a ese “restablecimiento de la legalidad urbanística y territorial infringida”.

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Según Diario de Lanzarote:

La presidenta del Cabildo de Lanzarote, María Dolores Corujo, ha dado a conocer que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso de casación interpuesto por Papagayo Arena, SL contra la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, de tres de febrero de 2021, que anulaba el acuerdo alcanzado por el Ayuntamiento de Yaiza y la entidad Papagayo Arena, SL, para la legalización del hotel Papagayo.



Ha de recordarse que la licencia del citado establecimiento hotelero fue anulada como consecuencia de los procedimientos interpuestos por el Cabildo de Lanzarote y la Fundación César Manrique en defensa de la legalidad, al contravenir lo edificado tanto el Plan Insular como la propia ordenación municipal.

Como consecuencia de la anulación de esa primera licencia, el promotor del hotel presentó un proyecto de legalización que fue desestimado, el 22 de abril de 2016, por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Yaiza mediante un acuerdo que reconocía la imposibilidad de legalización del hotel Papagayo.

El acuerdo de la Junta de Gobierno advertía que lo construido no se adaptaba a las determinaciones establecidas en el Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de Yaiza, Plan Supletorio, y requería a la propiedad la presentación de "un proyecto en el que se contemple, de forma pormenorizada y detallada todas las medidas técnicas a ejecutar, incluida la demolición parcial (si fuera necesaria) a fin de ajustar la edificación al Planeamiento Municipal en el plazo de UN MES a contar desde la notificación de la Resolución".

Contra esa resolución del Ayuntamiento de Yaiza, la empresa interpuso un contencioso-administrativo del que no se dio traslado ni al Cabildo de Lanzarote ni a la Fundación César Manrique, apartándolos de manera intencionada de un procedimiento que estaba orientado a la ejecución de la sentencia a favor de las tesis sostenidas por ambas instituciones.

“De manera sorprendente”, señalan desde el Cabildo, en el seno de dicho contencioso-administrativo se produjo un procedimiento de mediación intrajudicial en el que el Ayuntamiento de Yaiza y la empresa promotora alcanzaron un acuerdo “para legalizar lo construido y dar por ejecutada la sentencia, sin participación ni control de quienes habían denunciado ante los tribunales la demostrada ilegalidad de la licencia concedida al hotel”.

“Fruto de tan sorprendente mediación, fue el Auto de 6 de noviembre de 2019, dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Las Palmas de Gran Canaria, que daba por ejecutada la sentencia de nulidad de la licencia y legalizaba de facto el hotel Papagayo”, añaden.

Tras tener conocimiento de tal circunstancia, tanto el Cabildo como la Fundación César Manrique interpusieron el oportuno procedimiento contencioso-administrativo, ahora resuelto en favor de ambas instituciones, en el que sostenían que el proceder del Ayuntamiento de Yaiza y la promotora del hotel privaba tanto al Cabildo como a la Fundación de su derecho a la tutela judicial efectiva vulnerando, además, el derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales. Igualmente, los servicios jurídicos del Cabildo sostenían que el acuerdo homologado por el Auto no se ajustaba al ordenamiento jurídico por fraude de ley y versaba sobre materias no susceptibles de transacción, infringiendo el art. 77.1 LJCA, que regula la jurisdicción contencioso-administrativa.

Fruto de la acción llevada a cabo por los servicios jurídicos de las entidades denunciantes, se consiguió que el TSJC anulara el auto de cumplimiento antes mencionado y, en consecuencia, quedó sin efecto el acuerdo de mediación intrajudicial tramitado a espaldas de quienes habían denunciado la irregular concesión al hotel Papagayo.

Contra dicha sentencia, la propiedad de la instalación hotelera interpuso recurso de casación ante el Tribunal Supremo y este, mediante una providencia dictada el pasado dos de febrero, decretó la inadmisión a trámite del mismo, por lo cual adquiere firmeza la sentencia del TSJC que anulaba la mediación intrajudicial.

"No puedo más que mostrar mi satisfacción por esta sentencia que afortunadamente hace que impere la legalidad y la cordura", ha declarado la presidenta quien ha señalado: "El acuerdo anulado era un auténtico disparate porque lo hicieron quienes han incumplido la ley -ayuntamiento y empresario- ocultándolo al Cabildo para tratar de legalizar la gravísima ilegalidad que se cometió con la construcción del hotel invadiendo una calle peatonal prevista en el planeamiento para dividir la parcela hotelera y evitar el cerramiento de la playa por una "mole" de hormigón como la que se ha hecho".

Por último, la presidenta también ha recordado la reciente resolución dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº5 de Las Palmas el pasado 21 de enero de 2022, en la que se declara que el Ayuntamiento de Yaiza tampoco ha ejecutado la sentencia que anuló la licencia que está en el origen de la grave ilegalidad cometida con la construcción de este hotel, por la que el Ayuntamiento de Yaiza autorizó la "agrupación" de dos parcelas que estaban separadas por un vial peatonal de 5 metros de ancho, concluyendo que "las infracciones urbanísticas materiales impiden la legalización de la edificación, por lo que en cumplimiento de la sentencia que se ejecuta se debe ordenar, con base en la declaración de nulidad radical de los actos, el restablecimiento de la legalidad urbanística y territorial infringida, llevándose a cabo las actuaciones necesarias para ello".

La presidenta del Cabildo ha considerado adecuado destacar que resulta inconcebible que el Ayuntamiento de Yaiza se haya pronunciado de manera sistemática en favor de quienes incumplen no ya la normativa de carácter insular, sino el propio planeamiento municipal y ha recordado que fue la propia Junta de Gobierno Local la que determinó la imposibilidad de legalizar lo edificado.

"Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Yaiza habían dado luz verde a un acuerdo, afortunadamente anulado, que pretendía legalizar lo que el propio gobierno municipal consideraba de imposible legalización".

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Según Diario de Lanzarote:

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha señalado que es en el marco del expediente abierto sobre el Hotel Papagayo Arena en el Ayuntamiento de Yaiza, en relación a la licencia urbanística del establecimiento, en el que debe decidirse si puede tener encaje. “Solo en el caso de que la legalización instada no sea posible procederá la demolición”, destaca en una sentencia fechada el pasado viernes.



La sentencia del TSJC estima el recurso de apelación interpuesto por la empresa Papagayo Arena SL contra un auto del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número cinco de Las Palmas que, en enero del año pasado, había acordado que “se lleva a cabo el restablecimiento de la legalidad urbanística y territorial infringida”.

En concreto, la citada resolución del Juzgado, ahora revocada por el Tribunal Superior de Justicia, se basaba en la declaración de nulidad de tres decretos municipales de la época de José Francisco Reyes en la alcaldía de Yaiza: abril de 1999, septiembre de 2002 y diciembre de 2003.

El primero de los decretos autorizó la agrupación de las dos parcelas, separadas por un vial público de acceso a la costa, sobre las que se construyó el hotel, el segundo autorizó el modificado del proyecto del hotel y el tercero el final de las obras. El Juzgado consideró “acreditado” que la licencia de agrupación de parcelas, separadas por un vial público de cinco metros de ancho, incurría “en un evidente vicio de nulidad” y una “flagrante vulneración de las previsiones del plan parcial” Las Coloradas. Las otras licencias también habían sido anuladas.

La conclusión del Juzgado en el auto revocado era que la siguiente: “Consta acreditado que las infracciones urbanísticas materiales impiden la legalización de las mismas, por lo que en cumplimiento de la sentencia que se ejecuta se debe ordenar, en base a la declaración de nulidad radical de los actos, el restablecimiento de la legalidad urbanística y territorial infringida, llevándose a cabo las actuaciones necesarias para ello”.

La empresa hotelera, en su recurso, alegó entre otros aspectos que “lo correcto y adecuado” era que prosiguiese “la tramitación del expediente de legalización de la edificación hotelera por el Ayuntamiento de Yaiza”. También apuntó que la resolución de ese expediente en el Consistorio “depende de una decisión previa que corresponde al Cabildo”, en relación a la autorización sectorial turística. Y se quejó de que ese trámite en la Corporación insular seguía pendiente “más de año y medio” después “de la presentación del proyecto visado”.

Esa autorización turística es un permiso similar al otorgado este pasado lunes por el Consejo de Gobierno del Cabildo a otro hotel ilegal, el Princesa Yaiza, que al igual que el Papagayo Arena tiene su licencia de obras anulada por la Justicia.

Ante el TSJC, el Cabildo solicitó que el tribunal dictase resolución acordando la “ejecución forzosa” de la sentencia de anulación de las licencias, “ordenando las medidas necesarias para el inmediato restablecimiento de la realidad física alterada por las obras que invaden el vial peatonal público existente entre las parcelas uno y dos del plan parcial Las Coloradas, dejando expedito y libre de construcción el suelo público”, así como obligando al hotel a retranquearse en las parcelas.

En la sentencia, el Tribunal Superior de Justicia insiste en que “lo que se discute es si la ejecución de la sentencia [que anuló la licencia del Papagayo Arena] conlleva necesariamente el restablecimiento de la legalidad urbanística infringida mediante la demolición de lo construido sobre suelo público, que es la tesis sostenida” por la asociación Transparencia Urbanística, que instó la ejecución de la citada sentencia, y por el Cabildo, que fue “acogida” por el Juzgado en primera instancia.

“O, si por el contrario”, añade el TSJC, “lo que procede es que se continúe con la tramitación del expediente de legalización de la edificación hotelera que actualmente se sigue ante el Ayuntamiento de Yaiza, que es la tesis sostenida por la entidad titular de las licencias anuladas”, es decir, la empresa Papagayo Arena SL.

El tribunal considera que “la ejecución de la sentencia requiere la incoación y tramitación del oportuno expediente de legalización”. “En definitiva”, concluye, “una vez que el Ayuntamiento haya resuelto acerca de la legalización de la obra, y dictada la oportuna licencia que legalice la construcción, se podrá tener por ejecutada la sentencia”.

Pese a haber anulado el auto del Juzgado que avanzaba en la línea de restablecer lo construido ilegalmente, el Tribunal Superior no descarta que haya finalmente derribo. “En caso de que dicha licencia”, agrega en referencia a la autorización a conceder por el Ayuntamiento de Yaiza, “no pueda ser obtenida, la edificación estará huérfana de licencia y, por tanto, abocada a su demolición”.

Eso sí, aclara que “la ejecución de sentencia no impone necesariamente la demolición de lo construido al amparo de la licencia de obras anulada, siempre que la edificación pueda ser legalizada siguiendo el procedimiento legalmente establecido”.

Al existir un expediente abierto en el Ayuntamiento sureño para determinar si el Papagayo Arena puede obtener nueva licencia urbanística, el TSJC no comparte el criterio del Juzgado sobre el “alcance de la ejecución” de sentencia. Así, recalca que “solo en el caso de que la legalización instada no sea posible procederá acordar la demolición”.

En su sentencia, el tribunal se refiere a la intervención de la Corporación insular: “No deja de sorprender la posición del Cabildo, que de forma reiterada e insistente viene sosteniendo la imposibilidad de legalización de la construcción, y sin embargo no dicta resolución expresa en el expediente de autorización previa sectorial [turística], siendo dicha autorización un requisito ineludible para poder conceder la licencia municipal de obras”.

“Si tan claro tiene la Administración cabildicia que no procede conceder la autorización [turística] previa, nada le impide dictar resolución expresa, como es su obligación legal, y no remitir a la parte”, es decir, al Hotel Papagayo Arena, “a la impugnación de un silencio administrativo”, subraya el tribunal.

“También resulta censurable la explicación ofrecida por el Cabildo para justificar que no es necesario esperar a lo que resuelva sobre la autorización sectorial para concluir el procedimiento de legalización [en el Ayuntamiento de Yaiza], argumento que se puede y se debe denegar la licencia urbanística cuando conste que la actuación no se ajusta al planeamiento”, añade el Tribunal Superior de Justicia.

“Y decimos que resulta censurable por cuanto es el Ayuntamiento y no el Cabildo quien debe resolver el expediente de legalización, concediendo o denegando la licencia de obras, no pudiendo el Cabildo negarse a resolver la autorización sectorial [turística] solicitada por considerar que las obras no son legalizables, anticipándose a lo que, a su entender, debe ser resuelto por el Ayuntamiento”, finaliza el TSJC.

Según La Voz de Lanzarote:

La asociación cívica El sol sale para todos ha presentado una denuncia en contra del Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Yaiza por no actuar ante uno de los hoteles ilegales de Playa Blanca. Así lo revela una información publicada por el digital Canarias Ahora, difundida en la noche del pasado lunes.



En concreto, la denuncia presentada primero ante la Fiscalía Anticorrupción, y que ahora está en la Fiscalía de Arrecife, se dirige contra las dos administraciones públicas por "no haber restablecido la legalidad urbanística" en el caso del Papagayo Arena, antes Hotel Sandos Papagayo.

Las licencias del Sandos Papagayo fueron concedidas cuando el axalcalde de Yaiza Francisco Reyes autorizó miles de camas turísticas al margen de la ley y por ello fue condenado a prisión.

Las licencias otorgadas por el exalcalde dieron luz verde a la agrupación de las parcelas 1 y 2 del Plan Parcial de Las Coloradas para levantar este hotel.

Ahora, la asociación El sol sale para todos acusa al Ayuntamiento de Yaiza y al Ejecutivo autonómico de "desobedecer las resoluciones judiciales firmes y de omitir el deber de perseguir delitos". La asociación insiste en que "se resuelva de una vez" la situación actual, que "solo beneficia al hotel".

En la denuncia desvelada por el citado diario, los denunciantes insisten en que este hotel de cinco estrellas "sigue privando" a la población del acceso a la playa por haber cerrado el complejo y de haber hecho desaparecer un vial público que permitía llegar a la costa.

A ello, se suma que el hotel tiene más plantas y más altura de las permitidas e incumple los retranqueos establecidos para dos parcelas separadas. A pesar de que la licencia fue anulada por la Justicia, aún no se ha restablecido la legalidad.

Un auto judicial de enero de 2022 ordenó ejecutar una de las tres sentencias que declararon ilegal el hotel Papagayo Arena por invadir "miles de metros de suelo público", destinado a un vial de acceso a la playa. Sin embargo, el hotel sigue ocupando el mismo suelo.

Frente a ello, en diciembre de 2023, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias estimó un recurso presentado por la propiedad y revocó el auto emitido en 2022, desestimando la demolición del complejo hotelero que fue solicitada por el anterior Grupo de Gobierno del Cabildo de Lanzarote.

El TSJC también ordenó que se continuara el "procedimiento de legalización" del citado hotel, iniciado por el Ayuntamiento de Yaiza.

Según La Voz de Lanzarote:

La asociación cívica El sol sale para todos presentó el pasado mes de abril una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción contra del Ayuntamiento de Yaiza y el Gobierno de Canarias por su inacción ante un hotel ilegal que sigue funcionando en la localidad turística de Playa Blanca, el Papagayo Arenas.



El Ministerio Fiscal de Arrecife, a quien Anticorrupción derivó la denuncia, dispone de un plazo máximo de seis meses, hasta el próximo 6 de octubre, para decidir si aprecia hechos constitutivos de delito.

En Playa Blanca siguen abiertos al público, al menos, tres establecimientos hoteleros que tienen anuladas sus licencias urbanísticas por los tribunales y que aún no han culminado el procedimiento para determinar si las obras son legalizables o no. El procedimiento de legalización continúa en el Ayuntamiento de Yaiza, bajo la supervisión judicial en ejecución de sentencia, pese a que han trancurrido más de 16 años desde que la Justicia los declarara ilegales.

Las licencias de estos hoteles fueron declaradas nulas después de la sentencia del caso Yate, dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas en abril de 2017. Esta resolución judicial condenó al exalcalde de Yaiza, José Francisco Reyes por prevaricación urbanística, prevaricación administrativa, blanqueo de capitales y tres delitos de cohecho, entre otros delitos.

En dicha sentencia judicial se afirma que el entonces alcalde de Yaiza recibió dinero de algunos promotores -sin concretar quiénes- y que el incremento de su patrimonio venía de otorgar de forma delictiva licencias urbanísticas.

La asociación cívica El sol sale para todos decidió presentar la denuncia en Fiscalía cuando conoció a través de un periódico digital que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias había estimado en diciembre del pasado año un recurso de la propiedad del Papagayo Arena en el que revocaba el fallo del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Las Palmas. Este Tribunal había ordenado el restablecimiento de "la legalidad urbanística y territorial" y abría la puerta a la demolición total o parcial del hotel.

Sin embargo, la sentencia del TSJC insta a continuar el procedimiento de legalización de las obras de uno de los mayores hoteles de la isla, en contra del criterio sostenido por el anterior Grupo de Gobierno del Cabildo de Lanzarote, que defendió la inutilidad de concluir ese procedimiento de legalización, dado el carácter ilegalizable de las obras por incumplir la normativa turística y urbanística.

De acuerdo con los Tribunales, el Sandos Papagayo Beach Resort, antes conocido como Papagayo Arenas, incumple el planeamiento municipal y ocupa un vial público de acceso a la playa, que el hotel ha hecho suyo y lo ha integrado en su construcción e instalaciones. Así ha quitado a la población el derecho de acceder por suelo público a esa playa, como parte del dominio público estatal recogido por la Constitución Española.



Esta asociación cívica denuncia el caso del Papagayo Arena porque en un inicio les llamó "especialmente la atención" y después de investigar les "indignó". Así lo revela el vocal y letrado de la asociación, Agustín Bravo de Laguna, en una entrevista con La Voz.

"Digamos que el Papagayo Arenas hizo como algún hotel de Lanzarote en los años setenta del siglo XX, apropiándose de la playa, solo que eso se hace ahora en pleno siglo XXI ", señala Bravo de Laguna.

La decisión de ir en contra de este hotel es porque "es el caso más sangrante que hemos visto", pero entiende que la Fiscalía debe "investigar otras licencias de otros hoteles que están operando pese a tener anuladas sus licencias en sentencia penal. Las licencias en vías de legalización no existen, es un concepto absolutamente inédito en el mundo del derecho", expone.

La pregunta que se hacían desde El sol sale para todos era si "iban a seguir con los expedientes de legalización toda la vida" (uno data de 2013 y otro de 2019, sin resolver ambos). Los tiempos en los Tribunales son los que son y mientras tanto determinados hoteles operan sin problema alguno y, en un claro caso de agravio comparativo con aquellos que sí tienen sus papeles en regla, obtienen sus ingresos a costa de suelo público y de que nos quedemos sin playa".

Bravo de Laguna recuerda al Gobierno de Canarias y al Ayuntamiento de Yaiza que "tiene labor inspectora" respecto a la actividad turística. En este sentido, añade que hace unas semanas el Ayuntamiento de Arrecife precintó tres locales en la capital por operan sin licencia. Frente a ello, "en Playa Blanca están actuando todos los hoteles a rienda suelta sin sanción, expediente, ni nada".

Bravo de Laguna resalta que la ocupación de un vial público con fines lucrativos puede suponer un delito penal en contra de la ordenación del territorio. En esta línea, expone que "hay un hecho más grave todavía, que es la desconfianza que se produce en el ciudadano ante la administración pública" con casos como este.

"Aquí lo grave es el silencio de las administraciones. Eso es gravísimo porque no sabemos en qué manos estamos, no sabemos si están defendiendo el interés público. Ahora, con respecto a esto, no lo están defendiendo y eso es de una gravedad y unas consecuencias que son difíciles de restablecer. Si los partidos democráticos ya actúan así, la gente ya pierde la fe y la confianza", continúa durante una conversación telefónica con La Voz.

El abogado indica que no solo el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Yaiza tienen su responsabilidad, "que la tienen y bastante, e incluso más de un funcionario ha debido saltar denunciando esto", sino que cuestiona la labor del Ministerio Fiscal.

"No es de recibo que la Fiscalía, que es parte en un procedimiento de ejecutoria penal, tenga conocimiento de estas licencias ilegales y haya permitido durante más de seis años que se haya perpetuado esta situación", incide.

La asociación cívica expone que "la Fiscalía debería haber investigado con anterioridad a nuestra denuncia por qué no se han cumplido las resoluciones judiciales. La Fiscalía se ha dormido en los laureles. Yo no entiendo una sentencia de 109 folios, diga que el alcalde [José Francisco Reyes] ha recibido dinero por todos lados dando licencias y a los beneficiarios de las licencias fraudulentas no les pasa nada y es que además siguen disfrutando de esas licencias fraudulentas. ¿Esto qué es? Esto es una república bananera", cuestiona Bravo de Laguna.

Mientras tanto, sobre la gestión del Gobierno canario y de Yaiza, defiende que los políticos "cuando tienen que tomar decisiones que nos afectan a todos, como es el tema de la apropiación de una playa de hecho, aquí nadie dice nada. Es una vergüenza que el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Yaiza amparen las licencias en vía de legalización en contra de los ciudadanos de Canarias, a quienes se les ha privado de una playa", continúa.

Además, resalta que no es habitual que en Canarias se derrumben hoteles, aunque sean ilegales. "En general no se tira nada, el tema es que el empresario se escuda en los puestos de trabajo, el político en los votos que va a perder y es todo un mamoneo".

Junto a Bravo de Laguna, como vocal y letrado, la denuncia ha sido suscrita por la totalidad de la junta directiva de la asociación, compuesta por la presidenta Rosario Miranda, catedrática de Filosofía; la vicepresidenta, María Luisa Pita Toledo, exjefa del Servicio de Salud Medioambiental del Gobierno de Canarias; el secretario, Óscar Méndez, que fue jefe del Servicio de Patrimonio del Gobierno de Canarias; el tesorero, Óscar Bermejo, que es economista.

El Sol sale para todos se constituyó en febrero de 2016, con el fin de defender y proteger el interés general. Esta asociación cívica ha estado especialmente activa en asuntos polémicos en la capital grancanaria, como son la polémica implantación de la Metroguagua y la gestión del agua. De hecho, está personada en el procedimiento abreviado que se sigue en la jurisdicción penal contra 14 directivos de Emalsa, la empresa mixta de aguas de Las Palmas de Gran Canaria, por apropiación indebida y administración desleal

Para finalizar, Bravo de Laguna asegura irónicamente que se está planteando cambiar el nombre de la asociación por el título El sol sale para casi todos.

Según La Voz de Lanzarote:

La promotora Papagayo Arena, propietaria del hotel ilegal Sandos Papagayo de Playa Blanca, ha solicitado a la Dirección de la Costa y el Mar que anule el nuevo deslinde propuesto en el Plan Parcial de Las Coloradas, que implica que la servidumbre de protección pase de 20 a 100 metros de ancho y que de aprobarse afectaría a la práctica totalidad del hotel.



El polémico Papagayo Arena es uno de los 22 hoteles que vieron declaradas nulas sus licencias en Lanzarote y uno de los tres que no han podido legalizar aún su situación. En concreto, su licencia fue declarada nula por la Justicia en 2007 por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias por infracciones urbanísticas graves. Luego, en 2016 fue declarada delictiva por la Audiencia Provincial de Las Palmas, que condenó al entonces alcalde de Yaiza José Francisco Reyes a seis años de cárcel e inhabilitación y decretó el embargo de todos sus bienes.

Sin embargo, el establecimiento sigue abierto al público y alojando turistas a pesar de no contar con ninguna autorización para ello. Además, tiene una orden de demolición dictada por el Ayuntamiento de Yaiza, durante la alcaldía de Gladys Acuña en marzo de 2016. El propio consistorio sureño ya concluyó en 2016 que este establecimiento, localizado en una ubicación privilegiada junto al Monumento Natural de Los Ajaches, era ilegalizable. Este alojamiento turístico ocupa un vial de acceso público a la playa de Las Coloradas y privatiza "de facto" la misma, además supera la altura permitida.

El anterior Grupo de Gobierno, liderado por Dolores Corujo, trató de precintar el establecimiento y llevar a cabo su derrumbe, pero el TSJC desestimó su demolición e instó al Ayuntamiento de Yaiza a que "continúe con su legalización".


En la documentación a la que ha podido acceder La Voz, y que fue adelantada por el digital Canarias Ahora, los dueños del Sandos Papagayo defienden que no hay "nada en absoluto que proteger" en la zona y que "el ámbito de ordenación ya se encuentra consolidado por la edificación en toda su extensión".

La Demarcación de Costas del Estado en Canarias sostiene que la servidumbre de protección es de 20 metros de ancho para los terrenos urbanos anteriores a la Ley de Costas. Para que puedan hacerse valer los 20 metros, expone que además debe haber cumplido "el plan de etapas". Mientras, "en el caso contrario", aumenta hasta la delimitación hasta los 100 metros.

El plan parcial de Las Coloradas, sobre el que se asienta el Sandos Papagayo, fue aprobado tras la Ley de Costas, pero antes de su entrada en vigor. Sin embargo, no ha podido confirmarse que su "plan de etapas" se hubiera cumplido porque "no ha aparecido el certificado de final de obra".

Mientras tanto, los dueños del hotel ilegal insisten en que las obras de urbanización del Plan Parcial de Las Coloradas "fueron ejecutadas de acuerdo" con el plan de etapas, aunque "pudieran quedar por ejecutar algunas unidades".

A lo que añaden que "la práctica totalidad de las obras" estaba ejecutada antes de los nueve años marcados por el plan, pero niega que el "posible retraso, en tres o cuarto años" pueda suponer la delimitación actual, que lo amplía a 100 metros. El Sandos Papagayos expone que este suelo está "consolidado por la edificación en casi un 90%".

Por su parte, el Ayuntamiento de Yaiza, afirmó en las alegaciones que las obras de urbanización de Las Coloradas "fueron ejecutadas en los plazos previstos en el citado documento".

La Demarcación de Costas añade que en 2003 las obras de urbanización tuvieron que "ser reconstruidas", pero la promotora hotelera lo atribuye a que "simplemente se produjeron una serie de despertectos" que fueron reparados.

Para defender que el plan de etapas se cumplió y aferrarse a esos 20 metros de servidumbre, la entidad se apoya en las licencias de final de obra y la de primera ocupación, otorgadas por el Ayuntamiento de Yaiza entre diciembre de 2003 y febrero de 2004, que ya han sido declaradas nulas por la Justicia y que llevaron al alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes a prisión. "Para la obtención de ambas licencias es presupuesto necesario la ejecución de las obras de urbanización", resaltó en el escrito enviado a la Demarcación.

Otro de los argumentos plasmados por la promotora es que la nueva línea de servidumbre le supondría "una pérdida de aprovechamiento urbanístico reconocido en el instrumento de ordenación urbanística" y esto sería "a todas luces indemnizable".

Además, añade que Costas "pretende, 22 años más tarde, delimitar la línea de servidumbre con un ancho de 100 metros, en contra de sus propios actos y en clara vulneración de los principios de seguridad jurídica y confianza legítima".

Para concluir, la propiedad expone que no ha "recibido notificación alguna" sobre el proyecto de deslinde de Costas y alerta de que "la ausencia de notificación" puede provocar la "nulidad" del procedimiento.

Según La Voz de Lanzarote:

El Consejo de Gobierno del Cabildo de Lanzarote, celebrado este lunes, ha aprobado el inicio del expediente para autorizar la clasificación turística provisional del hotel ilegal Sandos Papagayo (antes Papagayo Arena) de Playa Blanca. Según ha podido saber La Voz, en el punto cuatro del orden del día se debatió su inscripción como "establecimiento hotelero de cinco estrellas" en el Registro General Turístico.



El polémico Papagayo Arena es uno de los 22 hoteles que vieron declaradas nulas sus licencias en Lanzarote y uno de los tres que no han podido legalizar aún su situación. En concreto, su licencia fue declarada nula por la Justicia en 2007 por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias por cometer infracciones urbanísticas graves. Luego, en 2016 fue declarada delictiva por la Audiencia Provincial de Las Palmas, que condenó al entonces alcalde de Yaiza José Francisco Reyes a seis años de cárcel e inhabilitación y decretó el embargo de todos sus bienes.

Este cambio de rumbo del Cabildo de Lanzarote, dirigido por Coalición Canaria y el Partido Popular, va en contra de la postura mantenida por el Cabildo de Lanzarote en la anterior legislatura, cuando el Gobierno insular liderado por Dolores Corujo (PSOE) pidió a la Justicia el precinto del establecimiento y trató de llevar a cabo su derrumbe. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias desestimó su demolición e instó al consistorio de Yaiza a continuar con su "legalización".

En declaraciones a la prensa, el consejero de Política Territorial del Cabildo de Lanzarote, Jesús Machín Tavío, defiende que "quien tiene la competencia urbanística para decidir si es legalizable o no el Papagayo Arena es el Ayuntamiento de Yaiza únicamente". Mientras tanto, "el Cabildo solo examina si cumple con la ley turística y eso es lo que ha hecho". Machín defiende que el Juzgado les ha advertido que "si no lo hacemos, incurriríamos en una prevaricación por omisión".

Durante todos estos años, el establecimiento ha seguido abierto al público y alojando turistas a pesar de no contar con ninguna autorización para ello. A ello se suma que tiene una orden de demolición dictada por el Ayuntamiento de Yaiza en marzo de 2016, durante la alcaldía de Gladys Acuña.

El propio consistorio sureño concluyó que este establecimiento, localizado en una ubicación privilegiada junto al Monumento Natural de Los Ajaches, era ilegalizable. El alojamiento turístico ocupa el vial de acceso público a la playa de Las Coloradas y privatiza "de facto" la misma, además supera la altura permitida.

La asociación cívica El sol sale para todos presentó el pasado mes de abril una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción contra el Ayuntamiento de Yaiza y el Gobierno de Canarias por su inacción ante el hotel ilegal que ha seguido funcionando durante 17 años en la localidad turística de Playa Blanca.

La Dirección General de la Costa y el Mar publicó el pasado 8 de julio el deslinde definifivo de Costas en Playa Blanca. Este documento determinó que la zona de Protección para el plan parcial de Las Coloradas debe ocupar una anchura de 100 metros, por lo que la mayor parte del establecimiento hotelero queda dentro de la nueva servidumbre.

La promotora del Papagayo Arena solicitó a la Dirección de la Costa y el Mar que anulara el nuevo deslinde propuesto en el Plan Parcial de Las Coloradas y defiende que "no hay nada en absoluto que proteger" en la zona y que "el ámbito de ordenación ya se encuentra consolidado por la edificación en toda su extensión".

Según Diario de Lanzarote:

Transparencia Urbanística ha denunciado que el Hotel Papagayo Arena, ubicado en la zona de Las Coloradas, en Playa Blanca, “está abierto y en funcionamiento desde hace más de 15 años, sin ningún título habilitante”.



En todo este periodo no ha contado con “licencia de construcción, ni de ejecución, ni de agrupación, ni licencia final de obra, ni de apertura, ni de puesta en funcionamiento, ni licencia turística”, resalta la asociación. La Justicia anuló el permiso de obras del Papagayo Arena en el año 2007.

Este lunes, en Consejo de Gobierno, el Cabildo de Lanzarote concedió la autorización turística al hotel, sin tener en cuenta su situación urbanística, ciñéndose en exclusiva a los estándares turísticos del proyecto, según confirmó el consejero de Política Territorial, Jesús Machín.

Para Transparencia Urbanística, el Cabildo debe tener en consideración la anulación del Plan General de Ordenación (PGO) de Yaiza, “por lo que la normativa urbanística a tener en cuenta en el expediente de legalización es la misma que dio lugar a la nulidad de las autorizaciones”.

“En segundo lugar, el nuevo deslinde de la Dirección General de Costas que delimita la zona de protección en 100 metros dejando gran parte del hotel dentro” de la servidumbre, donde está “expresamente prohibido” el uso de habitación.

El colectivo resalta que la normativa de Costas establece “expresamente que toda edificación ilegal en ese tramo deberá ser considerada infracción de la normativa, con obligación de restitución de las cosas y su reposición al estado anterior”.

Además, Transparencia Urbanística recuerda “la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra el Ayuntamiento de Yaiza y el Gobierno de Canarias por su inacción” en el caso del Hotel Papagayo Arena. “El exalcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, declaró en sede judicial que nadie da algo a cambio de nada”, destaca el colectivo.

La asociación, personada en el procedimiento judicial del Papagayo Arena, recuerda en un comunicado que “el grupo de gobierno liderado por Dolores Corujo, PSOE, dejó el expediente de autorización previa sectorial (la llamada popularmente como licencia turística), sin resolver”.

“Por un lado piden la ejecución a los tribunales, por otro dejan sin resolver la solicitud que sí es objeto de su competencia: la autorización previa sectorial”, subraya Transparencia Urbanística respecto a la posición del Cabildo bajo presidencia socialista, que pedía a Yaiza que precintase y derribase el hotel pero no denegó en vía administrativa la autorización turística, que ahora ha aprobado la Corporación insular presidida por Oswaldo Betancort.

En octubre de 2020, Transparencia Urbanística instó la ejecución forzosa de las sentencias del Papagayo Arena “que declararon nulos todos los decretos municipales que daban cobertura al hotel”.

“El Ayuntamiento de Yaiza, cuatro años después del primer requerimiento de ejecución de sentencia y 18 años después de hacer recibido el primer requerimiento de cumplimiento de la legalidad del Cabildo, no ha cerrado el procedimiento que debe determinar si la construcción es legalizable o no conforme a la normativa urbanística de aplicación ni lo ha comunicado a los tribunales”, señala el colectivo.

El Juzgado ordenó en enero de 2022 que “se lleve a cabo el restablecimiento de la legalidad urbanística y territorial infringida”, si bien el Tribunal Superior de Justicia, en diciembre de 2023, lo corrigió y determinó que “lo que procede para que la sentencia pueda ser ejecutada es que el Ayuntamiento de Yaiza resuelva de una vez el expediente de legalización, y no trasladar el debate a sede judicial”.

Según Diario de Lanzarote:

Ben Magec-Ecologistas en Acción ha denunciado la autorización turística al hotel ilegal Papagayo Arena por parte del Cabildo de Lanzarote que tacha de “símbolo de la corrupción” y exige su demolición .



En nota de prensa, el colectivo ha recordado que el hotel Papagayo Arena carece de licencia turística e incumple el Plan Insular de Lanzarote y el Plan Parcial, ocupando más de 200.000 metros cuadrados de suelo público, incumpliendo la altura máxima permitida, las plantas construidas, el número de plazas alojativas e invadiendo, además, el vial público de acceso a la playa de Las Coloradas, a la que solo se puede llegar desde el interior del hotel. “Sin embargo, el establecimiento continúa abierto y opera con normalidad desde hace 15 años”.

Los ecologistas recuerdan que las licencias de este hotel fueron concedidas de “forma irregular” por el exalcalde José Francisco Reyes, protagonista de una de las mayores tramas de corrupción de Lanzarote, quien autorizó miles de camas turísticas y terminó en prisión tras la sentencia del Caso Yate. Reyes reconoció en la Audiencia Provincial la “comisión de los delitos contra la ordenación del territorio que se le imputaron” y haber sido “plenamente consciente, al emitir las licencias urbanísticas para la veintena de hoteles ilegales, el puerto Marina Rubicón y el plan parcial de Playa Blanca, de su disconformidad con el planeamiento urbanístico que le era de aplicación, así como de la falta de informes jurídicos y técnicos que dieran cobertura a tan arbitraria decisión municipal”, admitiendo, además, el cobro de sobornos para tramitar las licencias.

Asimismo, en el comunicado expone que la Dirección General de la Costa y el Mar aumentó el pasado 8 de julio la servidumbre de protección de tránsito prevista en la Ley de Costas, pasando de 20 a 100 metros. La franja que debe quedar liberada para el paso público y donde se prohíbe la construcción de viviendas y hoteles incluye el tramo de costa donde está ubicado el hotel ilegal Papagayo Arena. La promotora del hotel solicitó recientemente la anulación del nuevo deslinde, que afecta directamente al complejo turístico, argumentando que “ya no hay nada que proteger” en esa zona de costa.

“Pese a ilegalidad más que constatada del establecimiento hotelero, el Cabildo de Lanzarote, presidido por Oswaldo Betancort, aprobó este 19 de agosto conceder la autorización turística a este hotel que, además de las numerosas irregularidades, ha estado abierto al público durante más de una década sin contar con ningún tipo de autorización para ello. Un negocio totalmente ilícito que lejos de condenarse por parte de la clase política, se premia tratando de regularizar una situación injusta, ilegal y que ocupa nuestros espacios públicos con total impunidad”, señalan los ecologista en el comunicado.

A juicio de Ben Magec-Ecologistas en Acción “el hotel Papagayo Arena es uno de los mayores símbolos de la corrupción en Lanzarote, que condenó a prisión a políticos y empresarios e imputó a más de 200 implicados tras el Caso Yate. La postura de Coalición Canaria de regularizar la situación de un hotel que incumple todas las normativas posibles es un ejemplo más de la política especulativa y contra el interés general que les caracteriza, utilizando las instituciones públicas para la defensa de los intereses privados y en contra de la legalidad o cualquier normativa o protección del territorio que se les ponga por delante. Sin ir más lejos, es la misma postura que defienden frente a la orden de demolición del hotel Oliva Beach en Fuerteventura, que pese a las irregularidades y la caducidad de la concesión, defienden la continuidad del complejo hotelero y sus intereses privados frente a todo”.

Por todo ello, desde el colectivo ecologísta exigen a Oswaldo Betancort (CC), presidente del Cabildo de Lanzarote, y al Ayuntamiento de Yaiza, última institución responsable en la regularización del hotel ilegal, la paralización de cualquier trámite que implique la legalización de este “símbolo de la corrupción”, así como que “cumplan la legalidad, escuchen a la ciudadanía y aboquen al Papagayo Arena a su final más justo: la demolición”.

Según La Voz de Lanzarote:

El Ayuntamiento de Yaiza ha salido al paso de la nota de prensa emitida por el Cabildo en la que afirmaba que “en el informe aprobado por el Consejo de Gobierno se advierte a la propiedad de dicho hotel que la autorización turística provisional está sujeta a la obtención de la correspondiente licencia urbanística municipal, así como a la autorización preceptiva de Costas”.



Desde el Consistoiro aclara que "la Ley 2 / 2013, de 29 de mayo, de Renovación y Modernización Turística de Canarias, en su Artículo 4, apartado 1, deja constancia que con carácter general la implantación de nueva oferta alojativa turística en el caso de traslado de la capacidad de alojamiento en las islas de Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife, queda expresamente sometida a autorización previa habilitante de los respectivos cabildos insulares. Asimismo, la autorización previa será exigible en las misma islas para las renovaciones y ampliaciones que conlleven incremento de plazas del propio establecimiento turístico, cuando así lo exija expresamente la normativa territorial a nivel insular”.

Por tanto, dicen desde el Ayuntamiento que "en el caso de que el complejo alojativo de referencia cumpliera con los parámetros del Plan General vigente, no puede conceder licencia urbanística sin la autorización turística previa de la Primera Corporación insular, Institución que titula la misma nota informativa diciendo que el Cabildo cumple con la sentencia del TSJC e inicia el expediente para autorización turística provisional del hotel conocido como Papagayo Arena, por tanto comunica que solo ha iniciado el expediente y por tanto no lo ha resuelto".

Pero además, y no es un asunto menor, como bien conoce la opinión pública, el 2 de julio de 2024, la directora General de Costa y el Mar, por delegación de la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, dictó Orden Ministerial de rectificación del deslinde de los bienes de dominio público marítimo – terrestre, estableciendo que la servidumbre de protección en Playa Blanca, y en el entorno del proyecto de referencia, es de 100 metros y no de 20 metros.

El Ayuntamiento añade que "el Cabildo solicitó entonces a Yaiza, el 7 de agosto, un nuevo informe técnico de compatibilidad donde la Administración local comprueba y expone la afección de la parcela del hotel por la rectificación del deslinde por parte de Costas. El Ayuntamiento avisa que debe respetar los usos y cumplir con las determinaciones de la normativa por lo que además de la autorización turística del Cabildo necesita el visto bueno de Costas, así que en tanto en cuanto no tenga ambas autorizaciones no podrá emitir resolución ninguna sobre el proyecto de legalización del hotel. Yaiza espera los informes preceptivos y tampoco sabe si la autorización del Cabildo estará o no condicionada".

El Ayuntamiento explica que "no expresamente por el hotel Papagayo Arena, sino por la amplia franja de afección en territorio municipal, recurrirá el nuevo deslinde de Costas, y tiene constancia que particulares también lo harán, sin embargo, de momento, desconoce si el Cabildo procederá de igual forma".

Por último, desde el Consistorio reitera "su absoluta disposición de cooperación con la Justicia y recuerda una vez más que el expediente de legalización de este hotel y todos los complejos con licencias anuladas están supervisados por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias". En todo caso, "el Ayuntamiento siempre ha velado en todo el proceso porque el proyecto de legalización del Papagayo Arena subsane la ocupación de los viales públicos peatonales de acceso a la costa para entonces efectuar el análisis de cumplimiento de los parámetros urbanísticos de edificabilidad, ocupación, retranqueos y alturas", concluye.