FORO SOBRE LANZAROTE

Según diariodelanzarote.com:

La ex alcaldesa de Arrecife recuerda poco del plan parcial de La Bufona. María Isabel Déniz, que declaró el miércoles como imputada en el Juzgado de Instrucción número 3 de Arrecife en el caso de La Bufona, aseguró que del expediente incoado por la Agencia de Protección por las obras se enteró por los medios de comunicación, y que la Oficina Técnica no le advirtió de irregularidades.



Déniz declaró el pasado miércoles en el Juzgado, defendida por el letrado Felipe Fernández Camero, que declaró el mismo día también en calidad de imputado para dar cuenta de unas licencias firmadas por él para el plan parcial en el año 1999, cuando era secretario del Ayuntamiento de Arrecife. Las declaraciones de ambos respondieron a la petición del fiscal, que no compareció.

Como se recordará, la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) ordenó el precinto de las obras de La Bufona el 25 de julio de 2000, requiriendo al Ayuntamiento para que incoase "el correspondiente procedimiento sancionador en el plazo de 15 días", e indicando que en caso de que el Consistorio no actuase, lo haría la propia Agencia.

Este requerimiento entró en el Ayuntamiento el 1 de agosto de 2000, siendo alcaldesa de la capital Manuela Armas, actual presidenta del Cabildo, quien siempre ha asegurado que ordenó cumplir con el mandato de la Apmun. Las obras fueron posteriormente desprecintadas, pero María Isabel Déniz -que tomó posesión de la Alcaldía el 11 de septiembre de 2000- negó ante el juez que ordenase levantar "ningún precinto" en La Bufona. Las obras objeto de expediente se concluyeron.

Sobre la urbanización de La Bufona, la Agencia de Protección del Medio ha destacado que se han invadido 3.564 metros cuadrados de terrenos calificados como suelo rústico de protección y de valor natural ecológico, según el Plan Insular de Ordenación. Una irregularidad puesta de manifiesto en un informe de la jefa del Servicio de Inspección de la Apmun de agosto de 2004, que asegura que se aumentó el fondo de la urbanización ocupando terrenos rústicos, cuya propiedad reclama la familia Murillo.

En diversas partes de su declaración judicial, Déniz insistió en que la Oficina Técnica no le ha informado en todos sus años en el cargo acerca de irregularidades en La Bufona, ni tampoco en las licencias concedidas para este plan parcial. De hecho, llegó a decir que cuando salía algún detalle en los medios de comunicación sobre presuntas irregularidades en la urbanización, se dirigía a los servicios municipales, es decir, la Oficina Técnica, cuyos responsables "nunca" le comunicaron "nada".

Un aspecto curioso es que la ex alcaldesa señaló que dirigía sus consultas -personalmente, no por escrito- al jefe de la Oficina Técnica y al técnico jurista, cuyos nombres no quiso dar, y admitió que en la Oficina Técnica "estaba también" Francisco Carmona, funcionario del Ayuntamiento y promotor de La Bufona a través de la mercantil Brisa Inversiones SL. Sin embargo, Déniz en un momento de su declaración el miércoles dijo que "ignoraba que el señor Carmona actuaba como promotor inmobiliario".

María Isabel Déniz declaró en el Juzgado que ignora si fincas de la entidad Brisa Inversiones SL estaban omitidas en la base de datos del Catastro y tampoco sabe si las fincas situadas en la parte superior de La Bufona pagan el impuesto de contribución urbana. No recuerda si alguna denuncia de la familia Murillo, que sostiene haber sido víctima de una usurpación de terrenos de su propiedad por los promotores de La Bufona, llegó a sus manos. Por no recordar, no precisó ni los periodos en que fue concejal.

La ex alcaldesa también admitió en el Juzgado que actuó para recuperar el 10 por ciento de aprovechamiento del Plan Parcial, que corresponde legalmente al Ayuntamiento, a raíz de una moción que presentó un grupo político de la oposición en diciembre de 2003. Y que aunque la oposición pudo haber pedido que se investigara La Bufona, "el grupo de Gobierno pensaba que estaba fuera del ámbito de las competencias municipales".

Por su parte, el ex secretario del Ayuntamiento de Arrecife, Felipe Fernández Camero alegó ante numerosas preguntas que su declaración no era en calidad de testigo y se ciñó a contestar las que se le formularon en relación a las licencias concedidas por el Ayuntamiento en el año 1999. Sobre las mismas, dijo que él "no ha informado ninguna" y que su función era comprobar que constase en el acta del órgano colegiado que las concedió, en este caso la Comisión de Gobierno.

Fernández Camero fue preguntado por la vivienda en la que reside una sobrina suya en La Bufona, casada con el fiscal jefe de Arrecife, y aunque se negó a responder, en su declaración sí dijo que el beneficiario de las licencias era Brisa Inversiones SL. La casa fue adquirida en 1998 a la mercantil.

El video incluye imágenes de las viviendas ilegales de La Bufona, propiedad del Fiscal Miguel Pallarés, del Notario Celestino Mendizábal, de la Consejera del Cabildo Astrid Pérez,....

E imágenes de la ex alcaldesa Mª Isabel Déniz y el ex secretario de Arrecife Felipe Fernández Camero, entrando en los juzgados a declarar como imputados, por el caso de La Bufona.

http://es.youtube.com/watch?v=w3ZUJAjlPU8

Según lavozdelanzarote.com:

La anterior alcaldesa de Arrecife y el ex secretario del Ayuntamiento han quedado libres de manera provisional de las imputaciones por delitos urbanísticos y contra el territorio en el caso de “La Bufona”. Así lo acordó el juez titular del Juzgado de Instrucción Nº3 de Arrecife, Jerónimo Alonso Herrero, con fecha de 14 de febrero. La causa continúa adelante contra los otros tres imputados, el arquitecto y promotor Federico Echevarría Sainz y los socios promotores de la urbanización Antonio Caro Andrade y Francisco Carmona Garcés, a quienes señala el auto como protagonistas de un entramado de sociedades con conocimiento de las irregularidades urbanísticas en La Bufona.

El auto emitido por el juez desmonta las acusaciones que pesaban contra María Isabel Déniz y Felipe Fernández Camero una vez que se iniciaron las diligencias previas del proceso penal que ahora continúa para los otros tres imputados, después de que el Seprona, a instancias de Eduardo Murillo Toro, denunciara en 1999 irregularidades en las construcciones de la urbanización La Bufona. Sobre la anterior alcaldesa y el ex secretario del Ayuntamiento pesaba la supuesta responsabilidad de haber permitido que 14 viviendas que en principio iban a ser unifamiliares adosadas se convirtieran en amplios chalés, usurpando así, parte de terrenos catalogados como Rústicos de Protección y de Valor Natural Ecológico, que además eran propiedad del denunciante del caso.

Según especifica el auto, a María Isabel Déniz se le imputaba haber levantado el precinto acordado por la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN) después de detectar irregularidades urbanísticas en las obras del Plan Parcial La Bufona, así como no haber atendido el requerimiento de la Agencia para que en el plazo de 15 días hiciera efectivo el procedimiento sancionador. Pero el juez explica que la notificación de la orden de precinto se verificó más de un mes antes de que María Isabel Déniz tomara posesión como alcaldesa el 11 de septiembre de 2000 y que además en la notificación se dejaba claro que si el Ayuntamiento no ejecutaba el precinto, lo haría la APMUN. Pero la Agencia nunca lo hizo y por tanto, el precintó no llegó a ejecutarse.

Además se le imputaba haber otorgado licencias de obra ilegales y haber realizado segregaciones de terreno ilegales. Pero el juez explica que esas licencias de obra han sido verificadas a través de sus expedientes y que “incluso”, cita el juez, “las Licencias de Primera Ocupación sobre muchas de estas viviendas se concedieron con anterioridad a la toma de posesión como alcaldesa de María Isabel Déniz”. Y respecto a las segregaciones el juez señala que en todos los casos existió informe favorable del técnico municipal “dado que el Plan no fijó impedimento alguno para dar la concesión de licencia de segregación…”.

En cuanto al entonces secretario municipal, Felipe Fernández Camero, al que se le imputaba haber firmado licencias ilegales, el juez estima que tal imputación “carece de fundamento a la vista de que excede del ámbito competencial del mismo”. Tanto a la ex alcaldesa como a Fernández Camero se les tomó declaración como imputados dentro de las diligencias previas del caso el pasado 24 de octubre.


El procedimiento penal continúa para los otros tres imputados en el caso: Federico Echevarría Sainz, Antonio Caro Andrades y Francisco Carmona Garcés, de cuyos movimientos en el caso de La Bufona, hace un seguimiento el informe judicial. Y es que la persona que elaboró la Modificación Puntual del Plan Parcial La Bufona, sobre la que se detectaron graves irregularidades urbanísticas, fue el arquitecto Federico Echevarría Sainz, previa solicitud de Antonio Caro Andrade en representación de la promotora de la urbanización Brisa Inversiones, S.L.

Esta sociedad, que había sido registrada dos años antes, en 1994, tenía entre sus socios a una entidad cuyo administrador era el propio arquitecto Federico Echevarría Sainz y ejercía como apoderado el citado Antonio Caro Andrade junto al tercer imputado, Francisco Carmona Garcés.

Un par de meses después de que naciera Brisa Inversiones S.L. con un capital social de 1.000.000 de las antiguas pesetas, la empresa adquirió varias fincas por un valor más de cien veces superior al mismo a la entidad Bufona S.A., ligada a un nombre ya conocido: Francisco Carmona Garcés, que aparecía como administrador único de la empresa vendedora y a su vez, era apoderado de la empresa compradora.

La ejecución de las obras de la urbanización fue encargada a la constructora Costegui, S.A., cuyo propietario del 40% del capital social de la empresa y posterior administrador único era Antonio Caro Andrade, apoderado a su vez de la promotora Brisa Inversiones, S.L.

En definitiva, y tal como señala el juez en el auto, “nos encontramos ante un entramado de sociedades constituidas en fechas cercanas a la presentación del Proyecto de Modificación del Plan Parcial, en las que como partícipes y administradores aparecen las mismas personas y que realizan contrataciones entre sí en condiciones que pueden considerarse excesivas para su desenvolvimiento en el tráfico y capacidad económica”.

El juez estima que las tres personas imputadas conocían la irregular situación urbanística existente y la posible invasión de suelo rústico. Según especifica el auto, la Modificación Puntual del Plan Parcial elaborada por Echevarría Sainz, fue aprobada definitivamente por el Ayuntamiento de Arrecife en abril de 1998. En el año 2000 la COTMAC acordó la suspensión del acuerdo por el que se aprobó la Modificación Puntual al detectar irregularidades que incurrían en la transformación misma del Plan General de la ciudad y poco después la Agencia de Protección ordenó la suspensión de las obras en La Bufona.

Finalmente un informe de la Agencia de Protección del Medio Ambiente concluía en 2005 que en varias parcelas se invadía Suelo Rústico de Protección y de Valor Natural Ecológico en unos 3.500 metros cuadrados.