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NotaPublicado: Sab 12 Abr, 2008 8:32 am 
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Según el Canarias7:

El Juzgado Contenciso Administrativo nº 2 de Las Palmas ha denegado el permiso al Ayuntamiento de Arrecife para entrar en la parcela de Hormiconsa para demoler varias naves industriales y la machacadora en suelo rústico, en Maneje. La juez dice que el Consistorio no dictó resolución de derribo. El auto es recurrible.

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El auto del Juzgado rechaza la solicitud cursada por el Ayuntamiento de Arrecife para obtener autorización judicial y de esta forma entrar en la finca propiedad de la constructora Hormiconsa para proceder a la demolición de tres naves y una machacadora de áridos, alegando que el Ayuntamiento «no dictó resolución definitiva».

En base a dicho argumento, la magistrada rechaza la solicitud municipal que el letrado del Consistorio cursó en el mes de octubre pasado, impidiendo así restaurar la realidad física alterada por tres naves industriales y una machacadora.

El auto por el que se deniega el permiso para la entrada y demolición, sin embargo, recoge que dicha resolución de demolición fue notificada el pasado 3 de noviembre de 2006 a la empresa, tal y como asegura el Ayuntamiento, aunque también recoge el auto que durante la vista el representante legal de Hormiconsa negó que hubiera tenido lugar dicha resolución.

El auto por el que se deniega el permiso al Ayuntamiento para demoler es, sin embargo, recurrible en, aunque el gobierno capitalino no ha dicho si hará efectivo el correspondiente recurso.

El asunto además está en manos de la Fiscalía de Medio Ambiente, que en su día informó de la apertura de diligencias contra el anterior equipo de gobierno municipal, precisamente, por no demoler.

El fiscal denuncia a Arrecife por no tirar la machacadora:
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NotaPublicado: Lun 24 Oct, 2011 7:19 pm 
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Según La Voz de Lanzarote:

El empresario Miguel Morales, que este lunes se ha sentado en el banquillo de los acusados por un delito contra la ordenación del territorio y otro de desobediencia grave a la autoridad, se ha presentado como una víctima de una causa que, según él, se originó por motivos “políticos”. “Aunque no iban por mí, he sido el perjudicado”, ha afirmado el empresario durante la vista oral, en referencia a la denuncia que presentó en su día Alternativa Ciudadana.

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Durante un tenso interrogatorio, Morales ha intentado defender la construcción de tres naves, una planta de hormigón y una machacadora, que la empresa Hormiconsa levantó en suelo de protección de valor natural ecológico. Aunque seis técnicos del Cabildo, del Ayuntamiento de Arrecife y de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) han declarado durante el juicio que las obras se hicieron sin licencia y en suelo protegido donde no se podía construir, el empresario ha defendido que si realizó esa obra fue porque sus “asesores” le dijeron que podía hacerlo.

Sin embargo, pese a las preguntas del fiscal, Morales ha evitado poner nombre a esos “asesores”. “¿Son los mismos que le defendían en el inicio de este proceso?”, ha preguntado sin éxito el fiscal, en referencia a Juana Fernández de las Heras, que es hija y compañera de despacho del que fuera secretario del Ayuntamiento de Arrecife, Felipe Fernández Camero.

Además, el nombre de Camero ha aparecido en otro momento de la vista, cuando Miguel Morales ha declarado que es administrador único de Hormiconsa, así como de "otras empresas", entre las que ha incluido el aparcamiento Islas Canarias. Tras esta afirmación, el fiscal ha vuelto a preguntar a Miguel Morales si formó parte de esa sociedad mixta (en la que está integrado el Ayuntamiento de Arrecife) junto a la entonces alcaldesa de Arrecife, María Isabel Déniz, y Felipe Fernández Camero. Sin embargo, Morales también ha evitado dar un sí.

El Ministerio Fiscal ha justificado estas preguntas en el hecho de que, en el inicio de este procedimiento, también se investigaron presuntos delitos de prevaricación por parte del grupo de gobierno de aquella época, presidido entonces por María Isabel Déniz. Y es que el denunciante de la causa, que fue Andrés Barreto en nombre de Alternativa Ciudadana, sostenía que el Ayuntamiento había permitido que continuaran las obras, a pesar de carecer de licencia y ubicarse en suelo protegido. Sin embargo, el hecho de que el Consistorio ordenara en su día la paralización y precinto de las obras hizo que finalmente se archivara la causa, al menos de forma provisional, contra los representantes municipales.

Precisamente ese precinto, que el Ayuntamiento ordenó tiempo después de que se registraran varias denuncias contra las obras, es el que dio lugar a otra de las imputaciones que pesan sobre Miguel Morales, ya que la Fiscalía sostiene que los trabajos siguieron adelante, pese a la orden de paralización.

En su defensa, Morales ha alegado que cuando se ordenó el precinto, las obras ya estaban terminadas, por lo que no incurrió en un delito de desobediencia. Además, ha señalado que si puso en funcionamiento las naves fue porque entendía que el precinto afectaba sólo a las obras de construcción, pero no a la actividad que se iba a desarrollar en su interior.

Sin embargo, éste ha sido uno de los puntos rebatidos por los técnicos que este lunes han declarado como testigos durante el juicio. Incluso, durante la vista se ha llegado a mostrar una imagen de la inspección realizada un mes después de que se levantara el precinto, y en la que según los técnicos, queda acreditado que se continúo con la construcción de las naves después de que se ordenara la paralización de los trabajos.

Del mismo modo, las dos técnicos del Ayuntamiento de Arrecife que han prestado declaración han negado que Hormiconsa hubiera pedido licencia, tal como había alegado el acusado. Y es que la defensa de Morales ha intentado defender que contaban con licencia por silencio administrativo, ya que solicitaron los permisos pero obtuvieron respuesta del Ayuntamiento. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que los documentos de la solicitud que se han mostrado nada tienen que ver la obra que se realizó. “Si usted dice que pidió la licencia y el Ayuntamiento dice que no, ¿quién miente?, ha preguntado el fiscal. “Será el Ayuntamiento”, ha respondido Morales.

Además, las técnicos de Arrecife han declarado que se trataba de suelo rústico en el que no se podía construir, y en la misma línea se han pronunciado los cuatro técnicos de la Oficina del PIOT que han prestado declaración. Sus testimonios han rebatido otro de los argumentos de la defensa, que sostiene que no puede ser suelo de protección, ya que alega que por esa zona no pasaba jable. Sobre este punto, todos los técnicos del Cabildo han coincidido en que ésa es la clasificación del suelo en la zona, y que por tanto no se podía haber llevado a cabo la construcción.

Además de intentar defender su actuación como administrador de Hormiconsa, Miguel Morales también ha apelado a los puestos de trabajo que da esta empresa, y en particular en las naves y en la machacadora. Incluso, ha asegurado que con él se vulneró “el principio de igualdad”, asegurando que en la misma zona se hicieron obras que no se denunciaron. Algo que ha sido desmentido también por los técnicos.

En la misma línea, presentándose como una víctima de esta situación, Miguel Morales también ha llegado a quejarse durante el juicio de que, debido a este procedimiento, el Gobierno de Canarias le ha negado subvenciones.

Tras las declaraciones del acusado y de seis técnicos, la vista continuará este martes, con la declaración del denunciante, Andrés Barreto, y con las conclusiones finales de la defensa y de la Fiscalía, que inicialmente pide tres años y siete meses de cárcel para Morales, así como una multa de 60.000 euros y la demolición de las naves.


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NotaPublicado: Mar 25 Oct, 2011 2:45 pm 
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Según lavozdelanzarote.com:

La Fiscalía ha aumentado la solicitud de multa al promotor Miguel Morales de 60.000 a 90.000 euros por un supuesto delito contra la ordenación del territorio y otro de desobediencia grave a la autoridad, por la construcción de tres naves, una planta de hormigón y una machacadora de áridos en Arrecife. En la última jornada del juicio que se ha celebrado este lunes y este martes en el Juzgado de lo Penal Número 3, el Ministerio Público ha decido incrementar esta petición en un 50 por ciento ante “la capacidad económica” del acusado.

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Además, ha mantenido la solicitud de un total de tres años y siete meses de cárcel (dos años y nueve meses por el delito contra el territorio y 10 meses por el de desobediencia) contra Morales, y ha pedido la demolición de las obras. Por su parte, el abogado de la defensa ha pedido la absolución del imputado y éste ha preferido no utilizar su último turno de palabra. El juicio ha quedado visto para sentencia.

En sus conclusiones, el fiscal Ignacio Stampa ha señalado que los hechos juzgados “son graves” e, incluso, ha indicado que a Miguel Morales “se le ha desenmascarado” durante las dos jornadas de juicio. “Lo normal es que los ciudadanos pidamos permiso para hacer las cosas, sobre todo cuando estamos obligados, y que obedezcamos a la administración. Lo que es sano para la sociedad es que todo el mundo cumpla, y cuando no se cumple, la sociedad tiene que reaccionar”, ha señalado el fiscal, que ha recordado que estas construcciones se realizaron sobre suelo de protección de valor natural ecológico, al estar en una zona de paso de jable, sin contar con la licencia de obras.

Por ello, el fiscal ha señalado que “la obra no estaba autorizada, la actividad estaba prohibida y no es autorizable” y ha indicado que si “se acusa de un delito a un agricultor por construir un cuarto de aperos de 20 metros cuadrados en el Volcán de la Corona, se tendrá que hacer lo mismo con una construcción de 2.000 metros cuadrados” en Arrecife. Para Ignacio Stampa, el acusado “conoce perfectamente las normas urbanísticas” de Lanzarote y más si cabe cuando este suelo, precisamente, es uno de los “más protegidos” de la isla.

“El acusado dice que le han metido en un lío, se consideró perseguido políticamente y no sé si aspiraba a una impunidad que ya no existe. Esto es una burla al Estado de Derecho”, ha manifestado el fiscal, que ha recordado que un técnico de Arrecife aseguró que las obras continuaban el 9 de noviembre de 2005, pese a que el precinto tenía fecha de 3 de octubre. “¿Hay que ir como una niñera a decirle que no siga construyendo?”, se ha preguntado el fiscal.

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Por su parte, el abogado de Miguel Morales, Rafael Entrena, ha intentado justificar que la licencia se pidió en 2001, pese a que la solicitud no consta en la Oficina Técnica del Ayuntamiento de Arrecife, según la declaración de una jurista de este departamento. “Aquí no se ha negado que esta licencia no exista”, ha señalado el abogado, al tiempo que ha cargado contra los funcionarios del Consistorio, de los que ha dicho que “parece que se quieren lavar las manos”. “Si la administración ha actuado mal, no es nuestra culpa”, ha señalado.

El letrado ha intentado probar que el precinto consistió en una “pegatina”, y que a Miguel Morales ni se le impusieron multas ni más precintos. “¿Dónde está la desobediencia a la autoridad?”, se ha preguntado el letrado, al tiempo que ha defendido que el suelo donde se construyeron estas naves “no merece tal protección ecológica, ya que por esa zona no pasa jable”. “Se iba a cambiar la clasificación porque no merece una protección especial”, ha añadido.

El primero en declarar durante la vista oral de este martes ha sido el ex concejal del Ayuntamiento de Arrecife por Alternativa Ciudadana, Andrés Barreto, que denunció estos hechos ante la Fiscalía en noviembre de 2006. Según ha relatado, a raíz de la denuncia de un vecino, Barreto tomó varias imágenes de las naves que estaba construyendo Hormiconsa en dicha zona. “Fuimos al servicio técnico del Ayuntamiento y comprobamos que se estaban realizando las obras sin licencia”, ha señalado el ex edil.

En este sentido, ha indicado que su formación presentó una moción al pleno del Ayuntamiento para que “se interviniera en esa situación”. “Presenté la moción ante la actitud de inoperancia del grupo de gobierno y, precisamente ante esa actitud, acabamos yendo a Fiscalía”, ha explicado. Cabe recordar que Andrés Barreto incluyó en su denuncia a los responsables del Ayuntamiento de Arrecife, del que entonces era alcaldesa María Isabel Déniz, y la concejal de Urbanismo, Nuria Cabrera.

Durante la instrucción de la causa, se archivaron las actuaciones contra los responsables municipales. Pese a ello, Barreto ha indicado que “en 9 meses” presentó al menos “cinco mociones” sobre la situación de estas obras, sin que se hiciera nada más por parte del Consistorio. “Se estaban levantando unas construcciones nuevas, unas naves que no existían”, ha añadido.

Por su parte, un agente de la Policía Local de Arrecife también ha declarado como testigo y ha indicado que acudió a realizar un “reportaje fotográfico” de las obras de construcción de las naves de Hormiconsa y la machacadora tras la denuncia que también presentó entonces el empresario Eduardo Spínola. “Se vio que la machacadora y la planta de hormigón estaban en funcionamiento sin la correspondiente licencia”, ha relatado el policía local.

Por ello, en octubre de 2005 se precintaron las naves cuando, según el agente, “las obras prácticamente estaban terminadas”. “En ese momento, estaban al 90 y pico por ciento”, ha indicado. En este mismo sentido, se ha pronunciado el cuarto testigo que ha declarado este martes y trabajador de la constructora Hormiconsa, que ha asegurado que cuando se impuso el precinto “sólo faltaba la parte de fuera, las aceras”, que se siguieron construyendo pese a esta medida. “Las obras se terminaron a finales de 2005, en octubre o noviembre, no más tarde”, ha señalado este empleado, que ha asegurado que no teme que este juicio pueda costarle el puesto de trabajo.


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NotaPublicado: Vie 28 Oct, 2011 11:32 am 
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Según diariodelanzarote.com:

El propietario de Hormiconsa, Miguel Morales, ha sido condenado por el Juzgado de lo Penal número 3 de Arrecife a 1 año y 8 meses de cárcel, multa de 67.500 euros y el derribo de tres naves, una planta de hormigón y una machacadora por la construcción de forma ilegal en suelo calificado como rústico protegido en las inmediaciones del cementerio de San Román.

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La jueza María Jesús Hernández ha considerado a Morales culpable de un delito contra la ordenación del territorio por levantar entre los años 2004 y 2005 unas importantes instalaciones dedicadas a la construcción en un suelo calificado en el Plan Insular como rústico de valor ecológico por paso de jable, sin licencia de obras ni calificación territorial.

También le ha encontrado responsable de un delito de desobediencia grave a la autoridad por incumplir la orden de precinto de las obras efectuada por el Ayuntamiento de Arrecife, que le abrió un expediente sancionador. Morales obvió el precinto y culminó los trabajos.

Por el delito contra la ordenación del territorio ha sido condenado a un año de prisión y a otro año de inhabilitación para el ejercicio de profesión relacionada con la actividad de la construcción, mientras que la Fiscalía solicitaba una pena de dos años y nueve meses de cárcel.

Asimismo, por el delito de desobediencia grave a la autoridad, la jueza le ha impuesto ocho meses de cárcel, dos meses menos de lo que pedía el fiscal Ignacio Stampa.

En cuanto a la sanción económica, vinculada al delito contra la ordenación del territorio, en la sentencia se le condena a 15 meses de multa a razón de 150 euros diarios, lo que hace un total de 67.500 euros. La Fiscalía reclamó en un primer momento 60.000 euros pero en las conclusiones de la vista oral elevó la petición a 90.000 por la solvencia de Morales.

En la práctica, uno de los aspectos más relevantes de la condena, que al ser por menos de dos años de prisión y carecer Morales de antecedentes penales se le suspenderá y no tendrá que ingresar en la cárcel, es la orden de derribo de las naves construidas por Hormiconsa en las inmediaciones del cementerio de Arrecife.

Cabe destacar que la demolición de las naves construidas de forma ilegal era, junto a una multa de 54.000 euros, la propuesta de sanción que elevó el técnico del Ayuntamiento de Arrecife que tramitó el expediente de infracción a la entonces concejal de Urbanismo, Nuria Cabrera (PSOE), que sin embargo cuando resolvió el expediente descartó la demolición y sólo se quedó con la sanción económica.

Fuentes próximas a la defensa de Miguel Morales indicaron este viernes que recurrirán a la Audiencia Provincial y, llegado el caso, al Tribunal Constitucional, puesto que consideran que se han vulnerado garantías fundamentales del procesado. Consideran que se ha pretendido dictar una “sentencia ejemplarizante” contra el constructor y rechazan la comisión de ambos delitos.

Insisten en que “ha quedado de manifiesto” que por la zona donde se edificaron las naves “no pasa jable” y que la protección del suelo es “meramente formal”. Entienden que tampoco hubo desobediencia porque “las obras estaban casi terminadas cuando se precintaron” y critican que, si el caso nació por una denuncia de Alternativa por presunta prevaricación, no se haya sentado ningún político ni técnico municipal en el banquillo de los acusados.

Sentencia del Juzgado de lo Penal:
http://www.diariodelanzarote.com/images ... orales.doc


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NotaPublicado: Vie 06 Mar, 2015 4:08 pm 
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Según La Voz de Lanzarote:

La Audiencia Provincial ha rechazado el recurso del empresario Miguel Morales y ha ratificado la condena que se le impuso hace ya más de tres años, por un delito contra la ordenación del territorio y otro de desobediencia grave a la autoridad. La nueva sentencia, fechada el pasado 26 de febrero, confirma el fallo de primera instancia, que condenó a Morales una pena de 1 año y 8 meses de cárcel y a pagar una multa de 67.500 euros.

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La sentencia que ahora ha sido confirmada también obliga al promotor a derribar las tres naves de Hormiconsa, así como una planta de hormigón y una machacadora. Además, le impone un año de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión u oficio relacionado con la construcción.

El juicio contra Miguel Morales se celebró a finales de 2011 y en octubre de ese año se dictó la sentencia. Sin embargo, la respuesta al recurso que entonces presentó el empresario ha llegado ahora, más de tres años después, rechazando todos los argumentos de la defensa. En su fallo, la Sección Primera de la Audiencia Provincial da por "definitivamente juzgada" la causa y ordena la "ejecución y cumplimiento" de la condena.

Los hechos se remontan a hace más de diez años cuando, según la sentencia, Miguel Morales construyó tres naves “con sus anejas plantas de fabricación de hormigón y machacadora para materiales de construcción”, “sin haber obtenido previa calificación territorial y licencia municipal de obras”. Además, la obra se realizó “en suelo especialmente protegido”, pese a que “el Plan Insular de Ordenación Territorial de Lanzarote prohíbe estas edificaciones”.

En su defensa, Miguel Morales alegó que no era “consciente de la ilegalidad de las obras” y defendió que tenía licencia por silencio administrativo, al haberla solicitado sin obtener respuesta de la administración. Sin embargo, la Audiencia responde que “ni tan siquiera consta acreditado que el ahora recurrente solicitase licencia de obra”, a lo que hay que sumar que tampoco da validez a una hipotética licencia por silencio.

En cuanto a su supuesto desconocimiento de la ilegalidad de las obras, la Audiencia Provincial también coincide con la juez de primera instancia. “No nos resulta un argumento de descargo mínimamente convincente, porque cualquier persona es necesariamente conocedora de la necesidad de obtener los permisos administrativos correspondientes que, en el caso de autos, como queda dicho, ni siquiera se solicitaron”, sostiene la sentencia.

En la misma línea, subraya que Miguel Morales “no se encuentra inmerso en una situación de marginación social o exclusión cultural que le haga no entender el alcance y significación antijurídica de la norma”, ya que “no puede obviarse que tiene un nivel de socialización que le permite conocer las líneas maestras del orden normativo”, dado que incluso se dedica al sector de la construcción e inmobiliario. Además de administrador de Hormiconsa, Morales figura como administrador de Promotora Inmobiliaria Parque Islas Canarias, de Arrecife Hoteles y de Lavotel, entre otras, así como consejero delegado del grupo de medios Lancelot.

El 3 de octubre de 2005, cuando las obras ya estaban avanzadas, el Ayuntamiento de Arrecife ordenó su precinto, aunque Morales desoyó esta orden. “Todo evidencia, sin el menor género de dudas, que conocía su obligación de suspender inmediatamente las obras y que, sin embargo, continuó con las mismas”, señala la sentencia.

En este sentido, la juez señala que el administrador único de Hormiconsa “desobedeció el decreto de Alcaldía, que le ordenaba la inmediata suspensión provisional de las obras”. “Estuvo vulnerando la orden debidamente dada desde el mes de octubre de 2005 hasta su completa finalización. Optó por una actitud contumaz y las continuó hasta su terminación, haciendo unas obras ilegales mientras desoía los requerimientos de la autoridad para detenerlas”, se insiste en la sentencia.

Por eso, además de la condena por un delito contra la ordenación del territorio, se le impuso otra por desobediencia, al considerar acreditado que mantuvo un “comportamiento de reiterada y clara oposición, grave actitud de rebeldía y persistencia en la negativa a cumplir la orden o mandato” del Ayuntamiento.

Pese a esa orden de precinto, el Consistorio tampoco adoptó más medidas para parar las obras ni para cerrar después las instalaciones, que a día de hoy siguen funcionando, incluso tras la sentencia de primera instancia de 2011.

El tema llegó a los tribunales de la mano del entonces concejal de AC en Arrecife, Andrés Barreto, e inicialmente estuvieron imputadas en esta causa la entonces alcaldesa de Arrecife, María Isabel Déniz, y la ex concejal de Urbanismo Nuria Cabrera. El concejal denunciaba que no habían pedido el derribo ni habían adoptado más medidas para evitar que siguieran las obras. Sin embargo, finalmente se archivaron las actuaciones contra ellas, al entender que sí habían realizado al menos alguna gestión para frenar las obras, llegando a precintar los trabajos y a sancionar a la empresa.


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NotaPublicado: Lun 08 Jun, 2015 3:04 pm 
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Según La Voz de Lanzarote:

El Ayuntamiento de Arrecife ha ordenado a Hormiconsa el derribo de sus tres naves y plantas anejas de fabricación de hormigón y machacadora para materiales de construcción, que llevaban funcionando una década de forma ilegal en Maneje. La decisión del Consistorio llega tras la sentencia firme que condenó al empresario Miguel Morales a un año y 8 meses de cárcel y una multa de 67.500 euros por un delito contra la ordenación del territorio y otro de desobediencia grave a la autoridad en la construcción de esas naves.

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El fallo, que se dictó en 2011 y fue ratificado el pasado mes de febrero por la Audiencia Provincial, ordenaba también el derribo de esas naves, que se construyeron sin licencia y en suelo "especialmente protegido". Pese a que en 2005 el Ayuntamiento llegó a ordenar que se paralizaran las obras, éstas siguieron adelante y además las instalaciones han estado funcionando hasta ahora.

Tras conocer la sentencia firme, el Consistorio ordenó a la empresa el pasado 1 de abril que presentase un proyecto de derribo. Según han señalado desde el Ayuntamiento, Hormiconsa entregó ese proyecto el pasado viernes, 5 de junio. Ahora, es la Oficina Técnica del Consistorio capitalino quien debe emitir un informe para dar el visto bueno a ese proyecto de demolición. Una vez que sea aprobado, Hormiconsa tendrá un plazo de un mes para ejecutar el derribo de sus naves. Deberá, además, correr con los gastos de ese derribo.

El caso de Hormiconsa se remonta a hace más de una década, cuando Morales construyó las instalaciones "sin haber obtenido previa calificación territorial y licencia municipal de obras", señala la última sentencia, de la Audiencia de Las Palmas. Por este motivo, el fallo consideraba probado su delito contra la ordenación del territorio. En cuanto al otro cargo del que se le acusaba, de desobediencia grave a la autoridad, hace referencia a la orden de precinto que el Ayuntamiento de Arrecife emitió en octubre de 2005, cuando las obras ya estaban avanzadas, y que Morales desoyó.

Esa orden emitida hace diez años por el Consistorio ha sido la única actuación que el Ayuntamiento había tomado hasta el momento contra Hormiconsa, tanto para frenar las obras como para el cierre de las instalaciones una vez que éstas estaban ya en funcionamiento. Así, la empresa ha estado explotando esta industria durante esos años e, incluso, una vez emitida la primera sentencia que confirmaba su ilegalidad y la necesidad de demolerlas.

El caso llegó a los tribunales de la mano de Andrés Barreto, que era entonces concejal de Alternativa Ciudadana en Arrecife. En un principio, en la causa estuvieron imputadas la ex alcaldesa de la ciudad, María Isabel Déniz, y la que fuera edil de Urbanismo, Nuria Cabrera. Barreto denunció entonces que Déniz y Cabrera no habían tomado medidas contra Hormiconsa durante las obras ni para pedir el derribo de las instalaciones. Las actuaciones contra la concejal y la ex alcaldesa fueron finalmente archivadas, ya que el Juzgado entendió que con esa orden de precinto las dos ediles sí habían tomado al menos alguna medida.


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NotaPublicado: Jue 12 Nov, 2015 6:19 pm 
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Hormiconsa ha comenzado ya a desmontar las naves ilegales que llevaban funcionando más de una década en el barrio de Maneje, con una machacadora y otras plantas anejas de fabricación de hormigón. Fue a mediados de este año cuando el Ayuntamiento de Arrecife ordenó el derribo de esas instalaciones, poco después de que la Audiencia Provincial confirmara la condena al empresario Miguel Morales por un delito contra la ordenación del territorio y otro de desobediencia grave a la autoridad al realizar esa obra.

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El juicio contra Morales se celebró a finales de 2011 y en octubre de ese año se dictó la sentencia, que le condenó a de 1 año y 8 meses de cárcel, a un año de inhabilitación especial para el ejercicio de actividades profesionales relacionadas con la construcción y a pagar una multa de 67.500 euros. El empresario presentó entonces un recurso y la respuesta llegó más de tres años después, el pasado 26 de febrero. En ese fallo, la Audiencia Provincial daba por "definitivamente juzgada" la causa y ordenaba la "ejecución y cumplimiento" de la condena, que incluía también el derribo de las naves.

Las instalaciones se levantaron sin pedir siquiera licencia y en suelo protegido donde no se podía construir, incumpliendo incluso en su día una orden de precinto del Ayuntamiento de Arrecife. Aquella orden de precinto dictada en octubre de 2005 era hasta ahora la única medida que el Ayuntamiento había adoptado contra Hormiconsa, tanto para frenar las obras como para instar el cierre de las instalaciones una vez que éstas estaban ya en funcionamiento. Así, la empresa siguió explotando esta industria, incluso después de que se dictara la primera sentencia, que ya en 2011 confirmaba su ilegalidad y la necesidad de demolerlas.

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Finalmente, en abril de este año, dos meses después de que llegara la sentencia firme, el Consistorio ordenó a la empresa que presentase un proyecto de derribo. La orden se dictó el 1 de abril y Hormiconsa presentó el proyecto el 5 de junio, aunque el Ayuntamiento ordenó realizar correcciones, hasta que finalmente fue aprobado.

Desde que se remitió la notificación al promotor, para lo que se tuvo que recurrir a agentes de la Policía Local, éste tenía un mes para ejecutar el derribo o el desmonte de las naves. Después, un técnico municipal tendrá que supervisar que se haya cumplido con el mandato y con el proyecto presentado.

El caso de Hormiconsa se remonta a hace más de una década, cuando Morales construyó las instalaciones "sin haber obtenido previa calificación territorial y licencia municipal de obras”, tal como consideró acreditado la sentencia. Además, aunque el Ayuntamiento ordenó el precinto en octubre de 2005, los trabajos continuaron. Por eso, Miguel Morales fue condenado no solo por un delito contra la ordenación del territorio, sino también por otro de desobediencia grave a la autoridad.

El acusado dice que le han metido en un lío, se consideró perseguido políticamente y no sé si aspiraba a una impunidad que ya no existe. Esto es una burla al Estado de Derecho”, señaló durante el juicio el fiscal Ignacio Stampa, afirmando que durante la vista se “desenmascaró" al empresario.

El caso llegó a los tribunales de la mano de Andrés Barreto, que era entonces concejal de Alternativa Ciudadana en Arrecife. En un principio, en la causa estuvieron imputadas la ex alcaldesa de la ciudad, María Isabel Déniz, y la que fuera edil de Urbanismo, Nuria Cabrera. Barreto denunció entonces que Déniz y Cabrera no habían tomado medidas reales contra Hormiconsa durante las obras, ni tampoco habían pedido el derribo de las instalaciones. Sin embargo, las actuaciones contra la concejal y la ex alcaldesa fueron finalmente archivadas, ya que el Juzgado entendió que con esa orden de precinto, que no se cumplió, las dos ediles sí habían tomado al menos alguna medida.


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NotaPublicado: Jue 30 Nov, 2017 8:02 am 
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El Juzgado de lo Contencioso Administrativo ha fallado a favor del dueño de Hormiconsa, Miguel Morales, al que el Cabildo denegó la calificación territorial de tres naves en Argana Alta, demolidas el año pasado. Su dueño llegó a ser condenado a pena de cárcel. El fallo señala que el suelo es urbano y debió concederse el permiso.

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El fallo del Juzgado de lo Contencioso 1 de Las Palmas de Gran Canaria es recurrible ante el TSJC (Tribunal Superior de Justicia de Canarias), y de hecho ya ha sido recurrido por el Cabildo y por el Gobierno de Canarias, al afectar a ambas administraciones que aprobaron el Plan Insular (PIOT) que regula el suelo en el que se asentaban las naves. La sentencia, aunque está pendiente de apelación, tiene trasfondo, ya que llega cuando la sentencia de derribo de las naves ha sido ejecutada, con el dueño de Hormiconsa, Miguel Morales, condenado en firme en vía penal en 2015; y cuando la pena se ha cumplido.

El fallo, sin embargo, ahora da la razón al dueño de las naves en el recurso contra el acuerdo del Cabildo que denegó el 17 de septiembre de 2009 la calificación territorial para tres naves junto al cementerio de Arrecife, por encontrarse en suelo rústico de jable.

El juez entiende, como planteó en este contencioso el abogado del propietario, Felipe Fernández Camero, que la denegación de los permisos no se ajustó a derecho y señala que la institución debió conceder la calificación territorial, lo que hubiera ahorrado la condena penal del recurrente y el derribo de las construcciones.

Demolición que se ejecutó en febrero de 2016, tras cobrar firmeza la condena contra Miguel Morales por un delito contra la ordenación del territorio y otro de desobediencia, a pena, ya cumplida, de año y ocho meses de cárcel, y multa de 67.000 euros.

El juez se aferra para reconocer que las naves debieron legalizarse, en informes que señalan que «las construcciones son de 1988, que la calificación del suelo rústico de protección natural, no es tal, ya que los mismos «técnicos del PIO reconocieron como un error de delimitación de la zona, como consta en informes de la Oficina del PIO y documentos de revisión y adaptación de 2003 y 2010 que corrigen y califican parte del suelo urbano y de protección territorial». Además la zona está plenamente urbanizada, con el cementerio, la perrera municipal, el crematorio, una planta de Inalsa y otras construcciones.


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Traducción al español por Huan Manwë para phpbb-es.com