FORO SOBRE LANZAROTE

Según diariodelanzarote.com:

El vicepresidente del Cabildo y coordinador general del PIL, Fabián Martín, dejó claro este jueves que si el Partido Socialista continúa hasta el final con la acusación contra Dimas Martín por el caso de los baños de Los Dolores, los insularistas se replantarían su relación con sus actuales socios de gobierno en cinco instituciones de la Isla.

Tanto la Fiscalía como el Partido Socialista, que actúa en el procedimiento judicial como acusación particular, han pedido la apertura de juicio oral contra Dimas Martín, que era presidente del Cabildo cuando se hicieron las obras de los baños de la ermita de Los Dolores en Mancha Blanca en el año 2003.

En el procedimiento judicial se tendrá que determinar si Dimas Martín es culpable de un supuesto delito de daños contra el patrimonio histórico, por el que se le solicita una condena de dos años de prisión.

En el juicio, Dimas Martín también será acusado de un delito de prevaricación administrativa, por el que el fiscal reclama 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

El procedimiento judicial arrancó por una denuncia de los consejeros del Partido Socialista en el Cabildo, liderados por Manuel Fajardo. El PSOE estaba en la oposición en aquel momento, y gobernaba el pacto formado por PIL, Coalición Canaria y Partido Popular.

Desde hace un año, sin embargo, la situación ha cambiado con la formalización de los pactos de gobernabilidad entre pilistas y socialistas para gestionar el Cabildo y los ayuntamientos de Tías, San Bartolomé, Arrecife y Teguise.

Fabián Martín, hijo menor de Dimas Martín, declaró este jueves que no le parece “lógico” que un presidente del Cabildo, “que intenta dar solución a una necesidad” para atender a “más de 50.000 personas que van a la feria de Los Dolores”, se pueda ver en el banquillo de los acusados y con una petición de cárcel sobre sus espaldas.

En esa línea, consideró “inaudito” que el líder histórico del PIL “se vea inmerso en un procedimiento judicial por construir unos servicios de orden público” y lamentó no sólo el “calvario personal” que supone –“al que desgraciadamente mi familia está acostumbrada”- sino también el “calvario judicial, que siempre es incómodo”.

En su opinión, condenar a un presidente del Cabildo por unos baños públicos “como mínimo tiene que sonrojar, a mí me sonrojaría”. “No obstante”, admitió Martín, “la posición del Partido Socialista ha sido desde un principio coherente”.

“Ellos plantearon una denuncia inicial, la siguen manteniendo en el tiempo y entiendo que solamente la postura de este partido durante el desarrollo del juicio hará replantearse las cosas al Partido de Independientes de Lanzarote”, advirtió.

Fabián Martín apuntó que el proceso judicial “parece que se va a retrasar algo” y añadió que el PIL esperará al “desarrollo” del juicio para ver “qué postura” mantienen sus actuales socios de gobierno: si se retractan o si continúan con su acusación en los mismos términos.

“Lo que no tiene mucho sentido es que yo comparta mesa con usted, y usted me tenga plantado un cuchillo para que cuando me levante, me desangre. Creo que eso es obvio”, dibujó gráficamente Fabián Martín.

Eso sí, el vicepresidente primero del Cabildo recalcó que hasta que no se llegue al final del procedimiento judicial tiene una “confianza plena en mantener el grupo de gobierno”.

Según el escrito de acusación del fiscal, en la construcción de los baños de Los Dolores se produjo la “destrucción parcial” de un Bien de Interés Cultural (BIC) al procederse al desmonte de colada volcánica protegida.

Añade la acusación que en el expediente de los baños “no se recabó la pertinente, preceptiva y vinculante aprobación de la Comisión Insular de Patrimonio” tal y como exige la ley ni tampoco se obtuvo la calificación territorial exigida por ser suelo rústico de protección territorial.

Aparte de la acusación contra Dimas Martín, la Fiscalía también ha pedido un año y nueve meses de prisión para el entonces consejero de Obras Públicas, Sergio Machín, y la misma pena para el jefe de la Oficina Técnica, José Manuel Fiestas.


Las penas privativas de libertad están asociadas a un presunto delito de daños al patrimonio histórico, pero también existe una acusación de prevaricación que conllevaría, para el fiscal, 10 años de inhabilitación para Dimas Martín y siete para Sergio Machín y José Manuel Fiestas.

Según ha publicado este jueves Canarias7, en el escrito de acusación del Partido Socialista se piden similares penas para los imputados salvo para el jefe de la Oficina Técnica , contra el que no se pide a la Justicia que actúe.

http://www.youtube.com/watch?v=WSnZQJz2lmY
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