FORO SOBRE LANZAROTE

Según diariodelanzarote.com:

La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Arrecife, María Dolores García, ha ordenado pedir a la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional que vuelva a investigar el patrimonio del alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, y del ex primer edil de Teguise, Juan Pedro Hernández.

La decisión del Juzgado con respecto a José Francisco Reyes -acordada en una providencia de 12 de noviembre y ratificada mediante auto del 20 de diciembre- se toma en el marco de las diligencias previas 1734/2006, iniciadas tras la denuncia del secretario de Organización del Partido Socialista, Carlos Espino, a raíz de las licencias urbanísticas irregulares concedidas por Reyes y Hernández que autorizaron cerca de 13.000 plazas alojativas, recurridas por el Cabildo insular.

Como se recordará, siendo consejero de Política Territorial, Espino presentó una denuncia el 7 de noviembre de 2006 ante la propia UDYCO basándose en un informe encargado al letrado que dirige los procedimientos judiciales de la Corporación insular contra las licencias urbanísticas de Yaiza y Teguise.

En el dictamen entregado por Espino en su denuncia y elaborado por el abogado Agustín Domingo Acosta se concluía que "los ilícitos e irregularidades urbanísticas advertidos en los expedientes municipales (...) podrían trascender el mero ámbito administrativo y constituir también conductas sancionables en el ámbito penal".

Un mes más tarde, en diciembre de 2006, el Juzgado procedió a incoar diligencias previas y ya en el mismo mes se solicitó información sobre Reyes y Hernández al Registro Mercantil y de la Propiedad. Además, se autorizaron escuchas telefónicas a ambos entre enero y marzo de 2007.

La UDYCO se refiere en un informe de comienzos del año pasado a que la investigación trata de esclarecer si los alcaldes y otras personas pudieron haber presuntamente incurrido en prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

Las iniciales diligencias de averiguación del patrimonio de José Francisco Reyes y de Juan Pedro Hernández fueron infructuosas y ahora el Juzgado, en un paso más dentro de la investigación, quiere que sea la unidad especializada en la lucha contra el crimen organizado la que rastree el patrimonio de los dos imputados.

Mientras que la defensa de Hernández no se opuso, la de José Francisco Reyes, ejercida por el letrado Felipe Fernández Camero, ha tratado de impedir la decisión de la jueza que instruye el caso: primero con un recurso de reforma ante el propio Juzgado de Instrucción número 2 de Arrecife, que ha sido rechazado, y luego con un reciente recurso de apelación ante la Audiencia Provincial.

La defensa de Reyes tilda de 'impertinente' la decisión del Juzgado de volver a solicitar una averiguación patrimonial del alcalde de Yaiza, que el próximo martes se somete a una moción de censura que previsiblemente le hará perder el bastón de mando a favor de Gladys Acuña (PIL).

El abogado del alcalde -que ha ejercido como asesor legal del propio Ayuntamiento sureño- sostiene que "no es pertinente averiguar el patrimonio del imputado si lo que se investiga es una supuesta prevaricación urbanística", esto es, dictar a sabiendas una resolución arbitraria. La estrategia de la defensa de Reyes consiste en que la jueza descarte otro tipo de presuntos delitos.

Así, en uno de sus recursos dice que la mención a estos delitos en un informe de la UDYCO es "puramente gratuita" y pone en cuestión que la jueza trasladase las referencias a estos ilícitos a un auto del procedimiento "de manera mimética y sin motivos".

Los movimientos en el procedimiento judicial abierto indican que el objetivo de José Francisco Reyes (o de su defensa) es que la UDYCO no vuelva a 'husmear' cerca suyo y de su entorno. Mientras que el alcalde no consta como administrador de ninguna empresa, un hijo suyo lo es de una mercantil, Sea Sun Lanzarote SL, que tiene a su nombre una embarcación denominada 'El Pachi', según ha podido saber este periódico. Otra hija de Reyes es administradora de la sociedad Acuimar Cachazo SL.



La defensa de Reyes insiste en uno de sus recursos en que la citada unidad policial especializada en la lucha contra el tráfico de droga y el crimen organizado no es competente para investigar su patrimonio y pide que sea el Juzgado de Instrucción, con sus medios, el que lleve a cabo las averiguaciones que estime oportunas.

Si una serie de cargos y funcionarios públicos autorizan sistemáticamente construcciones ilegales (parking, hoteles, etc…). Se podría estar estafando al sistema, en el momento en que se le pone en la tesitura de permitir unas construcciones ilegales o afrontar unas indemnizaciones multimillonarias.

Se fractura y corrompe el sistema, en el momento en que una serie de sujetos (siempre son los mismos), intervienen en las concesiones administrativas de unas licencias que son a sabiendas ilegales. De tal forma que el empresario siempre gana, o sale adelante la construcción ilegal o hay que indemnizarle, si dicha licencia queda anulada en los tribunales.

El sistema se tiene que defender cuando se trata de hacer un uso torticero y espurio del mismo y debe erradicar a aquellos que generan una arquitectura de licencias ilegales. Debe investigar a aquellos que sistemáticamente se benefician de estas licencias ilegales, o de las posibles indemnizaciones que pudieran reclamar.

Según diariodelanzarote.com:

El patrimonio del ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, será examinado de manera exhaustiva por parte de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía después de que la Audiencia Provincial haya echado por tierra los intentos de Reyes de evitar la investigación.



La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas dictó un auto el pasado 30 de septiembre en el que desestima el recurso de apelación interpuesto por el abogado de Reyes en el procedimiento, Felipe Fernández Camero, contra la decisión del Juzgado de ordenar una investigación patrimonial del ex alcalde de Yaiza.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Arrecife había decidido en un auto del 20 de diciembre de 2007 “librar oficio a la UDYCO al objeto de proceder a la investigación patrimonial del imputado”, José Francisco Reyes.

La estrategia diseñada por la defensa de Reyes consiste en reducir al mínimo los supuestos delitos de los que se podría acusar al alcalde por sus actuaciones durante los años en los que concedió licencias urbanísticas declaradas ilegales por la Justicia.

Así, había alegado que el estudio del patrimonio de Reyes solicitado por el juez no guardaba “relación con el delito objeto de investigación”, esto es, a su juicio, un “delito de prevaricación urbanística” por “la concesión de licencias urbanísticas”. Cabe recordar que en el procedimiento judicial se investiga si pudo cometer otros delitos como cohecho o tráfico de influencias.

En su recurso, el abogado de José Francisco Reyes también sostuvo que no estaba justificado que el Juzgado “requiriera el auxilio de la UDYCO”. Exponía que la investigación judicial no contempla “asuntos de su competencia al no tratarse de un delito contra la salud pública ni un grupo organizado para delinquir”.

Sin embargo, la Audiencia Provincial ha determinado que es procedente la investigación exhaustiva del patrimonio de Reyes para descubrir si consiguió un enriquecimiento ilícito durante sus años en la Alcaldía de Yaiza.

Así, la Audiencia da la razón al juez de instrucción, que consideró “relevante” la investigación patrimonial para las diligencias previas que se siguen contra los ex alcaldes de Yaiza y Teguise por la concesión de licencias ilegales.

En cuanto a la participación de la UDYCO, la Sala ha dejado claro que el juez puede “encomendar” la investigación a las unidades de policía judicial especializadas “al tratarse de delitos que conllevan una ardua y compleja investigación”.

El Ayuntamiento de Yaiza, con José Francisco Reyes de alcalde, concedió 21 licencias para 7.100 plazas turísticas que están siendo anuladas por los tribunales de justicia a instancias del Cabildo y la Fundación César Manrique.

Reyes también autorizó las obras del plan parcial Playa Blanca, de 4.450 plazas, cuyo proyecto de urbanización ha sido anulado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo. Varias promociones han sido paralizadas cautelarmente por la Justicia.

Una de sus últimas actuaciones como alcalde fue la autorización de más de 1.000 viviendas a la empresa Costa Roja en Playa Blanca, en suelo en el que, según el Cabildo de Lanzarote, no se permite la construcción. Las obras fueron paralizadas cautelarmente por el Juzgado.