Según diariodelanzarote.com:
Los promotores del Plan Parcial Playa Blanca han asegurado que la presidenta del Cabildo,
Manuela Armas, les llegó a exigir "más de 70.000 metros cuadrados edificables" en las "conversaciones" que mantuvieron empresarios y corporación insular y que, finalmente, no llegaron a culminar en ningún convenio que pusiese punto y final a los recursos judiciales abiertos.
El Cabildo ha recurrido el proyecto de urbanización del plan parcial -que ya ha sido anulado por el Juzgado de lo Contencioso gracias a un recurso de la Fundación César Manrique-, así como diversas promociones en este ámbito de suelo de Playa Blanca, que ocupa un área de más de un millón de metros cuadrados, con capacidad para 1.800 viviendas y 4.451 plazas residenciales.
A finales del año 2007, los promotores acudieron a la presidenta del Cabildo para intentar poner punto y final al conflicto judicial abierto en torno al plan parcial, que los servicios jurídicos de la Corporación insular -y el Juzgado de lo Contencioso de Las Palmas- consideran extinguido al entrar en vigor la Ley de Medidas Urgentes del año 2001.
La presidenta del Cabildo admitió en agosto pasado haber mantenido conversaciones con los promotores del plan parcial e, incluso, que llegó a ordenar la paralización de medidas cautelares en marcha para sentarse a hablar. Sin embargo, el diálogo se rompió y no se cerró ningún acuerdo.
Ahora los promotores están desvelando su versión de las conversaciones con la presidenta del Cabildo. Así, aseguran que de manera "constante", Armas exigió "compensaciones" para el Cabildo "a cambio de la legalización del plan parcial".
Los promotores sostienen que, aunque Armas empezó exigiendo "más de 70.000 metros edificables", posteriormente se conformaba con 53.454 metros cuadrados para el Cabildo, "un volumen equivalente a la nueva terminal del aeropuerto de Lanzarote", apostillan.
Para los promotores, estas compensaciones a la sociedad insular que reclama el Cabildo "no tienen ninguna cobertura jurídica". Además, añaden que "no tienen sentido si el plan parcial Playa Blanca, según repiten constantemente los responsables y asesores del Cabildo, era inexistente".
"Al igual que en el caso de los hoteles está claro que para el Cabildo la legalidad es cuestión de precio, 'compensaciones' según la nueva terminología política", se lamentan los promotores del plan parcial Playa Blanca, que sugieren que "un procedimiento penal puede permitir valorar esta conducta".
"Será interesante reproducir las conversaciones de empresarios con la presidenta, todas ellas registradas en las que consta el que se alcanzó un acuerdo, su compromiso de no perjudicar en ningún caso a compradores y el de levantar las medidas cautelares", señalan. "El juez podrá juzgar quién es el estafador y quién el estafado".
Los promotores han denunciado lo que consideran una "actitud arbitraria y discriminatoria del Cabildo de Lanzarote" ya que, sostienen, recurre "selectivamente licencias del plan parcial Playa Blanca, mientras que exonera de las cargas de los procedimientos judiciales a otros planes parciales igualmente afectados por problemas formales en la publicación de la ordenación urbanística de Yaiza".
Según los promotores, "la edificación de las viviendas hoy recurridas se continuó y se finalizó con el expreso consentimiento de la presidenta del Cabildo que admitió el que las urbanizaciones que estaban avanzadas se finalizaran para no perjudicar a promotores ni a compradores de las viviendas".
Comunicado del Plan Parcial Playa Blanca:
http://www.diariodelanzarote.com/docume ... blanca.pdf
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