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NotaPublicado: Mar 14 Jun, 2022 4:28 pm 
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Según La Voz de Lanzarote:

El juicio por el presunto expolio de casi un millón de euros del Ayuntamiento de Yaiza ha comenzado este martes, tras fracasar el último intento de la defensa del principal acusado, Felipe Fernández Camero, para que se suspendiera la vista.

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Lo que sí ha conseguido evitar es la imagen del banquillo, apelando a su condición de abogado para sentarse junto a sus letrados, José Antonio Choclán Montalvo y su hija, Juana Fernández de las Heras, que representa a la sociedad Adelfas 24, a través de la que Camero también cargó facturas a Yaiza.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial ha accedido a esta petición, pero ha autorizado que los otros tres acusados -el ex alcalde, José Francisco Reyes, el que era secretario interventor, Vicente Bartolomé Fuentes, y el funcionario que lo sustituía en sus vacaciones, Antonio Fernández- hicieran lo mismo. Así, el banquillo ha quedado vacío y los procesados, tras unos instantes de confusión en la sala para reordenar los asientos, han terminado colocándose junto a sus respectivos abogados.

Antes, los letrados habían estado reunidos con el Ministerio Fiscal, con la abogada de la acusación popular y con los propios magistrados, para ofrecer un acuerdo. Al parecer, su propuesta era reconocer uno de los delitos por los que están acusados, el de prevaricación, si se eliminaba el otro, de malversación, que es el que implica penas de cárcel.

Tanto la fiscal como la acusación popular han rechazado esa propuesta y, con hora y media de retraso, la vista ha comenzado, aunque las defensas han aprovechado las cuestiones previas para volver a intentar que se suspendiera.

En el caso del abogado de Camero, ha presentado un nuevo informe pericial de parte, pretendiendo que se admitiera al inicio de la vista. Según ha subrayado la fiscal, con ello pretendía “forzar la suspensión del juicio”, porque admitirlo hubiera supuesto causar “indefensión” a la acusación, que debe tener tiempo para analizarlo y contrarrestarlo con otro dictamen si fuera necesario.

No procede admitir la prueba. Es extemporánea y no tiene encaje en la Ley de Enjuiciamiento Criminal”, ha terminado respondiendo la Sala, recordando los años que ha tenido la defensa para aportar las pruebas que considerara pertinentes.

Además, al igual que habían advertido la Fiscalía y la acusación popular, ha subrayado que admitir ese informe “precisaría la suspensión del juicio”. “Y considera este Tribunal que no es procedente”, ha concluido el presidente de la Sala, dando así por fin comienzo a la vista, ocho años después de que concluyera la instrucción de esta causa.

En cuanto al resto de las cuestiones previas, las defensas de todos los acusados han sostenido que el delito de prevaricación -que era justo el que se habrían mostrado dispuestos a admitir- ya estaría prescrito. Para ello, se han remontado a un acuerdo plenario de 1980, por el que se habría acordado la contratación de Felipe Fernández Camero como asesor jurídico del Ayuntamiento de Yaiza, bajo la Alcaldía de Honoro García Bravo.

Aunque los hechos que se juzgan arrancan en 1996, ya con José Francisco Reyes como alcalde, los cuatro abogados defensores se han aferrado a una especie de situación heredada. Así, han sostenido que el delito que podría imputarse a sus clientes sería de prevaricación por omisión, al haber mantenido esa situación sin legalizarla -con los correspondientes procedimientos de contratación- y han defendido que ese delito ya habría prescrito.

“Es absolutamente inviable que opere la prescripción”, ha respondido la fiscal, que ha recordado que están acusados por una “continuidad delictiva” entre los años 1996 y 2012. En ese periodo, Camero cobró casi un millón de euros de Yaiza, tanto por representación en pleitos como con pagos mensuales en concepto de supuesto asesoramiento. Sin embargo, en la pieza principal del caso Yate no se encontró rastro documental de ese asesoramiento, lo que obligó a archivar la imputación contra él en esa causa -en la que estaba investigado como presunto inductor de la conducta delictiva de Reyes en la concesión de licencias ilegales-, y al mismo tiempo dio lugar a esta pieza separada, acusándolo entonces de malversación.

En este caso, aunque las defensas pedían que esta cuestión previa -sobre la supuesta prescripción de uno de los delitos- se resolviera antes de comenzar el juicio, la Audiencia ha respondido que “dada la complejidad jurídica” y la relación directa que guarda con los hechos que se vayan a considerar probados, se resolverá al dictar la sentencia.

Lo mismo ha respondido a otra cuestión previa, planteada en este caso por la defensa de Antonio Fernández, que alegaba indefensión en relación a un tercer delito por el que está acusado, de falsedad documental. Su abogado ha sostenido que en su día, el juez instructor rechazó citarlo como imputado por ese delito, y tampoco hizo referencia a él cuando lo citó después por los otros dos.

El letrado ha reconocido que en ese interrogatorio, la Fiscalía sí le preguntó expresamente por un certificado que emitió, asegurando que Fernández Camero había prestado unos servicios, pero ha insistido en que no se volvió a mencionar expresamente el delito de falsedad documental hasta que se presentó el escrito de acusación, y después en el auto de apertura de juicio oral.

En su opinión, esto supone una “acusación sorpresiva” que vulnera su derecho de defensa, aunque tanto la Fiscalía como la acusación popular, ejercida por Transparencia Urbanística, han sostenido lo contrario. “Es manifiestamente incierto”, ha respondido la fiscal, subrayando que durante la instrucción ya se le preguntó por “ese documento mendaz”, que considera que firmó siendo “consciente de que esos servicios no se prestaron”.

A esto, la abogada de la acusación popular ha añadido que en el auto que puso fin a la instrucción, al que también se había remitido la defensa, no se “delimitaron” los delitos porque la función de ese auto es “describir hechos”, correspondiendo su calificación a las partes, al formular los escritos de acusación, que además no se elevan a definitivos hasta el final del juicio.

A éstas se ha sumado otra cuestión previa, planteada en este caso por el abogado de Camero, que ha cuestionado la “legitimidad” de la acusación popular para realizar reclamaciones civiles, en referencia al dinero malversado que solicita que se devuelva al Ayuntamiento de Yaiza.

Al respecto, Choclán Montalvo se ha referido a que el Consistorio no se ha personado siquiera en la causa, a lo que la letrada de la acusación ha respondido recordando todos los juicios de corrupción relacionados con Yaiza en los que no se ha personado el Ayuntamiento.

Claro que Yaiza no reclama. De eso trata este juicio. De particulares que usan al Ayuntamiento para sus intereses privados. Yaiza no defiende el interés general y no defiende la legalidad”, ha reprochado.

La primera sesión del juicio, pese al retraso en la hora de comienzo, ha terminado siendo mucho más breve de lo que se esperaba, al renunciar las partes a la mayoría de los testigos que estaban citados para esta jornada. Entre ellos se encontraban dos ex alcaldes posteriores a José Francisco Reyes, Ángel Domínguez y Gladys Acuña, que han acudido a la sede judicial pero se han terminado marchando, al notificarles que finalmente no iban a declarar.

Además, tampoco han declarado todavía los acusados, ya que contra lo que suele ser habitual, la Sala ha aceptado que lo hagan después de los testigos. En el caso de Reyes, se ha acordado que declare el último en la sesión de este miércoles, y su abogado ha pedido que sea por videoconferencia, ya que ha alegado motivos de salud para pedir que no se le obligue a estar presente durante todo el juicio.

De hecho, tras resolverse las cuestiones previas, se le ha autorizado a abandonar la Sala, ya que ha explicado que tenía que ir al hospital, donde recibe tratamiento diario.

Quien sí ha declarado este martes ha sido el antecesor de Reyes en el cargo, Honorio García Bravo, que fue alcalde entre 1976 y 1994. Su comparecencia había sido solicitada por la defensa de José Francisco Reyes, para preguntarle por la primera contratación de Camero como asesor del Ayuntamiento bajo su mandato.

Sin embargo, García Bravo se ha remitido al tiempo transcurrido y ha respondido que no lo recuerda a la mayoría de las preguntas. Así, ha confirmado que Felipe Fernández Camero fue contratado en su época como asesor jurídico, al igual que otros letrados, pero no ha podido dar precisiones ni sobre el acuerdo plenario de 1980 al que se remiten las defensas, ni sobre otras cuestiones por las que ha sido interrogado.

Junto a él, en esta primera jornada del juicio solo han declarado otros dos testigos. Una de ellas es graduada social y trabaja en el Ayuntamiento como responsable del departamento de Personal. Su intervención en la causa se centra solo en un informe que emitió a petición del Juzgado de instrucción, comunicando los periodos en los que uno de los acusados, Antonio Fernández, había reemplazado a Vicente Bartolomé Fuentes como secretario-interventor.

El otro testigo en declarar ha sido el actual secretario-interventor, que llegó al puesto tiempo después de que Bartolomé Fuentes hubiera sido apartado del cargo por su primera condena penal.

En su declaración, se le ha preguntado también por un informe que elaboró, así como por facturas de Camero que estaban pendientes de pago en 2012, cuando se hizo un pago a proveedores a través de un decreto estatal.

Respecto al informe que tuvo que elaborar para el Juzgado, con la relación de pagos a Fernández Camero durante las dos décadas anteriores, ha señalado que les “costó” encontrar la documentación para elaborarlo.

“Los archivos estaban en varias zonas. Había una especie de buhardilla y algo también por la zona de la escalera. Y también había otro cuarto. Todo repartido, sin mucho orden”, ha recordado.

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NotaPublicado: Mié 15 Jun, 2022 7:32 pm 
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“Para mí hizo un buen trabajo”. “Fue un dinero bien utilizado, y lo sigo pensando”. Así ha defendido este miércoles el ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, los pagos que autorizó al abogado Felipe Fernández Camero, que ascendieron a casi un millón de euros sin que existieran expedientes de contratación, ni presupuestos previos, ni informes acreditando después la prestación del servicio.

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“Por supuesto sabía que el trabajo se había hecho”, ha respondido a su abogado, cuando éste le ha preguntado por las órdenes de pago que firmaba. Para hacerlo, el único documento con el que contaba el entonces alcalde eran las facturas que había presentado el propio Camero, que en algunos casos ascendían a cerca de 100.000 euros cada una (16 millones de pesetas de las de entonces).

Reyes ha sido el primer acusado en declarar durante el juicio por el presunto expolio de fondos públicos de Yaiza con esos pagos, aunque se ha negado a responder a la abogada de la acusación popular y también a la Fiscalía, que está representada en la vista por dos fiscales. Éstos han querido dejar constancia de las preguntas que tenían intención de formular, entregándoselas por escrito a la Sala.

Respecto a las defensas, todas han renunciado a interrogar a Reyes, que solo ha respondido así a su propio letrado, Pablo Luna, un abogado experto en causas de corrupción que intervino entre otros en el caso Malaya.

Durante el interrogatorio a su cliente, el letrado ha hecho referencia a un acuerdo plenario de hace 42 años, mucho antes de que se iniciara el mandato de Reyes, al que se vienen remitiendo las defensas desde el inicio del juicio, para sostener que la contratación de Camero se remontaba a muchos años atrás.

En ese Pleno de Yaiza de 1980, bajo la Alcaldía de Honorio García Bravo, sostienen que se acordó contratar a Felipe Fernández Camero como asesor del Ayuntamiento en materia jurídica. El importe que se acordó, según las propias defensas, era de “50.000 pesetas mensuales” (unos 300 euros).

Apelando a ese acuerdo, Reyes ha defendido que él “no intervino en la contratación” y que este letrado, junto a otros tres que trabajaban entonces para el Ayuntamiento, ya venía prestando previamente sus servicios cuando él accedió a la Alcaldía en 1996.

Sin embargo -incluso aunque se diera por bueno ese acuerdo como una contratación indefinida durante décadas, cosa que han rebatido los peritos-, no ha explicado cómo se pasó de esas 50.000 pesetas mensuales a realizar pagos millonarios cada mes a este letrado bajo su mandato. Solo en diciembre de 2015, Reyes autorizó el abono de tres facturas a Camero de entre 82.000 y 98.000 euros cada una (equivalente en total a unos 46 millones de pesetas en un mes).

Además, al no admitir preguntas de la Fiscalía, tampoco ha aclarado por qué Camero cobraba mensualmente por asesoramiento al Consistorio, y luego facturaba al margen la representación en pleitos, ni cómo se le adjudicaban esos servicios, ni quién supervisaba las tarifas.

“Cuando me pasaban las facturas, las firmaba y punto”, ha respondido Reyes, cuando su abogado le ha preguntado si recibía “alguna prebenda” de Camero o si él se quedaba con una parte del pago de esas sumas.

El resto del breve interrogatorio de su letrado se ha centrado en si recibió alguna advertencia de que “debía modificar esa contratación” a Felipe Fernández Camero, a lo que ha respondido repetidamente que no.

“Ningún concejal de la oposición dijo nunca nada. Les parecía bien. Ellos también le consultaban alguna cosa”, ha llegado a asegurar.

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Respecto a los pleitos en los que intervino Camero, no ha sabido precisarlo. “Cien o más”, ha añadido. No obstante, sí ha querido mencionar uno en concreto, según él “con un banco” que “reclamaba más de mil millones de pesetas”. Tanto él como su letrado han ido después aumentando esa cifra, concluyendo que el Ayuntamiento “se ahorró más de 2.000 millones de pesetas” con ese caso.

“Si esos pleitos que él llevó los hubiera llevado otro, estoy seguro de que hubiera costado el doble”, ha asegurado Reyes. “¿Por algunos no cobró?”, le ha preguntado su abogado. “No me extrañaría, porque nunca reclamó al Ayuntamiento que pagara. En ése estuvo hasta años sin cobrar”, ha respondido. “Por lo menos un año sin cobrar nada”, ha añadido justo a continuación.

Además, ha insistido en que antes del año 83, cuando él se incorporó como concejal al Ayuntamiento, Fernández Camero ya era asesor y ha afirmado que iba al Consistorio “casi todos los sábados”. Cabe recordar que Camero era también secretario del Ayuntamiento de Arrecife, por lo que la acusación y los peritos oficiales sostienen que también había una incompatibilidad para su contratación.

De su puesto en Arrecife terminó siendo apartado por Función Pública, que lo sancionó por una falta grave y otra muy grave, al haber ostentado cargos en dos empresas mientras ejercía como secretario.


En sus primeras causas penales, José Francisco Reyes también tenía como abogado personal al propio Camero, hasta que terminaron imputados juntos en el caso Yate. En ese procedimiento, se señalaba al abogado como el inductor de la conducta delictiva de Reyes. Después, al no poder probar ese asesoramiento, se abrió esta nueva pieza acusándolos a ambos de malversación, por el dinero que recibía del Ayuntamiento sin que se encontrara rastro de su labor de asesor.

Tras su arresto durante la instrucción de Yate, el ex alcalde confesó el cobro de sobornos a cambio de la concesión de licencias ilegales, e incluso dio varios nombres, aunque después se retractó de esa primera confesión. Justo en ese momento, en el año 2009, empezó a ejercer por primera vez como su abogado Pablo Luna, que fue quien presentó ese escrito de Reyes retractándose.

Posteriormente, tanto en Yate como en otros juicios a los que se ha enfrentado, y a los que acudió con abogados de oficio, José Francisco Reyes terminó aceptando acuerdos de conformidad y confesando. Sin embargo, al volver a verse involucrado en otras causas junto a investigados como Camero y Juan Francisco Rosa, regresó a los letrados de pago y a contar con los servicios de Pablo Luna.

Tras su declaración, Reyes ha sido autorizado a abandonar la sala, como ya había hecho también en la primera jornada, después de alegar problemas de salud. De hecho, hoy ha acudido solo para declarar, y se la ha eximido de asistir al resto del juicio, para lo que ha renunciado expresamente a su derecho al turno de última palabra.

Respecto a los otros tres acusados, está previsto que declaren este jueves, en la tercera jornada del juicio, que se celebrará ya en Gran Canaria.


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NotaPublicado: Mié 15 Jun, 2022 7:43 pm 
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Según Diario de Lanzarote:

Dos de los peritos que declararon en la segunda jornada del juicio a Felipe Fernández Camero, acusado del “expolio” de casi un millón de euros del Ayuntamiento de Yaiza, aseguraron que el Consistorio contrató a este abogado sin expediente y de forma irregular.

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Los peritos realizaron sendos informes a petición de la Fiscalía: uno elaborado por un funcionario de la Intervención General del Estado y otro por el responsable de control externo de los ayuntamientos canarios en la Audiencia de Cuentas de Canarias.

Los dos peritos concluyeron que no existía expediente de contratación para Camero en el Ayuntamiento. El primero de ellos señaló que el trámite consistía en aprobar los gastos en base a las facturas presentadas por el abogado, “sin más”, pero que no encontró en la documentación analizada el objeto del contrato, el precio o la licitación. Dijo que se intenta aplicar en este caso la técnica del contrato menor sin serlo y que es un claro caso de fraccionamiento de contratos, que está prohibido.

El límite de contrato menor oscila entre 12.000 y 18.000 euros, en función de la época analizada, pero Camero presentó varias facturas que multiplicaban por diez esas cantidades. El perito interventor destacó que Camero no podía ejercer como abogado en Yaiza porque era incompatible, ya que era secretario en el Ayuntamiento de Arrecife, y que por tanto los contratos son nulos de pleno derecho.

El perito también resaltó que para que un ayuntamiento inicie una contratación externa hace falta un informe de insuficiencia del servicio contratado, que tampoco existe, y una licitación posterior. Al ser un contrato de servicios, el plazo máximo es de seis años, mientras que en este juicio se analizan los cobros de este abogado entre 1996 y 2012.

“Los mecanismos de control del Ayuntamiento han fallado”, dijo el perito, y por eso no se puede saber si el precio cobrado es o no ajustado al servicio realizado. Dijo el interventor que parece que es el abogado (Camero) quien ha impuesto sus condiciones al Ayuntamiento.

Enrique Salvador Villar, de la Audiencia de Cuentas de Canarias, aseguró que “más que contratos menores son contratos verbales”, que están estrictamente prohibidos. Insistió en que tiene que haber un presupuesto previo y que en algunas facturas no aparece ni la firma, y en ninguna la conformidad del Ayuntamiento con el servicio prestado. No había expediente ni aprobación del gasto, ni retención del crédito “ni nada”.

Según el perito, el alcalde y el interventor podían y debían haber evitado los pagos parando el procedimiento. Dijo que en 40 años trabajando en este sector, nunca había visto este tipo de contratación. “No se puede contratar de forma indefinida, de viva voz, con pagos mensuales y sin presupuesto”, dijo.

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La defensa de Camero y del resto de acusados sostiene que la de Camero y Yaiza se puede tratar de una relación laboral. Así lo dijo el perito llamado por la defensa de Antonio Fernández, interventor y secretario accidental. El catedrático de Derecho Financiero Juan Zornoza declaró que podría ser una relación laboral por el tipo de servicios que presta, los pagos periódicos y su extensión en el tiempo, y que, por tanto, estaría exenta de fiscalización previa por parte de Fernández. Y que, en caso de no ser una relación laboral, sería un contrato de servicios. También sostuvo que el interventor no necesitaba acreditar la idoneidad del contratista.

Los otros dos peritos consideran que no se puede contratar a nadie sin procedimiento selectivo y que en la documentación analizada sobre Camero no hay nada que se parezca a una relación laboral, además de que no se puede contratar a nadie sin un procedimiento selectivo.

También sostienen las defensas que el trabajo de Camero era de asesor jurídico, que es lo que generó este procedimiento. En el caso Yate, Camero negó que fuera asesor jurídico de Yaiza y por tanto el cerebro jurídico de la trama de licencias ilegales a hoteles, anuladas por la Justicia en vía contencioso administrativa y también por la vía penal. Camero sostuvo que solo llevaba los pleitos al Ayuntamiento, pero cobraba todos los meses. Ahora las defensas lo califican como asesor jurídico.

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Los primeros testigos en declarar en esta jornada fueron dos abogados, citados por la defensa de Camero. Juan Calero y Rafael Domínguez Schwartz, junto a Manuel Fajardo, fueron asesores jurídicos del Ayuntamiento en materia civil y penal entre 1991 y 2003, aunque Fajardo lo dejó en 1994. Declararon que actuaban de manera independiente, cada uno cobraba 166.000 pesetas al mes y la cantidad nunca subió. Asistían a policías locales, inmatriculaciones o permutas de terrenos. Los pleitos se cobraban aparte, pero uno no facturó ninguno y el otro solo dos o tres en casi diez años.

Las defensas intentan equiparar estos casos al de Camero, pero la Fiscalía destacó que ellos no se subieron unilateralmente la mensualidad y no tenían la incompatibilidad, ya que no eran secretarios de otro ayuntamiento, entre otras cosas.

El servicio prestado estaba justificado, según Domínguez, porque había un boom urbanístico, conflictos con Club Lanzarote y 15 o 16 casos en instrucción, “un maremágnum impresionante”. Su contacto en el Ayuntamiento siempre era el secretario, Vicente Bartolomé Fuentes: “El secretario sabía con creces el trabajo que hacíamos nosotros”, declaró.


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NotaPublicado: Vie 17 Jun, 2022 4:14 pm 
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El ex secretario del Ayuntamiento de Yaiza, Vicente Bartolomé Fuentes, que acumula ya cuatro condenas por prevaricación urbanística, malversación y falsedad documental, ha declarado este jueves como acusado en el juicio por los pagos que autorizó a Felipe Fernández Camero, de quien ha defendido que aprendió “muchísimo”.

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En su declaración, Bartolomé Fuentes ha justificado el millón de euros que cobró Camero del Ayuntamiento, entre otras cosas, por el asesoramiento que le prestó a él. “Yo aprendí en aquella época muchísimo. Y le agradezco muchísimo al señor Fernández Camero y a los compañeros la formación que recibí”, ha señalado en el que es, al menos, su sexto juicio penal.

Precisamente por ese “asesoramiento” que prestaba tanto al secretario como al alcalde, José Francisco Reyes, Camero estuvo imputado en la pieza principal del caso Yate, como presunto cerebro e “inductor” de la conducta delictiva de ambos. Sin embargo, mientras Reyes y Bartolomé Fuentes fueron condenados y confesaron sus delitos en esa causa -por la concesión masiva de licencias ilegales en Playa Blanca-, los cargos contra Camero se terminaron archivando antes del juicio, al no encontrar pruebas de su “asesoramiento”.

Por eso se abrió entonces esta nueva pieza que ahora ha llegado a juicio, en la que los tres están acusados de malversación, por el dinero que cobró Fernández Camero del Consistorio. “Es rotundamente falso que se pueda decir que no realizara ningún servicio para el Ayuntamiento”, ha defendido este jueves el ex secretario-interventor.

“La recepción del objeto del contrato era a diario”, “podía ser a diario, podía ser cada dos días, podía ser una semana entera”; “el asesoramiento legal era descolgar el teléfono y llamar”; “si bajabas a Arrecife y encontrabas un hueco, ibas a preguntarle sobre tal o cual cuestión”, ha ido señalando. Con esto último, se refería a que llegaban a hacerle consultas en su despacho en el Ayuntamiento de Arrecife, donde entonces Camero ejercía como secretario. “Sin entorpecerle su labor profesional”, ha apostillado Bartolomé Fuentes.


Sobre la incompatibilidad de Camero para prestar servicios como asesor al Ayuntamiento de Yaiza, ha afirmado que lo desconocía, subrayando que el Consistorio nunca fue “notificado” del expediente que le abrió Función Pública, que le terminó apartando de su cargo en Arrecife, tal como publicó en su día toda la prensa local.

Además, ha insistido en justificar el dinero mensual que Camero cobraba de Yaiza, afirmando que el abogado le recibía incluso en su casa cuando tenía que “hablar” de alguna “cuestión”.

“Es imposible que yo me pueda concertar con una persona o con un grupo de personas desde una fecha determinada para realizar el expolio de un Ayuntamiento. Imposible. Es que no entra en mi cabeza ni en mi forma de ser. Lo niego rotundamente”, ha defendido este jueves Bartolomé Fuentes, que hace cinco años, en el caso Yate, reconoció no solo delitos de prevaricación urbanística, sino también de malversación y de falsedad documental.

En aquella causa, admitió por escrito haber actuado “con una negligencia culposa e inexcusable", al autorizar pagos a Reyes por dietas y viajes que nada tenían que ver con el ejercicio de su cargo de alcalde. Sin embargo, durante este juicio por los pagos a Camero, ha negado “con rotundidad” que él pudiera haber actuado por “ningún fin ilícito”.

Respecto a las decenas de reconocimientos de pago que firmó, sin más expediente que la propia factura de Camero y la orden de pago del alcalde, ha admitido que pudo haber errores. “Yo reconozco que me puedo equivocar. Reconozco que las cosas no se hayan podido hacer correctamente”, ha admitido mientras le iban exhibiendo esos documentos a petición del fiscal. Sin embargo, ha negado que hubiera una “connivencia” para el “expolio” de fondos públicos.

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“¿Se pagó dos veces?”, ha preguntado al ver uno de los documentos. “La falta de visto bueno del alcalde no quiere decir que el servicio no se haya prestado”, ha apostillado al mostrarle otro.

Respecto a la contratación de Camero, al igual que vienen haciendo las defensas desde el inicio del juicio, la ha achacado a un acuerdo plenario de 1980, bajo la Alcaldía de Honorio García Bravo. Además, también ha reiterado el argumento de que en esa época había otros tres letrados externos trabajando para el Consistorio.

En contra de lo que declararon el miércoles dos peritos oficiales, que hablaron de pagos ilegales a Camero, sin ningún expediente de contratación, Bartolomé Fuentes ha defendido que ese acuerdo plenario de 1980 -por el que se acordó un abono de 50.000 pesetas mensuales por labores de asesoramiento-, justificaba los servicios que se le siguieron adjudicando de forma directa bajo la Alcaldía de Reyes, con pagos de hasta 46 millones de pesetas (276.000 euros) en un solo mes, tanto en concepto de asesoramiento como de representación en supuestos pleitos.

“Con las correspondientes equivocaciones, yo honestamente creo que sí realicé la labor dentro de mi leal saber y entender”, ha defendido el ex secretario, que ha iniciado su declaración afirmando que la formación que recibió en su día “no es la que dan ahora en las escuelas”, y que además tuvo que asumir también el puesto de interventor, para el que ha subrayado que no tenía estudios específicos. “Me encontré con un secretario con muchos más conocimientos que yo”, ha insistido al hablar de lo que “aprendió” de Camero, desde que él se incorporó en 1981 al Ayuntamiento.

Además, para justificar las omisiones de documentos clave en los expedientes de pago, ha apelado a que en aquella época no había “mecanización”, que los registros y los libros “eran manuales” y que el procedimiento era “bastante rudimentario”.

“¿Cumplió su deber de fiscalización?”, le ha preguntado el fiscal. “Yo entiendo que sí, dentro de mis limitaciones”, ha respondido el ex secretario, que aún tiene otras causas penales pendientes, y en septiembre volverá a sentarse en el banquillo por la licencia de Costa Roja.

En la sesión de este jueves también ha declarado otro de los acusados, Antonio Fernández, que reemplazaba a Bartolomé Fuentes como secretario-interventor accidental durante sus vacaciones. “Solo tengo el graduado escolar”, ha comenzado subrayando a preguntas de su abogado, que es al único al que ha aceptado responder.

Según ha detallado él mismo, en esos periodos en los que sustituía al secretario firmó un total de 11 órdenes de pago a Camero. “Yo me limitaba a hacer lo que hacía el titular”, ha declarado. Y eso era “comprobar que había una factura”, emitida por Fernández Camero, “y las órdenes de pago firmadas por el alcalde”.

“¿Comprobaba que los servicios se habían prestado?”, le ha preguntado su letrado, a lo que ha vuelto a responder que él miraba la factura y la orden de pago. “Nadie me dijo que tenía que hacer otra cosa”.

No obstante, a continuación ha defendido que sí sabía que los servicios se habían prestado, porque le constaba que Camero asesoraba al Ayuntamiento y él mismo le realizaba alguna consulta.

En el caso de Fernández, también está acusado por un certificado que firmó años después, a petición de la entonces alcaldesa, Gladys Acuña. “Me dijo si yo podía reflejar los distintos asesoramientos que me había prestado el señor Camero, porque sabía que yo llevaba 30 años en el Ayuntamiento y podía tener más información que ella”.

Ese documento que después se remitió al Juzgado que instruía esta causa, lo firmó como secretario accidental, pese a que en ese momento no ejercía ese cargo. “Yo entendí que la alcaldesa me estaba nombrando secretario accidental para ese acto. Y la alcaldesa también firmó ese documento. Entendía que con su firma estaba ratificando el nombramiento”, ha defendido.


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El empresario Juan Francisco Rosa se ha desplazado a Gran Canaria y ha asistido este jueves como público a la tercera jornada del juicio contra Felipe Fernández Camero, con quien mantiene vínculos desde hace décadas.

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Fernández Camero, que ha sido abogado de Rosa durante años, está siendo juzgado por el dinero que cobró del Ayuntamiento de Yaiza bajo la Alcaldía de José Francisco Reyes. En ese periodo en el que Camero "asesoraba" al Ayuntamiento, Rosa recibió distintas licencias ilegales, que le permitieron construir entre otras cosas el hotel Princesa Yaiza, el Son Bou y el puerto deportivo Marina Rubicón, que siguen pendientes de la ejecución de sentencia.

En el caso Yate, Reyes confesó que otorgó esos y otros permisos a sabiendas de su ilegalidad, y también admitió el cobro de sobornos, aunque no dio nombres de los empresarios.

Tanto Rosa como Camero también estuvieron imputados en esa causa, el primero por el presunto pago de sobornos y el segundo como supuesto “inductor” de la conducta delictiva del alcalde. Sin embargo, los cargos se terminaron archivando por falta de pruebas que acreditaran su participación.

En el caso de Fernández Camero, no se encontró rastro de ese “asesoramiento” a Reyes, y precisamente por eso se abrió esta nueva pieza que ahora se está juzgado, acusándolo entonces de malversación, ya que en ese periodo cobró casi un millón de euros del Consistorio.

En este juicio, Camero se sienta en el banquillo junto a Reyes y al ex secretario, Vicente Bartolomé Fuentes, que también confesó y fue condenado en el caso Yate por la concesión de licencias ilegales a Rosa y otros empresarios. Este jueves, Juan Francisco Rosa ha querido estar presente en la vista contra ellos, sentándose entre el público.

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El empresario no acudió a las dos primeras sesiones celebradas el martes y miércoles en Arrecife, pero sí ha acudido a la de este jueves, que era la primera que se celebraba en Gran Canaria.

En esta jornada estaba previsto que declarara como acusado Camero, aunque finalmente no lo ha hecho, al alargarse la declaración de Bartolomé Fuentes.

Fernández Camero declarará así este viernes, cuando se dará por terminada la fase de prueba del juicio. Después, en una última sesión prevista para el 27 de junio, las defensas, la Fiscalía y la acusación popular presentarán sus conclusiones definitivas, y el juicio quedará visto para sentencia.


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El abogado Felipe Fernández Camero, que fue desimputado del caso Yate al no poder probarse su “asesoramiento” urbanístico al entonces alcalde, José Francisco Reyes, ha defendido este viernes que prestaba una “atención constante” como asesor al Ayuntamiento de Yaiza, y en particular como “especialista en derecho urbanístico”.

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Así ha intentado defenderse del delito de malversación por el que acabó acusado, y por el que está siendo juzgado ahora. “Era una atención constante la que yo tenía que prestarles. La Oficina Técnica estaba constituida por un jefe y luego dos o tres aparejadores, y tenían multitud de problemas, urbanísticos sobre todo, y no los manejaban con soltura”, ha declarado durante el juicio, defendiendo así los pagos que recibió del Consistorio, que ascendieron a casi un millón de euros.

El jefe de la Oficina Técnica terminó condenado por prevaricación urbanística, al igual que el propio Reyes y el secretario interventor, Vicente Bartolomé Fuentes. Estos dos últimos -acusados ahora junto a Camero en esta pieza separada del caso Yate-, confesaron en el juicio principal que otorgaron decenas de licencias a sabiendas de su ilegalidad (y a cambio de sobornos en el caso de Reyes).

Respecto a su “contratación” por parte del Ayuntamiento, Camero se ha remitido a un acuerdo plenario de 1980, al igual que han venido haciendo las defensas durante todo el juicio, aunque los hechos que se juzgan arrancan en 1996, cuando comenzó la Alcaldía de Reyes.

“Ese acuerdo forma parte de este procedimiento. Si no existe ese acuerdo, no tengo nombramiento”, “me dejan en indefensión total, porque no tengo nada que ampare mi presencia en el Ayuntamiento de Yaiza” ha añadido, reconociendo que no hay ningún documento posterior que justifique ni el dinero mensual que recibía del Consistorio en concepto de supuesto asesoramiento, ni tampoco de las adjudicaciones de los pleitos que facturó al Consistorio.


El acuerdo de hace más de 40 años en el que se ampara para “justificar” todos esos cobros -y que según los peritos no tiene validez legal ninguna-, establecía que recibiría 300 euros (50.000 pesetas de entonces) al mes por labores de asesoramiento. Sin embargo, bajo la Alcaldía de Reyes llegó a cobrar más de 2.000 euros fijos mensuales, a lo que se sumaron otros 700.000 euros por la representación en supuestos pleitos, muchos de ellos sin documentar, según la instrucción de la causa.

“No sé la cantidad, no llevo la contabilidad. Pero sí, ganaba dinero. Era abogado y me pagaban otros clientes también”, ha respondido Camero a preguntas del fiscal, cuando le ha preguntado por el dinero que facturó, mientras era también secretario del Ayuntamiento de Arrecife. “No me he puesto a hacer las cuentas nunca. Lo que sí puedo atestiguar es que todo lo que me pagaron fue fruto de mis servicios. Intensos”, ha añadido.

Respecto a lo que se disparó el precio establecido en ese acuerdo plenario al que se aferra -que en todo el mandato de Reyes hubiera supuesto unos 40.000 euros, cuando cobró casi un millón-, lo ha achacado “al IPC”. “Como usted bien entenderá, las retribuciones van subiendo”, ha contestado al fiscal, sin aclarar cómo se aprobaban esas subidas.

“Se hacían por el Ayuntamiento”, ha terminado respondiendo, aunque no hay ningún documento en el que conste cómo se aprobaban los precios. De hecho, ni siquiera hay presupuestos previos de las facturas que se le abonaron por la representación en pleitos, ni decretos de adjudicación, ni propuesta de gasto.

“Tiene que haber. Si no, no se puede pagar. Nadie hace un pago en un ayuntamiento porque se dice simplemente: Voy a pagar”; “como comprenderá, yo no me puedo fijar el sueldo y que luego otro lo pague. Eso no es viable”, ha sostenido. Sin embargo, eso es exactamente lo que consideran que ocurrió los dos peritos oficiales que han declarado en el juicio - uno funcionario de Intervención General del Estado y otro de la Audiencia de Canarias de Canarias-, que fueron rotundos al afirmar que “se prescindió total y absolutamente del procedimiento legal establecido”.

“Si no consta (la aprobación previa del gasto) será porque no se las han mandado o se han extraviado. Eso no lo sé”, ha añadido al preguntarle por otras irregularidades. Y en todos los casos, ha insistido en que él, justo en este tema, no asesoraba al secretario-interventor ni al alcalde.

“Si al documento le faltaba una coma o le faltaba algo, yo, lamento tener que volvérselo a repetir, no lo sé, porque yo no intervenía”; “en temas de contabilidad, mi intervención era, si no nula, bastante reducida”; “era la única cosa, la única materia, con la que yo tenía una relación muy poco estrecha. Los que estaban ahí sabían lo que tenían que hacer”, ha ido respondiendo.

“¿Se documentó de alguna forma por parte del Ayuntamiento la prestación de esos servicios de asesoramiento?”, le ha preguntado el fiscal. “Los míos no se contabilizaban, como tampoco los del secretario, el portero de la entrada o la auxiliar administrativo”, ha respondido Camero, comparando a un asesor externo que cobra por unos determinados servicios, con un trabajador municipal.

“Cuando un concejal me pide información, cuando el jefe de la Oficina Técnica me pide información, son cosas verbales, no puede constar documentalmente”, ha defendido. No obstante, ha asegurado que también emitió “informes” escritos y, sobre todo, “muchas notas”, aunque no se encontró rastro de ellos durante la instrucción.

“Los informes que emití, tienen que estar en el Ayuntamiento de Yaiza. No sé si ha pasado algo con la documentación que se haya remitido, pero desde luego eso no es culpa mía”, ha alegado.

“Me extraña muchísimo”, ha llegado a señalar en un momento de su declaración, cuando el fiscal le iba señalando nuevas irregularidades en los expedientes de pago. “Pero vamos, yo no lo creo. Conozco a las dos personas que usted ha mencionado, sé cómo son, y no son gente tramposa, en absoluto”, ha afirmado en referencia a los coacusados.

“Los conozco y sé que lo hacían, porque eran pulcros”, “me extrañaría mucho que el alcalde hiciera algo sin el aval del funcionario que tenía que dárselo”, ha añadido en otros momentos, al hablar de dos personas que se sientan con él en el banquillo, y que acumulan entre ambos más de 10 condenas, que les llevaron a prisión y les han inhabilitado durante décadas.

Entre los documentos que ha mencionado el fiscal, hay “recibís” firmados por Camero al cobrar una factura, con fecha anterior a la aprobación del gasto por parte del alcalde. “No me consta. Pero no tengo ni he tenido nunca ninguna conciencia de irregularidades sustantivas. De algo que realmente podamos decir esto qué raro es. Ni creo que ninguno de ellos lo hiciera. Es que los conozco”, ha reiterado, defendiendo de nuevo la honradez de Reyes y Bartolomé Fuentes, que solo en el caso Yate, confesaron delitos de prevaricación urbanística, malversación y falsedad documental.

“Había un mal estado del archivo. Un poco desastre en el archivo. No sé si será por esa causa”, ha apuntado mientras le seguían preguntando por incumplimientos de los trámites legales.

En cuanto a la falta de sello en muchas de las facturas, que no constaban registradas, también ha dicho que lo desconocía. Al respecto, su explicación ha sido que era los sábados cuando acudía a trabajar al Ayuntamiento de Yaiza –“porque los sábados no se trabajaba en Arrecife”- y “si tenía alguna minuta que entregar la entregaba”.

Además, ha defendido incluso que llegara a cargar dietas y taxis al Consistorio de Yaiza, como sostiene la acusación. Al respecto, solo ha reconocido que “le consta” un caso, y lo ha justificado porque tuvo que ir a “una negociación” a Madrid, dentro de un procedimiento judicial que estaba llevando. “Me parecía que no tenía que ser algo que pagara yo”.

En los últimos años, Felipe Fernández Camero dejó de emitir facturas a su nombre y empezó a cargarlas a través de la sociedad Adelfas 24, que no tenía contrato alguno con el Ayuntamiento y ni siquiera aparecía en ese acuerdo plenario de 1980.

“El trabajo, todo el trabajo, lo hizo Felipe Fernández Camero. Con Adelfas y sin Adelfas. Todo lo hacía yo, antes y después. Adelfas no ha prestado ningún servicio al Ayuntamiento de Yaiza”, ha respondido Camero para justificarlo.


Según su declaración, Adelfas 24 es “una sociedad instrumental” que compartía al 50% con su mujer, y que “lo único que hace es facturar”. “No vende nada ni se ocupa de ninguna función”, ha añadido. Al respecto, el fiscal le ha preguntado por el objeto social de la empresa, en el que aparecen entre otros “actividades inmobiliarias” y de “construcción”.

“No lo recuerdo. Se constituyó hace muchísimos años. Y no me ocupo prácticamente… y sin prácticamente: no me ocupo de ella”, ha respondido.


Durante su declaración, el fiscal también le ha preguntado por la sanción que le impuso Función Pública, por una falta grave y otra muy grave como secretario del Ayuntamiento de Arrecife, por ejercer cargos incompatibles con ese puesto. E incluso en este caso, el abogado lo ha negado.

“Esa sanción era total y absolutamente ilegal”, ha comenzado señalando, pese a que en su día fueron rechazados todos sus recursos y se trata de una sanción firme.

Después, ha llegado a decir que la sanción “no existe”, porque “nunca se ejecutó”. Cabe recordar que antes de que se aplicara la sanción, que implicaba apartarle de su cargo, lo que hizo Camero fue acogerse a una excedencia, y nunca ha vuelto a ser funcionario de una administración pública.


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Traducción al español por Huan Manwë para phpbb-es.com