FORO SOBRE LANZAROTE

Moción del grupo de gobierno de Yaiza:
http://www.diariodelanzarote.com/docume ... egales.pdf

Carta de Manuela Armas Presidenta del Cabildo de Lanzarote:

Como presidenta del Cabildo de Lanzarote y ante la moción que se ha pretendido llevar a la consideración del Pleno de Yaiza, respondiendo a los apremios del Gobierno de Canarias para la inclusión en la Ley de Medidas Urgentes de las medidas que permitan la legalización, por la vía de los hechos consumados, de las instalaciones alojativas cuyas licencias han sido anuladas por los Tribunales, hago las siguientes consideraciones:

a) La moción, ya desde sus antecedentes, resultaba arbitraria y engañosa al tratar conjuntamente a todos los complejos con licencia anulada por la Justicia , sin analizar ni explicar la situación de cada uno en particular y los motivos que, en cada caso, impidan que se inicie el expediente de legalización que está obligado a poner en marcha el Ayuntamiento, por orden del Tribunal que ha anulado las licencias. Además, el texto de la moción “mezcla” deliberadamente supuestos que no tienen nada que ver, “olvidando” que de la treintena de licencias urbanísticas “relativas” a establecimientos turísticos “afectados” por procedimientos judiciales, no todas se refieren a complejos turísticos terminados o en funcionamiento, porque una tercera parte de las sentencias declaran ilegales proyectos de obras cuya construcción no se ha iniciado, precisamente por el éxito de los recursos presentados contra esas licencias; o bien, han declarado ilegales proyectos de obras que no se pudieron terminar porque las obras fueron suspendidas por los Tribunales.

¿Qué es lo que se pretendía entonces con la moción?

¿Facilitar únicamente la legalización de los establecimientos turísticos en funcionamiento, cuyas licencias han sido declaradas ilegales por la Justicia ? Y dentro de estos casos, ¿se tratarían todos por igual, haciendo abstracción de los incumplimientos de cada uno?

¿O también se pretende facilitar que se terminen otros cinco hoteles, cuyas obras fueron suspendidas cuando, en su mayoría, estaban en su fase inicial?

¿También se pretende que se introduzcan medidas “legales” para permitir que se puedan construir hoteles que no se pudieron iniciar por los recursos contra las licencias?

Sin aclarar con la debida precisión todas estas cuestiones previas, no parece que pueda seguirse planteando absolutamente nada al respecto sin incurrir en arbitrariedad, porque estamos en un Estado de Derecho y se trata de asuntos sobre los que han recaído sentencias judiciales firmes declarando la ilegalidad de las licencias.

b) Como supuesta “motivación” de la moción finalmente retirada, se aduce, en abstracto, las “graves repercusiones sociales, económicas y de imagen exterior de la isla derivadas de la situación de «irregularidad» en la que actualmente se encuentran los referidos establecimientos”.

Esos establecimientos no están en situación “irregular” sino en situación “ilegal” porque los Tribunales de Justicia han declarado sus licencias “ilegales” y no “irregulares”. Lógicamente, lo primero que tiene que tener un complejo turístico para estar abierto al público es una “licencia de obras” y en todos estos casos esos hoteles ya no tienen licencia de obras, porque ha sido anulada en firme por la Justicia. Por tanto, estamos ante establecimientos turísticos “ilegales” y no “irregulares” y el tratamiento que debe darse a las construcciones cuyas licencias hayan sido anuladas por la Justicia viene perfectamente establecido en la legislación urbanística desde hace muchos años. No pueden admitirse excepciones gratuitas e injustificadas.

c) El texto en cuestión también dice que el Plan Insular no está adaptado a la Ley del Territorio ni a las Directrices, como si se quisiera dar a entender que eso impide o dificulta la eventual legalización de esos complejos turísticos. Esta afirmación es radicalmente incierta porque la totalidad de las licencias que han sido anuladas son anteriores a las Directrices de Ordenación General y a las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias, aprobadas por la Ley 19/2003, de 14 de abril, e incluso al Texto Refundido aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo. Por tanto, estas normas no podían ser aplicables a esos casos ni al Plan Insular (porque cuando se concedieron esas licencias no existían). Además, la realidad es justo la contraria porque tanto las Directrices como la Ley de Ordenación del Territorio son mucho más rigurosas con los nuevos desarrollos turísticos que el Plan Insular, introducen mayores limitaciones a los usos turísticos y establecen mayores parámetros de calidad.

d) La referencia que se hace a la Disposición Transitoria Séptima de la Ley de Directrices no puede ser más desafortunada. Esa disposición ni siquiera está en vigor y solo aludía a la oferta hotelera y no a la extrahotelera, ya que se incluyó en la Ley para que “excepcionalmente” y sólo “durante el primer año de vigencia de la presente Ley” -plazo que finalizó hace más de cuatro años-, se pudieran conceder autorizaciones turísticas y licencias de obras a “aquellas instalaciones hoteleras que dentro de la categoría mínima de cuatro estrellas se pruebe fehacientemente encontrarse en funcionamiento incumpliendo algún requisito de legalidad al 15 de enero de 2001, o haber funcionado con anterioridad a esa fecha ininterrumpidamente por más de diez años”. Pero dicha disposición finaliza exigiendo que en esos casos podría otorgarse la autorización, “siempre que se cumplan los estándares mínimos previstos en el artículo 35 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, y se adecuen al resto de la normativa aplicable”, entre la que se encuentra, como principal norma que desarrolla y concreta en cada isla la ordenación turística, en nuestro caso, el Plan Insular de Ordenación de Lanzarote. Es decir, que dicha disposición tenía por objeto únicamente la regularización de algún aspecto administrativo o turístico del establecimiento hotelero de 4 estrellas, no era aplicable a la oferta extrahotelera, su operatividad se restringió al primer año desde la entrada en vigor de la Ley y sólo era posible si se cumplían los estándares de calidad y “el resto de la normativa aplicable”.

e) Y en cuanto a la referencia que se hace a la Disposición Final Primera de la Ley de Directrices, resulta todavía más absurda porque dicha norma dispuso que el Gobierno habría de presentar un proyecto de ley, no sólo “para la regularización, en su caso, de la oferta de alojamiento turístico irregular”, sino también y paralelamente “para el reforzamiento de las medidas de disuasión, inspección, sanción y eliminación de la oferta ilegal”. Y en el caso de los hoteles y apartamentos cuyas licencias han sido declaradas ilegales por la Justicia , es evidente que esa Disposición Final de la Ley de Directrices obliga al Gobierno al establecimiento de medidas para la “sanción y eliminación de la oferta ilegal”, que es la situación en que se encuentran todos esos establecimientos turísticos que están abiertos al público sin licencia (porque los Tribunales han declarado que se construyeron con licencias ilegales) y que, en varios casos, incluso tienen expresamente denegada la autorización de apertura turística por el propio Cabildo.

Por tanto, no estamos ante una oferta alojativa “irregular” sino ante una oferta que fue construida ilegalmente porque así lo han declarado los Tribunales al declarar la nulidad de las licencias de obras que les concedieron los ayuntamientos por no ser compatibles con el PIOT.

f) El texto del “acuerdo” de la moción también resulta censurable porque es un cheque en blanco que se da al Gobierno de Canarias para que busque la manera de quebrantar el principio de igualdad y de legalidad, introduciendo en la ley una serie de medidas de gracia para evitar que a los establecimientos que fueron construidos con licencias ilegales, anuladas en firme por la Justicia , se les aplique la Ley.

Y eso, además, se hacía a propuesta nada menos que del Ayuntamiento de Yaiza, la Corporación que más licencias ilegales concedió, eludiendo el Plan Insular y la legalidad urbanística de forma sistemática. Por tanto, no se puede entender en modo alguno que solicite el “apoyo” de los demás ayuntamientos y del propio Cabildo a semejante disparate, en aras a “consagrar” la “legalidad”, o mejor, la “impunidad” de las mayores ilegalidades urbanísticas que se han cometido en la historia de nuestra isla.

El planteamiento del Ayuntamiento de Yaiza era tan disparatado que incluso podría pensarse que quienes votaran a favor, podrían estar incurriendo en prevaricación porque lo que se pretendía era, una vez declaradas ilegales más de 20 licencias concedidas por ese ayuntamiento, que no se ejecutaran las sentencias y se consagrara la ilegalidad cometida.

g) Por último, desde el punto de vista del Cabildo, es evidente que dicha moción de ningún modo podría ser admitida en la primera Corporación porque:

1.- El Cabildo no puede admitir, ni mucho menos pedir al Gobierno, que se regularicen por Ley hoteles que tienen informe negativo del PIOT porque incumplen la principal norma territorial de la isla. Ello no sólo sería ilegal e iría contra las normas insulares sino que podría suponer delito de prevaricación

2.- El Cabildo no puede ir contra sus propios actos, recurriendo licencias que incumplen el PIOT y, una vez que han sido anuladas por los Tribunales, solicitar que se regularicen los establecimientos que se hicieron con licencias ilegales, sin más.

3.- Los hoteles y apartamentos que tienen sus licencias anuladas por la Justicia no pueden ser tratados conjuntamente porque se trata de casos totalmente distintos unos de otros; con licencias concedidas en fechas distintas, en distintos planes parciales y con diferentes incumplimientos. Meter todo en el mismo paquete es una arbitrariedad que sólo beneficia al infractor y perjudica gravemente los intereses insulares.

4.- Cualquier iniciativa dirigida a adoptar cualquier medida sobre los hoteles cuyas licencias han sido declaradas ilegales requiere un análisis singular y riguroso de cada caso, para que sepamos en qué situación se encuentra cada uno. De lo contrario las iniciativas que, como esa moción, se presenten, siempre serían arbitrarias e improcedentes porque ni siquiera consta mínimamente la situación de los complejos a que se refiere.

En esta línea, a través del análisis de la situación de esos complejos, trabaja el Cabildo en la actualidad, una tarea que culminará en este mismo mes de septiembre. Esta información podrá entonces ser hecha pública, para que todos sepamos qué es lo que incumple cada complejo y en qué situación están los planes parciales en que se edificaron los hoteles.

5.- Conviene no olvidar que todos los hoteles cuyas licencias han sido anuladas por los Tribunales tienen Sentencias firmes, cuyo cumplimiento y salvaguarda está encomendada a los magistrados que las dictaron. Y que el cumplimiento de esas sentencias no es algo facultativo sino obligatorio, sometido a un plazo determinado en el que los ayuntamientos deben iniciar los expedientes de legalización. Pero no para legalizarlos sin más sino para ver si actualmente cumplen con la legalidad aplicable, otorgándose nueva licencia si así fuera u ordenándose su demolición en caso contrario, como así declara reiteradamente la Justicia en sus numerosas sentencias.

Y, desde luego, si para poder legalizar cualquiera de esos establecimientos fuera preciso introducir cambios en la ordenación insular, es evidente que eso se podría acometer únicamente si el interés insular se viera suficientemente retribuido por las compensaciones que hiciera el titular del establecimiento incompatible con la ordenación territorial, pues de otro modo no tendría ningún sentido.

Como presidenta del Cabildo de Lanzarote me resulta totalmente imposible sumarme a peticiones como la que planteaba inicialmente el Ayuntamiento de Yaiza, en los términos en que venía formulada. He de resistirme a las prisas injustificadas e injustificables del Gobierno de Canarias, que aparece ahora, en la recta final de los procesos, tras haber sido el gran ausente cuando esta isla luchaba en solitario en defensa de una legalidad de la que el Gobierno de Canarias debía ser el mayor garante.

Ni yo como presidenta ni el Partido Socialista que me respalda, estamos en contra de actuar con mesura y sentido de la responsabilidad. Pero, precisamente por eso, por la mesura y la responsabilidad, ni son los tiempos ni son las formas.

Los equipos técnicos y jurídicos del Cabildo están ultimando un exhaustivo informe sobre cada uno de los incumplimientos de las licencias anuladas. Me comprometo, una vez más, a que tan pronto se finalice esta documentación, los ayuntamientos, estén o no afectados, los partidos del gobierno y la oposición, y los órganos de participación y representación de la sociedad insular, tendrán cumplida información sobre cada una de las licencias anuladas.

Ese será el momento de hablar y de pactar líneas de actuación. Entonces, sería una lección de responsabilidad que los ayuntamientos aprueben mociones pidiendo al Gobierno de Canarias que se sume a las mesas de trabajo y que respalde al Cabildo en sus propuestas.

En esos tiempos y con esas formas, el Ayuntamiento de Yaiza tendrá en mí a una fiel y leal aliada en la defensa del interés general.

Las urgencias de Paulino Rivero
Leticia Padilla

Como cada día, el lunes pasado me levanto, preparo el desayuno y me siento a leer las noticias, antes de llevar a la niña al cole.

“Más de 400.000 personas viven en Canarias por debajo del umbral de la pobreza”. Éste era el titular que abría la mayoría de medios digitales.
Enseguida me vienen en mente unas fotos que me enseñó un amigo hace poco, en las cuales se podía ver a un indigente cogiendo comida de la basura detrás del Hiperdino de la calle Real. Cada día nos encontramos con casos de gente que lo ha perdido todo. Personas a las que no le queda otra que coger desechos para sobrevivir. ¿Demagogia? Llámenlo como quieran, pero el calificativo que pongan al mensajero no hace el mensaje menos real.

Como una ilusa, creí que estos datos tan rotundos y tan en primera página por fin iban a despertar a nuestro “queridísimo” Presidente del Gobierno, Paulino Rivero, y que tomaría medidas para evitar la pobreza grave y severa que vive mucha gente en Canarias. O por lo menos que haría como si las fuera a tomar.
Mi sorpresa fue cuando comprobé que a lo largo del día la noticia desaparecía poco a poco de las portadas y era reemplazada por otros titulares. Estos titulares venían a contarnos que el señor Presidente de Canarias poco menos que exigía la resolución de medidas urgentes para regularizar los hoteles ilegales de Lanzarote. “Está en juego la imagen de Canarias”, fueron sus palabras textuales.

A la vista está que hay prisa, urge dar solución a este tema, ¿será que nuestros grandes empresarios lo están presionando? Que cada cual piense lo que quiera.

Según parece es impensable que se sigan publicando en la prensa española reportajes sobre la situación irregular de “nuestros” hoteles. Eso es lo verdaderamente urgente para este hombre, lo demás puede esperar. Y yo me quedo asombrada. ¿Cuál fue su respuesta a los datos ofrecidos por la Obra Social de la Caixa sobre el índice de pobreza en Canarias? Lo cierto es que a nuestro Presidente le da más vergüenza la irregularidad de “sus” hoteles que la pobreza en las calles. Al menos esto es lo que se deduce de sus actitudes y de sus palabras.

La noticia de la que les hablaba estuvo el lunes en portada y desapareció, pero hoy jueves algunos diarios digitales vuelven a hablar de lo imprescindible que es para nuestro Gobierno acojerse a la Ley de Medidas Urgentes para solucionar la situación de los hoteles. No se nos vayan a ver las vergüenzas.

Iré de moralmente superior y lo que ustedes quieran, pero a mí sí que me dan vergüenza estos personajes, con sus corbatas y sus coches de lujo. Nos manifestamos tres veces, recogimos firmas y denunciamos públicamente la situación de oligopolio en la isla de todas las maneras posibles. Pero les dió igual. Quedó muy bien en la foto que se sacó con las asociaciones que le pedían soluciones, pero todo eso fue viento. Al señor Paulino le importa mucho la imagen que Canarias pueda ofrecer al mundo, pero le preocupan bien poco las inquietudes y necesidades de quienes habitamos estas islas. Por eso a los pobres hay que esconderlos y los hoteles ilegales hay que camuflarlos. Y cuando digo pobres, no hablo sólo de los indigentes en la calle, hablo también de todas esas familias que se las ven y se las desean para poder llegar a fin de mes. Algunas de estas familias le votaron a él, a su partido, con la esperanza de que sus buenas palabras sobre lo mucho que se preocupaba por el bienestar de los canarios fueran ciertas. ¿Dónde están las medidas urgentes para modificar la Ley de Comercio? ¿Por qué todavía no se ha liberado suelo para implantar otras grandes superficies? Cuánto tiempo más tendremos que esperar?

Eso sí, a los miembros del Gobierno de Canarias no les faltan sus coches oficiales con sus guardaespaldas, o la super Policía Autonómica que nos está costando una fortuna. En mi opinión este señor y su Gobierno están viviendo fuera de la realidad, y pienso que ya va siendo hora de que se pongan las pilas. A mí me da igual la situación de los hoteles o su policía. Lo que a mí me quita el sueño es pedir una cita al médico y que me la dan un mes después o ir a la compra y no poder permitirme más que lo mínimo para poder vivir, porque los sueldos no dan para más. Educación, sanidad, comida, empleo..., son temas en los que sí está justificado recurrir a esa Ley de Medidas Urgentes. Pero no legalizar hoteles. Que los legalicen si quieren, ya sabemos que al final harán lo que les dé la gana porque la ley según parece no funciona para todos igual, pero al menos que no nos insulten de ese modo, hablándonos de urgencias cuando hay tanta gente pasándolo mal. Las urgencias para las cosas urgentes, señor Rivero.

Según cronicasdelanzarote.es:

El grupo de Gobierno de Ayuntamiento de Yaiza, integrado por el Partido de Independientes de Lanzarote y Coalición Canaria, quiere hacer público su profundo malestar tras conocer las últimas declaraciones efectuadas por la presidenta del Cabildo de Lanzarote, al respecto de las hipotéticas consecuencias que se derivarían de la aprobación, en la última sesión del Pleno, de una moción respecto al apoyo de la Corporación, a la inclusión en la Ley de Medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo, de las disposiciones que permitan la regularización de los establecimientos hoteleros y extrahoteleros.

“Me siento absolutamente engañada y profundamente decepcionada en el ámbito personal” ha manifestado la alcaldesa sureña. “Hablé con la Presidenta del Cabildo de Lanzarote alrededor de las 15,30 horas del pasado jueves - día del Pleno - para transmitirle nuestra intención de retirar esta moción del Orden del Día hasta tanto en cuanto no se alcanzase el consenso pactado entre todas las Instituciones Públicas de la Isla. Si ella tenía conocimiento de este hecho, ¿por qué luego, teniendo conocimiento de la retirada de la moción, envía un escrito a los medios de comunicación en el que, incluso, nos llega a amenazar de cometer un delito de prevaricación si la hubiésemos aprobado en el Pleno? Si sabía que habíamos retirado esta moción para seguir trabajando y profundizando en ella, ¿con qué objeto hace público ese documento? Yo creo que hubiese bastado con volver a reunirnos, cara a cara, y seguir renegociando el contenido de la moción” zanja.

Lo que sí aseguran tanto la alcaldesa de Yaiza, Gladys Acuña, como el Teniente de Alcalde, Leonardo Rodríguez, es que el grupo de Gobierno “seguirá actuando de la manera que mejor entienda para hallar una solución a un problema que afecta, seriamente, a los ciudadanos del municipio de Yaiza. Una solución que pasa, para el grupo de Gobierno sureño, por “legalizar, única y exclusivamente, aquellos establecimientos que sean legalizables. Lo que no podemos, ni queremos, permitir, por el bien de los vecinos de Yaiza” señalan, “es que esta situación se eternice en el tiempo por el riesgo que corre la Institución municipal ante posibles indemnizaciones que puedan suponer su desaparición”.

La alcaldesa del Ayuntamiento sureño, como cabeza visible del grupo de Gobierno espera, en este punto, que las buenas relaciones vividas en los últimos meses con el Cabildo de Lanzarote no se deterioren a raíz de este último “y lamentable” episodio. “Desde que hace siete meses empezamos a trabajar como grupo de Gobierno, nuestro esfuerzo ha ido encaminado a buscar una solución legal, real y práctica a este problema, siempre desde la colaboración y el respeto mutuo entre ambas Instituciones. Hemos trabajado de la mano del Cabildo de Lanzarote y nuestra voluntad es la de seguir haciéndolo. Nuestro objetivo, en cualquier caso, es ofrecer una medida para un problema que afecta, no lo olvidemos, a alrededor de 6000 trabajadores de la isla”.

Según diariodelanzarote.com:

Ante el anuncio de la Consejería del Política Territorial del Gobierno de Canarias de impulsar la aprobación de la conocida como Ley de Medidas Urgentes en la que podrían incluirse disposiciones para legalizar los hoteles y apartamentos declarados ilegales por los tribunales, la Fundación ha saltado a la palestra para dejar claro que está dispuesta a llegar a los tribunales de Justicia.

“A día de hoy, las sentencias emitidas por los tribunales que anulan las licencias han venido a demostrar que los pleitos interpuestos por la FCM y el Cabildo de Lanzarote acertaron al denunciar una operación masiva y sistemática de fraude en la concesión de licencias turísticas y residenciales en Yaiza y Teguise”, ha recordado la entidad en un comunicado.

Hasta el momento, la FCM ha interpuesto 23 recursos contencioso-administrativos, de los cuales 14 han obtenido sentencia firme favorable, anulando 6.000 camas. Del resto de recursos, se cuenta ya con un fallo en primera instancia sobre el Plan Parcial Playa Blanca, que anuló otras 4.500 camas.

“Un escenario que, como es lógico, está creando una inestabilidad política, social y económica poco deseable que, sin duda, es necesario solventar en el marco de la ley y depurándose las responsabilidades que se deriven de la gravísima situación urbanística que se ha generado”, ha añadido la Fundación presidida por José Juan Ramírez.

En este contexto, la FCM ha interpretado que el Gobierno de Canarias, a través del consejero de Política Territorial, Domingo Berriel, “ha participado por primera vez” en el litigio sobre las licencias ilegales de Lanzarote para anunciar la voluntad de impulsar la aprobación de una Ley de Medidas Urgentes que podría incorporar una auténtica ley de amnistía o de punto final”.

En opinión de la entidad, “con dos objetivos fundamentales”: por un lado, desactivar mecanismos de contención del crecimiento turístico, eliminando regulaciones y facilitando la ocupación de nuevo territorio” y, por otro, plantear “una ley de amnistía o punto final que servirá, en el caso de los hoteles y apartamentos de Lanzarote con licencias anuladas”, para contradecir “decisiones firmes de los tribunales”.


Para la Fundación , la Ley de Medidas Urgentes supondría “un cambio radical de rumbo en cuanto al modelo turístico y conllevaría un retroceso en la política de protección del territorio y contención del crecimiento turístico”.

En el caso de Lanzarote y de los proyectos turísticos anulados, una Ley que permita su legalización “implicaría legislar en función de los intereses particulares de grupos de presión económica y distanciarse de cuestiones de interés general”.

Según su criterio, “la santificación ahora de las irregularidades representa, a juicio de la FCM , un agravio o un trato de favor respecto de los que sí se ajustaron a la legalidad” e incentiva “la propagación en el futuro de conductas similares”.

En opinión de la FCM, Lanzarote ha asistido a “una operación masiva de ilegalidades urbanístico-turísticas, que el Gobierno de Canarias vendrá ahora a bendecir”. ¿La conclusión? “Que el Gobierno legitima la impunidad”.

Para la Fundación es grave que para “las ilegalidades confirmadas por los tribunales”, el Gobierno no quiere afrontar “ninguna medida de carácter punitivo o de compensación a la sociedad por el daño hecho”, sino una legalización ‘gratis'.

La FCM ha recordado este jueves su “dilatada trayectoria” en su apuesta “por un modelo de desarrollo turístico basado en criterios de sostenibilidad, singularidad y respeto al medio ambiente defendidos por César Manrique”.

Ha destacado su apoyo a la moratoria turística del año 2000 con movilizaciones y campañas desde finales de los 90 y también ha destacado su defensa del planeamiento insular a través de recursos ante la Justicia.

Comunicado íntegro de la FCM:
http://www.diariodelanzarote.com/docume ... egales.pdf

Según diariodelanzarote.com:

El consejero regional de Ordenación Territorial, Domingo Berriel, ha anunciado la renuncia del Gobierno de Canarias a incluir en la Ley de Medidas Urgentes disposiciones que facilitasen la legalización de los 25 hoteles con licencia anulada por los tribunales de justicia.



Berriel ha declarado a la Cadena Ser que el Ejecutivo “ha prescindido de regular esta cuestión” ante la falta de consenso con las instituciones lanzaroteñas, especialmente con el Cabildo insular, que ha sido, junto a la Fundación César Manrique, el que ha interpuesto una treintena de recursos judiciales contra licencias urbanísticas en Yaiza y Teguise.

El consejero de Ordenación Territorial ha dejado claro que para introducir en el proyecto de ley los instrumentos necesarios para la legalización de los hoteles con licencia anulada, los establecimientos no podían ser “contrarios al planeamiento urbanístico” y “tenía que haber un consenso que no se ha producido”. En ese sentido, ha apuntado que “no ha habido una respuesta acorde” de las instituciones lanzaroteñas.

Mientras que los ayuntamientos de Yaiza y Teguise, que son los que han concedido las licencias anuladas por los tribunales, apostaban por la legalización a través de la Ley de Medidas Urgentes, el Cabildo de Lanzarote, que ha interpuesto los pleitos judiciales, pretende que cada caso se estudie de manera individualizada analizando las posibles compensaciones al interés general para la legalización.

Aunque Domingo Berriel ha tirado la toalla por el momento, también ha sugerido que “el posicionamiento del Parlamento” de Canarias, que es el que debe aprobar la Ley de Medidas Urgentes, puede variar. Para ello se tendrían que introducir enmiendas por parte de los grupos políticos.

Donde peor ha sentado el anuncio del Gobierno de Canarias ha sido en los ayuntamientos de Yaiza y Teguise. El alcalde de La Villa , José Dimas Martín, ha manifestado: “No nos quedamos con las vergüenzas, sino con el culo al aire luchando, con una tristeza enorme”.

Martín indicó que el consejero de Ordenación Territorial pidió un “consenso” al que “muchos”, dijo, “han optado por no sumarse”. El alcalde ha recibido “con pena” la postura de Berrel, del que opinó que pensaba que tenía una “línea más valiente”.

De hecho, el primer edil de Teguise ha declarado que “tampoco hace falta consenso para tomar una decisión por el bien general de Lanzarote”. “Otras veces el Gobierno de Canarias no ha pedido consenso y ha actuado en la Isla ”, recalcó.

También la alcaldesa de Yaiza, Gladys Acuña, ha destacado que el Gobierno de Canarias “tiene la responsabilidad de responder a cualquier problema que afecte a Canarias, y Teguise y Yaiza son de Canarias”, apostilló.

Por su parte, la presidenta del Cabildo, Manuela Armas, ha mostrado, en declaraciones a la Cadena Ser, su “alegría” por la decisión del Gobierno de Canarias y ha afirmado que, con este paso atrás, el consejero Domingo Berriel “demuestra un poco más de cordura”, criticando del responsable de Ordenación Territorial haber dicho “cosas impropias” en el pasado sobre la situación de los hoteles ilegales y las posibilidades con respecto a su legalización.

El Cabildo hace meses que lleva anunciando un estudio pormenorizado sobre los incumplimientos con la ley de los hoteles a los que se les ha anulado la licencia urbanística. Con este dossier en la mano, “podrán alumbrarse soluciones”, ha apuntado el portavoz del grupo socialista en el Cabildo, Carlos Espino.

Desde la Fundación César Manrique, impulsora de numerosos pleitos contra licencias urbanísticas, la marcha atrás del Gobierno canario se mira con cierta desconfianza por la afirmación de Berriel de que será el Parlamento el que finalmente decida.

El portavoz de la FCM, Alfredo Díaz, ha avanzado que si en el último momento la Cámara acuerda incluir en la Ley de Medidas Urgentes disposiciones para legalizar los hoteles, la entidad cultural se reservará “emprender acciones legales tanto en el ámbito español como europeo”.

Según La Voz de Lanzarote:

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este martes el proyecto de Ley de Medidas Urgentes que modifica la Ley de Directrices y que, tras el informe favorable del Consejo Consultivo, iniciará ahora su trámite parlamentario en la Cámara Regional. Así lo anunció este martes, en rueda de prensa, el consejero de Medio Ambiente, Domingo Berriel, tras la celebración del Consejo de Gobierno en la capital tinerfeña.



El consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, indicó que el proyecto de ley se ajusta al marco constitucional y estatutario y aborda una reforma “urgente” sobre determinados aspectos del ordenamiento jurídico y da respuesta a la necesidad de ordenar el crecimiento turístico en los próximos años conforme al mandato de la ley de Directrices.

Berriel precisó que el Gobierno canario pedirá “celeridad” en la tramitación de esta “importante” ley, ya que recalcó contiene medidas que afectan a la dinamización económica, más necesaria aún en esta situación de crisis. Matizó que esta celeridad depende de los grupos parlamentarios y de la prioridad que se le dé en la Cámara regional, aunque anunció que el Gobierno no va a pedir un trámite de lectura única porque “es una ley muy compleja y requiere debate”.

Precisamente, entre las cuestiones que previsiblemente centrarán ese debate se encuentra el apartado dedicado a la autorización de hoteles de cinco estrellas a cambio del cumplimiento de una serie de requisitos, mientras que se suprime la fórmula contemplada hasta ahora de que las autorizaciones vayan ligadas a proyectos excepcionales, que tienen que ser ratificados por el Parlamento canario. Unas propuestas que ya han suscitado algunas críticas desde entidades vinculadas al sector.

Al respecto, Berriel confirmó que se suprime la fórmula de la excepcionalidad y precisó que la ley sólo contempla el aumento de la oferta ligado a la renovación de la planta alojativa y como "única posibilidad" de construcción de edificiaciones alojativas a los hoteles de cinco estrellas que dediquen su actividad a la formación, de manera que sean hoteles escuelas y que el 10 por ciento de las plazas hoteleras equivalga al número de alumnos a formar durante toda la vida activa de la instalación.

También se contempla la autorización para hoteles de cinco estrellas que se comprometan, previa firma de un convenio con el Servicio Canario de Empleo, a que al menos el 60 por ciento de la plantilla durante un mínimo de 6 años procede de las ofertas de empleo vinculadas a la Estrategia de Empleo de Canarias. El consejero no aclaró si esto implica que estos trabajadores tengan que ser residentes canarios.

Berriel indicó que con esta medida se presigue la mejora de la formación y la generación de empleo estable y de calidad, mejorar la oferta de calidad, así como incentivar la producción ante la crisis económica “profunda en la que estamos inmersos”. Así, explicó que se trata de agilizar aquellas construccIones que generen a la económía una actividad important en materia de empleo y riqueza.

Sin embargo, remarcó que la construcción de estos hoteles no ocuparán más territorio porque una de las condiciones “absolutamente tajantes” es que tienen que estar situados en suelo ya clafisificado como urbano con destino turístico.

Además, destacó que esta medida “no es un cheque en blanco”, sino que se establece un plazo de dos años, a partir de la aprobación de la ley, para la presentación de los proyectos y las obras tendrían que comenzar un año después. “No se trata de hacer hoteles cuando el inversor crea oportuno, sino que se trata de en estos momento se palie la situación de grave crisis que estamos pasando”, explicó.

Berriel insistió que en el proyecto de ley se hace un “repaso completo” a los objetivos fijados por el Gobierno canario en materia turística para fomentar la renovación de la planta alojativa como fórmula para aumentar la calidad y competitividad.

También se cumple el objetivo de no ocupar más suelo, de manera que se prohibe la incorporación de más suelo turístico al planeamiento en los próximos 5 años y, aunque se contempla excepciones de cambio de suelo, estos no suponen la creación de más superficie destinada a este fin.

El consejero aseguró que el Gobierno no pretende con esta iniciativa “sortear o delantarse” a la Iniciativa Legislativa Popular (IPL) sobre ‘crecimiento cero’ presentada en la Cámara regional por la organización ecologista Ben Magec.

Berriel afirmó que el Gobierno “no tiene nada que decir” sobre esa iniciativa, sino que tiene que llevar adelante los proyectos que impulsen su acción de gobierno y va a defender su proyecto de ley,que ha elaborado desde una visión “amplia”. Así, destacó que este proyecto de ley concilia los objetivos de la sostenibilidad y protección del territorio, con el de la dinamización económica, que el Gobierno tiene la obligación de afrontar “porque no puede ser ajeno a la situación de crisis y del empleo”, afirmó.

En cuanto al apartado relativo a la ordenación del territorio y el desarrollo sostenible, en la que se contempla acciones para la racionalización, eficiencia y simplimitación en los trámites administrativos en el planeamiento, también se regula los proyectos de calificación territorial “que son bastantes tediosos” y que afectan a la actividad agropecuaria.

Así, se pretende facilitar la labor del sector primario y la norma también establece medidas para la legalización de explotaciones ganaderas que actualmente se encuentran en situación alegal, así como acciones para facilitar la implantación de este tipo de instalaciones.

También se prevé facilitar la implantación en suelo rústico de equipamientos como centros sanitarios, educativos o sociosanitarios, cuya ocupación territorial tendrá que ser declarada de interés general por el Gobierno canario.

Además, se prevén acciones para la agilización del planeamiento, porque una de las quejas más importantes de las administraciones han sido las dificultades para la adaptación del planeamiento al nuevo marco normativo establecido tras las Directrices y la Ley de Ordenación del Territorio. Esta situación está llevando a “inactividad” y falta de suelo para vivienda protegida o para equipamientos, indicó el consejero.

Ante todo lo que se habla sobre la legalización de los 25 hoteles citados, lo que ha originado una polémica de mil pares de "narices", quizás habría que reflexionar un poco sobre lo que originaria el, tras la legalización, que tales hoteles pudieran ser derribados. Por una parte la merma de oferta, son muchas camas, y generación de un ingente numero de parados mas, a sumar a los que ya tenemos. Si bien la oferta podría ser reemplazada por otros establecimientos, ahora que ha bajado la demanda, lo de los desempleados no parece ser reemplazado, en este momento, por otros establecimientos o sectores. Por otra parte esta el costo para las instituciones, todos tenían licencia, que generaría tales actuaciones. Acabo de oír unas manifestaciones del, me parece, secretario de estado para la justicia, en las que hace mención a que una justicia lenta no es justicia o deja mucho que desear, al tiempo que mostraba su voluntad de cambiar su funcionamiento, seria deseable. Esto llega tarde y mal, al estar los hoteles a pleno rendimiento. Luego esta lo del seguimiento de las supuestas ilegalidades, que no pareció existir, para que se produzcan tales hechos y en que momento. Hay que cuestionar a quienes dieron, inadecuadamente, la licencia y a la propia justicia a la que podría aplicarsele el: "a buenas horas mangas verdes".