FORO SOBRE LANZAROTE

Según Diario de Lanzarote:

La Audiencia Provincial de Las Palmas ha condenado a Gonzalo Murillo, denunciante del 'caso La Bufona' de Arrecife, por calumnias cometidas sobre el fiscal Miguel Pallarés en un artículo publicado en La Voz de Lanzarote -en octubre de 2003- en el que se quejaba de la ‘paralización' del procedimiento penal abierto para determinar si se cometieron ilegalidades en el plan parcial.



Así, condena a Murillo por un delito de calumnias con publicidad a la pena de 16 meses de multa con una cuota diaria de seis euros (lo que hace un total de 2.880 euros), con responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas.

Además, la Audiencia también condena a Gonzalo Murillo y a la entidad Radio-Hierro SL, editora de La Voz de Lanzarote, a indemnizar “conjunta y solidariamente” al fiscal Miguel Pallarés con 12.000 euros. A Murillo también se le han impuesto las costas del procedimiento, incluidas las de la acusación particular.

La sentencia de la Audiencia Provincial es firme y modifica la del Juzgado de lo Penal número 1 de Arrecife, de julio de 2008, en la que se absolvió al denunciante de ilegalidades en La Bufona de tres delitos de calumnias y sólo le condenó por un delito de injurias a una indemnización de 600 euros.

A pesar de que la sentencia de la Audiencia Provincial ha elevado la cuantía de la indemnización fijada por el Juzgado, cabe destacar que Miguel Pallarés pidió en su querella que Murillo fuese condenado a tres años de prisión y 60.000 euros de indemnización. La Audiencia rechazó las pruebas documentales aportadas por la defensa de Murillo, al no haber sido aportadas para el juicio celebrado en el Juzgado de lo Penal número 1.

La raíz de este conflicto judicial se encuentra en un artículo publicado por Murillo en 2003 en el que criticaba la paralización de las diligencias previas 975/00, iniciado a instancias del Seprona y del que todavía no se ha celebrado ni siquiera el juicio. En este proceso están imputados por presuntos delitos contra la ordenación del territorio y usurpación de terrenos el promotor Francisco Carmona, el arquitecto Federico Echevarría y el constructor Antonio Caro.

El Seprona denunció una promoción de viviendas de Brisa Inversiones en La Bufona por haber invadido, presuntamente, suelo rústico. La familia Murillo ha reclamado que el suelo supuestamente invadido por la urbanización le pertenece y ha denunciado que en el desarrollo del plan parcial se han llevado a cabo "segregaciones ilegales y licencias de obras ilegales".

En la vista oral del juicio celebrado el 21 de mayo de 2008, Murillo aseguró que en ningún momento había tenido intención de calumniar al fiscal coordinador Miguel Pallarés (propietario de una de las viviendas construidas en La Bufona por Brisa Inversiones) sino que su objetivo era instarle a impulsar un procedimiento penal como “cabeza visible del Ministerio Fiscal de Lanzarote”.

En el artículo, Murillo afirmaba que la vivienda adquirida por Pallarés estaba "fuera de ordenación, sobre suelo rústico de protección ecológica" y que la licencia que permitió su construcción había sido "firmada por su tío político", el entonces secretario del Ayuntamiento de Arrecife, Felipe Fernández Camero. Durante su declaración en el juicio, Pallarés sostuvo que había "una intención clarísima" de perjudicarle "profesional y personalmente" y que este tipo de comentarios "son muy graves porque pueden erosionar a una persona".

Éstos son los pasajes del artículo que, según recoge la sentencia, resultaron ofensivos para la acusación particular y la Fiscalía:

- “Pero, ¿qué ocurre con este proceso?, que es precisamente el proceso en el que está denunciada la vivienda del Ilustrísimo Sr. Fiscal D. Miguel Pallarés. Fácil, este proceso penal iniciado de oficio el siglo pasado, actualmente está totalmente paralizado”.

La Audiencia entiende que la intención de Murillo era la de “atribuir al querellante la responsabilidad en la paralización del procedimiento”.

- “(...) todo queda en familia, el secretario firma, como fedatario unas licencias de obras ilegales, su sobrino político el Sr. Fiscal D. Miguel Pallarés Rodríguez se beneficia de una edificación ilegal”.

Para la Audiencia, “resulta palmaria la atribución de un delito de tráfico de influencias” o “confabulación entre el secretario del Ayuntamiento para conceder a su sobrino una licencia ilegal”.