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NotaPublicado: Lun 15 Dic, 2014 11:04 am 
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Fuente diariodelanzarote.com:

El Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) ha abierto un expediente a la juez Ana Manella González, titular del Juzgado número 2 de Arrecife, por su labor en el denominado caso Yate, en el que se investiga la concesión masiva de licencias ilegales en Yaiza, tanto a hoteles como al puerto deportivo Marina Rubicón.

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El responsable de acción disciplinaria del Poder Judicial, Antonio Fonseca-Herrero, considera que la jueza pudo cometer una falta muy grave de desatención, o una falta grave de retraso, o leve de incumplimiento de los plazos de la resolución de este caso.

Fuentes del Poder Judicial han confirmado a DiariodeLanzarote.com que se ha abierto un periodo de seis meses tras el cual se tendrá que resolver el expediente, bien procediendo a su archivo, bien imponiendo a la jueza alguna de las faltas citadas. La sanción podría ir desde una simple advertencia, en caso de ser falta leve, hasta la expulsión de la carrera judicial si fuera considerada falta muy grave.

Cabe destacar que la Fiscalía entregó en febrero de 2013 su escrito de acusación, en el que se piden 25 años de cárcel para el ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, como principal acusado.

Sin embargo, la tramitación final del caso Yate se ha demorado más de lo habitual. Tal y como publicó DiariodeLanzarote.com en abril pasado, el Juzgado venía reclamando desde hacía más de un año un escáner para entregar la causa digitalizada a las partes y que pudieran hacer sus escritos finales. En todo caso, la responsabilidad de dar traslado a las partes de las actuaciones es competencia de los secretarios judiciales.

La acusación popular, representada por el socialista Carlos Espino, acaba de presentar hace escasas semanas su escrito de acusación. La querella interpuesta en 2006 por Espino sirvió para que se abriera una investigación que, para la Fiscalía, ha acreditado no solo la concesión de licencias ilegales a sabiendas sino el enriquecimiento ilícito de Reyes y de su familia.

La jueza ahora expedientada pidió en septiembre del año pasado un escáner para entregar la causa digitalizada a las partes. La Dirección General de Relaciones con la Justicia del Gobierno de Canarias le dijo que usara el del Juzgado número 5.

Sin embargo, ese escáner tenía la memoria completa por el caso Unión. A principios de este año, lo que envió la Dirección General fue un disco duro para conectarlo al escáner del Juzgado número 5, pero hacía falta un técnico cualificado para ello, así que se solicitó un técnico informático al Gobierno.

El Jefe de servicio de contratación y equipamiento le contesta a la secretaría del Juzgado que no disponían “de un servicio técnico que asuma dicha función”, así que la juez, reconociendo que el procedimiento estaba paralizado por ese motivo, pidió de nuevo y con carácter urgente, otra vez, un escáner.

Las fuentes consultadas apuntan a que las defensas todavía tienen que presentar sus escritos, a pesar de que han pasado casi dos años desde que se dio por concluida la instrucción y la Fiscalía presentó sus conclusiones.

El retraso puede acabar con la reducción de las posibles condenas por dilaciones indebidas. La Fiscalía pide finalmente condenas para 12 personas: 25 años para Reyes por diversos delitos relacionados con la concesión de licencias ilegales, cinco años para su mujer y tres de sus hijos por blanqueo de capitales, así como seis años para el secretario municipal Vicente Bartolomé Fuentes por prevaricación y malversación.


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NotaPublicado: Vie 09 Ene, 2015 2:10 pm 
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Fuente lavozdelanzarote.com:

La causa por la concesión masiva de licencias ilegales en Playa Blanca, ahora sí, entra en su recta final. Casi dos años después de que la Fiscalía presentara su escrito de acusación definitivo, la actual titular del Juzgado de Primera Instancia Número 2 de Arrecife ha ordenado la apertura del juicio oral del “caso Yate” contra once personas, entre las que se encuentran el ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, su mujer y tres de sus hijos.

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En el auto, fechado el pasado 23 de diciembre, la juez Estela María Marrero ordena además el pago inmediato de una fianza a diez de los acusados, para “asegurar las responsabilidades” económicas que se deriven del juicio. La más elevada se la impone a José Francisco Reyes, al que le ordena que en 24 horas deposite una fianza de más de 8 millones de euros (concretamente, 8.027.469,51 euros). En caso contrario, la juez advierte que “se procederá al embargo de sus bienes en cantidad bastante a cubrir dicha suma o, en su caso, se acreditará su insolvencia en forma”.

A esta cantidad se suma además la que deberán depositar también otros miembros de su familia, por un valor total de casi 4 millones de euros. Así, a la mujer de Reyes, Antonia Torres, le impone una fianza de 1.066.666, mientras que sus hijos, María Noelia, José Francisco Abel y María Beatriz Reyes, deberán depositar 1.333.333,34 euros, 1.066.666,67 euros y 466.666,67 euros, respectivamente. Todos ellos están acusados de un delito de blanqueo de capitales, al haberse beneficiado del dinero presuntamente ilícito obtenido por el ex alcalde a cambio de la concesión de licencias ilegales. La Fiscalía pide para ellos 5 años de prisión, mientras que para el ex alcalde reclama 25 años de cárcel.

De los otros seis acusados, cinco también tendrán que depositar fianzas tras la notificación de este auto. Uno de los principales imputados, el ex secretario de Yaiza Vicente Bartolomé Fuentes, deberá depositar 14.989,51 euros. La Fiscalía pide para él 6 años y medio de cárcel y 24 años de inhabilitación, por presuntos delitos de prevaricación urbanística y malversación.

En cuanto a José Rafael Mesa Ferrer y Manuel Benito Mesa Ferrer, la juez les impone una fianza de 1.066.666,67 euros; y a Simeón Camacho y Antonio Marcelo Machín, de 133.333,34 euros. Los hermanos Mesa Ferrer, como asesores fiscales, ayudaron supuestamente al alcalde a blanquear sus cuentas a través de una “sociedad pantalla”, Sea Sun Lanzarote S.L., en la que se encargaban de la contabilidad. Para ellos, la Fiscalía pide 4 años y medio de cárcel.

Los otros dos, según la Fiscalía, pertenecían al "círculo íntimo de amistad" de José Francisco Reyes y le ayudaron a ocultar su patrimonio, pese a que "conocían el origen delictivo de los fondos que manejaban". Presuntamente, lo hicieron a través de la sociedad Acuimar Cachazo, en la que figuraba como titular una de las hijas de Reyes, junto a Antonio Marcelo Machín y Simeón Camacho. Ambos se enfrentan a una petición de 3 años de cárcel.

Respecto al otro trabajador de Yaiza imputado, el jefe de la Oficina Técnica Antonio Lorenzo, la juez no le impone fianza. En su caso, la Fiscalía no pide cárcel, sino inhabilitación, por tiempo de diez años. Su imputación está ligada a su intervención en el expediente que permitió aprobar el Plan Parcial Playa Blanca, que ya ha sido declarado ilegal por los Tribunales. En la causa había imputado otro técnico de Yaiza, pero ha fallecido.

Aunque el caso Yate debería haber llegado ya a juicio, tras la presentación del escrito de calificación de la Fiscalía en marzo de 2013, la causa ha sufrido un importante retraso en los Juzgados por la falta de un escáner, que ha complicado la digitalización de todos los documentos.

Ahora, tras este auto, se entra en la última fase, en la que los acusados podrán presentar sus respectivos escritos de defensa. Además, no se descarta que puedan intentar presentarse nuevos recursos, aunque la apertura de juicio oral no se puede recurrir.

Después, se deberá fijar la fecha de juicio, que correrá a cargo de la sección que corresponda de la Audiencia Provincial.


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NotaPublicado: Vie 19 Jun, 2015 2:55 pm 
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Según La Voz de Lanzarote:

El ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, ya ha entrado en prisión. Poco antes de las 20 horas de este jueves, Reyes ha llegado al Centro Penitenciario de Tahíche junto a su hijo, José Francisco Abel Reyes. Tras sacar del coche una bolsa con sus pertenencias, el ex alcalde ha recorrido solo los últimos metros hasta las puertas de la cárcel. Con su ingreso, el ex alcalde ha cumplido el mandato del Juzgado de lo Penal Número 1 de Arrecife, que la pasada semana le dio un plazo máximo de 10 días, que expiraba en la medianoche de este jueves, para entrar voluntariamente en prisión.

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Para Reyes, éste es su segundo paso por Tahíche, aunque la primera vez fue en prisión provisional, durante la instrucción del caso Yate. Tras su detención en esa causa, la mayor que se sigue contra él y que está pendiente de juicio, se dictaron medidas cautelares privándole de libertad, aunque dos meses y medio después salió en libertad bajo fianza.

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Ahora, regresa para cumplir su primera condena de cárcel, por una de las piezas separadas del caso Unión. Así, se ha convertido además en el primer acusado de Unión en entrar en prisión con una sentencia firme. En esa sentencia que ha empezado a cumplir este jueves, Reyes fue condenado a seis meses de cárcel y 12 años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación urbanística, por la concesión de dos licencias ilegales para la construcción de la vivienda de Carlos Morales y Alexia de Grecia, prima del Rey de España, en Puerto Calero. El fallo también anuló esas licencias, que se otorgaron con informes técnicos negativos, aunque el nuevo Plan General de Yaiza podría permitir su legalización.

En noviembre de 2014, el propio Reyes mostró su conformidad con el escrito de acusación de la Fiscalía, por lo que ni siquiera se llegó a celebrar el juicio. De esta forma, logró que la pena pasara de los dos años de cárcel que pedía inicialmente el fiscal a seis meses de prisión. Sin embargo, lo que no ha conseguido evitar es el ingreso en la cárcel.

Inicialmente, el Juzgado de lo Penal Número 1 de Arrecife, que fue quien dictó la sentencia, acordó suspender la ejecución de la pena de prisión, al ser inferior a dos años. Sin embargo, el fiscal Javier Ródenas presentó un recurso ante la Audiencia Provincial, que el pasado mes de mayo le dio la razón.

"Sí puede hablarse de peligrosidad criminal del penado y no pueden ser obviados, junto a dicha peligrosidad, los procedimientos penales existentes contra el mismo", sostenía el auto de la Sección Segunda de la Audiencia, que recordaba que Reyes ya tiene otra condena a sus espaldas (aunque técnicamente no fuera computable para esta sentencia), además de varias causas pendientes por delitos similares.

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"Debe tenerse en cuenta tanto la gravedad de los hechos como la reiteración delictiva", insistía el auto, que concluía que "lo que evidencian las referidas condenas es el escaso respeto que el penado ha mostrado en todo momento por el ordenamiento jurídico, teniendo pendientes, en este momento, procesos penales por delitos de similar o idéntica naturaleza". La Audiencia dio traslado de ese auto al Juzgado que dictó la sentencia, que tuvo que iniciar así el trámite para su ejecución.

Además de dos condenas a sus espaldas (la que está cumpliendo ahora y otra anterior, también por prevaricación, en la que sólo se le puso pena de inhabilitación), José Francisco Reyes tiene una larga lista de causas pendientes. En cuatro de ellas ha terminado ya la instrucción y la Fiscalía le pide en total más de 35 años de cárcel.

La mayor causa abierta contra José Francisco Reyes es el caso Yate, por la concesión masiva de licencias turísticas ilegales en Playa Blanca. Sólo en ese procedimiento, para el que la juez ya ordenó el pasado mes de diciembre la apertura de juicio oral (aunque aún sigue sin fecha), los fiscales Javier Ródenas e Ignacio Stampa (que firmaron juntos el escrito de acusación) le piden 25 años de cárcel, por distintos delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales y prevaricación urbanística. Junto a Reyes, además de funcionarios de Yaiza, se sentarán en el banquillo su mujer y tres de sus hijos, por presuntos delitos de blanqueo de capitales.

Además, Reyes tiene otras tres causas en la recta final para ir a juicio y con el escrito de acusación ya presentado. Una de ellas es el caso Stratvs, en el que el fiscal Ignacio Stampa le pide 7 años de prisión y 44 años de inhabilitación. Las otras dos, son por licencias residenciales concedidas en dos planes parciales distintos de Playa Blanca, el de Montaña Roja y el Plan Parcial Playa Blanca. En una de ellas le piden año y medio de cárcel y en la otra dos años.

A estos procedimientos hay que sumar otros que aún están en fase de instrucción. Uno de ellos es el caso Costa Roja, por la licencia concedida por Reyes a Luis Lleó para construir más de 1.000 viviendas y 200 locales comerciales, que fue anulada por la Justicia (esa misma parcela dio después origen al caso Unión, con el presunto intento de soborno, que fue denunciado por Carlos Espino, para desbloquear la urbanización de ese suelo).

Además, también hay otra causa contra Reyes que surgió del caso Yate. De ese procedimiento se separó una pieza con nuevas diligencias por los pagos realizados desde el Ayuntamiento al abogado Felipe Fernández Camero entre los años 1998 y 2007, por servicios presuntamente no prestados, o contratados al margen del procedimiento legal establecido.

En esa causa, además de José Francisco Reyes, están imputados el propio Fernández Camero y el ex secretario municipal, Vicente Bartolomé Fuentes, por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, entre otros.


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NotaPublicado: Sab 18 Jul, 2015 9:32 am 
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Según La Voz de Lanzarote:

El Ministerio Fiscal ha presentado ya su escrito de acusación en una pieza separada del caso Yate, en la que pide 6 años de prisión y 10 de inhabilitación para el principal acusado, el abogado Felipe Fernández Camero, por el "arbitrario expolio de fondos públicos" del Ayuntamiento de Yaiza. Según el escrito del fiscal Ignacio Stampa, Camero cobró cerca de un millón de euros del Consistorio al margen de la ley, ya que no consta ni su contratación legal ni los servicios prestados para justificar esos pagos.

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Junto al abogado, en esta pieza están acusados el ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, para el que la Fiscalía pide 6 años más de prisión y diez años de inhabilitación; el ex secretario del Ayuntamiento, Vicente Bartolomé Fuentes, para el que pide también seis años de cárcel y diez de inhabilitación; y el funcionario Antonio Fernández Martín, que durante un periodo en el que se produjeron los hechos actuó como secretario-interventor de Yaiza. Para él, la Fiscalía pide 5 años y medio de cárcel y 9 años de inhabilitación.

Además, el fiscal reclama que todos ellos sean condenados a abonar importantes sumas en concepto de responsabilidad civil, para devolver al Consistorio el dinero presuntamente malversado. Concretamente, reclama que los acusados indemnicen “conjunta y solidariamente” al Ayuntamiento de Yaiza con 842.721,28 euros en el caso de Reyes, 726.260,56 euros en el caso de Bartolomé Fuentes y 115.742,63 euros en el de Fernández Martín. Por su parte, a Fernández Camero le reclama una indemnización de 970.752,28 euros. De esa cantidad, será “responsable civil subsidiaria la mercantil Adelfas 24 SL en la cuantía de 311.727,63 euros”, ya que parte del dinero lo facturó a través de esa empresa.

A los cuatro les acusa de un delito continuado de malversación de caudales públicos y otro de prevaricación (en el caso de Fernández Camero, como inductor). Además, Fernández Martín deberá responder por un delito de falsedad en documento oficial y Felipe Fernández Camero por otro delito continuado de falsedad en documento mercantil.

Durante la instrucción del caso Yate, por la concesión masiva de licencias ilegales en Playa Blanca, el abogado Felipe Fernández Camero llegó a estar imputado ya que la Fiscalía consideraba que actuó como el cerebro de la presunta trama delictiva.

Sin embargo, finalmente el propio fiscal pidió archivar la imputación contra él, porque aunque entendía que había indicios, no estaba suficientemente acreditado que Camero fuera el asesor de Reyes y del Ayuntamiento para conocer esos permisos en contra de la normativa. Sin embargo, precisamente por eso, el fiscal pidió entonces abrir una nueva pieza contra Camero por malversación. Y es que si no había pruebas documentales de su asesoramiento al Consistorio, entendía que tampoco había justificación para los pagos mensuales que recibió durante años del Ayuntamiento.

Además de en este procedimiento, Felipe Fernández Camero está imputado y llegó incluso a ser detenido en el caso Unión. En una pieza de esa causa, que continúa en fase de instrucción, se le investiga por su etapa como secretario del Ayuntamiento de Arrecife, concretamente durante la etapa de María Isabel Déniz en la Alcaldía.


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NotaPublicado: Sab 18 Jul, 2015 9:38 am 
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Según La Voz de Lanzarote:

“El acusado Felipe Fernández Camero actuaba como pleno organizador de un corrupto proceder en el seno del Ayuntamiento de Yaiza, dando instrucciones a los otros tres acusados sobre la forma, el momento y las cuantías que se le debían abonar, disponiendo por su mero capricho y ansia dineraria de los caudales municipales”. Así resume el Ministerio Fiscal la presunta trama corrupta que permitió el “enriquecimiento ilícito” de Camero y el “arbitrario expolio de fondos públicos” de Yaiza, al menos entre los años 1996 y 2012.

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Durante ese periodo, Fernández Camero recibió del Ayuntamiento “como mínimo” 970.752,28 euros (que es la cifra que se ha podido acreditar documentalmente), por servicios presuntamente no prestados y sin que existiera siquiera un procedimiento de contratación legal. Los pagos incluían desde supuestos servicios de asesoramiento (al margen de lo que también cobraba como abogado en distintos pleitos) hasta el pago de dietas, viajes y taxis. Y todo ello, según el fiscal, en virtud de un plan que “ideó” Camero y para el que contaba con un “concierto verbal con los otros tres acusados” en esta causa, que surge de una pieza separada del caso Yate y cuya instrucción ya ha concluido por parte del juez Arturo Valdés Trapote, titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Arrecife.

Los acusados Vicente Bartolomé Fuentes y Antonio Fernández Martín, en el ejercicio de sus cargos como Secretario-Interventor del Ayuntamiento cada uno de ellos, según el momento en que éste sustituía a aquél, incumplían las más básicas obligaciones fiscalizadoras y de control de la legalidad del gasto público”, cumpliendo “las órdenes” del entonces alcalde, José Francisco Reyes, y permitiendo que se ejecutaran los pagos a Camero “sin efectuar el menor reparo a pesar del cúmulo de ilegalidades que se cometían, de las que eran plenamente conocedores, de acuerdo con el reparto de papeles y las directrices dadas en todo momento por Felipe Fernández Camero”, sostiene el escrito de acusación del fiscal Ignacio Stampa.

Sobre Camero, la Fiscalía sostiene que daba las “instrucciones” como “especialista en derecho administrativo, para crear una apariencia de legalidad en la actuación de todos ellos, eludiendo las reglas más básicas en materia de contratación pública”. Además, subraya que el propio Camero era el que “fijaba unilateralmente” el precio de sus supuestos servicios, que también “se aumentaba por decisión e indicación verbal de éste en el momento y en la cuantía por éste señalada”.

En su escrito, el fiscal describe dos “procedimientos” empleados por Fernández Camero para “satisfacer su desmedido ánimo de lucro”. En uno de ellos, para “justificar la obtención ilegal de fondos públicos municipales, los acusados crearon la ficticia apariencia de que se prestaban servicios de asesoramiento jurídico” por parte de Camero, "simulando que se adjudicaban los mismos por el procedimiento de adjudicación directa o contrato menor”.

Así, desde 1996 y hasta 2012 estuvo cobrando una cantidad mensual en concepto de “servicios de asesoramiento”. Con el tiempo, la cifra fue además aumentando, desde las 220.236 pesetas mensuales que empezó cobrando en 1996, hasta los 1.984 euros al mes que terminó cobrando en 2008, que es el último año en el que constan acreditados pagos mensuales. En total, sólo en concepto de ese supuesto “asesoramiento”, Camero se llevó 229.395 euros del Ayuntamiento de Yaiza (las últimas mensualidades de 2008 fueron abonadas ya en 2012, al acogerse Camero al Plan de Pago a Proveedores).

“Tales supuestos servicios de asesoramiento nunca se prestaron, ni eran necesarios, ni repercutieron en ningún beneficio para los intereses públicos municipales, con el consiguiente lucro personal y correlativo quebranto para las arcas públicas”, sostiene la Fiscalía en su escrito de acusación, en el que pide 6 años de prisión para Camero, Reyes y Bartolomé Fuentes, y 5 años y medio de cárcel para el otro funcionario acusado.

Entre otra larga lista de irregularidades e ilegalidades, la Fiscalía subraya que “nunca se tramitó ningún expediente de contratación ni acuerdo escrito que amparase tales pagos”, que “nunca se concretó el objeto del contrato o servicio, ni su idoneidad”, que “nunca se justificaron las necesidades que pretendían cubrirse, ni su conveniencia”, ni tampoco se justificó por qué era necesario este servicio, cuando el Ayuntamiento ya contaba “con el asesoramiento legal preceptivo del Secretario de la Corporación”.

Además, tampoco se realizó “una estimación del importe del precio atendiendo al precio general del mercado, resultando una ausencia absoluta de memoria justificativa y económica que justifique el precio pagado y su razonabilidad, especialmente gravosa para los intereses municipales en múltiples minutas de las presentadas, dada su cuantía”. De hecho, el fiscal insiste en que el precio del importe era “variable según el capricho de Fernández Camero”, que además ni siquiera podría haber firmado un contrato con el Ayuntamiento, ya que incurría en causa de incompatibilidad, al ostentar simultáneamente el cargo de secretario del Ayuntamiento de Arrecife.

Precisamente cuando Camero fue sancionado disciplinariamente por el Secretario de Estado de Organización Territorial del Estado (en una sanción confirmada después por los Tribunales) y apartado de su cargo en Arrecife por una falta grave y otra muy grave de incompatibilidad, al ejercer también como abogado y ostentar cargos en empresas participadas por el Consistorio, el Ayuntamiento de Yaiza mantuvo sus servicios pero cambió el método de pago. Así, desde 2004, los ingresos no se hacían a nombre de Fernández Camero sino de su sociedad, Aldelfas 24 SL.

“Además del procedimiento anterior”, continúa el escrito del fiscal, “Felipe Fernández Camero instauró, con la imprescindible participación de los otros tres acusados, otra forma de satisfacer su desmedido ánimo económico en perjuicio de los intereses patrimoniales del Ayuntamiento de Yaiza”. Para ello, José Francisco Reyes adjudicó a este mismo abogado la representación del Ayuntamiento en distintos procedimientos judiciales, recibiendo pagos de al menos 741.357,19 euros por este otro concepto.

Al respecto, la Fiscalía subraya que existía una “prohibición expresa de contratar a dicho abogado”, dada su condición de secretario del Ayuntamiento de Arrecife. Además, “tampoco se tramitó ningún expediente de contratación para la adjudicación o encomienda de ni uno solo de los procedimientos judiciales”, excediendo “en muchos casos de los límites legales para la adjudicación directa”.

Con respecto a estos segundos pagos, el fiscal aclara que “en algunos de los procedimientos” judiciales por los que Camero cobró como abogado sí se ha acreditado su “efectiva intervención”, aunque no consta “ni fiscalización previa al gasto, ni de la capacidad de obrar y habilitación profesional del contratista, efectuándose los pagos sin control fiscalizador alguno, más allá de la consignación de algunos datos a efectos contables”. Además, también figuran “pagos por provisiones de fondos anticipadas no justificadas, al no constar la prestación concreta de ese servicio, y en todo caso contrarias al principio del servicio hecho, que prohíbe al Ayuntamiento el que se realicen pagos por anticipado de prestaciones”.


Asimismo, la Fiscalía agrega que “se abonaron al acusado dietas, gastos de asistencia y taxis sin atribución a contrato o servicio concreto facturado”. Entre ellas, por ejemplo, 667 euros por “gastos de asistencia como abogado por cuenta del Ayuntamiento a Madrid” el 3 de octubre de 2001, “sin justificar en modo alguno el importe de los mismos en concepto de hotel, taxi y estancia”; otros 1.479 euros en concepto de “gastos de asistencia Madrid” el 30 de diciembre de 2003; y 152 euros por “dietas y gastos de desplazamiento a Las Palmas en gestiones Dirección General de Urbanismo”.

Durante la instrucción del caso Yate, por la concesión masiva de licencias ilegales en Playa Blanca, Fernández Camero estuvo imputado como presunto “cerebro” e inductor de la conducta delictiva de José Francisco Reyes, aunque su imputación se terminó archivando, al no existir pruebas de ese asesoramiento urbanístico al ex alcalde. Y precisamente a raíz de ello, se abrió una nueva investigación por presunta malversación de caudales, por los pagos que el abogado recibió del Ayuntamiento por este concepto.

“Los hechos descritos”, concluye el escrito de acusación, “constituyen las antípodas del correcto funcionamiento de las instituciones, causando un evidente perjuicio económico a la causa pública, además de un demoledor daño inmaterial constituido por la pérdida de la confianza ciudadana en las mismas”.


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NotaPublicado: Jue 31 Dic, 2015 12:05 pm 
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Según Diario de Lanzarote:

El caso Costa Roja seguirá adelante y se creará una nueva pieza separada que investigará el pago por parte del Ayuntamiento de Yaiza a un prestigioso jurista que elaboró un informe para justificar que la licencia a la sociedad Costa Roja para construir mil viviendas era legal, ya que hay pruebas de que el informe lo pudo encargar Luis Lleó que fue quien recibió la licencia finalmente.

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La Audiencia provincial de Las Palmas ha desestimado el recurso de los imputados en el caso y da por bueno el auto de marzo de 2013 del Juzgado de instrucción número 3 de Arrecife que decidía seguir adelante con la causa inicial por la concesión de esa licencia y que se creara otra pieza separada donde se investiguen esos nuevos delitos.

La causa por la licencia sigue abierta por prevaricación contra el ex alcalde, José Francisco Reyes, el ex secretario del Ayuntamiento, Vicente Bartolomé Fuentes y el Jefe de la Oficina técnica municipal, Antonio Lorenzo, por conceder ese permiso para construir mil viviendas y 200 locales comerciales en un suelo que el Cabildo consideraba que no era apto para construir. De hecho, el Cabildo logró que el Juzgado ordenara la paralización cautelar de las obras y la licencia fue anulada finalmente hace dos años por los tribunales.

En 2007, el entonces consejero de política territorial del Cabildo, Carlos Espino, denunció los hechos por la vía penal. El empresario Luis Lleó, dueño de la parcela, intentó entonces sobornar a Espino para desbloquear los problemas que ponía el Cabildo. Espino denunció ante la UCO y se inició así el caso Unión, por el que Lleó se expone a una pena de seis años de cárcel por cohecho.

El procedimiento penal de Costa Roja se siguió tramitando contra los tres acusados y contra Lleó aunque el Juzgado decidió archivar la causa contra el empresario porque no consideró que estuviera acreditado el delito de cohecho.

No obstante, debido al registro en las oficinas de Lleó tras su detención en Unión, y al análisis de sus correos electrónicos, la UCO realizó un informe en el que se aportaban pruebas de que, a pesar de que lo pagó el Ayuntamiento de Yaiza con un coste de 27.000 euros, fue Lleó quien habría encargado el dictamen jurídico al catedrático Rafael Entrena Cuesta.

El empresario orientaba al catedrático para prestar la hoja de encargo del dictamen. “Me piden que me la hagas llegar firmada y el Ayuntamiento nos la sella y firma el alcalde, donde ponemos objeto del dictamen, plazo y precio”, le decía en un correo electrónico. La finalidad del informe estaba clara: “blindar el alcalde respecto al proceso penal, al tener un soporte jurídico sólido”, en palabras de Lleó.

Reyes concedió dos licencias para Costa Roja, una en diciembre de 2006 y otra en junio de 2007 para el proyecto de ejecución, cuando estaba como alcalde en funciones y cuando ya se había parado la obra y se conocían dos informes del Cabildo que eran contrarios a la concesión de la licencia. Reyes, en su segunda licencia, se refería al dictamen de Entrena que aseguraba que las actuaciones municipales respecto a ese expediente eran conformes a Derecho.

Por otra parte, tanto Lorenzo como Bartolomé, que firman los informes necesarios para la licencia, tampoco mencionan esos informes negativos, y a pesar de que reconocen que la parcela no se encuentra dentro de la delimitación de suelo urbano del Plan General de Yaiza, no emiten un informe desfavorable.

Por esas nuevas pruebas aparecidas en la causa se imputó tanto al abogado Felipe Fernández Camero como a Rafael Entrena Cuesta, y de nuevo al propio Lleó, además de sumar los delitos de fraude a la administración y malversación de caudales públicos para Reyes.

Sin embargo toda esta parte se archivó porque la Audiencia anuló la orden de entrada y registro en las oficinas de Luis Lleó y con ella decayeron todas las pruebas obtenidas en su registro. En todo caso, ahora se seguirá adelante porque el Juzgado había pedido al Ayuntamiento el expediente sobre ese dictamen, para comprobar si se encargó de forma correcta, y se considera que es una prueba válida. Esto es, por tanto, lo que se va a investigar en la otra pieza.

Ahora el Juzgado de instrucción número 3 tendrá que culminar la instrucción de la primera pieza para que sea juzgada y enviar a decanato el testimonio de la otra para que se inicie la instrucción. Convenio en el Plan General Por otra parte, el suelo de Costa Roja, a pesar de estar anulada la licenia y de estar dentro de un procedimiento penal, ha pasado a formar parte del nuevo Plan General de Yaiza.

El Ayuntamiento y el Gobierno firmaron un convenio con tres sociedades, una de ellas de Lleó, en el que se recoge que la parcela ahora tiene uso sanitario, social asistencial, docente, deportivo y comercial, autorizando desde el pequeño comercio al centro comercial. Igualmente, al norte de la finca de Costa Roja se da vía libre a un hotel, con categoría mínima de cuatro estrellas, cuatro plantas y un máximo de 500 plazas, que deberá estar vinculado a un equipamiento “deportivo o recreativo” que cuente con una superficie mínima de 50.000 metros cuadrados.


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Traducción al español por Huan Manwë para phpbb-es.com