FORO SOBRE LANZAROTE

Según diariodelanzarote.com:

La investigación del patrimonio del ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, en prisión provisional por blanqueo de capitales, rastreó la adquisición de dos inmuebles, uno en La Laguna y otro en Barcelona, a nombre de dos de sus hijas. Entre los dos costaron unos 430.000 euros y más de 80.000 euros fueron abonados en efectivo cuando fueron comprados.

A la Unidad contra la Delincuencia y el Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional le llamó la atención la adquisición por parte de las hermanas María Beatriz y María Noelia Reyes de un piso en la calle El Peso de La Laguna, con plaza de aparcamiento incluida, por 55.118 euros.

La compra se produjo el 21 de julio del año 2000, y ambas hermanas abonaron en metálico 12.266 euros. Además, se subrogaron en un crédito hipotecario valorado en 49.282 euros. En aquel momento, ninguna de las dos hermanas trabajaba. De hecho, María Beatriz se da de alta por primera vez en la Seguridad Social en 2003 y María Noelia en 2005.

El otro piso sobre el que se ha dirigido la investigación policial, un sobreático, fue adquirido el 13 de diciembre de 2005 por María Noelia Reyes en la calle Espronceda de Barcelona, donde reside y trabaja en la actualidad. El piso costó 375.000 euros, de los cuales 68.000 euros fueron abonados antes de suscribir la escritura pública de compraventa. A la operación de compra del piso de Barcelona habría acudido supuestamente José Francisco Reyes.

Entre noviembre de 2005 y julio de 2009, la Udyco ha detectado un total de 34 ingresos en efectivo en Bancaja, en una cuenta de María Noelia Reyes, por valor de 154.555 euros.

El que más llama la atención de la Policía fue uno efectuado el 29 de noviembre de 2005 por un importe de 100.000 euros. El ingreso no parece tener origen conocido y a los investigadores les da la impresión de que fue realizado por la propia hija de Reyes.

La jueza que instruye el caso, que se sigue en el Juzgado número 2 de Arrecife, ordenó el embargo preventivo de ambos pisos al existir indicios de que su compra pudo haber supuestamente servido para blanquear capitales.

Según La Voz de Lanzarote:

La causa que se sigue contra el ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, ha llevado a la investigación a rastrear también el patrimonio de sus hijos y de su mujer, que fueron detenidos el pasado 30 de septiembre y, posteriormente, fueron puestos en libertad. Todos ellos están imputados por blanqueo de capitales. Una de sus hijas, Noelia, fue arrestada en Barcelona, donde reside, y fue interrogada por el Juzgado de Instrucción Número 4 de la capital condal. La hija de Reyes recibió ingresos por un valor que asciende a más de 215.000 euros en cuatro años, que obtuvo "de la ayuda de sus padres y de su actividad laboral", por la que percibe 1.100 euros al mes, según declaró a la juez.

En su testimonio, Noelia Reyes afirmó que posee una cuenta en Bancaja, de la que es cotitular junto con su padre y es con la que paga la hipoteca de su piso en Barcelona. Los ingresos que aparecen reflejados en efectivo en esta cuenta de la hija del ex vicepresidente del PNL ascienden aproximadamente a más de 150.000 euros que, según indicó, fueron ingresados por ella misma y por su padre.

En concreto, entre noviembre de 2005 y julio de 2009, la Udyco detectó una serie de ingresos en efectivo, "unos 34", por este importe. Lo que más llamó la atención de los investigadores es un pago realizado en efectivo mediante ingreso en esta cuenta de 100.000 euros realizado el 29 de noviembre de 2005, "que parece no tener origen conocido y que parece haber sido realizado por ella misma". Durante su declaración, Noelia aseguró que "no sabría contestar" por quién fue realizado el ingreso, ni por qué motivo, ni de dónde obtuvo el dinero.

Asimismo, Noelia tiene también otra cuenta en la entidad de La Caixa, con ingresos superiores a 35.000 euros, que llevó a cabo ella misma y "sus padres para sufragar los gastos de vivienda y manutención durante su estancia en Barcelona", según su testimonio. Además, posee otra en La Caja General de Ahorros de Canarias, que la utilizaba cuando vivía en Tenerife, y cuyo valor asciende a 10.000 euros. "Estos ingresos los hacían sus padres, quienes sufragaban los gastos de estudios, vivienda y manutención de ella y de su hermana" Beatriz.

De esta manera, la hija de José Francisco Reyes tuvo que responder "a los más de 630.000 euros" que habría movido en efectivo la familia, sin que supuestamente se pueda justificar el origen de ese dinero. El informe de la Unidad contra la Delincuencia y Crimen Organizado (Udyco) y el resultado del registro practicado el miércoles 30 de septiembre en las viviendas del ex alcalde de Yaiza y de sus hijos, y hasta en el yate familiar atracado en el puerto deportivo Marina Rubicón, habrían destapado una importante cantidad de compras e inversiones realizadas en pocos años por Reyes y su familia. Por ejemplo, compras por cantidades importantes que se realizaban en metálico, sin que en esas mismas fechas se hubiera registrado una extracción de dinero en ninguna de las cuentas bancarias de la familia.

Así, la investigación habría podido determinar que estos gastos ascienden a unos 700.000 euros en un plazo de seis años, y especialmente concentrado en tres o cuatro, que supondrían una base sustancial para la causa.

Noelia fue preguntada también por los casi 500.000 euros que supuestamente aparecen reflejados en efectivo en las cuentas corrientes de ella misma y de sus hermanos, pero indicó que "no sabría contestarlo", al igual que tampoco confirmó que fuera su padre quien facilitó dicho dinero a toda la familia.

El interrogatorio a la hija de José Francisco Reyes se centró, asimismo, en la compra de dos viviendas que se realizaron en este tiempo en Barcelona y en La Laguna, Tenerife. Noelia es propietaria de un sobreático donde vive en Barcelona, situado en la calle Espronceda, y fue copropietaria de un piso en La Laguna, aunque este inmueble pertenece en la actualidad a su hermana Beatriz.

Noelia llegó a Barcelona hace cinco años, donde trabaja como diseñadora gráfica en una empresa. Percibe un sueldo mensual de 1.100 euros. Vive con su pareja, un electrónico que se dedica a reparar máquinas fotocopiadoras, y que tiene unos ingresos similares a su novia. No obstante, Noelia adquirió una vivienda el 13 de diciembre de 2005, que le costó 375.000 euros, de los cuales 68.000 euros se habrían abonado con anterioridad a suscribir la escritura pública de compraventa, según el auto del Juzgado de Instrucción Número 2 de Arrecife, que investiga esta causa. Según declaró Noelia, esta cantidad de dinero se la había entregado su padre, así como algo más de 12.000 euros, que fueron destinados al pago inicial de la casa. La hija de Reyes indicó en su interrogación que ignora de dónde obtuvo su padre dicha cantidad de dinero.

Noelia abona 1.200 euros mensuales de hipoteca, pese a que sus ingresos son menores que esa cantidad. Según manifestó, comparte piso con su pareja desde hace tres años y, por tanto, también afrontan los gastos juntos. Además, según afirmó, su padre "le ayuda". "Dicha ayuda consiste en una entrega de entre 1.000 y 2.000 euros, no todos los meses, un mes sí y otro no", se recoge en la declaración.

Años antes, en 2000, adquirió junto a su hermana Beatriz un inmueble en La Laguna. Según el auto del Juzgado de Arrecife, la casa costó algo más de 55.000 euros, de los cuales poco más de 12.000 euros habrían sido abonados en metálico por Noelia y Beatriz con anterioridad al otorgamiento de la escritura. En ese momento, ninguna de las dos hermanas tenía trabajo y, en concreto, Beatriz consta dada de alta por primera vez en la Seguridad Social en 2003, mientras que Noelia fue dada de alta en 2005.

En su declaración, la hija de Reyes negó que posea productos financieros en la República de Argentina y dijo que no tenía conocimiento de que su padre "se haya beneficiado de su puesto como alcalde de Yaiza". Además, señaló que ignora si el dinero que le entregaba su padre "tenía un origen ilítito".

Según diariodelanzarote.com:

Reyes citó en su declaración al abogado grancanario Ignacio Díaz de Aguilar, promotor del plan parcial Las Coloradas, a Joaquín Cañada, propietario de Club Lanzarote y promotor del plan parcial Montaña Roja, a Francisco Riquelme, representante del hotel Papagayo Arena y a una empresa vasca que construyó en el plan parcial Playa Blanca.

El ex alcalde no concretó el importe de dichas “ayudas económicas”, tal y como las llama él mismo, excepto en el caso de Ignacio Díaz de Aguilar. Reconoce que este abogado le dio dinero “en colaboración para el tema del partido (en ese momento CC) o algo así, que lo hizo para que los trámites se agilizasen y se hiciesen más rápidos o algo así”, según refleja la declaración recogida en el sumario, cuyo secreto fue levantado hace unos días por la juez que instruye el caso.

Según dicha declaración, probablemente Díaz de Aguilar no le ofreciese el dinero si no que le diría si podía colaborar de alguna forma. Reyes aseguró que fue Díaz de Aguilar personalmente quien le dio el dinero en efectivo, posiblemente "siete u ocho millones de pesetas [42.000 o 48.000 euros]".

La versión del ex alcalde precisa que el dinero no fue para conceder las licencias sino “de manera general, ya que él (Díaz de Aguilar) llevaba todo el plan parcial de las Coloradas, más bien en la segunda etapa, sobre 1998- 2000”.

Díaz de Aguilar es un abogado grancanario de prestigio, que además es presidente de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Estuvo asociado al plan parcial Las Coloradas y a diversas empresas que obtuvieron licencia en dicho plan parcial y lo está al plan parcial Playa Blanca, así como a una licencia en el plan Montaña Roja concedida a Urena Mountain.

Entre las empresas que figuran en la órbita de Díaz de Aguilar se encuentran Las Coloradas, SL y SA, Papagayo Sun Beach (hotel Iberostar La Bocayna), apartamentos Las Marinas o las parcelas donde se construyó el hotel Dreamplace Gran Castillo.

En algunos de estos expedientes, de media docena de licencias en Playa Blanca, anuladas por los tribunales, aparece Díaz de Aguilar como solicitante de licencias, prórrogas o representante legal. También está relacionado con la empresa Ledesdorfe, que anunció que interpondría cera de 300 pleitos contra el Cabildo por considerar que recurrió algunas licencias de forma arbitraria.

Otro de los empresarios mencionados por Reyes es José Francisco Riquelme, que solicitó la licencia final para el hotel Papagayo Arena, como representante de Explotaciones Nueva Valencia. Riquelme fue alcalde de Villajoyosa (Alicante) por el PSOE entre 1979 y 1987. También fue diputado provincial por esa formación política hasta 1986 y está relacionado con los apartamentos Atlantic Gardens, en el plan Montaña Roja de Playa Blanca.

Sobre Riquelme, Reyes señaló que “su colaboración era para agilizar los trámites en lo que pudiera ser legal” y aseguró que le entregó dinero en efectivo, en pesetas, aunque no recuerda ni cuándo ni qué cantidad. Añadió que ese dinero se lo dieron después de otorgadas las licencias.

Respecto a Cañada, Reyes declaró que le entregó dinero en varias ocasiones y en menos cantidad también por colaboraciones, “pues nadie da nada por nada”. El dinero se entregó en efectivo en euros y en el hotel o en un coche, pero tampoco recuerda qué cantidad.

Joaquín Cañada es uno de los propietarios del hotel Natura Palace y del plan parcial Montaña Roja, a través de Club Lanzarote, que tiene los derechos sobre un campo de golf aún por construir.

Por último, el ex alcalde exculpó a los técnicos municipales, señalando que contaba con ellos para que le agilizaran los trámites pero que no cobraban por ello. Hay dos técnicos imputados en este proceso: el secretario Vicente Bartolomé Fuentes y el aparejador Pablo Carrasco.

Según Diario de Lanzarote:

El abogado grancanario Ignacio Díaz de Aguilar ha remitido un comunicado en el que asegura que las acusaciones del ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, en las que le acusaba de haberle entregado dinero para agilizar licencias “son totalmente falsas”. Las afirmaciones del ex regidor forman parte del sumario judicial de las investigaciones por el caso de la concesión de licencias ilegales para la construcción de hoteles en Lanzarote.



Reyes declaró ante el Juzgado número 2 de Arrecife que Díaz de Aguilar le entregó personalmente y en efectivo unos siete u ocho millones de pesetas (43.000 o 48.000 euros). “Aparte de la absoluta imprecisión de las supuestas declaraciones en cuanto a fechas, circunstancias y motivos, la imputación carece de todo sentido”, señala Díaz de Aguilar.

“He representado a muchas empresas en Lanzarote durante casi veinte años y siempre he defendido sus intereses ante las diversas administraciones, fuera cual fuese su signo político”, señala el comunicado, que insiste en que “nunca se me ha ocurrido ofrecer dinero para colaborar con el tema del partido como habría manifestado el ex alcalde, ni en ningún otro caso. Es completamente absurdo", sentencia.

Díaz de Aguilar señala que no es promotor del plan parcial Las Coloradas sino que su trabajo ha sido “el de asesorar como abogado a la promotora del plan”. “De igual forma, cuando he presentado escritos administrativos en nombre de las empresas que representaba, lo he hecho en esa misma condición”, asegura.

Según el abogado, su actuación “en la defensa del plan parcial Las Coloradas en todo momento ha sido absolutamente correcta, ajustada a la legalidad y así consta en expedientes administrativos que cualquiera puede examinar”.

Además, afirma Díaz de Aguilar, “el plan parcial de Las Coloradas es el único o de los pocos planes parciales de Lanzarote que en aquel momento se adaptó al Plan Insular de 1991, para lo que contó con el informe favorable de la oficina del PIOL del Cabildo de Lanzarote, emitido el 8 de mayo de 1998” , dice la nota.

“Por ello, no tendría ningún sentido, ni siquiera en hipótesis, que ante una situación legal amparada por el Cabildo ofreciera dinero a ningún responsable político del Ayuntamiento”, asegura Díaz de Aguilar.

La nota continúa señalando que ha defendido profesionalmente a empresas cuyas licencias se cuestionaban, “y lo he hecho como entiendo que debe hacerlo cualquier profesional, cumpliendo la ley y con toda la dedicación posible”.

“Sé que ello me ha supuesto tensiones con algunas personas y administraciones en la isla, que es lo único que puede explicar el contenido de la información, que incluso alude a empresas que ni siquiera existían cuando José Francisco Reyes era alcalde de Yaiza”, añade.

“Desconozco los motivos que han llevado al ex-alcalde a realizar esas declaraciones y si ha sido en el ánimo de descargar sus responsabilidades pero si se confirma que las ha realizado, según recogen los medios, procederé legalmente contra él”, concluye.

Según La Voz de Lanzarote:

El ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, imputado por la presunta concesión de licencias ilegales para la construcción de hoteles en Lanzarote, dijo ante la jueza del Juzgado número 2 de Arrecife en su primera declaración el pasado 3 de octubre que la empresa Montelanza dio algunas subvenciones al PNL aunque recalcó que se hizo “dentro de la legalidad”, según se recoge en el sumario.



Montelanza gestionaba un complejo hotelero en Playa Blanca, el Sun Beach, que a partir del año 2004 fue traspasado a ‘Cayest turísticas’, de los hermanos Calixto Estupiñán. La empresa mantuvo una pequeña participación en Montelanza. ‘Cayest Turísticas’ también explota el Cay Beach Sun en la localidad de Playa Blanca, cuya licencia se concedió a Calixto y Estupiñán y JSP en agosto de 1999.

‘Cayest turísticas’ también gestiona otro complejo, el Cay Beach Papagayo, éste con licencia anulada por los tribunales, en el plan parcial Las Coloradas. Esa licencia se concedió a la empresa Calixto y Estupiñán y se traspasó a Alcadesa, que mantenía los mismos administradores. Calixto y Estupiñán fue absorbida por Pío Coronado, filiales ambas de Superdiplo.

La empresa Montelanza está presidida por José Manuel Romero Domínguez, presidente también de la Comunidad de propietarios del centro comercial Las Arenas y ex apoderado de Yudaya, la empresa de los hermanos Domínguez, también con intereses en Playa Blanca.

Entre los administradores de Montelanza también se encuentra Anastasio Molina López, ex consejero de JSP y ex administrador de Parque Eólico Montaña del Canónigo o de la Sociedad municipal de aparcamientos de Las Palmas de Gran Canaria. También está como consejero delegado Vicente Llinares Dorta, socio de JSP, de Vanyera 3 y ex presidente de la empresa Lloret y Llinares.

Reyes, a pesar de reconocer que esta empresa había colaborado con su partido, señaló que desconocía quiénes eran los propietarios de la sociedad. El PNL se fundó en 1996 de una escisión del PIL. Posteriormente se integró en Coalición Canaria y tras las elecciones del año 2003 se separa.

Según La Voz de Lanzarote:

El ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, reconoció ante la juez en su declaración que ganaba dinero a través de operaciones utilizando la información sobre la venta de terrenos en su municipio a bajo precio, según consta en el sumario judicial del caso que se sigue contra él por la presunta autorización de licencias ilegales para construir hoteles en Lanzarote.

Según Reyes, que fue alcalde entre 1994 y 2007, en el periodo en que ostentaba ese cargo informó a terceros de la venta de terrenos a bajo precio. Estos los compraban y los vendían posteriormente por un precio más elevado. Al ex alcalde le daban una cantidad de dinero por la información.

José Francisco Reyes aseguró que esa operación la hizo “un par de veces” cuando era alcalde, aunque se negó a decir quiénes eran esos terceros y quiénes “le habían echado una mano en varias ocasiones”. Tampoco precisó las fechas, las cantidades recibidas o la situación de los terrenos.

Parte del dinero que provenía de esas operaciones lo ingresó en efectivo en las cuentas de la sociedad Sean Sun Lanzarote, cuyo administrador es su hijo y que es la propietaria del yate ‘El Pachi’, amarrado en Marina Rubicón.

Respecto a esta empresa, Reyes declaró que sabe que a su hijo no le va muy bien con la sociedad y que no paga el amarre en el puerto deportivo porque tiene un acuerdo con la propiedad. El ex regidor señaló que los dueños del Marina Rubicón “saben de oídas que las personas visibles son Rafael Lasso, Juan Francisco Rosa, Martinón y Francisco Armas”. También reconoció que fue él personalmente a hablar con el gerente del puerto para utilizar sus instalaciones.

Según diariodelanzarote.com:

La jueza que instruye la diligencias contra el ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, en prisión desde el 4 de octubre por delitos en la concesión de licencias urbanísticas, ha citado a declarar como imputados al abogado Ignacio Díaz de Aguilar, a Joaquín Cañada, promotor del plan parcial Montaña Roja y a José Francisco Riquelme, empresario que pidió la licencia del hotel Papagayo Arena.

El ex alcalde de Yaiza confesó ante la titular del Juzgado número 2 de Arrecife haber recibido sumas de dinero de estos tres empresarios, que vinculó a la obtención de licencias o a la agilización de trámites en el Ayuntamiento. Reyes está acusado de prevaricación, tráfico de influencias, cohecho, malversación y blanqueo de capitales.

Como consecuencia de la marcha que lleva el procedimiento judicial, la jueza María Dolores García Benítez ha decidido que entre el lunes y el miércoles presten declaración hasta seis personas en calidad de imputados, según señala en una providencia fechada el 28 de octubre.

El lunes 2 de noviembre tendrán que declarar los gestores de Acuimar Cachazo SL, Simón Camacho Camacho y Antonio Marcelo Machín Arbelo, a las 9.30 horas. De la empresa es administradora una de las hijas de José Francisco Reyes, que los investigadores consideran que blanqueó capitales a través de sus familiares más próximos.

El mismo lunes a las 10.30 horas está citado como imputado José Rafael Mesa Ferrer, administrador de Gestión y Desarrollo Janubio SL. A las 11.30 horas será el turno del empresario Joaquín Cañada, vinculado a la empresa Club Lanzarote (promotora de Montaña Roja) y uno de los propietarios del hotel Natura Palace, también en Playa Blanca.

Para el miércoles 4 de noviembre la jueza ha citado como imputado al abogado Ignacio Díaz de Aguilar, representante legal de Las Coloradas SA, que tiene que comparecer a las 9.30 horas.

A las 10.00 horas está citado el representante de Papagayo Arena SL y de Explotaciones Hoteleras Nueva Valencia, José Francisco Riquelme, que fue alcalde socialista de Villajoyosa (Alicante) entre 1979 y 1987.

Según lavozdelanzarote.com:

La juez del Juzgado de Instrucción Número 2 de Arrecife ha imputado a Simón Camacho Camacho y a Marcelo Machín Arbelo por blanqueo de capitales y malversación de una subvención, según fuentes cercanas al caso consultadas por La Voz. Los dos empresarios declararon este lunes ante la magistrado María Dolores González, después de que el ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, diera sus nombres en su declaración.



Al parecer, estos dos empresarios están asociados con Beatriz, una de las hijas de Reyes, en una empresa denominada Acuimar El Cachazo S.L. Esta empresa tenía como objetivo la instalación de granjas marinas de acuicultura y, por ello, recibió supuestamente una subvención de la Consejería de Pesca del Gobierno de Canarias, que asciende a 830.000 euros.

Este dinero, según declararon los imputados ante la juez, se encuentra en una cuenta bancaria, pignorado a la ejecución de la obra, que nunca se llevó a cabo. Por ello, esta cantidad deberá ser devuelta a la Consejería de Pesca. Según han apuntado estos dos empresarios, existe un aval bancario ante este departamento del Ejecutivo canario.

Por otra parte, la imputación por blanqueo de capitales a Simón Camacho y Marcelo Machín podría girar en torno a una aportación que realizó la hija del ex vicepresidente del PNL a esta empresa, que cuenta con un capital social de 3.006 euros. Al igual que el resto de los socios, Beatriz Reyes invirtió 19.000 euros en esta sociedad. Los dos imputados han asegurado desconocer de dónde provenía el dinero que aportó la hija del ex alcalde de Yaiza en esta empresa.

Además de Simón Camacho y Marcelo Machín, la juez también interrogó como imputados durante la jornada del lunes a José Rafael Mesa Ferrer y a Joaquín Cañada, aunque se desconoce qué cargos pesan sobre ellos.

Según laprovincia.es:

La magistrada del Juzgado número 2 de Arrecife ha decidido mantener la imputación de cohecho al promotor del Plan Parcial Montaña Roja en Playa Blanca y propietario de la empresa Club Lanzarote, Joaquín Cañada, después de que ayer prestara declaración en los juzgados de la capital lanzaroteña en la trama de la concesión ilegal de licencias a hoteles y apartamentos por el ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes. Éste había acusado a Joaquín Cañada de haberle entregado una serie de cantidades económicas, aunque sin precisar cuánto dinero ni los motivos exactos. Eso sí, durante su declaración, Reyes indicó que "nadie da nada por nada" para justificar "las colaboraciones" recibidas del promotor de Montaña Roja.



La juez que lleva el caso tendrá ahora que impulsar las investigaciones de la Unidad contra la Delincuencia y el Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional para demostrar la procedencia de ese dinero que presuntamente recibió el ex alcalde a partir del año 1998, fecha en la que se concedieron las licencias turísticas.

Cañada es también propietario del hotel Natura Palace, cuya licencia está anulada en sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. En el mismo plan parcial tienen sus licencias anuladas los apartamentos Río Playa, el HL Club Playa Blanca, el Rubicón Palace y otro hotel, que no llegó a construirse, de 434 plazas.

Esta semana también están llamados a declarar otros dos de los empresarios a los que Reyes acusó de soborno. Serán el abogado y asesor del Plan parcial de Las Coloradas, Ignacio Díaz de Aguilar, y el ex alcalde de Villajoyosa (Alicante), José Francisco Riquelme. Todos los implicados han negado las acusaciones de Reyes, que se encuentra en prisión acusado de cohecho, prevaricación, malversación, tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

Según Diario de Lanzarote:

Díaz de Aguilar pidió a la jueza que levante la imputación que pesa sobre él por presunto cohecho después de que Reyes declarara el pasado 4 de octubre que el abogado, asesor del plan parcial Las Coloradas, le entregó dinero “para que los trámites se agilizasen y se hiciesen más rápidos o algo así”.



Reyes aseguró que fue Díaz de Aguilar personalmente quien le dio el dinero en efectivo, posiblemente "siete u ocho millones de pesetas [42.000 o 48.000 euros]". Añadió que era “en colaboración para el tema del partido (en ese momento CC) o algo así”.

El abogado señaló que este mismo miércoles había presentado un escrito en el Juzgado en el que anunciaba que una vez se proceda al sobreseimiento que ha solicitado de su causa, en el caso de que sucediera, formalizará una querella contra Reyes “por el delito de acusación y denuncia falsa en concurso de leyes con el de calumnia”.

“En mi declaración ante la juez he negado categóricamente los hechos que me imputa José Francisco Reyes”, apuntó Díaz de Aguilar. “El ex alcalde me acusa, confusamente, de haberle entregado dinero para agilizar trámites del plan parcial Las Coloradas” y “eso es completamente falso”, declaró.

“Jamás he entregado dinero al alcalde para agilizar ni ayudar de ninguna manera a tramitar los expedientes de mis clientes”, insistió Díaz de Aguilar, quien subrayó que viene asesorando “desde hace mucho tiempo” al plan parcial Las Coloradas.

Añadió que entre 1998 y 2000, su trabajo “principal” consistía “en adaptar ese plan parcial al Plan Insular de Lanzarote”. “El competente para aprobar definitivamente la adaptación es el Gobierno de Canarias con informe del Cabildo, no el Ayuntamiento, que realiza básicamente actos de trámite”, agregó.

Díaz Aguilar afirmó que había aportado al Juzgado copia de la citada adaptación del plan parcial, que se prolongó desde junio de 1997 a marzo de 2000. “Casi tres años para un procedimiento que puede resolverse en uno”.

“Un alcalde capaz de conceder una licencia en 24 horas no parece que pusiera mucho interés en agilizar esta adaptación al Plan Insular”, apuntó Díaz de Aguilar, quien consideró que “es simplemente inverosímil que nadie haya podido pagar premiando semejante ‘agilidad' en la tramitación de este expediente”.

En un comunicado, el abogado dijo desconocer “los motivos” por los que Reyes le ha acusado. “No obstante, y por si pudiera explicar su comportamiento, también he aportado al Juzgado una relación de 107 procedimientos judiciales que llevamos en el despacho en los que pedimos la nulidad de otras tantas licencias otorgadas por el ex alcalde”, afirmó.

“Hasta el momento se han dictado dos sentencias declarando la nulidad de las licencias de dos hoteles” en el ámbito de Puerto Calero, concluyó Díaz de Aguilar, quien también ha asesorado al plan parcial Playa Blanca, cuyo proyecto de urbanización ha sido declarado nulo por los tribunales de justicia.

Comunicado de Díaz de Aguilar:
http://www.diariodelanzarote.com/docume ... guilar.pdf

Según Diario de Lanzarote:

El ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, en prisión provisional, cuenta con los servicios del abogado Pablo Luna, que ejerce la defensa de la ex alcaldesa de Marbella, Marisol Yagüe, en el conocido ‘caso Malaya'. El especialista en derecho penal ya acudió este miércoles a la toma de declaración del imputado Ignacio Díaz de Aguilar en el Juzgado número 2 de Arrecife.



Según han apuntado diversas fuentes próximas al caso, el ex alcalde de Yaiza se habría retractado ante el Juzgado de su declaración del pasado 4 de octubre en la que reconoció haber recibido sumas de dinero de varios empresarios a cambio de agilización de trámites en el Ayuntamiento.

Reyes, imputado por tráfico de influencias, malversación, prevaricación, blanqueo de capitales y cohecho, intentaría de esta manera dar marcha atrás a una declaración que complicaría el papel de su defensa al haber confesado hechos que pueden ser constitutivos de un delito de cohecho.

El cambio de estrategia del ex alcalde en el procedimiento judicial coincide con el cambio de abogado defensor. Cuando arrancaron las diligencias en noviembre de 2006, a raíz de una denuncia del entonces consejero de Política Territorial del Cabildo, Carlos Espino, ante la Unidad contra la Delincuencia y el Crimen Organizado (Udyco), a Reyes lo defendía Felipe Fernández Camero.

Pero Fernández Camero también fue imputado en el procedimiento por la juez y tuvo que ir a declarar en tal condición al Juzgado número 2 de Arrecife, que investiga la concesión de una veintena de licencias ilegales por Reyes en su etapa en la Alcaldía. Felipe Fernández Camero ha prestado servicios de asesoramiento durante años al Ayuntamiento de Yaiza.

Posteriormente fue la abogada África Zabala la que se hizo cargo de la defensa de José Francisco Reyes y ahora es Pablo Luna el que representa al ex alcalde. Profesor de Derecho Penal en la Universidad de Granada, es abogado defensor de la ex alcaldesa de Marbella, Marisol Yagüe, en el ‘caso Malaya', en el que hay más de un centenar de imputados.

Según lavozdelanzarote.com:

El ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, ha salido en la mañana de este miércoles del Centro Penitenciario de Tahíche, donde se encuentra en prisión provisional desde el pasado 4 de octubre, para comparecer de nuevo ante la magistrado del Juzgado de Instrucción Número 2 de Arrecife, María Dolores García Benítez. Ante la juez, Reyes se ha retractado de la primera declaración que prestó tras ser detenido, en la que admitió haber recibido dinero de empresarios, vinculado a la concesión de licencias ilegales.

El mismo Reyes solicitó volver a declarar, después de fichar a un nuevo abogado para su defensa, relacionado con el caso Malaya. El letrado Pablo Luna, abogado también de la ex alcaldesa de Marbella, Marisol Yagüe, ha acompañado este miércoles al ex alcalde en su nueva comparecencia ante la jueza, en la que ha afirmado que realizó su primera declaración “bajo presión”.



Tras escuchar su nuevo testimonio, la jueza ha vuelto a ordenar el traslado de José Francisco Reyes al Centro Penitenciario de Tahíche, donde continuará en prisión provisional.

En su primera declaración, Reyes llegó a dar incluso los nombres de empresarios que supuestamente le habrían entregado dinero, lo que dio lugar a seis nuevas imputaciones en esta causa. Sin embargo, este miércoles no ha aclarado por qué entonces aportó datos tan concretos e implicó a otras personas.

Una de ellas era el abogado Ignacio Díaz de Aguilar, representante legal de Las Coloradas S.A., al que Reyes señaló en su primera declaración, afirmando que “le ayudó en su momento”. Según la declaración que consta en el sumario de la causa, el ex alcalde afirmó que “el dinero se lo dio en colaboración para el tema del partido, o algo así”, haciéndolo “para que los trámites se agilizasen y se hiciesen más rápido”.

El ex alcalde llegó a asegurar que Díaz de Aguilar “personalmente le dio dinero en efectivo”, no “recordando la cantidad”, pero “posiblemente unos siete u ocho millones de pesetas”.

Reyes también fue especialmente explícito en su primera declaración con respecto al empresario José Francisco Riquelme, representante de Papagayo Arena S.L. y de Explotaciones Hoteleras Nueva Valencia. Reyes había llegado a afirmar ante la jueza que éste le entregó “dinero en efectivo, aunque no sabe la cantidad ni la fecha de la entrega”, para “agilizar los trámites en lo que pudiera ser legal”. Además, señaló que el dinero lo recibió después de entregar las licencias, “no cuando hacían la solicitud”, y que “se lo daban por agradecimiento de los trámites que se hacían”.

Además, también fueron citados como imputados tras la declaración de Reyes el empresario Joaquín Cañada, así como Simón Camacho y Marcelo Machín, acusados de presuntos delitos de blanqueo de capitales y malversación de una subvención.

A estos cinco imputados se suma el empresario José Rafael Mesa, que aún está pendiente de declarar ante la juez. Respecto a Mesa, Reyes dijo en su primera declaración que él le otorgó una licencia para un complejo de apartamentos. Posteriormente la empresa, Gestiones de Desarrollos Janubios, “prestó” un piso a una de las hijas del ex alcalde, Beatriz. “Se la dejó por un tiempo que se ha alargado más de la cuenta”, señaló Reyes en su declaración, agregando que él mismo le pidió a Rafael Mesa el “favor”.

Pese a que Reyes ha dado marcha atrás en su confesión, la imputación de los seis acusados se mantiene, a la espera de nuevas decisiones de la magistrado, y será la Justicia la que determine qué declaración tiene mayor validez: si la realizada este miércoles, o la confesión realizada el pasado 4 de octubre.

Según diariodelanzarote.com:

Reyes compareció el miércoles de forma voluntaria ante la jueza María Dolores García Benítez. En su declaración, donde se retractó de haber recibido dinero de empresarios, señaló que cuando lo detuvieron, a finales de septiembre, “estaba con unas heridas de consideración, con posibilidad de coger una infección, escuchaba a su mujer toser y a su hija Beatriz llorar”.

Aseguró que al estar presente su mujer en la segunda declaración que hizo tras su detención, sufrió “presión y desespero”, lo que le llevó a declarar, según se recoge en su declaración judicial. Reyes afirmó que no supo el daño que hizo a esas personas “que no tienen culpa de nada”, en referencia a los empresarios implicados en el pago de sobornos.

El ya ex vicepresidente del PNL dijo que no se acordaba de lo que había declarado y que se quería retractar porque lo que dijo es falso y que lo indicó por intentar salvar a su familia. Reconoce, no obstante, que no se le denegó asistencia médica y que se le leyeron sus derechos.

A las preguntas del Ministerio Fiscal, Reyes señaló que no sabe por qué dio los nombres que dio. “Son los primeros que le vinieron”, se recoge en su declaración.

Posteriormente, a las preguntas de su abogado, afirma que llegó al convencimiento de que si decía unos nombres su mujer y sus hijos no irían a prisión y que esos nombres se le vinieron al pensamiento. No obstante, dice la declaración, el ex alcalde “tuvo la intención de decir nombres de personas que no fueran de Lanzarote para no tener que verlos todos los días”.

El ex regidor de Yaiza declaró que quería pedir disculpas a esas personas y a la jueza “por el tiempo que le ha hecho perder”. Se le pregunta si recibió visitas en la cárcel de abogados de otros imputados en la causa y contesta que sí, que ha recibido “a varios letrados de otros imputados para hablar de esto”. Inmediatamente, sin embargo, lo niega en varias ocasiones y dice que la pregunta no la había entendido bien.

A las preguntas de su nuevo abogado, Pablo Luna, reconoce que escribió una carta desde la cárcel en la que se retractaba de su declaración y se la dio a este letrado. Dijo que ningún letrado de otro imputado le pidió que cambiara su declaración y que él la modificó libremente.

Reconoce, en ese turno de preguntas, que citó a esos empresarios, no por venganza pero sí por “diferencias” con alguna de esas personas y para salvar a su familia. Negó que nadie le hiciera entrega de dinero durante su permanencia en la alcaldía y que su familia, sus hermanos, se han unido para apoyarle económicamente.

Reyes no quiso contestar a ninguna de las preguntas de la abogada de la acusación, que le formuló más de veinte cuestiones. No quiso explicar la procedencia ilícita del dinero que ha manejado, ni cómo ha contactado con su actual letrado, ni justificar el patrimonio de su familia, ni si conoce a los empresarios nombrados y a otros.

La jueza volvió a decretar su ingreso en prisión provisional. A Reyes se le imputan los delitos de blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias.

También continúan imputados en esta causa su mujer, tres de sus hijos, los empresarios Juan Francisco Riquelme, Ignacio Díaz de Aguilar, Joaquín Cañada, Marcelo Machín, Simeón Camacho y el abogado Felipe Fernández Camero.

Según La Voz de Lanzarote:

Además de los 700.000 euros localizados por la Udyco y correspondientes a gastos y movimientos en metálico que habrían realizado José Francisco Reyes, su mujer y especialmente sus tres hijos en los últimos años, y que tendrían presuntamente un origen ilícito, la investigación también intenta determinar si el ex alcalde de Yaiza sacó dinero al extranjero o a paraísos fiscales.

A la luz de los interrogatorios realizados tanto a Reyes como a una de sus hijas, Noelia, detenida en Barcelona y posteriormente puesta en libertad con cargos, uno de los países donde se está siguiendo el rastro de los movimientos económicos de la familia es Argentina.

En concreto, José Francisco Reyes fue preguntado tanto por la jueza como por el fiscal por sus viajes a este país. Al respecto, el ex alcalde señaló que estuvo allí en dos ocasiones. Una “hace muchísimos años a una feria de turismo”, y otra “hace tres o cuatro años”. El viaje habría sido detectado por la Justicia ya que correspondería a uno de los pagos en efectivo realizados por Reyes y que se encuentran bajo sospecha. Según declararon desde la agencia de viajes, pagó en metálico unos 7.000 euros por dos billetes en clase preferente.

Según el ex alcalde de Yaiza, viajó con su primo, Andrés Rodríguez, y con otro señor de Tenerife, y “fueron a ver muchas fincas que una gente de aquí había comprado”. Sin embargo, él asegura que “no compró ni tiene nada allí”, porque “eso le queda muy lejos de su familia”.

También Noelia Reyes fue interrogada sobre este extremo, respondiendo que “no es titular de ningún bien mueble o inmueble, ni forma parte de los órganos de administración ni posee productos financieros en la República Argentina”.

La primera vez que José Francisco Reyes declaró ante la jueza tras su detención, y al tener que justificar los movimientos de dinero que han realizado él y su familia durante los últimos años, el ex alcalde de Yaiza comenzó afirmando que no sabía “de dónde sacaba el dinero”. Según consta en el sumario de la causa, dijo que “cree que lo tenía de su sueldo como alcalde y de otra economía sumergida”, literalmente. Aunque en ese momento, se refería a “la agricultura, la ganadería” y “cosas que había vendido”, según él, “sin factura”.

Al hablar de su situación económica, Reyes sostuvo que “ha vendido mucha papa por Lanzarote y por Fuerteventura” y que, además, su familia “ahorra en la cesta de la compra gracias a su finca y a su granja”.

Sin embargo, conforme iba teniendo que responder a cómo hizo importantes y sistemáticos ingresos en metálico en las cuentas de sus hijos, o cómo compraron pisos y un yate, y de dónde salió ese dinero en efectivo, Reyes terminó admitiendo que algunos empresarios le habían “ayudado” económicamente.

Después, incluso decidió ampliar su declaración y dio nombres concretos. Sin embargo, a la tercera decidió volver al principio y negar su confesión, con lo que sigue teniendo que explicar cómo pudo mover su familia cientos de miles de euros en efectivo y de origen desconocido, como refleja el informe de la investigación realizada por la Udyco.

Según La Voz de Lanzarote:

La jueza del Juzgado de Instrucción Número 2 de Arrecife, María Dolores García Benítez, ha decretado la puesta en libertad del ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, bajo fianza de 120.000 euros.

Tal como informó el pasado lunes La Voz de Lanzarote, la defensa de Reyes había pedido formalmente su puesta en libertad, cuando ya ha cumplido casi dos meses y medio en prisión provisional. Reyes ingresó en el Centro Penitenciario de Tahíche el pasado 4 de octubre, cuatro días después de ser detenido junto a su mujer y tres de sus hijos.

Ahora, José Francisco Reyes continuará en libertad bajo fianza a la espera de juicio. En la causa, está imputado por cohecho, prevaricación urbanística, malversación de fondos, tráfico de influencias y blanqueo de capitales, en realación a la concesión masiva de licencias ilegales en Playa Blanca.

Tras su detención, Reyes llegó a confesar que había recibido dinero vinculado a la concesión de licencias ilegales, dando incluso nombres de los empresarios que habría pagado. Sin embargo, tras "fichar" para su defensa al abogado Pablo Luna, que también representa a la ex alcaldesa de Marbella, Marisol Yagüe, en el caso Malaya, Reyes cambió de estrategia y se retractó de su confesión inicial.

Así, el pasado 18 de noviembre, el ex alcalde de Yaiza volvió a los Juzgados de Arrecife a petición propia e intentó convencer a la jueza de que se inventó su confesión inicial porque estaba “bajo presión” y porque creía que así libraría de la cárcel a su mujer y sus hijos, que están imputados por blanqueo de capitales en esta causa.