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NotaPublicado: Mar 30 Mar, 2010 2:55 pm 
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Según La Voz de Lanzarote:

La titular del Juzgado de primera instrucción número 2 de Arrecife, María Dolores García ha citado a declarar en calidad de imputados a los empresarios Juan Francisco Rosa,Rafael Lasso y Francisco Armas dentro de la investigación que se sigue por el caso de las licencias ilegales de los hoteles en Playa Blanca.

A estos empresarios se les acusaría de un posible delito de cohecho y están llamados a declarar el próximo 19 de abril. Por este procedimiento ya han pasado a declarar varios empresarios turísticos más, también acusados de cohecho.

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Estos empresarios, además de ser socios en el puerto Marina Rubicón, son administradores de empresas que lograron licencias para hoteles, ahora anuladas por la justicia. Rosa, además, está imputado en la Operación "Unión", en cuyo sumario se demuestra que tenía contratado a Dimas Martín.

El principal imputado en esta causa, el ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, que estuvo cuatro meses en prisión preventiva, declaró que cuatro empresarios, entre los que no se encuentran los ahora citados, le habían dado dinero para conseguir las licencias de los hoteles. Posteriormente se retractó de su declaración. También declaró que el yate de su hijo no pagaba por el atraque en el Marina Rubicón.

En esta misma causa, además de los empresarios y del alcalde, están imputados los tres hijos de Reyes y su mujer y varios funcionarios municipales de Yaiza, de la Oficina técnica. También está imputado el ex secretario del Ayuntamiento de Arrecife, el abogado Felipe Fernández Camero.

Reyes confesó en octubre pasado que había participado en operaciones con información privilegiada y que había recibido dinero por otorgar licencias con los informes preceptivos o con informes en contra. En los últimos cuatro años se le detectó un aumento del patrimonio de casi 800.000 euros sin justificar.


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NotaPublicado: Jue 01 Abr, 2010 11:03 am 
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Según La Provincia:

El gerente del puerto deportivo Marina Rubicón, Rafael Lasso Lorenzo, negó ayer que se le hubiese dado trato de favor al ex alcalde de Yaiza José Francisco Reyes por el atraque de la embarcación El Pachi en sus instalaciones, por el que la titular del Juzgado número 2 de Arrecife ha imputado por un presunto delito de cohecho a tres de los principales socios de este muelle, Rafael Lasso (padre del gerente), Juan Francisco Rosa y Francisco Armas.

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"Hemos aportado en el juzgado la documentación con el acuerdo de explotación que teníamos con la empresa del barco, las facturas con los pagos por el mantenimiento en el varadero, los vales de la gasolina e incluso un listado con las empresas que operan en nuestro puerto con el mismo contrato de explotación que se le ha aplicado al barco de Reyes", aseguró ayer Lasso Lorenzo.

El gerente del puerto deportivo Marina Rubicón, que fue llamado a declarar como testigo, añadió que se ha puesto a disposición de la juez toda la documentación que necesite sobre la contabilidad de las instalaciones. "Estamos tranquilos", concluyó Lasso.

El Pachi, una embarcación de casi 12 metros de eslora y cuatro de manga, llegó a finales de 2003 a Lanzarote tras ser adquirida por el ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, en el Salón Náutico de Barcelona, para la sociedad Sea Sun Lanzarote, de la que también formaba parte su hijo, José Francisco Abel Reyes. El barco fue precintado a finales del pasado año por la titular del Juzgado número 2 de Arrecife después de que el ex alcalde no pudiera acreditar el origen de los cerca de 124.000 euros que desembolsó para su adquisición.

La investigación se enmarca en las pesquisas por la concesión de licencias ilegales de hoteles y apartamentos en Yaiza y Teguise tras la denuncia presentada por el secretario insular del PSOE, Carlos Espino.


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NotaPublicado: Mié 07 Abr, 2010 7:11 am 
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Según diariodelanzarote.com:

La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Judicial no ha podido acreditar, después de casi tres años de investigación, que el promotor de la urbanización Costa Roja, Luis Lleó, sobornase al ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, para conseguir la licencia que le permitiera construir más de 1.000 viviendas en suelo no apto.

Así lo subraya la jueza que instruye el procedimiento penal por el ‘caso Costa Roja', Ángela López Yuste Padial, en un auto reciente en el que da por concluida la fase de diligencias previas y convierte las actuaciones en procedimiento abreviado, que acerca el desenlace del caso al juicio oral.

Los investigadores policiales reconocieron en un informe que “aparentemente no se han detectado transacciones económicas con origen desde el entorno” de Luis Lleó “con destino en el entorno” de José Francisco Reyes. El arquitecto de la urbanización, Enrique Ruiz Santana, llegó a denunciar que se había conseguido la licencia a cambio de un soborno de tres millones de euros.

La titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Arrecife considera en el auto –fechado el 26 de marzo- que en la autorización de la licencia de obras, concedida a finales de 2006, se cometió presuntamente un delito de prevaricación, que atribuye al ex alcalde de Yaiza, al secretario municipal, Vicente Bartolomé Fuentes, y al jefe de la Oficina Técnica, Antonio Lorenzo.

El proyecto autorizado por Reyes consistía en la construcción de 1.012 viviendas, 228 locales comerciales y 2.559 plazas de garaje que se levantarían en una parcela de 53.583 metros cuadrados de superficie que no estaba calificada en el planeamiento municipal de 1973 como urbana sino como de reserva urbana de uso turístico.

El presupuesto global de la operación urbanística ascendía a 69,3 millones de euros. El Ayuntamiento de Yaiza liquidó 1,6 millones en concepto de impuestos, 1,5 millones en concepto de tasas y 260.000 en concepto de tasas por la expedición de documentos.

En el auto de la jueza se resalta que “tras las investigaciones llevadas a cabo” por la Policía Judicial “no existen indicios bastantes para imputar un presunto delito de cohecho” ni contra el ex alcalde y los técnicos municipales, ni contra el promotor de la urbanización.

De hecho, la jueza acuerda “el sobreseimiento provisional y archivo” de las acciones contra Luis Lleó, que estaba imputado por cohecho (soborno). Considera que no está “justificada la comisión de infracción penal alguna” por parte del promotor de Costa Roja, que por otro lado es uno de los principales imputados del 'caso Unión'.

Cabe recordar que Luis Lleó está acusado de haber intentado sobornar al secretario general del PSOE de Lanzarote, Carlos Espino, que precisamente interpuso una querella contra el ex alcalde de Yaiza por haber concedido la licencia de Costa Roja.

El intento de soborno, a través del empresario Fernando Becerra, quedó registrado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y tenía por finalidad conseguir la legalización de la urbanización de Costa Roja a través de una 'hoja de ruta' tramitada ante el Cabildo de Lanzarote.

Unos meses después de que Carlos Espino presentase la querella, en 2007, el arquitecto de la urbanización, al que Lleó debía dinero, registró una denuncia en la Policía en la que señaló que, aunque no tenía pruebas directas de la compra, le informaron de que el proyecto "era una patraña", ya que se quería conseguir la licencia "por la vía rápida".

La versión del arquitecto es que la supuesta compra ilegal se haría por el 5% del presupuesto, unos tres millones de euros. En su momento apuntó que se pagaría “en pagarés al portador que se cambian por dinero negro”.

Los casi tres años de diligencias previas del ‘caso Costa Roja' han sido infructuosos desde el punto de vista de recabar pruebas para acreditar más presuntos delitos que el de la prevaricación, que fue el inicialmente denunciado por Espino y sobre el que existían indicios desde el primer momento.

Como se recordará, una vez que se destapó la concesión de la licencia, el Cabildo de Lanzarote interpuso un recurso contencioso administrativo al entender que el suelo sobre el que se iba a levantar la urbanización no era apto para la construcción, que los tribunales paralizaron de forma cautelar.


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NotaPublicado: Jue 15 Abr, 2010 7:16 am 
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Según lavozdelanzarote.com:

La gente que rodeaba a Reyes era una mafia”. La frase ha sido pronunciada este miércoles por un nuevo testigo que ha declarado en el marco de la causa abierta por la presunta trama para la concesión de licencias ilegales. Supuestamente, escuchó estas palabras de un empresario vasco que, según ha afirmado este testigo, entregó 500.000 euros a José Francisco Reyes a cambio de obtener licencias para poder construir en el Plan Parcial Playa Blanca.

Una nueva declaración prestada este miércoles en los Juzgados de Arrecife ha pasado a convertirse en una pieza clave en la causa abierta por la trama de las licencias de Playa Blanca. Durante más de tres horas, un testigo ha aportado datos concretos de la relación entre una empresa vasca y el ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, confirmando los supuestos sobornos que el mismo Reyes confesó en su día, aunque luego se retractó.

Concretamente, el testigo que este miércoles ha comparecido ante la jueza del Juzgado de Instrucción Número 2 de Arrecife, María Dolores García Benítez, y el fiscal, Ignacio Stampa, en presencia de los demás letrados de las partes personadas (acusación y defensas), ha llegado a afirmar que un empresario vasco entregó 500.000 euros a José Francisco Reyes, a cambio de la concesión de licencias para poder edificar en el Plan Parcial Playa Blanca. A esta elevada cifra económica se habrían sumado, según su testimonio, varios “regalos” de Navidad que supuestamente habría recibido el ex alcalde de esta misma empresa.

Además, el testigo ha señalado al supuesto intermediario que actuó en la operación, y también ha afirmado que Reyes habría aceptado ese dinero, supuestamente, para su partido, el PNL. Una nueva acusación que también refuerza lo declarado por el propio ex alcalde en su momento, y que podría abrir nuevos frentes en esta causa que se inició hace más de tres años.

En la declaración que prestó después de ser detenido el pasado 30 de septiembre de 2009, Reyes dio nombres de seis empresarios, que pasaron a estar imputados en la causa, y en alguno de los casos, llegó a afirmar que recibió dinero “en colaboración para el tema del partido”.

Además, señaló a una séptima persona a la que se refirió como “el vasco de Playa Blanca”, alegando que no recordaba su nombre, pero del que dijo, según consta en su declaración, que “también le ofreció un dinero por una colaboración y él aceptó, porque tenía una serie de parcelas” y quería que le “agilizase los trámites”.

Ahora, este testigo ha puesto nombre a ese empresario vasco, que supuestamente sería José Ramón Olaberría, e incluso ha señalado a otra persona como intermediario, dando un elemento más a la acusación que se mantiene en esta causa, que tiene ya una quincena de imputados, con delitos que van desde la prevaricación hasta el cohecho, la malversación de fondos, el tráfico de influencias y el blanqueo de capitales.

Reyes pasó dos meses y medio en prisión provisional por esta causa, tras ser detenido junto a su mujer y tres de sus hijos, y actualmente está en libertad bajo fianza de 120.000 euros.

En su confesión del pasado 4 de octubre, el ex alcalde de Yaiza había implicado hasta a seis personas, siendo especialmente explícito al referirse al abogado Ignacio Díaz de Aguilar y al empresario José Francisco Riquelme. Sobre el primero, representante legal de Las Coloradas S.A., señaló que “personalmente le dio dinero en efectivo”, no “recordando la cantidad”, pero “posiblemente unos siete u ocho millones de pesetas”. En cuanto a Riquelme, representante de Papagayo Arena S.L. y de Explotaciones Hoteleras Nueva Valencia, Reyes había llegado a afirmar ante la juez que éste le entregó “dinero en efectivo”. Ambos negaron en el juzgado las acusaciones de Reyes e incluso el primero anunció que se querellaría contra el ex alcalde de Yaiza.

Estas dos personas, además de los empresarios Simón Camacho, Marcelo Machín, Joaquín Cañada y José Rafael Mesa, (que también negaron ante la juez haber realizado pagos al exalcalde de Yaiza) fueron imputados tras la declaración de Reyes,aunque éste se retractó un mes después de su confesión, coincidiendo con su cambio de abogado y con el “fichaje” para su defensa del abogado Pablo Luna, que también representa a la ex alcaldesa de Marbella, Marisol Yagüe, en el caso Malaya.

Así, el ex alcalde de Yaiza volvió a los Juzgados de Arrecife a petición propia e intentó convencer a la jueza de que se inventó su confesión inicial porque estaba “bajo presión” y porque creía que así libraría de la cárcel a su mujer y sus hijos, que están imputados por blanqueo de capitales. Sin embargo, ahora la declaración de un testigo confirma algunos de los extremos admitidos por él mismo durante su primera declaración ante la juez y el fiscal.
La causa

Desde su origen, esta investigación trataba de llegar al fondo de los motivos que llevaron al ex alcalde de Yaiza a conceder más de 30 licencias ilegales y prórrogas de otras caducadas entre los años 1998 y 2003, que han pasado a estar bajo sospecha de corrupción. Y es que Reyes autorizó alrededor de 10.000 nuevas camas turísticas para hoteles y apartamentos en el sur de la isla, yendo contra del Plan Insular de Lanzarote, de los informes del Cabildo y hasta de los propios informes de los técnicos del Ayuntamiento.

El proceso lleva abierto más de tres años y en él estaban imputados, además de José Francisco Reyes, el abogado Felipe Fernández Camero, el secretario del Ayuntamiento, Vicente Bartolomé Fuentes, y Pablo Carrasco Cabrera, de la Oficina Técnica del Ayuntamiento de Yaiza, por presuntos delitos de prevaricación urbanística y cohecho. El Ministerio Fiscal consideraba que todos ellos formaban parte de una trama dedicada a la concesión masiva de licencias ilegales en Playa Blanca.

Además, la mujer y tres de los hijos de Reyes, que fueron detenidos junto al ex alcalde sureño el pasado 30 de septiembre, y posteriormente puestos en libertad con cargos, también han pasado a estar imputados en esta causa por presuntos delitos de blanqueo de capitales, tras el informe realizado por la Udyco, en el que se rastreó el patrimonio de José Francisco Reyes y de su entorno.

Nota: Puede que se refiera a la parcela R-09-A destinada a 37 bungalós de Prolar Inversión Tenerife.


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NotaPublicado: Jue 15 Abr, 2010 6:11 pm 
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Según La Voz de Lanzarote:

El testigo que declaró este miércoles en los Juzgados de Arrecife en la causa abierta por la trama de las licencias de Playa Blanca aseguró que ha recibido amenazas por parte de varios empresarios. Según su testimonio, un empresario le dijo “en varias ocasiones que permaneciera callado, que las espadas estaban en alto”.

Durante su declaración, este testigo aportó datos concretos de la relación entre una empresa vasca y el ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, y dio el nombre de estos empresarios. Así, mencionó a Ricardo Sánchez, a José Ramón Olaberría y a Félix Leceta, que supuestamente habría actuado como intermediario con el ex alcalde.

Según este testigo, los empresarios entregaron 500.000 euros a José Francisco Reyes, a cambio de la concesión de licencias para poder edificar en el Plan Parcial Playa Blanca. Incluso, supuestamente, llegaron a enviarle cestas de Navidad al ex alcalde, así como a otras dos personas relacionadas con el Consistorio.

El testigo estaba relacionado profesional y personalmente con estos tres empresarios, sobre todo, con uno de ellos. Sin embargo, sus relaciones se deterioraron en 2009, según declaró, porque empezaron a desconfiar de él debido a la información que conocía, y acabaron distanciándose. Así, temían que "comentara algo de lo que había oído, de lo poco que sabía".

Según indicó ante la jueza del Juzgado de Instrucción Número 2 de Arrecife, María Dolores García Benítez, y el fiscal, Ignacio Stampa, estos empresarios temían que les delatara.

Este testigo denunció estos hechos en Fiscalía, después de la detención el pasado 30 de septiembre de 2009 de José Francisco Reyes. Según su declaración, ya había pensado con anterioridad acudir a los Juzgados porque “no le gustaba todo eso”. Sin embargo, después de que arrestaran a Reyes se decidió a hacerlo “por si la información que tenía pudiera ser de interés”.

Además, afirmó que tras presentar el escrito en Fiscalía no recibió ninguna amenaza, sino que éstas llegaron antes. Pese a que indicó ante la juez que no se sintió intimidado, sí que dijo que no sabía “hasta dónde podían llegar” estas coacciones.


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NotaPublicado: Vie 16 Abr, 2010 7:06 am 
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Según laprovincia.es:

La investigación de la supuesta trama corrupta para la concesión de licencias de construcción en Yaiza ha encontrado una posible garganta profunda. Facundo Perdomo, el antiguo socio y administrador de sociedades del empresario vasco Ricardo Sánchez Armendáriz, con varios negocios turísticos en Lanzarote, ha asegurado ante el fiscal y ante el Juzgado Número Dos, que instruye esta causa, que este último pagó presuntamente un total de 500.000 euros al ex alcalde, José Francisco Reyes, con el matiz de que, según los testimonios que aporta, el dinero "no sería para él, sino para el partido", esto es, el PNL. En esta causa también están imputados la mujer y los hijos del ex alcalde, dos técnicos municipales, el abogado Felipe Fernández Camero y varios promotores.

Las ilegalidades urbanísticas que crecieron en el sur de Lanzarote y en Teguise han quedado refrendadas por una treintena de sentencias que declaran nulas las licencias de otros tantos hoteles y complejos de apartamentos. Se trata de dirimir ahora si hubo también responsabilidades penales, que es lo que en esencia se investiga. Según este testigo, que compareció el pasado miércoles ante el juzgado y que denunció los hechos en noviembre de 2009, Sánchez le habría confesado el supuesto pago en una cena en Puerto del Carmen: "Quinientos mil euros nos ha costado resolver el tema". En principio se trataba de los permisos para construir más de un centenar de bungalós en Playa Blanca.

Perdomo explica que volvió a coincidir con el denunciado y con su mujer en la ciudad vasca de San Sebastián y que entonces fue su esposa la que comentó lo siguiente: "Me da una rabia tener que haber pagado a este tío para que nos diera las licencias", agregando que el entorno del alcalde "era una mafia". Según su testimonio, el marido cambió de tema y dijo que "al final salió bien". Agrega que una empresa pagó 800.000 euros por uno de los proyectos. En su declaración, asegura que Sánchez solía regalar cestas navideñas a Reyes y a otras personas vinculadas al Ayuntamiento.

El denunciante no oculta su mala relación actual con su ex socio, según afirmó ante el fiscal el pasado noviembre: "Me tiene amenazado con que si digo algo en su contra me van a hundir. Me dijo que tenga mucho cuidado".


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NotaPublicado: Vie 16 Abr, 2010 7:13 am 
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Según canariasahora.es:

El aparejador Félix Leceta ofreció en el año 2005 en el hotel La Geria 500.000 euros a José Francisco Reyes, cuando éste era alcalde de Yaiza, para que le concediera unas licencias para construir en el plan parcial Playa Blanca para las sociedades Lanpro y Promotora Costa Papagayo.

Reyes habría aceptado el dinero, aunque “no para él sino para el partido”, el PNL. Esta es parte de la declaración que efectuó este miércoles en el Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 2 de Arrecife un testigo que presentó una denuncia en Fiscalía en noviembre del año pasado, tras conocer la detención de Reyes y su familia, y que este miércoles se ratificó en sus acusaciones.

La declaración del testigo se produce en el marco del procedimiento que se sigue contra José Francisco Reyes por la concesión masiva de licencias a hoteles en Playa Blanca, ahora anuladas por la justicia. En este procedimiento están imputados, además de Reyes, su mujer y sus hijos, dos técnicos municipales, varios empresarios y el ex secretario de Arrecife, Felipe Fernández Camero.

El testigo denunciante tenía relación directa con las dos sociedades nombradas ya que era socio de sus administradores a través de Laguitur, empresa que gestiona los apartamentos Atalaya, de Puerto del Carmen. Representaba, al igual que Leceta, los intereses de dos empresarios vascos, José Ramón Olaberría y Ricardo Sánchez Armendáriz.

Siempre según esta declaración, en mayo o junio de 2005, estos dos últimos empresarios le dijeron a Leceta que ofreciera ochenta millones de pesetas (500.000 euros) a Reyes. La segunda referencia que tiene el testigo sobre el pago de ese dinero fue el comentario que le hizo Ricardo Sánchez, junto a su mujer, Maite, en una cena a finales de 2006 en el restaurante El Bodegón, de Puerto del Carmen.

De nuevo en una cena con ellos dos en San Sebastián, éstos se habrían ratificaron sobre el pago de esa cantidad a Reyes. Sánchez admitió haber pagado, según la declaración del testigo, que aseguró en sede judicial estar amenazado. En esa cena, la mujer de Sánchez, Maite Fernández, dijo que la gente que estaba con José Francisco Reyes “era una mafia”.

El testigo desconoce si se llegaron a pagar finalmente los 500.000 euros pero asegura que le encargaron poco después conseguir una caja de seguridad en Bankinter. Por otra parte, señaló que en diciembre de 2006 llevó tres cestas de Navidad, una para Reyes y otras que cree que eran para Tato (José Antonio Rodríguez el ex teniente alcalde) y para el secretario municipal Vicente Bartolomé Fuentes. Dijo también que años antes habían enviado esas cestas desde la Península.

El 30 de agosto de 2005, Reyes concedió licencia de construcción a José Ramón Olaberría y otros para proyecto básico para 34 bungalós en ese plan parcial. El 2 de septiembre se concedió otra licencia a Félix Leceta en representación de Promotora Costa Papagayo para 49 bungalós, que se amplió a 74 siete días después en un nuevo decreto. En diciembre, la misma empresa recibe dos licencias más, para 13 y 31 apartamentos.


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NotaPublicado: Vie 16 Abr, 2010 11:15 am 
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Según diariodelanzarote.com:

El testigo que declaró el miércoles dentro del caso de los hoteles ilegales de Lanzarote que el ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, había recibido medio millón de euros de unos empresarios vascos para otorgarles licencias en Playa Blanca, denunció en noviembre que uno de ellos “era un experto en pagos en el extranjero, cuentas en Suiza y paraísos fiscales”.

Se trata, según la denuncia, de Ricardo Sánchez Armendáriz, socio del denunciante en los apartamentos Atalaya de Puerto del Carmen. Éste aseguró que en una ocasión le ingresó 70.000 euros, que era la cantidad que le correspondía por los beneficios de tres años de esos apartamentos, en una cuenta en Suiza a nombre de una empresa ubicada en Delaware (Estados Unidos).

Este hecho lo ratificó en su declaración del miércoles en el Juzgado número 2 de Arrecife. La letrada de la acusación pidió que se facilitara el número de la cuenta pero la titular del Juzgado desestimó la petición porque no tiene relación con los hechos investigados.

El testigo señaló que los empresarios vascos, el propio Sánchez y José Ramón Olaberría, decidieron invertir en Lanzarote, primero en el plan parcial Las Coloradas y después en el plan Playa Blanca por un contacto que se estableció en la Isla con Honorio García Bravo y Domingo Rodríguez Cedrés.

Estas dos personas les habrían prometido, según la declaración, que Playa Blanca era una inversión segura y que no habría problemas con las licencias y los permisos. Rodríguez Cedrés es tío del que fue teniente alcalde con Reyes, José Antonio Rodríguez. También es uno de los promotores del plan parcial Playa Blanca y dueño de varias urbanizaciones en ese plan parcial.

El denunciante aseguró también en noviembre, por escrito, que llevó unas cestas de Navidad tanto a Reyes como a Rodríguez, conocido como ‘Tato' y al secretario Vicente Bartolomé Fuentes y que el presunto intermediario del pago del medio millón de euros, Félix Leceta, fue a comer varias veces con los tres.


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NotaPublicado: Mié 26 May, 2010 6:52 pm 
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Según La Voz de Lanzarote:

Los empresarios Juan Francisco Rosa y Francisco Armas han tenido que regresar este miércoles a los Juzgados de Arrecife, en esta ocasión para declarar en el marco de la causa abierta en el Juzgado de Instrucción Número 2, por la presunta trama para la concesión de licencias ilegales.

Aunque ambos habían sido ya citados el pasado 19 de abril, junto a Rafael Lasso, sólo este último llegó a declarar, debido a las alegaciones que plantearon las defensas de Rosa y Armas. Sin embargo, este miércoles sí tuvieron que responder a las preguntas de la jueza María Dolores García Benítez y del fiscal Ignacio Stampa, y lo hicieron compartiendo un mismo abogado.

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En el interrogatorio, respondieron sobre el presunto trato de favor que habrían dado al ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, en el puerto deportivo Marina Rubicón, donde el yate familiar del ex alcalde no pagaba por el atraque.

La investigación, en la que los tres propietarios del puerto están imputados por cohecho, sostiene que ésta podría haber sido una de las presuntas compensaciones que recibió Reyes por las licencias que entregó a estos empresarios, y que han sido declaradas ilegales por la Justicia. Concretamente, Rosa es propietario del Hotel Princesa Yaiza y de su establecimiento anexo, y Francisco Armas es uno de los socios del Meliá Volcán.

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El primero en llegar este miércoles a los Juzgados ha sido Francisco Armas, que estuvo declarando durante aproximadamente una hora, y a continuación estaba citado Juan Francisco Rosa. Durante su declaración, también han estado presentes los abogados de otros de los imputados en la causa, entre ellos el del propio José Francisco Reyes.

Tanto para Rosa como para Armas, esta jornada ha supuesto un regreso a los Juzgados, por donde ya tuvieron que pasar hace sólo unas semanas, tras ser detenidos en el marco del caso “Unión”. En el caso de Armas, su detención se produjo en la misma sede judicial, el pasado 19 de abril. Ese día, había tenido que comparecer por primera por esta otra causa, pero finalmente su declaración se pospuso y, cuando salía de la sala, fue arrestado por las agentes de la UCO.

En el caso “Unión”, Armas está imputado por presuntos delitos de cohecho, mientras que Rosa está imputado por insolvencia punible, cohecho y falsificación en documento mercantil.


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NotaPublicado: Mar 14 Sep, 2010 6:53 pm 
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Los empresarios José Francisco Riquelme y Félix Leceta han declarado este martes ante la nueva juez del Juzgado de Instrucción Número 2 de Arrecife, Leticia Mateo, por el caso de la presunta trama para la concesión de licencias ilegales en Playa Blanca, que se inició en 2007. Ambos están imputados por presuntos delitos de cohecho y han negado las acusaciones que pesan sobre ellos ante la juez.

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En su momento, Reyes había llegado a afirmar ante la anterior magistrada de este Juzgado, María Dolores García Benítez, que Riquelme le entregó “dinero en efectivo”. Además, señaló que los pagos se hacían después de recibir las licencias, “por agradecimiento de los trámites que se hacían”. No obstante, luego se retractó y dijo que se lo había inventado para “salvar a su familia”, que había sido detenida e imputada por blanqueo de capitales tras la investigación policial que rastreó el patrimonio de Reyes y de su entorno, encontrando importantes sumas de dinero de procedencia presuntamente ilícita.

Tras un receso de unos cinco minutos, la juez ha tomado declaración al empresario Félix Leceta, relacionado con varias empresas que construyeron en el plan parcial Playa Blanca. Su citación surge a partir de la declaración de un testigo que le denunció a él y a otros dos empresarios más, asegurando que le habían entregado a Reyes 500.000 euros para que les concediera varias licencias urbanísticas.

Leceta también ha estado prácticamente dos horas, hasta las 13.30 horas, prestando declaración en los Juzgados de Arrecife. El jueves seguirán las declaraciones y será el turno de los otros dos empresarios, también imputados por cohecho. Se trata de José Ramón Olaverría y Ricardo Sánchez Armendáriz.


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NotaPublicado: Jue 16 Sep, 2010 7:22 pm 
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Según La Voz de Lanzarote:

Tras las declaraciones del martes, que reactivaron la causa por la presunta trama para la concesión de licencias ilegales en Playa Blanca, este jueves Leticia Mateo, nueva juez del Juzgado de Instrucción Número 2 de Arrecife, ha tomado declaración a otros dos empresarios vascos. Se trata de José Ramón Olaberría y Ricardo Sánchez Armendáriz, que han tenido que responder durante casi tres horas cada uno ante la magistrada y el fiscal, Ignacio Stampa. Tras su declaración, ambos continúan imputados por un presunto delito de cohecho.

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El primero en entrar a declarar ha sido José Ramón Olaberría, que ha accedido al Palacio de Justicia sobre las 9.00 horas. Ricardo Sánchez Armendáriz, por su parte, ha entrado a las 10.50 horas. Ambos han declarado durante unas tres horas, según ha podido saber La Voz.

La citación de estos dos empresarios vascos se produjo, al igual que la de Félix Leceta, que declaró el pasado martes, después de que un testigo denunciara el pasado mes de abril que Reyes habría recibido medio millón de euros a cambio de licencias en Playa Blanca. Es más, ese testigo era socio de Ricardo Sánchez Armendáriz en los apartamentos Atalaya de Puerto del Carmen.

Asimismo, por los Juzgados también se ha presentado a las 11.45 horas el ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, aunque no para responder a una citación del Juzgado Número 2 sino, al parecer, para cumplir con la orden judicial de comparecer en los Juzgados el día 1 y 15 de cada mes, después de que se pusiera fin a su situación de prisión provisional por esta misma causa.

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NotaPublicado: Mar 21 Sep, 2010 2:20 pm 
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Según lavozdelanzarote.com:

La causa abierta por la presunta trama para la concesión de licencias ilegales en Playa Blanca tiene un nuevo imputado, Benito Mesa Ferrer, que tendrá que responder por un presunto delito de blanqueo de capitales. Según declaró en su momento el propio ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, Mesa Ferrer “tramitó los papeles” para la creación de la sociedad Sea Sun Lanzarote, que estaba a nombre del hijo de Reyes.

Según la investigación, esa empresa fue una de las herramientas utilizadas para blanquear el dinero presuntamente ilícito obtenido por el ex alcalde de Yaiza con la concesión de licencias ilegales. Entre otras cosas, la sociedad tiene a su nombre una embarcación, “El Pachi”, que habría sido adquirida por el propio José Francisco Reyes por 127.000 euros, que fueron pagados en efectivo, en varios plazos, sin que la familia haya podido justificar de dónde sacó el dinero.

Posteriormente, pidieron un préstamo por valor de 109.000 euros, pero para entonces la embarcación ya estaba pagada, por lo que la investigación cree que el crédito sirvió, presuntamente, para un nuevo blanqueo de dinero.

En su declaración ante la jueza, tras ser detenido el pasado mes de octubre de 2009, Reyes confirmó también que alguna vez había estado “en una oficina situada en la calle Valls de la Torre 7, para consultarle a Benito Mesa sobre la constitución de una empresa agrícola”. A las preguntas de la acusación, respondió que “es casualidad que las sociedades propietarias del Puerto Marina Rubicón estén asesoradas por la misma asesoría situada en la calle Valls de la Torre Número 7”. Tras las sociedades que constituyen ese puerto deportivo están Juan Francisco Rosa, Rafael Lasso y Francisco Armas, vinculados a hoteles con licencias declaradas ilegales, y todos ellos están imputados en esta misma causa por presuntos delitos de cohecho.
Hermano de otro imputado

Además, Benito Mesa es hermano de otra de las personas que figura como imputada en la causa, José Rafael Mesa Ferrer, de Gestión y Desarrollo Janubio S.L. Según declaró Reyes en los Juzgados, su hija Beatriz (también imputada) vivía en una casa de Rafael Mesa sin pagar alquiler. A las preguntas de la jueza y el fiscal, explicó que la vivienda está en un complejo que hizo Rafael Mesa, y que él fue quien le concedió la licencia para construirlos cuando era alcalde de Yaiza.

En su declaración, dijo que él mismo “hizo las gestiones” con Mesa para que le “dejara” esa casa a su hija y que “iba a ser para vivir por poco tiempo”, pero que “se ha alargado más de la cuenta”. Respecto a su relación con Rafael Mesa, lo definió como “un conocido” y afirmó que con los hermanos Mesa Ferrer tiene una relación de “parentesco lejano”.


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NotaPublicado: Lun 04 Oct, 2010 8:10 am 
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Según lavozdelanzarote.com:

La hija y abogada de Felipe Fernández Camero, Juana Fernández de las Heras, visitó a José Francisco Reyes en prisión unos días antes de que el ex alcalde de Yaiza retirara su confesión en el caso de la presunta trama para la concesión de licencias ilegales. Así lo confirma el registro de visitas del Centro Penitenciario de Tahíche, y la información ya ha sido remitida al Juzgado de Instrucción Número 2 de Arrecife, que pidió los nombres de las personas que se reunieron con Reyes durante el tiempo que pasó en prisión provisional.

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Esta información recabada por el Juzgado refuerza las tesis planteadas por el fiscal, Ignacio Stampa, que pidió que se investigara este dato ante las sospechas de que el abogado de otro imputado en la causa pudo influir o presionar a Reyes para que retirara su confesión, en la que admitió haber recibido dinero de varios empresarios a cambio de la concesión de licencias. Ahora, se ha confirmado que existió una visita, concretamente de la hija de Fernández Camero, al que la Fiscalía señala como “el inductor de la conducta presuntamente delictiva de José Francisco Reyes”.

En el escrito con el que se dio curso a esta diligencia, el fiscal sostenía que el cambio de declaración del ex alcalde de Yaiza no le beneficiaba ni a él ni a su familia. Y con una detallada cronología, el Ministerio Fiscal sostenía que tampoco pudo responder a una recomendación de su propio abogado. Y es que en esas fechas, Reyes cambió de letrado y el primer día en el que se reunió con su nuevo representante legal, Pablo Luna, le entregó una carta que ya tenía escrita, según su propio testimonio, manifestando su deseo de retractarse.

Además, el fiscal también basaba su solicitud en otras circunstancias, como el hecho de que algunos imputados sabían de antemano que Reyes se iba a retractar. Uno de ellos, Ignacio Díaz de Aguilar. De hecho, su hermano hizo unas declaraciones a La Voz de Lanzarote afirmando que el ex alcalde se había retractado, antes incluso de que se registrara su escrito en los Juzgados, y detallando incluso los motivos que éste iba a alegar.

En el mismo escrito del fiscal, en el que también se establecía la relación que mantienen los imputados entre sí, se detallaba que Ignacio Díaz de Aguilar había mantenido un vínculo con Fernández Camero, entre otras cosas, a través de su hija. Y es que Juana Fernández de las Heras está casada con el abogado Ignacio Calatayud, que a su vez trabajó en el despacho de Díaz de Aguilar en Las Palmas de Gran Canaria.

El mismo día en que retiró su confesión ante la juez, José Francisco Reyes admitió que “había recibido en el establecimiento penitenciario a varios letrados, de otros imputados, para hablar de esto”. Sin embargo, de eso también se retractó después, argumentando que en un principio no había “entendido bien” la pregunta. Ahora, los datos aportados por el Centro Penitenciario de Tahíche confirman al menos que recibió la visita Juana Fernández de las Heras.


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NotaPublicado: Sab 16 Oct, 2010 8:31 pm 
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Según La Voz de Lanzarote:

El Puerto Deportivo Marina Rubicón, que durante años no cobró al yate familiar de José Francisco Reyes por el atraque, reclama ahora 8.353 euros (casi un millón y medio de las antiguas pesetas) por los últimos doce meses, en concepto de “la deuda que se ha generado desde el precinto judicial de la embarcación”. Así lo han hecho constar en un escrito remitido al Juzgado Número 2 de Arrecife, en el que responden al requerimiento en el que la magistrada les ordenaba que sacaran la embarcación del agua para preservar su conservación mientras ésta continúa precintada.

En esa respuesta, los representantes legales de Marina Rubicón sostienen que “proceder a varar la embarcación El Pachi en los términos que constan en el requerimiento” les resulta “absolutamente imposible”. Para empezar, por problemas logísticos: “Resulta imposible a los operarios del puerto proceder al traslado de la embarcación por cuanto no se dispone de las llaves de la misma para su puesta en funcionamiento, resultando inviable, habida cuenta de las características de El Pachi (eslora y manga) proceder a su remolque”, alegan en su escrito.

Pero en cualquier caso, también dejan claro que ése no es el único motivo. El resto, se centra sobre todo en el capítulo económico. Y es que sostienen que para sacar el barco del agua se necesitaría usar una grúa “de considerables dimensiones”, con el “coste” que ello supone, a lo que hay que añadir los “gastos por estancia o varada” durante el tiempo que permanezca allí. “Desconocemos a quién incumbe el pago o cómo se abonará”, plantean desde la propiedad de Marina Rubicón, que agrega que también tendrán “una merma de ingresos” al no poder utilizarse ese espacio “para varar barcos de terceros”.

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Así, preguntan al Juzgado quién es el depositario de la embarcación, “si es que ha designado alguno”, y le piden que le requiera para que “previo pago de los costes que conlleva la operación de varada, asuma las responsabilidades inherentes a la misma” y pague “la deuda que se ha generado desde el precinto judicial, y cuyo importe asciende a 8.353,80 euros”, aunque no aclaran en qué conceptos. En el mismo escrito, señalan que los gastos de atraque en el mar ascienden a 336,3 euros mensuales (997,04 euros si pasara a estar en varadero), lo que multiplicado por los poco más de doce meses que lleva precintado, supondría unos 4.000 euros.

Además, desde Marina Rubicón piden al Juzgado que “adopte cuantas medidas sean necesarias para evitar que la embarcación El Pachi permanezca en el Puerto Deportivo”. Y es que sostienen que “está generando daños de consideración a la imagen corporativa, más si se tiene en cuenta que no es la única embarcación precintada judicialmente que está haciendo uso de atraques dentro del puerto”.

Así, dejan claro que ya no quieren saber nada de una embarcación que durante años permaneció en Marina Rubicón sin pagar por el atraque, supuestamente porque entonces entendían que ayudaba a “dinamizar” el puerto. Al menos, eso fue lo que declaró el gerente del puerto, Rafael Lasso Lorenzo, cuando tuvo que declarar como testigo en el “caso Reyes” y explicar a qué obedecía este beneficio a la familia del ex alcalde de Yaiza.

Tras su declaración, los tres propietarios de Marina Rubicón pasaron a estar imputados en este proceso por presuntos delitos de cohecho. Juan Francisco Rosa, Francisco Armas y Rafael Lasso tuvieron que responder ante la juez y el Ministerio Fiscal, que consideran que el dinero que se ahorraba la familia de Reyes con el atraque de El Pachi podría haber formado parte de presuntas dádivas a cambio de la concesión de licencias ilegales.

En su declaración ante la juez, Juan Francisco Rosa afirmó que había un convenio con El Pachi por el que no pagaba el atraque, sino que pagaba un canon en función del número de clientes, “lo que favorece la imagen del puerto, teniendo en cuenta la situación, y fomenta la actividad en el mismo”. Sin embargo, el propio José Francisco Reyes reconoció en los Juzgados que la actividad de la embarcación era mínima. Concretamente, afirmó que a su hijo no le iba “muy bien con el barco” y que “prácticamente sólo trabaja en verano, en regatas y en sus duraciones”.

Según la investigación, las cuentas de la empresa reflejan que durante al menos tres años no hubo movimiento de pasajeros. De hecho, entre los años 2005 y 2009, la embarcación habría pagado a Marina Rubicón, en virtud de ese convenio, una cifra similar a lo que cuesta el atraque de un solo mes. Es decir, unas 50 veces menos de lo que pagan otras embarcaciones.

La embarcación El Pachi, que está a nombre del hijo de José Francisco Reyes, a través de la sociedad Sea Sun Lanzarote, fue precintada el 30 de septiembre de 2009, cuando fueron detenidos el ex alcalde de Yaiza, su mujer y tres de sus hijos. Recientemente, la defensa de José Francisco Abel Reyes solicitó que se levantara el embargo, pero la jueza rechazó la petición. Sin embargo, sí ordenó al puerto deportivo Marina Rubicón que sacara el barco del agua para evitar su deterioro, ya que ése era uno de los motivos esgrimidos por el hijo de Reyes para pedir que se suspendiera esta medida.

La investigación abierta desde hace cinco años por la presunta trama para la concesión masiva de licencias ilegales en Playa Blanca sostiene que tanto este yate como otros bienes que posee la familia fueron obtenidos de forma presuntamente ilícita, con dinero que supuestamente habría recibido el ex alcalde a cambio de la concesión de esas licencias.

Entre los delitos que se le imputan a Reyes está el de blanqueo de capitales, del que también están acusados su mujer y sus hijos, por su presunta participación a la hora de dar apariencia de origen lícito a ese dinero. Entre otras cosas, a través de compras como la de la embarcación “El Pachi”, por el que se pagaron 127.000 euros en efectivo, en varios plazos.

Según determinó el informe realizado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (hasta hace unos años conocida como Udyco), que rastreó el patrimonio de Reyes y de su entorno, la familia habría realizado compras y movimientos económicos por valor de cientos de miles de euros, con dinero de origen desconocido.


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NotaPublicado: Sab 14 May, 2011 10:06 am 
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Según La Voz de Lanzarote:

El Juzgado de Instancia Número 2 de Arrecife cambió de titular a principios de este mes de mayo, pero la nueva juez, Ana Manella González, ya ha reactivado la causa, cursando al menos una quincena de citaciones a imputados y testigos, que tendrán que comparecer en los juzgados durante las próximas semanas.

La mayoría están vinculados al expediente para la construcción del puerto deportivo Marina Rubicón, pero además se ha citado a otras seis personas, en calidad de testigos, por otros hechos. Tal como adelantó en su día La Voz de Lanzarote, el Juzgado que instruye el caso “Reyes” busca pistas desde hace meses en el sumario del caso “Unión”, y especialmente en las transcripciones de los pinchazos telefónicos que se realizaron en el marco de esa causa.

Personas imputadas en el “caso Reyes”, como Felipe Fernández Camero, Juan Francisco Rosa, Ignacio Díaz de Aguilar y el propio ex alcalde de Yaiza, aparecen o son citados en esas conversaciones, confirmando las relaciones que existían entre ellos. Y eso, es una pieza clave para la acusación, que intenta demostrar que durante años actuaron de forma organizada para vulnerar la ley.

Tras escuchar los CDs procedentes del caso “Unión”, el Juzgado Número 2 ha citado a las personas que mantuvieron esas conversaciones. Así, el próximo 31 de mayo tendrán que comparecer en los Juzgados Dimas Martín, la ex alcaldesa de Yaiza, Gladys Acuña, los empresarios Fernando Becerra y Luis Lleó, así como Honorio García Bravo y su hijo, Honorio Nicolás, para que aporten su declaración como testigos.


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Traducción al español por Huan Manwë para phpbb-es.com