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NotaPublicado: Vie 03 Jun, 2011 11:58 am 
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Según lavozdelanzarote.com:

La ex alcaldesa de Yaiza, Gladys Acuña (PIL), declaró este martes ante el Juzgado de instrucción número 2 de Arrecife que en el año 2009, cuando ostentaba la alcaldía, convocó una reunión con Juan Francisco Rosa, propietario del Hotel Princesa Yaiza, “para ver los pasos a seguir” en cuanto a la ejecución de la sentencia que anula la licencia otorgada por el propio Ayuntamiento a ese establecimiento.

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Acuña declaró el martes como testigo dentro del caso que investiga la posible comisión de delitos penales en la concesión de licencias hoteleras en Playa Blanca (Yaiza) por parte del alcalde que la antecedió en el cargo, José Francisco Reyes (PNL). El Juzgado ha aceptado la petición de la Fiscalía de citar a testigos tras aportar las conversaciones grabadas en el caso "Unión" relativas a estos hoteles.

A la reunión, en marzo de 2009, acudieron, además de ella y de su teniente alcalde, Leonardo Rodríguez (CC), el secretario municipal, Vicente Bartolomé Fuentes, el empresario Juan Francisco Rosa y el abogado de éste, Felipe Fernández Camero, que también ejercía como abogado del Ayuntamiento. Estos tres últimos están imputados en el procedimiento.

A raíz de una conversación pinchada por la Guardia Civil entre Acuña y Dimas Martín ese mismo día y que se reprodujo en el Juzgado durante la declaración de Acuña, y a preguntas del Ministerio Fiscal, la ex alcaldesa, que acaba de ganar las elecciones municipales, justificó la reunión señalando que ambas partes estaban implicadas en el proceso de ejecución y para “estar al tanto las dos”. El despacho de Fernández Camero, al que se ha imputado en el caso por considerarse que pudiera ser el inductor en la trama de concesión de licencias, defendía en ese pleito tanto al Ayuntamiento como al promotor.

Acuña reconoció que no sabe si los intereses del Ayuntamiento y los de la propiedad eran los mismos en ese procedimiento. Aseguró que en esa reunión se adoptó el acuerdo de “seguir los pasos de la ejecución” y que la única persona que no estaba de acuerdo era el teniente de alcalde Leonardo Rodríguez.

La ex alcaldesa también declaró que recibía asesoramiento de Fernández Camero de forma verbal sobre los temas de ejecución del Princesa Yaiza y del Hotel Papagayo Arenas, y que esos temas no se los consultaba a nadie más, aunque pensó en cambiar de abogado “por estética, porque de Felipe se hablaba mucho”.

A pesar de que en marzo de 2009 la entonces alcaldesa decidió seguir los pasos de la ejecución de la sentencia, tal y como declaró ella misma, el Juzgado de lo contencioso número 3 de Las Palmas, que lleva el procedimiento, impuso a Acuña seis meses después, en septiembre, una multa de 150 euros, a reiterar cada veinte días, por haber excedido el plazo de ejecución sin que el Ayuntamiento se pronunciara sobre dicho trámite y si haber nombrado al funcionario encargado de llevar a cabo la ejecución. En marzo de 2010 el mismo Juzgado desestimó el recurso de súplica que presentó Acuña para evitar la multa.

En la conversación grabada en marzo de 2009 en el marco de la operación "Unión", Acuña le dice a Dimas lo siguiente: “Antes de tomar ninguna decisión, yo me reuní hoy con Felipe Fernández Camero y con Juan Francisco Rosa porque tampoco es lo que yo piense y ya está. Entonces yo me reuní esta mañana con ellos y les dije, mira, yo pienso esto y digo, pero ustedes me dirán (...) Entonces lo que decidimos fue que dentro del plazo que se nos cumple pasado mañana presentar un escrito diciendo que el Cabildo está en conversaciones con el Gobierno de Canarias para mediante una ley dar amparo a todo este tipo de construcciones y por otro lado nosotros estamos trabajando en el Plan General (...)”.


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NotaPublicado: Jue 03 Nov, 2011 12:05 pm 
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Según lavozdelanzarote.com:

La juez del Juzgado de Instancia Número 2 de Arrecife ha dado un nuevo impulso al “caso Reyes”, cursando más de una decena de citaciones para las próximas semanas e imputando a dos nuevas personas: la abogada Juana Fernández de las Heras y el jefe de la Oficina Técnica del Ayuntamiento de Yaiza, Antonio Lorenzo. Ambos tendrán que declarar como imputados por un nuevo delito que se ha sumado a esta causa, el de asociación ilícita.

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Desde el inicio, el “caso Reyes” investiga la existencia de una presunta trama organizada para la concesión masiva de licencias ilegales en Playa Blanca, con la supuesta connivencia de políticos, empresarios y técnicos. Ahora, la nueva juez que instruye la causa, Ana Manella, ha dado un paso más en esta línea, aceptando la petición de la acusación popular.

De momento, ocho personas están imputadas por este nuevo delito, que supone la existencia de una red organizada para delinquir. Seis de ellas ya figuraban en la lista de imputados e incluso habían tenido que prestar declaración, pero ahora tendrán que volver a los Juzgados de Arrecife, para responder por las nuevas acusaciones.

En la lista de imputados por asociación ilícita se encuentra el ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes (que ya estaba imputado por cohecho, malversación de fondos públicos, blanqueo de capitales y prevaricación), el secretario del Ayuntamiento, Vicente Bartolomé Fuentes (hasta ahora imputado por prevaricación y malversación) y el abogado Felipe Fernández Camero. Éste último también estaba ya imputado por malversación y prevaricación, y el fiscal le considera el “inductor de la conducta presuntamente delictiva” del ex alcalde de Yaiza.

Ahora, la hija de Fernández Camero, Juana Fernández de las Heras, también pasa a estar imputada en la causa. Su nombre ha aparecido en varias ocasiones en la investigación, ya que tanto la Fiscalía como la acusación popular sostienen que, al igual que su padre, la abogada representó tanto al Ayuntamiento de Yaiza como a los promotores urbanísticos que recibieron licencias declaradas después ilegales por la Justicia.

La lista de imputados por este delito se completa con Ignacio Díaz de Aguilar, hasta ahora investigado por cohecho y prevaricación urbanística, y por los empresarios Juan Francisco Rosa y Francisco Armas. Estos dos últimos, propietarios del Puerto Deportivo Marina Rubicón, estaban ya imputados por cohecho, pero ahora tendrán que responder también por el presunto delito de asociación ilícita.

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El tercer socio de Marina Rubicón (donde José Francisco Reyes atracó su yate sin pagar durante años), Rafael Lasso, también tendrá que volver a declarar, aunque continúa imputado sólo por el presunto delito de cohecho.

Además, la jueza ha cursado otras tres nuevas citaciones. Una de ellas, para otro técnico del Ayuntamiento de Yaiza, Alfredo Morales, que se sumó hace unos meses a la lista de imputados. Morales, que tendrá que declarar el próximo lunes 7 de noviembre, está imputado por un presunto delito de prevaricación. Entre otras cosas, Alfredo Morales fue quien emitió el informe favorable a la concesión de la licencia del puerto deportivo Marina Rubicón, cuya legalidad también se está investigando en el marco del “caso Reyes”.

El mismo día que Morales prestará declaración Antonio Lorenzo, tras sumarse a la lista de imputados en la causa. Además, el 30 de noviembre están citados los propietarios del puerto deportivo Marina Rubicón, y el 14 de diciembre deberán declarar Vicente Bartolomé Fuentes, Ignacio Díaz de Aguilar y Felipe Fernández Camero.

La nueva ronda de declaraciones se cerrará el 16 de diciembre, cuando están citados José Francisco Reyes, Juana Fernández de las Heras y Benito Mesa Ferrer. Este último está imputado por un presunto delito de blanqueo de capitales, relacionado con el patrimonio de la familia del ex alcalde de Yaiza. Según declaró Reyes en los Juzgados tras su detención en el marco de esta causa, Mesa Ferrer fue quien le tramitó los papeles para crear la sociedad Sea Sun Lanzarote.

Esta sociedad, según la investigación, podría haber sido una tapadera para blanquear el dinero presuntamente ilícito que recibía el ex alcalde de Yaiza a cambio de la concesión de licencias ilegales. A nombre de la sociedad, de la que era titular el hijo de Reyes (también detenido e imputado en esta causa), estaba “El Pachi”, la embarcación que la familia atracaba en el puerto deportivo Marina Rubicón sin pagar por el amarre.


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NotaPublicado: Mar 13 Dic, 2011 12:04 pm 
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Según diariodelanzarote.com:

La empresa Construcciones Isla de Lobos facturó casi medio millón de euros en dos años al Ayuntamiento de Yaiza a finales delos años 90, cuando era alcalde José Francisco Reyes (CC primero y PNL después).

Esa misma empresa se encargó de hacer las reformas de una casa del ex alcalde en Puerto del Carmen que costaron 60.000 euros y que, según el administrador José Carmelo González Clavijo, no ha cobrado.

Estos datos aparecen en un informe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía Nacional (Udef) que se remitió el pasado mes de junio al Juzgado número 2 de Arrecife que tramita el caso de los presuntos delitos penales producidos en la concesión de licencias ilegales durante el mandato de Reyes. La policía comenzó a investigar a esa empresa porque Reyes declaro a Hacienda un pago de 60.000 euros.

Sin embargo, el administrador de la empresa, González Clavijo, que está imputado en el procedimiento, declaró en el Juzgado que no había cobrado. También declaró, por otra parte, que no había tenido relación comercial con Reyes o con el Ayuntamiento, cuando esa misma empresa realizó cinco obras municipales en dos años por las que facturó 475.000 euros.

Esas obras, realizadas entre 1998 y 2000, fueron la pista de baile de Las Breñas, que costó 6.000 euros, el polideportivo de Yaiza por 102.000 euros, la ampliación del cementerio por 81.000, el tanatorio municipal por 114.000 y el campo de fútbol por 167.000.

La Policía encontró diferencias sin justificar entre lo presupuestado y lo que se pagó en alguna de estas obras. González Clavijo también solicitó la construcción de 158 locales en el plan parcial Playa Blanca, que está anulado por la Justicia.

La Udef destaca más relaciones de esa empresa con el ex alcalde. Otro de los administradores de Construcciones Isla de Lobos es José Rafael Mesa Ferrer, también imputado en el procedimiento y que declara este viernes de nuevo en el Juzgado.

Además, Mesa y González Clavijo fueron administradores de Construcciones Clavijo, que construyó 190 bungalós en Playa Blanca y cuya licencia, concedida por Reyes, fue anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

Mesa también es administrador de Gestión y Desarrollo Janubio, que es propietaria de una vivienda en Playa Blanca en la que vivía una hija de Reyes sin pagar alquiler.

También es administrador de la asesoría que llevaba la contabilidad de la empresa Sea Sun Lanzarote, del hijo de Reyes y propietaria del yate de éste, que estaba atracado en el puerto Marina Rubicón y que tampoco pagaba el atraque.

A su vez, Mesa es socio de los propietarios del puerto Marina Rubicón, Juan Francisco Rosa y Rafael Lasso (ambos también imputados en este procedimiento) en la sociedad Promociones Costa de Tías, que explota el campo de golf de Puerto del Carmen.


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NotaPublicado: Mié 14 Dic, 2011 2:02 pm 
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Según diariodelanzarote.com:

El ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes (que gobernó con las siglas de CC y PNL) adquirió una finca de mil metros cuadrados a la empresa Urbanización Los Fragosos por un valor de 180.000 euros sin sacar dinero de sus cuentas corrientes ni de las de su mujer e hijos.

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Según señala un informe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía Nacional (Udef) que se remitió el pasado mes de junio al Juzgado número 2 de Arrecife que tramita el caso de los presuntos delitos penales producidos en la concesión de licencias ilegales durante su mandato, los agentes encontraron un contrato de compra venta sobre esta finca en el registro del domicilio del ex alcalde, cuando fue detenido hace dos años.

Según ese contrato privado de septiembre de 2005, el entonces alcalde pagó 120.000 euros y estaba pendiente de pagar otros 60.000 a esa empresa, radicada en Tías y cuyos administradores son José Ramón Cáceres y Francisco González Viera, dueño de Supermercados Marcial y con intereses en el plan parcial San Marcial del Rubicón, en Playa Blanca.

El contrato especifica, según el informe policial, que se adquiere una parcela de mil metros cuadrados en el plan parcial Los Fragosos S.L. En Lanzarote no existe ningún plan parcial con ese nombre pero sí un complejo de 24 apartamentos en Puerto del Carmen que se llama así.

El informe policial recoge otra serie de compras de Reyes que también se hicieron sin que aparezcan apuntes relacionados con esos pagos en sus cuentas, según la Policía. Esos gastos suman otros 100.000 euros en cinco facturas: la compra de un segway, una factura de muebles, otras de tapicería y dos de una constructora por valor de 88.000 euros relativas a la Granja Las Breñas.

Reyes, que ha estado en prisión provisional por este caso, llegó a confesar que había participado en operaciones con información privilegiada y que había recibido dinero por otorgar licencias con los informes preceptivos o con informes en contra. En los últimos cuatro años se le detectó un aumento del patrimonio de casi 800.000 euros sin justificar.

Los testigos e imputados siguen declarando en este procedimiento en el Juzgado número 2. Este miércoles declaraban como imputados los abogados Ignacio Díaz de Aguilar y Felipe Fernández Camero y el secretario del Ayuntamiento de Yaiza, Vicente Bartolomé, y el viernes lo harán la abogada Juana Fernández de las Heras, Rafael Mesa Ferrer y el propio José Francisco Reyes.


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NotaPublicado: Mié 28 Dic, 2011 11:37 am 
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Según diariodelanzarote.com:

El Ayuntamiento de Yaiza mantuvo en los años 2006 y 2007 un contrato con la emisora Punto Radio por el que pagaba 2.400 euros al mes. El entonces alcalde, José Francisco Reyes, era uno de los propietarios de la sociedad que gestionaba ese medio de comunicación, Comcaype.

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El contrato lo firmó el propio Reyes en concepto de “cobertura de actos institucionales”. Además de ese contrato, la radio también emitió otras 11 facturas al Ayuntamiento por otros conceptos menores durante el mismo periodo, como la cobertura de actos de carnaval o diversas cuñas publicitarias.

El Ayuntamiento pagó sólo hasta mayo de 2007 y después dejó de pagar. Ese mes se celebraron las elecciones locales y Reyes ganó de nuevo pero gobernó en minoría hasta finales de 2008 cuando le hicieron una moción de censura.

En julio de 2009, según un informe policial remitido al Juzgado número 2 de Arrecife que tramita el caso de los hoteles ilegales de Playa Blanca, en el que Reyes es el principal imputado, el Ayuntamiento debía a esa empresa más de 19.000 euros.

Reyes era administrador de la sociedad Comcaype junto a su compañero en el Partido Nacionalista de Lanzarote (PNL), y concejal en el Ayuntamiento de Arrecife, Pedro de Armas. En ese mismo periodo, Yaiza también pagó una factura de más de 3.200 euros a la sociedad Comunicaciones Alternativas de Lanzarote.

Esta otra era también una empresa de comunicación en la que Reyes, junto a De Armas y el presidente del partido y ex consejero autonómico, Juan Carlos Becerra, amortizaban un préstamo de 102.000 euros destinado a la compra de maquinaria. El Juzgado ha pedido al Ayuntamiento de Yaiza que envíe los pagos realizados a esa sociedad.

En el informe de la Unidad de delitos económicos y financieros se detalla que la Policía encontró en el registro de un vehículo propiedad de José Francisco Reyes un presupuesto de 6 de diciembre de 2005 de una empresa catalana de servicios náuticos, Multinautic SL, en el que figura como cliente su compañero de partido Pedro de Armas.

En ese presupuesto se detallan unos materiales por importe de 4.670. Bajo la relación se observan unos ajustes en el presupuesto que da como resultado la cifra de 3.956 y junto a ella la fecha de 9 de diciembre de 2005 y la anotación ‘4.000 euros', firmada por el director comercial de la empresa, por lo que la Policía deduce que tres días después de recibir el presupuesto, Reyes pudo pagar esa cantidad.


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NotaPublicado: Mié 25 Ene, 2012 10:05 am 
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Los propietarios del puerto deportivo Marina Rubión, en Playa Blanca (Yaiza), pagaron 1,8 millones de euros al empresario grancanario Juan Padrón Marrero a cambio de que éste retirase todos los pleitos que había interpuesto contra la construcción de la zona comercial del puerto.

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El acuerdo económico se reflejó en un documento firmado en junio de 2003 entre Juan Francisco Rosa y Jesús Manuel Escribano, por parte de Marina Rubicón, y Juan Padrón, en representación de Consulting Turístico Canario, que construía un centro comercial en una parcela del plan parcial Castillo del Águila, y que vio cómo su parcela de primera línea de playa dejaba de serlo por la construcción del puerto y de su zona comercial.

Gracias al acuerdo, el empresario grancanario desistió de cinco procedimientos contenciosos que había interpuesto contra esa zona comercial más uno penal por desobediencia, ya que había logrado paralizar las obras pero comprobó que continuaban.

Además se comprometió a presentar escritos a las administraciones competentes para dejar sus denuncias sin efecto, así como a no volver a promover en el futuro ningún procedimiento contra las obras. En caso de hacerlo tendría que devolver el importe cobrado más tres millones de euros de indemnización.

Para compensar a Padrón “de la afección de los derechos de uso comercial”, según dice el acuerdo, los promotores de Marina Rubicón se comprometieron a pagar 36 cuotas mensuales de 50.000 euros cada una, que comenzaron a abonar en enero de 2004 y finalizaron en diciembre de 2006.

El acuerdo se firmó en junio de 2003, después de que en febrero de ese año el Juzgado ordenara paralizar las obras de la superficie comercial, y en abril se ordenara parar todas las obras (orden que luego se restringió de nuevo a la zona comercial).

El puerto logró la licencia municipal una vez iniciadas las obras, y cuando se firmó el acuerdo el Juzgado seguía sin permitir reanudar los trabajos de la zona comercial, lo que según los promotores, les estaba produciendo “graves trastornos de índole comercial y financiera” ya que les impedía cumplir con los compromisos contraídos con terceros.

El empresario grancanario y su abogado Albero Florido declararon como testigos el pasado mes de noviembre en el procedimiento (conocido como 'caso Yate') que se sigue en el Juzgado número 2 de Arrecife que investiga posible delitos penales en la concesión de licencias urbanísticas en Playa Blanca, y que ha centrado en los últimos meses parte de su investigación en este puerto.

Padrón declaró que “prefirió aceptar el dinero que le ofrecían a permanecer con la incertidumbre de los procedimientos” y señaló que estimaba la pérdidas de su centro comercial en seis millones. Dijo que se sintió engañado por la construcción de su centro comercial. El empresario era dueño de una parcela en primera línea de mar y, sin embargo, se construyó el puerto y una gran zona comercial delante de su parcela.


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NotaPublicado: Vie 11 Ene, 2013 2:42 pm 
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Fuente diariodelanzarote.com:

La Fiscalía de Medio Ambiente, dirigida por Antonio Vercher, informó este viernes de que ha dado por ultimada la denominada operación Yate, también conocida como caso Reyes, “contra la corrupción urbanística en el municipio de Yaiza por la concesión de licencias contrarias a la normativa urbanística en los hoteles ilegales”.

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La Fiscalía presentó el pasado 20 de diciembre un escrito dirigido al Juzgado número 2 de Arrecife “en el solicita que incoe el procedimiento abreviado para dirigir la acusación contra las doce personas de las que resultan altos indicios de criminalidad”.

Considera que las personas hasta ahora imputadas podrían haber incurrido en uno o varios de los siguientes delitos: prevaricación urbanística, cohecho pasivo, blanqueo de capitales, actividades y negociaciones prohibidas a funcionario público, así como malversación de caudales junto a falsedad en documento mercantil.

Entre otros imputados, los delitos se dirigen contra quien fuera el alcalde del municipio de Yaiza en la época de 1998 a 2007, José Francisco Reyes, “al recabar durante el desarrollo de la fase de instrucción numerosísimos indicios y datos objetivos que ponen de relieve la práctica de conductas corruptas” del ex primer edil “y su núcleo familiar mas inmediato y próximo”.

La Fiscalía considera que Reyes y su familia contribuyeron “de manera decisiva a la ocultación el dinero obtenido por la concesión de las licencias y su posterior introducción en el circuito económico legal”.

Además, sostiene que el ex alcalde “ideó un plan para enriquecerse durante el ejercicio de su cargo, abusando de la situación de poder que ostentaba en el ámbito urbanístico de la localidad de Yaiza”.

Así, la Fiscalía afirma que la actuación de Reyes provocó “el nacimiento de un 'urbanismo a la carta' que propició por la vía de hecho una alteración total de la realidad urbanística del municipio de Yaiza, logrando de este modo hacerse con un enriquecimiento no justificado que alcanza la cantidad mínima de un millón de euros”.

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NotaPublicado: Dom 13 Ene, 2013 10:19 am 
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Según La Voz de Lanzarote:

La investigación del caso Reyes, que acaba de llegar a su fin, no sólo ha encontrado presuntos delitos de corrupción urbanística. En el último escrito de la Fiscalía, al que ha tenido acceso La Voz, también se denuncian distintos pagos realizados por el Ayuntamiento de Yaiza en beneficio del propio ex alcalde, José Francisco Reyes, y también de su partido, el PNL.

Según el escrito del Ministerio Fiscal, Reyes “ordenó entre los años 2004 y 2007 el pago de al menos 3.477,98 euros con cargo a las cuentas municipales a la cuenta corriente titularidad del Partido Nacionalista de Lanzarote”, de la que el ex alcalde "era autorizado", “con el fin de obtener fondos para el partido político al que pertenecía y en el cual ostentaba el cargo de vicepresidente”. Y todo ello, “a sabiendas de que carecía de cualquier justificación el abono de dichas cantidades”.

Además, la investigación llevada a cabo por la Fiscalía y por la Udyco de la Policía Judicial también ha encontrado adjudicaciones de contratos municipales a una empresa mercantil participada por el propio Reyes y vinculada al PNL. Al respecto, el escrito del Ministerio Fiscal cita dos casos, en los que se llegaron a pagar sumas de 2.400 euros cada mes entre los años 2006 y 2007.

El primero de esos contratos, en concepto de publicidad, se firmó con la empresa Comcaype, de la que durante un tiempo fue administrador único el secretario de Organización del PNL, Pedro de Armas, y posteriormente otra militante del partido, y en la que José Francisco Reyes también tenía participaciones. Concretamente, 167 participaciones, adquiridas “por importe de 1.003,69 euros en efectivo”.

Comcaype, que se disolvió en 2011, y de la que se ha señalado como socios al presidente del PNL, Juan Carlos Becerra, a Pedro de Armas y al propio Reyes, estaba dedicada a "actividades inmobiliarias, construcción, actividades turísticas, constitución y gestión de comunidades de propietarios y administración de inversiones", pero también adquirió en su momento una empresa de comunicación, editora de una revista insular.

Según la Fiscalía, “a sabiendas de que por razones de su cargo no podía intervenir en la adjudicación y del deber legal de abstención que concurría en ese caso”, Reyes firmó ese contrato de publicidad con Comcaype “en concepto de cobertura de actos institucionales”, por importe de 2.400 mensuales, “con el manifiesto propósito de asegurarse para sí y sus socios la adjudicación de dicho servicio y el consiguiente enriquecimiento”.

Un año después, en 2007, José Francisco Reyes firmó otro contrato en nombre del Ayuntamiento, “en idénticas condiciones”, con una emisora de radio que también estaba vinculada en esa época a miembros del PNL, Punto Radio.

Además, la Fiscalía sostiene en su escrito que también existen “claros indicios de la sustracción de caudales públicos” vinculados a gastos y dietas de viajes cargados por José Francisco Reyes al Ayuntamiento de Yaiza durante sus años al frente de la Alcaldía. Entre ellos, la investigación sostiene que Reyes presentó una factura falsa al Ayuntamiento “con ocasión de una estancia privada en Tenerife la noche del 14 de febrero de 2007”.

Según el escrito del Ministerio Fiscal, ése caso no sería el único. “Durante los años en la Alcaldía, desde el año 1996 hasta el 2007, el imputado José Francisco Reyes, con la intención de lucrarse de forma ilícita y con la imprescindible colaboración del Interventor del Ayuntamiento, Vicente Bartolomé Fuentes, para dicho fin, como máximo fiscalizador de las cuentas municipales, ordenó el pago con cargo a las arcas del Consistorio de diversos importes derivados de viajes, dietas y otros conceptos indebidos, a sabiendas de que se trataba de gastos de carácter estrictamente privado, los cuales le eran transferidos desde la cuenta titularidad del Ayuntamiento a la cuenta corriente de la que era titular junto a su esposa, o bien el pago por liquidación de dietas al menos en 2.734,43 euros superiores a las establecidas en las bases de ejecución del presupuesto”, sostiene la Fiscalía.

A todo ello, habría que sumar los presuntos sobornos que recibió el ex alcalde por la concesión de licencias ilegales, dentro de los delitos de corrupción urbanística que dieron origen a esta investigación y sobre los que gira la causa. En total, la Udyco ha conseguido localizar un “enriquecimiento ilícito” de al menos un millón de euros, que presuntamente fue blanqueado por Reyes, su mujer y tres de sus hijos, con la colaboración de otras cuatro personas que también están imputadas en la causa.

Además, la investigación permitió descubrir otras presuntas dádivas recibidas por el ex alcalde, como el atraque gratis del yate familiar en Marina Rubicón, un puerto que la causa sostiene que es ilegal; la cesión gratuita de un piso en alquiler a una de las hijas de Reyes; o las obras que un promotor (que a su vez recibió múltiples adjudicaciones de trabajos del Ayuntamiento de Yaiza) realizó en la casa de José Francisco Reyes, sin llegar a cobrar por ello, pese a que las obras estaban valoradas en unos 60.000 euros.


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NotaPublicado: Lun 14 Ene, 2013 8:55 am 
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Fuente lavozdelanzarote.com:

El ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, podría enfrentarse a una pena de entre 20 y 30 años de prisión. Eso es al menos lo que solicitará el Ministerio Fiscal, a la luz de los delitos que imputa al ex alcalde en la Operación Yate, cuya investigación ya ha dado por terminada.

En su último dictamen, la Fiscalía señala que hay “claros indicios” de que José Francisco Reyes, durante su etapa al frente de la Alcaldía de Yaiza, incurrió en delitos de prevaricación urbanística, cohecho activo y pasivo, blanqueo de capitales, actividades y negociaciones prohibidas a funcionario, malversación de caudales públicos y falsedad de documento mercantil.

La mayoría de esos delitos están vinculados a la corrupción urbanística, con la concesión de decenas de licencias ilegales en Playa Blanca a cambio de presuntos sobornos, pero también con otras actividades supuestamente ilegales cometidas desde el Ayuntamiento. Entre ellas, el desvío de fondos a cuentas de su partido, el PNL, y también a empresas de las que era socio, junto a otros líderes del Partido Nacionalista de Lanzarote.

Junto a José Francisco Reyes, en el banquillo se sentarán finalmente otras once personas, ya que la causa se ha quedado finalmente con doce imputados. El último en salir de la lista ha sido el aparejador del Ayuntamiento, Pablo Carrasco, al que la Fiscalía no ha incluido en su último escrito de conclusiones.

Quienes sí continúan imputados son el secretario de Yaiza, Vicente Bartolomé Fuentes, el jefe de la Oficina Técnica, Antonio Lorenzo, y otro aparejador municipal, Alfredo Morales. Los tres están acusados de presuntos delitos de prevaricación urbanística, que puede ser castigada con penas de un año y medio a cuatro años de prisión.

En el caso del aparejador Alfredo Morales, su imputación está vinculada al informe que emitió para conceder la licencia al Puerto Deportivo Marina Rubicón, mientras que la de Antonio Lorenzo está ligada a su intervención en el expediente que permitió aprobar el Plan Parcial Playa Blanca, que ya ha sido declarado ilegal por los Tribunales.

En cuanto a Vicente Bartolomé Fuentes, se enfrenta a la imputación por tres delitos. Por un lado, la Fiscalía ve indicios de prevaricación urbanística en los informes que realizó en esos dos expedientes (el del plan parcial y el del puerto), y además le imputa otro delito de malversación de caudales públicos, por su función como interventor del Ayuntamiento. Así, además de las posibles penas de cárcel por dos delitos de prevaricación, el Ministerio Fiscal pedirá también para él entre seis meses y seis años de prisión más, dependiendo del importe de las cantidades supuestamente malversadas. En cualquier caso, sumando los tres delitos, Vicente Bartolomé Fuentes podría enfrentarse a una de las mayores penas solicitadas por la Fiscalía en esta causa, después de la de Reyes.

Entre el resto de los imputados que se sentarán en el banquillo se encuentran los familiares más directos de José Francisco Reyes. Es decir, su mujer, Antonia Rafaela Torres, y tres de sus hijos (María Beatriz, María Noelia y José Francisco Abel). Todos ellos están acusados de presuntos delitos de blanqueo de capitales, y la Fiscalía pedirá para ellos entre tres y seis años de prisión.

Según el escrito del Ministerio Fiscal, todos ellos ayudaron a Reyes a “encubrir la titularidad de sus bienes ilícitamente obtenidos”, para que pudiera “disfrutar de los mismos sin riesgo”. Para ello, actuaron “a modo de testaferros para reintroducir dentro del mercado financiero y de los circuitos económicos legales el lucro procedente de las ilícitas actividades desarrolladas por el alcalde de Yaiza”.

El mismo delito de blanqueo de capitales se imputa a los otros cuatro imputados: José Rafael Mesa Ferrer, Manuel Benito Mesa Ferrer, Antonio Marcelo Machín y Simeón Camacho. Los dos primeros, como asesores fiscales, ayudaron supuestamente al alcalde a blanquear sus cuentas a través de una “sociedad pantalla”, Sea Sun Lanzarote S.L., en la que se encargaban de la contabilidad. Según la Fiscalía, ambos tenían “pleno conocimiento de la finalidad perseguida por el imputado Reyes Rodríguez, la de ocultar la titularidad de los fondos y bienes que se habían adquirido ilícitamente así como de los que se siguieran adquiriendo con posterioridad, para permitir su disfrute por dicho imputado mediante su inserción en el circuito económico legal”.

La otra sociedad supuestamente utilizada para blanquear dinero fue Acuimar Cachazo, en la que figuraban como titulares una de las hijas de Reyes, junto a Antonio Marcelo Machín y Simeón Camacho, ambos pertenecientes al “círculo íntimo de amistad” de José Francisco Reyes. Según la Fiscalía, los dos aceptaron “prestar su más eficaz contribución para ocultar ese patrimonio” de Reyes, “ya que conocían el origen delictivo de los fondos que manejaban, al ser perfectamente conocedores de cuáles eran las fuentes de ingreso lícitos del imputado, así como de su cuantía”.

La investigación, que se inició en el año 2006, pero tuvo que perseguir hechos cometidos desde los años 90, consiguió localizar un millón de euros obtenidos por el ex alcalde de forma presuntamente ilícita. Y para ello, fue necesario rastrear pagos realizados en efectivo, compras sin asiento contable, así como movimientos de créditos bancarios y otras operaciones inmobiliarias. Por eso, por la complejidad de la investigación, la Fiscalía considera que ese millón de euros podría ser sólo una parte del dinero obtenido por los presuntos delitos de corrupción del ex alcalde sureño.


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NotaPublicado: Vie 08 Mar, 2013 3:26 pm 
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Según Diario de Lanzarote:

La Fiscalía ha solicitado que al ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, se le imponga una condena en total de 25 años de prisión, seis millones de euros de multa y el comiso de los bienes que habría adquirido procedente de ingresos ilícitos superiores al millón de euros por la concesión de licencias ilegales.

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En concreto, el Ministerio Fiscal ha pedido una condena de siete años de cárcel por delitos de prevaricación continuada en su etapa en la alcaldía de Yaiza, en la que otorgó una veintena de permisos urbanísticos ilegales para establecimientos hoteleros, el plan parcial Playa Blanca y el puerto deportivo Marina Rubicón.

A Reyes también se le imputan otros delitos como el cohecho pasivo, blanqueo de capitales, actividades y negociaciones para funcionarios públicos o malversación de caudales públicos. La Fiscalía considera a su mujer y a tres de sus hijos responsables de supuestos delitos de blanqueo de capitales por haber disfrutado de más de 1,2 millones no justificados.

Así, su esposa Antonia Rafaela Torres se enfrenta a una petición de pena de cinco años, al igual que sus dos hijas mayores de edad (María Beatriz y María Noelia) y su hijo, José Francisco Abel. En conjunto, los familiares del ex alcalde de Yaiza tendrían que responder por multas próximas a los tres millones de euros.

Además, el todavía secretario del Ayuntamiento sureño, Vicente Bartolomé Fuentes, tendrá que defenderse de una petición de seis años y seis meses de cárcel y otros 24 años de inhabilitación para empleo público. Al técnico Alfredo Morales le pide la Fiscalía dos años de prisión y 10 de inhabilitación, mientras que a Antonio Lorenzo una década de inhabilitación.

La Fiscalía también solicita para José Rafael Mesa Ferrer y Manuel Benito Mesa Ferrer cuatro años y seis meses de cárcel y multa de 800.000 euros para cada uno por blanqueo de capitales y la inhabilitación para ejercer como asesores fiscales durante ocho años. Supuestamente, montaron el entramado de empresas de Reyes.

Para dos supuestos testaferros del ex alcalde, Simeón Camacho y Antonio Marcelo Machín, que habrían colaborado con Reyes en la ocultación de dinero de origen ilícito, la Fiscalía reclama tres años de prisión y 100.000 euros de multa cada uno.

La Fiscalía también exige el comiso de bienes supuestamente comprados con dinero procedente de actividades ilegales del ex alcalde: un piso y una plaza de aparcamiento en La Laguna, otra vivienda y plaza de garaje en Barcelona, el yate ‘El Pachi' y cinco vehículos, así como mobiliario, otra embarcación y hasta un lavaplatos.

Consulte el escrito íntegro de acusación:
https://docs.google.com/file/d/0B2Jajo1 ... sp=sharing


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NotaPublicado: Dom 10 Mar, 2013 9:27 pm 
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Según La Voz de Lanzarote:

La investigación del caso “Yate” puso sobre la mesa hace ya más de dos años la presunta ilegalidad del Puerto Deportivo Marina Rubicón y ahora, en el escrito definitivo de acusación, la Fiscalía ha solicitado que se anule la licencia que permitió construir esta infraestructura. Así, además de juzgarse los delitos de prevaricación urbanística que se imputan al ex alcalde y a dos técnicos de Yaiza por autorizar esa licencia, el juicio también podría servir para decretar la ilegalidad de este puerto.

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A diferencia de lo que sucede con la inmensa mayoría de las licencias investigadas en esta causa (que ya habían sido previamente anuladas por los tribunales en la vía contencioso-administrativa), Marina Rubicón sigue teniendo su licencia en vigor. Sin embargo, eso podría cambiar cuando el caso Yate llegue a juicio. “Procede decretar la nulidad de las licencias indebidamente concedidas”, sostiene la Fiscalía de Medio Ambiente en su escrito.

En agosto de 2010, en el marco del caso “Yate” (que empezó investigando la concesión masiva de licencias ilegales para hoteles en Playa Blanca), el fiscal Ignacio Stampa solicitó una copia del expediente administrativo que llevó al Ayuntamiento a autorizar las obras de Marina Rubicón. Y de la mano de ese expediente, se destapó una sorprendente cronología, de unas obras que comenzaron sin un solo permiso y que consiguieron licencia municipal sólo seis días después de pedirla, cuando el puerto estaba ya casi terminado.

Y todo ello, en medio de fuertes protestas sociales y ecologistas por esta obra; de órdenes judiciales de paralización de los trabajos; de denuncias de particulares que después las retiraron tras recibir dinero de los promotores del puerto (Juan Francisco Rosa, Rafael Lasso y Francisco Armas); y de querellas que se archivaron a petición del que entonces era fiscal coordinador en Lanzarote, Miguel Pallarés, que en 2008 fue enviado a un nuevo destino fuera de la isla.

Ahora, el caso “Yate” ha reabierto este tema, al encontrar presuntos delitos contra la ordenación del territorio (en su modalidad de prevaricación urbanística) en la concesión de esta licencia. Sólo por este expediente, que es uno de los muchos que se han analizado en esta causa, el fiscal pide un año de cárcel y diez de inhabilitación para José Francisco Reyes, dos años de prisión y diez de inhabilitación para el secretario del Ayuntamiento, Vicente Bartolomé Fuentes, y dos años de prisión y diez de inhabilitación para el aparejador municipal Alfredo Morales.

En su escrito, la Fiscalía señala que Vicente Bartolomé Fuentes emitió un informe para el otorgamiento de esa licencia “a sabiendas de su manifiesta ilegalidad, contribuyendo de manera decisiva en el dictado final del decreto de concesión de licencia por el alcalde”. En su informe, el secretario “omitió deliberadamente aspectos esenciales que imposibilitaban la aprobación de la licencia de construcción de obras para la edificación del puerto deportivo, por cuanto le constaba que era exigible el informe previo del Cabildo sobre la compatibilidad con el Plan Insular y su Revisión”.

Al día siguiente, el 20 de marzo de 2003, el aparejador Alfredo Morales emitió otro informe favorable, pese a que era “plenamente consciente de que la edificación invadía la zona de dominio público marítimo terrestre”, según el fiscal. Además, el informe se basaba en las ordenanzas de un Plan Parcial en el que realmente no se encontraba ese suelo y hacía referencia a un proyecto que “ni siquiera estaba aprobado por el consejero de Obras Públicas, Viviendas y Aguas ni por la Viceconsejería de Medio Ambiente”.

La Fiscalía sostiene el aparejador municipal también obvió “a sabiendas” que el Plan General de Yaiza en vigor no contemplaba la construcción de un puerto en esa zona y que tampoco se había declarado como Sistema General Insular en el PIOT, para lo que hubiera sido necesario hacer un estudio de impacto ambiental. “Aunque no había instrumento de ordenación del territorio que diera cobertura a un Sistema General Puerto Deportivo Marina del Rubicón”, Alfredo Morales “informó en sentido favorable, contribuyendo de manera decisiva al otorgamiento por el alcalde de la referida licencia, al afirmar en su informe que cumplía con las determinaciones del Plan”, sostiene el fiscal.

El mismo día en que el técnico emitió ese informe, José Francisco Reyes concedió la licencia, según el fiscal, “obviando las más elementales normas procedimentales administrativas, vulnerando las más básicas reglas de obligada observancia impuesta por la normativa urbanística aplicable” y “sin contar con los informes técnicos o jurídicos previos exigidos”.

Cuando Reyes firmó esa licencia, el 20 de marzo de 2003, las obras del puerto ya estaban prácticamente terminadas. Sin embargo, ese permiso fue utilizado por los promotores de Marina Rubicón para presentarlo en los tribunales, que habían paralizado los trabajos precisamente por carecer de licencia.

Además, Juan Francisco Rosa firmó un contrato con el empresario que había denunciado las obras. En virtud de ese acuerdo, los promotores de Marina Rubicón le pagaron 1,8 millones de euros para que desistiera de los cinco pleitos contenciosos que había abierto, así como de otra causa penal contra Rafael Lasso por un presunto delito de desobediencia, al haber continuado las obras pese a la orden de paralización. Poco después, los Juzgados archivaron todas las causas que quedaban abiertas contra Marina Rubicón.

Sin embargo, a instancias ahora de la Fiscalía, la Justicia tendrá que pronunciarse finalmente sobre la posible ilegalidad de ese puerto, y también sobre los presuntos delitos que se cometieron al autorizar las obras.


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NotaPublicado: Jue 13 Feb, 2014 2:11 pm 
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Fuente diariodelanzarote.com:

La Audiencia Provincial de Las Palmas considera que hay indicios de delito que deben ser “objeto de una investigación más profunda” en la instrucción de las diligencias que se siguen por malversación de caudales públicos y prevaricación sobre el ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, el exsecretario municipal, Vicente Bartolomé Fuentes (ambos ya condenados por delitos relacionados con el urbanismo) y el abogado Felipe Fernández Camero, ex secretario de Arrecife e imputado su vez en la operación Unión.

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La investigación se centra en el pago a este abogado de una cantidad mensual de dinero entre 1996 y 2008 por una supuesta labor de asesoramiento sin que exista expediente administrativo de contratación.

En abril de 2012, la Fiscalía, al realizar la acusación por el caso Yate, pidió que se abriera una pieza separada para aclarar estos pagos. Un año después, el Juzgado de Instrucción número 1 archivó la causa, y el pasado día 24, la Audiencia ordenó que se continuara hasta agotar la instrucción.

Camero fue nombrado asesor del Ayuntamiento en 1980 y, además de sus honorarios por los numerosos pleitos en los que representaba al Ayuntamiento, cobraba mensualmente otra cantidad.

La Audiencia señala que los responsables municipales debían haber puesto fin al acuerdo de 1980 o iniciar un expediente de contratación. Además, destaca que se produce un solapamiento de servicios profesionales y que eso “abunda en la irregularidad desde el punto de vista legal de la situación” porque no aparece justificado que el Ayuntamiento tuviera que recurrir a los servicios de este abogado de forma permanente durante los 12 meses del año y además lo contratara en numerosas causas.

El acusado presenta en su defensa informes o dictámenes jurídicos, para justificar su asesoramiento, que ni son muy numerosos ni tienen registro de entrada ni sello de las oficinas municipales.

Desde que se inició el caso Yate, en 2006, el Juzgado investiga el papel de Fernández Camero en la concesión de licencias ilegales en Yaiza. Se le imputó por un delito contra la ordenación del territorio, ahora archivado, como presunto inductor de esa concesión de licencias.

Al mismo tiempo que asesoraba al Ayuntamiento, lo representaba en sus pleitos contra la Moratoria, como defensor de las licencias otorgadas por Reyes, y también era el abogado de numerosos promotores inmobiliarios, y era el defensor en la vía penal de los mismos promotores, de funcionarios municipales y del ex alcalde.

Lo que se intenta dilucidar es, si bien Camero era asesor jurídico del Ayuntamiento de Yaiza y dictaba la estrategia a seguir en cuanto a las licencias urbanísticas o, en caso de que no fuera así, cuál era su papel en el Ayuntamiento para justificar esos cobros durante 12 años.

DOCUMENTO: Consulte el auto de la Audiencia Provincial:
http://issuu.com/diariodelanzarote/docs ... ncia-yaiza


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NotaPublicado: Mar 08 Abr, 2014 9:44 am 
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Fuente diariodelanzarote.com:

Desde febrero de 2013, cuando la Fiscalía entregó su calificación de los hechos, por los que se piden 25 años de cárcel para el ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, el ‘caso Yate’ no se ha movido. El Juzgado de primera instancia número 2 de Arrecife reclama un escáner desde hace más de un año para entregar la causa digitalizada a las partes y que puedan hacer su escrito de defensa.

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En septiembre del año pasado, la juez Ana Manella decía que no era posible hacer uso del escáner especial que tiene el Juzgado número 5 porque la memoria está completa. En ese escáner está el sumario del caso Unión. La juez había pedido a la Dirección General de Relaciones con la Justicia del Gobierno de Canarias un escáner igual que ese el verano pasado de forma urgente.

A principios de este año, lo que envió esa Dirección General fue un disco duro para conectarlo al escáner del Juzgado número 5, pero hace falta un técnico cualificado para ello, así que se solicitó un técnico informático al Gobierno.

El Jefe de servicio de contratación y equipamiento le contesta a la secretaría del Juzgado que no disponen “de un servicio técnico que asuma dicha función”, así que la juez, reconociendo que el procedimiento está paralizado por ese motivo, pide de nuevo y con carácter urgente, otra vez, un escáner.

La Fiscalía solicitó el mes pasado, de nuevo, un impulso procesal. El retraso acabará afectando a la reducción de las posibles condenas por dilaciones indebidas. Dado el resultado de las gestiones ante el Gobierno de Canarias, la Fiscalía ya ahora pide que se entregue el sumario, o las partes que quedan por entregar, en papel.

En un escrito, señala el fiscal, que no existe “impedimento alguno para que las partes puedan fotocopiar lo que no esté escaneado en dicho Juzgado, que no es mucho en proporción al volumen de la causa y como siempre se ha hecho”.

La Fiscalía pide que se proceda así, “de forma que pueda tramitarse el recurso de apelación interpuesto contra el auto de incoación del procedimiento abreviado y pueda procederse a apertura de juicio oral y se formulen los escritos de denuncia que fueran menester”.

La denuncia que originó este caso la interpuso el entonces secretario insular del PSOE, Carlos Espino, en 2006, por la concesión de licencias irregulares para construir hoteles en Yaiza y en Teguise. Tras una larga instrucción en la que estuvieron imputados un buen número de empresarios, acusados de entregar dinero a cambio de recibir las licencias, la causa se archivó para estos empresarios.

La Fiscalía pide finalmente condenas para 12 personas: 25 años para Reyes por diversos delitos relacionados con la concesión de licencias ilegales, cinco años para su mujer y tres de sus hijos por blanqueo de capitales, así como seis años para el secretario municipal Vicente Bartolomé Fuentes por prevaricación y malversación.

También solicita penas de prisión también para dos técnicos más, Antonio Lorenzo y Alfredo Morales , así como cuatro años y medio para los asesores fiscales Rafael y Benito Mesa Ferra por ayudar, supuestamente, a blanquear el dinero; y otros tres años más para Simeón Camacho y Marcelo Machín por blanqueo.

Más detalles

“DELICTIVA POLÍTICA”. El Ministerio Fiscal considera que el ex alcalde de Yaiza, que estuvo en prisión provisional por este caso, aumentó su patrimonio “como consecuencia directa de su delictiva política municipal instaurada en el delictivo otorgamiento de licencias urbanísticas”.

TESTAFERROS. Según el fiscal, para ocultar el dinero se valió de distintos procedimientos como testaferros, amortización de préstamos y pagos en efectivo, inversiones inmobiliarias, una multiplicidad de cuentas corrientes instrumentales, así como la creación de sociedades interpuestas a modo de empresas pantalla.

LICENCIAS. En cuanto a su actuación administrativa a la hora de dar licencias, Reyes “prescindió de un trámite absolutamente esencial del procedimiento, dirigido a hacer valer y velar por el cumplimiento de los intereses insulares que legalmente tutela el Cabildo Insular de Lanzarote”, como la falta de informes jurídicos y la autorización turística de la que dependía la validez de la autorización municipal.


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NotaPublicado: Mar 25 Nov, 2014 9:26 am 
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Fuente diariodelanzarote.com:

El ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, ha reconocido que cometió un delito de prevaricación al conceder en diciembre de 2006 la licencia para la casa del arquitecto Carlos Morales, de más de 1.500 metros de superficie, en suelo considerado como rústico.

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Según las fuentes consultadas conocedoras del procedimiento judicial, la defensa de Reyes ha asumido en un escrito de conformidad con la Fiscalía el delito del que se le acusaba, aceptando una condena de seis meses de prisión.

De esta manera, el ex alcalde logra una rebaja sustancial frente a los dos años de prisión a los que se exponía en el caso de llegar a juicio, pues esa era la petición que había efectuado el Ministerio Fiscal en su escrito de acusación.

Reyes se quedó como el único imputado en el procedimiento judicial, una de las piezas del caso Unión, al haber archivado la jueza María Jesús Hernández la imputación del promotor de la vivienda en marzo del año pasado.

Las fuentes consultadas apuntan a que ahora se tendrá que celebrar una vista en la que se cite únicamente al acusado para que se ratifique en la conformidad con la pena de seis meses de prisión.

Cabe destacar que el juicio de este caso se tenía que haber celebrado el pasado 27 de noviembre pero se aplazó porque coincidía con una sesión de otro juicio de Unión, el relacionado con los supuestos pagos irregulares a Francisco Rodríguez Batllori desde el Ayuntamiento de Arrecife y la empresa pública Inalsa.

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La anterior jueza del caso Unión, cuando archivó la causa contra Morales, planteó que la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) pusiera en marcha un procedimiento para la restauración de la legalidad urbanística que podía terminar con el derribo de la vivienda, construida en la primera línea de una franja de suelo entre las urbanizaciones Puerto Calero y Cortijo Viejo.

Sin embargo, en el nuevo Plan General de Yaiza, que ha sido aprobado y está pendiente de que se publique para que entre en vigor, se califica la citada franja, de unos 85.000 metros cuadrados como suelo urbanizable sectorizado no ordenado. Su desarrollo urbanístico se remite a un plan parcial, promovido entre otros por el propio Morales y su esposa Alexia de Grecia. Se permitirá la construcción en la zona de 62 villas.


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NotaPublicado: Jue 11 Dic, 2014 2:04 pm 
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Fuente lavozdelanzarote.com:

El Juzgado de lo Penal Número 1 de Arrecife ha dictado este jueves la primera sentencia condenatoria del caso Unión, y lo ha hecho sin que la causa llegara siquiera a juicio. Y es que el único imputado en esta pieza, el ex alcalde de Yaiza José Francisco Reyes, ha reconocido los hechos y ha mostrado su conformidad con la pena solicitada por la Fiscalía.

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Tal como adelantó en su momento La Voz, Reyes firmó el pasado 11 de noviembre su conformidad con el escrito de acusación del fiscal Javier Ródenas, que estaba pendiente de ser ratificado ante el Juzgado. Para ello se ha convocado una vista este jueves en el Juzgado de lo Penal que debía haber celebrado el juicio. Y según han confirmado a La Voz desde la Fiscalía de Medio Ambiente de Las Palmas, en esa vista Reyes se ha ratificado en su confesión y ha aceptado la condena, por lo que en ese mismo momento se ha dictado la sentencia “in voce”.

El fallo, que ya es firme, impone al ex alcalde una pena de seis meses de prisión y 12 años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito de prevaricación, al conceder licencias ilegales para la construcción del chalet de Carlos Morales y Alexia de Grecia. La sentencia, además, declara nulos esos permisos que Reyes concedió al sobrino político del Rey de España.

Al aceptar el acuerdo con la Fiscalía, Reyes ha evitado el juicio y ha logrado rebajar la pena que inicialmente se solicitaba, y que era de dos años de prisión. Para José Francisco Reyes ésta es ya la segunda condena por prevaricación, y además aún tiene a sus espaldas otras causas penales. En la de mayor envergadura, el caso Yate, por la concesión masiva de licencias ilegales en Playa Blanca, la Fiscalía le pide 25 años de cárcel.

La conformidad de Reyes y de su defensa, representada por Juana Fernández de las Heras, contrasta con la estrategia seguida hasta ahora en el caso Unión por esta misma letrada y por su padre, Felipe Fernández Camero, que también está imputado en la causa. Hasta ahora, en otras piezas, tanto Juana Fernández como Camero han centrado su defensa en solicitar la nulidad de la causa, alegando supuestas irregularidades en la instrucción.

En el primer juicio que el pasado viernes quedó visto para sentencia, por los pagos presuntamente fraudulentos a Francisco Rodríguez Batllori, Fernández de las Heras representaba a una de las acusadas (la ex concejal de Arrecife Luisa Blanco) y solicitó que se declararan nulas las pruebas y la causa entera, basándose en esas supuestas irregularidades que denuncian varios acusados, incluyendo a Fernández Camero. Sin embargo, en esta otra pieza contra Reyes, que surge de la misma causa, la abogada firmó junto a su cliente el escrito de conformidad, y lo ha ratificado este jueves ante el Juzgado.

Además de Reyes y su abogada, en la vista ha estado también presente el fiscal de Arrecife asignado al área de Medio Ambiente de Las Palmas, Ignacio Stampa, que estuvo en el inicio del caso Unión y sigue llevando la instrucción de dos piezas. En ésta, se ha encargado de representar durante la vista a Ródenas, que es quien firma el escrito de acusación.

Los hechos por los que ha sido condenado Reyes se remontan al año 2005, cuando Carlos Morales pidió al Ayuntamiento de Yaiza una licencia municipal de obra mayor sobre proyecto básico, para la construcción de una vivienda unifamiliar en la calle Barranco del Agua, ubicada entre los planes parciales de Puerto Calero y Cortijo Viejo.

El 5 de diciembre de 2006, según el escrito de Fiscalía que ha sido aceptado por Reyes, el entonces alcalde firmó un decreto concediendo esa licencia, pese a que era “plenamente consciente de la ilegalidad de su concesión” e incluso contaba con informes contrarios, tanto del secretario como del aparejador de la Oficina Técnica, que se lo advertían.

Lo mismo sucedió después con una segunda licencia concedida por Reyes, ya para la ejecución del proyecto definitivo, que también se otorgó con informes técnicos negativos, “obviando las más elementales normas procedimentales administrativas, vulnerando las más básicas reglas de obligada observancia impuesta por la normativa urbanística aplicable, prescindiendo de los trámites esenciales en el otorgamiento de las licencia” y “sin contar con el informe preceptivo y vinculante de compatibilidad con el PIOT a emitir por el Cabildo de Lanzarote”, según sostiene el escrito de acusación de la Fiscalía, con el que el ex alcalde ha mostrado su conformidad.

Durante la instrucción, el propio Morales llegó a estar imputado por un delito contra la Ordenación del Territorio y otro de inducción a la prevaricación urbanística. El segundo se terminó archivando, al no tener pruebas que acreditaran esa supuesta influencia sobre Reyes para que le otorgara licencias ilegales. En cuanto al primero, la juez que entonces instruía la causa, María Jesús Hernández Elvira, también decidió archivarlo, al entender que Carlos Morales podría haber incurrido en una infracción administrativa, pero no en un delito.

Lo que sí ha hecho la sentencia es declarar ilegales las licencias de su chalet. Sin embargo, cabe recordar que el nuevo Plan General de Yaiza recalifica ese suelo, por lo que Carlos Morales podría iniciar ahora el procedimiento para regularizar la vivienda, solicitando una nueva licencia en virtud del Plan General en vigor.


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Traducción al español por Huan Manwë para phpbb-es.com