FORO SOBRE LANZAROTE

Según diariodelanzarote.com:

La Guardia Civil ha interrogado al administrador de un blog en Internet, 'Lanzarotelandia.com' por publicar íntegramente el contenido de los tres primeros tomos del conocido 'caso Unión', que instruye el juez César Romero Pamparacuatro.



El 'blogger', Fernando Marcet, señala que prestó declaración en el cuartel de la Guardia Civil de Costa Teguise el martes por la mañana por la difusión de tres de los 30 tomos del 'caso Unión' sobre los que se ha levantado el secreto de sumario.

Según Marcet, la Guardia Civil le informó de que se encontraba imputado y, de hecho, en el interrogatorio fue asistido por una abogada de oficio. Señala que le preguntaron por el modo con el que se hizo con el sumario aunque asegura que se negó a revelar su fuente.

En lo que sí ha aceptado colaborar el administrador de 'Lanzarotelandia.com' es en retirar los tomos del 'caso Unión' que había publicado en su página web.

La Guardia Civil le requirió para que entregase dos discos con el sumario del caso e información sobre los usuarios de su página web que se descargaron los documentos, unos datos que, apunta, no sabe si podrá facilitar por cuestiones técnicas.

Marcet señala que los agentes le pidieron “colaboración” y le informaron de que el juzgado que estaba llevando el procedimiento era el número 5 de Arrecife.

El 'blogger' añade que la Guardia Civil le trasladó que su imputación parte de la denuncia de un particular, pero no le facilitó el nombre hasta que “se levantara el secreto” de las diligencias, apuntó a DiariodeLanzarote.com.

Los tres sumarios del 'caso Unión' que Marcet publicó en Internet suman unas 800 páginas en las que se detalla el comienzo de la investigación con la denuncia del consejero socialista Carlos Espino por un intento de soborno para legalizar la urbanización de Costa Roja.

En los tres primeros tomos se incluyen las intervenciones de los teléfonos de los empresarios Fernando Becerra y Luis Lleó, ambos imputados por cohecho al estar detrás del intento de soborno a Espino, y atestados de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, así como diversos autos judiciales.

Según La Voz de Lanzarote:

El que fuera gerente del Consorcio Insular de Aguas, Antonio Cárdenas, también está imputado en el caso “Unión”. Así queda reflejado en el auto de la juez Lucía Barrancos, en el que separa la pieza central de la causa y levanta el secreto de sumario sobre estas actuaciones.



La juez sostiene en ese auto que Cárdenas “podría haber aceptado abonar una comisión ilegal” para que “se adjudicase a ENAC Ingenieros y Consultores SL alguna de las obras del denominado Plan de Barrios”, impulsado por el PIL en el Ayuntamiento de Arrecife a inicios de la pasada legislatura. Según la juez, esa adjudicación pudo realizarse “al margen de todo procedimiento legalmente establecido en cuanto a la forma y a la publicidad, o con información privilegiada, que le habría permitido presentar la propuesta mejor valorada, al tener conocimiento previo de las ofertas de otros empresarios".

El auto señala a Dimas Martín como la persona que exigió esa comisión, utilizando a Matías Curbelo como supuesto intermediario. En esa época, Dimas ya estaba cumpliendo condena y no ocupaba cargos públicos, pero la juez sostiene que el líder del PIL “habría podido interceder en la adjudicación de las obras a favor de dicho empresario a través del Jefe de la Oficina Técnica de Arrecife, Rafael Arrocha”, que fue detenido en la Operación “Unión”, o “de la Jefa del Departamento de Contratación del Ayuntamiento de Arrecife, María Elena Martín Martín”, que es hija de Dimas y que también fue arrestada en esta causa.

Antonio Cárdenas fue nombrado gerente del Consorcio del Agua en marzo de 2010, bajo la presidencia de Pedro San Ginés. En ese momento, San Ginés gobernaba en pacto con el Partido Popular, con Ástrid Pérez en la vicepresidencia.

Además, Cárdenas también ha trabajado para otras instituciones, como el Ayuntamiento de San Bartolomé, donde desarrolló funciones como personal eventual.

Según La Voz de Lanzarote:

Dentro de los miles de folios que acumula el Juzgado de Instrucción Número 5 de Arrecife en distintas investigaciones, sigue habiendo hechos que hasta ahora no habían trascendido. Entre ellos, las diligencias 1089/2009, que investigan un presunto “delito contra la ordenación del territorio, respecto a la construcción de una bodega en suelo no urbanizable”. Concretamente, se trata de la bodega Stratvs, propiedad del empresario Juan Francisco Rosa.



La investigación sobre la posible construcción ilegal de una bodega aparece en el último auto de la juez Lucía Barrancos, que además de separar la pieza central del caso "Unión", también hace balance de otras diligencias separadas en el Juzgado. Y entre ellas, se encuentra la de la bodega Stratvs. En su auto, la juez no aporta ningún dato sobre los hechos que se investigan en estas diligencias o las personas implicadas.

Según La Voz de Lanzarote:

El empresario Juan Francisco Rosa, “a través de su grupo de empresas, habría contribuido a la financiación irregular del Partido de Independientes de Lanzarote”. Así lo sostiene la juez del caso “Unión”, Lucía Barrancos, en el nuevo auto que se ha hecho público este miércoles.



Según la juez, “ha quedado indiciariamente acreditado” que Rosa entregó “hasta 60.000 euros en pagarés” al PIL, durante las campañas electorales de 2003 y 2007, “a cambio de que se favorecieran sus intereses económicos, particulares o de sus empresas, por parte de los cargos públicos electos del Partido de Independientes de Lanzarote, una vez celebradas las elecciones”.

El auto sostiene que quien “recogió” esos pagarés fue Matías Curbelo, que era la mano derecha de Dimas Martín, y también fue administrador de la campaña electoral del partido en 2007.

Además, según la juez, Juan Francisco Rosa también “habría podido favorecer” directamente a Dimas Martín Martín, contratándole a través de una de sus empresas, “para que éste ejerciera en su beneficio su influencia sobre otros cargos electos del partido político”. El líder histórico del PIL estaba en aquella época en prisión, y necesitaba tener un trabajo acreditado para poder obtener el tercer grado penitenciario.

La investigación de la UCO puso de relieve que Dimas estaba contratado y dado de alta en la Seguridad Social a través de Galerías Rosas S.L., pero realmente “no habría estado desarrollando actividad laboral alguna para Juan Francisco Rosa Marrero”. Lo único que habría hecho el líder del PIL, según la juez, es “interceder” a favor de Rosa “ante diversas autoridades públicas para favorecer sus intereses comerciales". Incluso, la UCO sostiene que Dimas le reintegraba después el importe de las nóminas, con ingresos "a las cuentas relacionadas con el entorno del empresario”.

Juan Francisco Rosa es propietario de hoteles ilegales como el Princesa Yaiza y el Son Bou, así como de la bodega Stratvs, entre otras empresas. Además, es socio del puerto deportivo Marina Rubicón y de Lancelot Televisión.

Según Diario de Lanzarote:

La jueza del caso Unión, Lucía Barrancos, emitió un auto el pasado jueves por el que crea la pieza separada 12/2012 de esa instrucción judicial, que se inició en 2008, y levanta el secreto de sumario en todo lo relativo a dicha pieza, que tiene que ver con las presuntas comisiones ilegales y otros delitos relacionados con concejales de Arrecife y otros cargos públicos del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL) y personas afines, entre los años 2007 a 2009, principalmente.



En esta pieza se persiguen los delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa, exacciones ilegales y otros, en relación con los expedientes municipales relacionados con empresarios, pero también se incluyen delitos contra la administración pública, como prevaricación administrativa, infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, abuso de información privilegiada y delitos electorales.

La juez no incluye el delito de asociación ilícita, como había incluido el primer juez instructor, César Romero Pamparacuatro, aunque habla de “la reiteración continuada de tales conductas y el nivel de organización y de distribución de roles entre todos los participantes” y considera que existe una trama de coparticipación delictiva, cuyo nexo de unión era el PIL y el Ayuntamiento de Arrecife.

Señala el auto que “indiciaria y provisionalmente ha quedado acreditado que un grupo de concejales del Ayuntamiento de Arrecife pertenecientes al PIL y actuando bajo las órdenes de Dimas Martín Martín, fundamentalmente durante los años 2007 a 2009, pero también desde 2005, habrían exigido comisiones ilegales por la adjudicación de expedientes de contratación, principalmente desde la concejalía de parques y jardines, o como condición previa al abono de las facturas por servicios ya prestados”.

El auto habla de otras decisiones de los cargos públicos para forzar a los empresarios al pago de comisiones. Entre esas decisiones estarían el retraso en una orden de pago por parte del concejal de hacienda, la concesión de una licencia por parte del concejal de urbanismo o la inclusión de un terreno en el futuro Plan General.

El dinero recaudado ilícitamente tendría tres destinos: una parte “habría sido destinado a engrosar un presupuesto paralelo o caja B del Ayuntamiento de Arrecife”, otra “a la financiación ilegal del PIL, al que pertenecen o al que están ligados la mayoría de los partícipes en esta actividad delictiva” y otra “al lucro personal de los propios componentes de la trama corrupta”.

En la cúspide de esta trama delictiva estaría Dimas Martín, que según la tesis de la UCO, “habría actuado como ascendiente absoluto y total sobre el resto de miembros de la trama de coparticipación delictiva, todos los cuales considerarían sin excepción que deben su puesto político o cargo público al que fuera fundador del partido. Por este motivo habrían mantenido con él una total relación de subordinación, consultándole cada paso que daban y atendiendo con prontitud todas sus órdenes”.

Según la jueza, Dimas Martín era el destinatario de una parte de las comisiones ilegales, además de la persona que daba órdenes precisas a los cargos públicos para que retrasasen las órdenes de pago de las deudas que el Ayuntamiento de Arrecife pudiera tener con los empresarios como forma de forzar a éstos al pago de las comisiones o influyendo sobre los mismos para que adjudicasen los servicios a las empresas que pagaban las comisiones.

La jueza dice que “también sería destacable la participación que Juan Rafael Arrocha habría podido tener como Jefe de la Oficina Técnica, informando favorablemente aquellas ofertas o pliegos presentados por empresarios que pretendían obtener las adjudicaciones de contratos a cambio del abono de las comisiones exigidas”.

En la trama, la mano derecha de Dimas Martín, Matías Curbelo, habría actuado como recaudador, mientras que Dayrán Jesús Muñoz Armas, de las juventudes del PIL y Segundo rodríguez, ex vicepresidente del Cabildo por el PSOE, serían los conseguidores, cuyo papel sería el de buscar empresarios dispuestos a pagar alguna comisión. Los cargos públicos serían los responsables de llevar a cabo esas decisiones.

En el auto aparecen personas que no se sabía que estaban imputadas hasta ahora. Se imputa finalmente a 36 personas, 14 de ellas como cargos públicos o relacionadas con el PIL y a 21 empresarios.

Listado de imputados

Cargos públicos o personas relacionadas con el PIL:

Dimas Martín Martín

Ubaldo Becerra Robayna, (como Teniente de Alcalde y Concejal del Plan General del Ayuntamiento de Arrecife)

José Miguel Rodríguez Sánchez (como Concejal de Hacienda y de Urbanismo del Ayuntamiento de Arrecife)

Antonio Jerónimo Machín Ramos (como Concejal de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Arrecife)

María Luisa Blanco Carballo (como Concejal del PIL en el Ayuntamiento de Arrecife)

Juan Rafael Arrocha Arrocha (como Jefe de la Oficina Técnica del Ayuntamiento de Arrecife)

María Elena Martín Martín (como Jefa del Departamento de Contratación del Ayuntamiento de Arrecife)

María José Docal Serrano (como Presidenta del Cabildo Insular de Lanzarote)

Remigio Joel Delgado Cáceres (como Concejal del Ayuntamiento de Arrecife)

Matías Curbelo Luzardo (ex Administrador de la campaña electoral del PIL en el año 2007)

Segundo Rodríguez (persona de confianza de Dimas Martín Martín)

Dayrán Jesús Muñoz Armas (persona de confianza de Dimas Martín Martín)

Alfredo Santiago Rodríguez Pérez (persona que recogió materialmente la comisión exigida al señor Castellano).

Celso Betancort Delgado (ex Concejal del Ayuntamiento de Arrecife y ex presidente del Partido de Independientes de Lanzarote)


Empresarios:

Antonio Gómez Ruiz (Estudio de arquitectura paisajista La Palmita, S.L.)

Jesús Manuel Martín Brito (INFOGELAN Fontanería, S.L.)

Daniel Yeray Cañada Tribaldo (Rehabilitaciones y Construcciones Sanabria, S.L.)

Manuel Gregorio Reina Fabre (Construcciones Reina, S.L.)

Francisco Javier Armas López (HORINSA, S.L.)

Eduardo Ferrer Cabrera (Tecnosound Canarias, S.L.)

Demetrio Rodríguez Robayna (Lanzagrava, S.L.)

Antonio Cárdenas Carrillo (ENAC Ingenieros y Consultores, S.L.)

José Luis Betancort Acosta (TorresCL, S.L.)

Jorge Ramón Álvarez Pérez (Canarias de Limpieza Urbana S.A.)

María José García Acosta (Opciones Creativas, S.L.)

Juan Jesús Acuña Borges (Herederos de Juan Acuña, S.L.)

Pedro Manuel Rodríguez García (Naos Iluminación, S.L.)

Samuel Jesús Lemes Macías (SAMYER, S.L.)

Ginés Parrilla Curbelo (J. Parrilla, S.A.)

Manuel Arbelo Pérez (Tinguatón Ferreterias S.L y Tinguatón S.L.)

Juan Francisco Rosa Marrero (Galerías Rosa, S.L. entre otras)

Fermín Curbelo Perdomo (CURBELANZ, S.L.)

Carlos Morales Quintana (arquitecto y primo de D. Ubaldo Becerra Robayna)

Víctor Alberto Sánchez Martín (arquitecto)

José María Pérez Sánchez (arquitecto)

Consulte el auto judicial íntegro:
http://www.diariodelanzarote.com/images ... -union.pdf

Según Diario de Lanzarote:

En el auto hecho público este miércoles, la juez instructora del caso Unión, Lucía Barrancos, señala que Matías Curbelo, que fue el administrador de la campaña electoral del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL) en el año 2007, “habría falseado las cuentas del PIL, reflejando u omitiendo indebidamente en las mismas aportaciones o gastos o usando cualquier otro artificio pendiente de determinar que habría supuesto un aumento o disminución de las partidas contables con la finalidad de que dicho partido político pudiera eludir la fiscalización del Tribunal de Cuentas”.



En la pieza, cuyo secreto de sumario se acaba de levantar, se investiga principalmente una trama organizada en torno a Dimas Martín, que se encuentra actualmente cumpliendo condena en al cárcel, y al PIL, para conseguir comisiones ilegales y pagos por parte de empresarios a través de decisiones por parte de los cargos públicos de ese partido tanto en el Ayuntamiento de Arrecife como en otras instituciones.

Según el auto, “aparece indiciariamente acreditado que, siguiendo las órdenes de Dimas Martín Martín, diversas autoridades del PIL y alguno de sus representantes se habrían comprometido a tomar decisiones e influir en otros funcionarios públicos a cambio de que ciertos empresarios facilitaran fondos económicos al PIL, financiación corrupta mediante la cual se habría intercambiado dinero por acciones políticas”.

En otra de las partes del auto se asegura que el empresario Juan Francisco Rosa, “a través de su grupo de empresas, habría contribuido a la financiación irregular del PIL durante los periodos electorales tanto de 2003 como de 2007 con aportaciones de hasta 60.000 euros en pagarés por campaña electoral recogidos por Matías Curbelo Luzardo”. Según el auto, “dichas aportaciones se habrían hecho a cambio de que se favorecieran sus intereses económicos, particulares o de sus empresas”.

Tras el levantamiento de la primera parte de la ‘operación Unión', en diciembre de 2009, se supo que Dimas Martín estaba contratado por Galerías Rosa para poder acceder al beneficio penitenciario del ejercer grado. Ese contrato facilitó la concesión del tercer grado, logrado por Martín en dos ocasiones y retirado por la Audiencia Provincial de Las Palmas en otras tantas, mientras cumplía una condena de ocho años. Según la UCO, Dimas Martín reintegraba al empresario el importe de sus nóminas.

Según uno de los atestados policiales de la investigación, Rosa intercede ante Dimas Martín para que éste “le ayude a solucionar todos los problemas que tiene en Yaiza con los hoteles ilegales y con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), diciéndole que debe imponerse con su hijo Fabián Martín, vicepresidente del Cabido de Lanzarote, y decirle: "Fabián, se acabó esto ya, ¿me entiendes?, no puede ser ¿Me entiendes?".

La estrecha relación entre Dimas Martín y Juan Francisco Rosa queda en evidencia a lo largo del sumario, no sólo por ser empleado y patrón. En una ocasión, el 4 de marzo de 2009, Dimas Martín habla con la alcaldesa de Yaiza, que le informa de que el teniente alcalde Leonardo Rodríguez tiene una reunión con “los planes parciales para el PGOU del municipio”. Martín dice que ya lo sabe porque se lo había dicho Juan Francisco Rosa.

Dos días después, en una conversación telefónica entre ambos para fijar una cita posterior, hablan sobre la solicitud de derribo de un hotel, probablemente el Princesa Yaiza, propiedad de Rosa, y sobre la llegada del cineasta Pedro Almodóvar a la Isla -el productor grabó en Lanzarote 'Los abrazos rotos'- y un hotel. Dimas le dice a Rosa que, entonces, hay que montar una estrategia.

Según Diario de Lanzarote:

La investigación del caso Unión incluye, según se ha desvelado en un auto de la jueza Lucía Barrancos, una presunta comisión de 400.000 euros para conseguir la recalificación de unos terrenos en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Arrecife.



Según el auto, el empresario Fermín Curbelo, administrador de la constructora Curbelanz, tenía “intereses económicos” en la “recalificación de unos terrenos en principio no incluidos en el Plan General”.

Por ello, añade la resolución judicial, habría solicitado de Ubaldo Becerra, concejal del PIL en el pasado mandato y responsable del Plan General, que esos terrenos “se calificasen como suelo urbano no consolidado” para “construir viviendas de protección oficial”.

Según el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el empresario “habría ofrecido la cesión de viales, valorados según sus propias palabras 'en ocho o nueve millones de euros' y en compensación habría pretendido recibir algunos terrenos en la zona de Maneje, propiedad del Ayuntamiento”.

Los investigadores destacan que Becerra “habría mostrado algunas dudas en cuanto a llevar a cabo esa compensación, porque se trataría de terrenos cedidos al Ayuntamiento mediante planes parciales y que por lo tanto tienen que ir destinados a zonas públicas y zonas verdes”.

El auto subraya que Becerra “habría accedido a solucionar la cuestión” planteada por el constructor “y se habría comprometido a realizar algunas gestiones en la Oficina Técnica”.

Además, añade, “utilizando” a Dayrán Muñoz, un miembro del PIL, “como intermediario”, habría solicitado a Fermín Curbelo “la cantidad de 400.000 euros para interceder en su beneficio en la redacción del Plan General de Ordenación Urbana”.

Según lavozdelanzarote.com:

El Juzgado Número 5 de Arrecife, que instruye el caso “Unión”, también tiene abierto un procedimiento por las licencias que el ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, concedió en su día a su compañero de partido y actual concejal del PNL en Arrecife, Pedro de Armas, para construir diez chalets en Playa Blanca.



En el último auto sobre el caso “Unión”, la juez Lucía Barrancos hace referencia a estas diligencias judiciales, señalando que se investiga “un delito contra la ordenación del territorio, respecto a un proyecto de ejecución de diez viviendas en suelo no urbanizable”. Actualmente, la investigación está en manos de la Fiscalía de Medio Ambiente.

Pedro de Armas, que actualmente es concejal en la oposición en el Ayuntamiento de Arrecife, ha ocupado distintos cargos de relevancia en las dos últimas décadas, algunos de ellos directamente relacionados con el Urbanismo. De hecho, ha sido concejal de este área en el Ayuntamiento de Arrecife. Además, en el año 2001 fue nombrado consejero delegado de Gesplan, la empresa pública del Gobierno de Canarias dedicada a la Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental de las islas.

En el año 2005, Pedro de Armas, a través de la empresa Marivista, recibió licencias del Ayuntamiento de Yaiza para construir diez viviendas en el Plan Parcial Playa Blanca. Sin embargo, el Cabildo había advertido que ese plan estaba extinguido y, por tanto, no se podía autorizar su construcción, tal como ratificaron después los tribunales de Justicia.

Además, el Ayuntamiento de Yaiza ocultó esas licencias al Cabildo, impidiendo así que pudiera recurrirlas. Ésta fue durante años una práctica habitual del gobierno de José Francisco Reyes, hasta que la Justicia le obligó a dar cuenta a la primera Institución insular de las licencias que otorgaba. Pese a ello, el Consistorio se siguió resistiendo a entregar las concedidas a Pedro de Armas.

Finalmente, en el año 2008, y cuando las obras ya estaban muy avanzadas, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 5 de Las Palmas dictó un auto suspendiendo esas licencias. Además, el Juzgado ordenaba la inscripción del recurso en el Registro de la Propiedad, para advertir a los posibles compradores del pleito que estaba abierto y evitar que adquirieran esas viviendas desconociendo su situación legal.

José Francisco Reyes firmó la licencia autorizando la construcción de esas viviendas el 14 de noviembre de 2005 y, sólo ocho días después, autorizó el comienzo de los movimientos de tierra en la zona.

Poco después de la obtención de los permisos municipales, la empresa familiar de Pedro De Armas, Marivista S.L., vendió el solar, ya con las licencias otorgadas por el ex-alcalde de Yaiza, a la empresa “Villas Blancas Lanzarote S.L.”

Al solicitar la licencia, Pedro de Armas presupuestó en 588.731 euros las diez viviendas. Es decir, unos 58.000 euros por chalet. En función de ese presupuesto, el Ayuntamiento de Yaiza cobró poco más de 31.000 euros en concepto de tasas.

Sin embargo, según señalaron entonces a La Voz desde el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Lanzarote, tanto el presupuesto de las viviendas como, por tanto, el de las tasas, debería haber sido mucho mayor. De hecho, aseguraban que por la construcción del diez chalets de esas características se tendría que haber pagado al Ayuntamiento casi el doble, unos 60.000 euros.

Según Diario de Lanzarote:

El auto de la jueza Lucía Barrancos, que levanta el secreto de sumario de la pieza que gira en torno a la posible financiación ilegal del PIL, revela que los implicados se dedicaban a cobrar comisiones a empresarios para adoptar decisiones en su favor o para adelantarles el pago de deudas. Se detallan hasta 18 casos distintos y en diez de ellos se concretan las cantidades, que llegan hasta los 300.000 euros.

El dinero se exigía, principalmente, por dos conceptos: por adelantar el pago de los trabajos ya realizados o por adjudicar contratos con la Administración, también a través de dos métodos: mediante el uso de información privilegiada para poder ganar el concurso municipal o mediante el fraccionamiento de contratos “con el objeto de disminuir la cuantía de los mismos y eludir así el cumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público en cuanto a las garantías legalmente exigidas de publicidad, procedimiento y forma”.

Señala la juez en el auto que “estos hechos, por la reiteración de los mismos y por la coincidencia en las personas implicadas permiten vislumbrar que la trama corrupta investigada podría haber tenido como objeto la creación de todo un 'sistema paralelo' a través del cual, sobre la base del enriquecimiento de sus integrantes, el favorecimiento de sus intereses y de sus relaciones, se habrían adjudicado contratos, se habría empleado a trabajadores, se habrían concedido licencias al margen de todo procedimiento legalmente establecido y se habrían consentido un variado tipo de irregularidades”, además del intento de adjudicación del Plan General de Arrecife al margen de todo procedimiento legal.

Entre las cantidades que se detallan, están los 95.000 euros que pagó José Antonio Castellano, que había realizado servicios de limpieza para el Ayuntamiento de Arrecife. Ese pago, vigilado por agentes de la UCO, ya que el empresario lo había denunciado, dio lugar a las primeras detenciones de la 'operación Unión'. El resto de cantidades son mucho menores. Se hace referencia a 2.000 euros por parte de Antonio Gómez Ruiz para que se le adelantaran pagos por obras. Gómez declaró que el dinero era para la financiación del PIL.

También se detallan 9.000 euros de Demetrio Rodríguez, de Lanzagrava, por la adjudicación de obras en el Plan de barrios. De ese plan también se investiga la adjudicación de una obra a la empresa ENAC, del ingeniero, trabajador del Cabildo y ex gerente del Consorcio del Agua, Antonio Cárdenas, que podría haber obtenido el contrato gracias a que consiguió información privilegiada sobre las ofertas de los otros empresarios, bien a través de Rafael Arrocha, jefe de la oficina técnica o de la jefa de contratación municipal, Elena Martín, hija de Dimas Martín. En un caso similar se encontraría José Luis Torres, de Torres CL, que habría ganado varias obras del Plan E.

No se detalla la cantidad que podría haber entregado Jesús Manuel Martín Brito, de Infogelan para adelantarle el pago de trabajos ya realizados a la concejalía de parques y jardines, pero sí que pudieron intervenir en el cobro hasta cuatro concejales: Ubaldo Becerra, José Miguel Rodríguez, Luisa Blanco y Antonio Machín. Este último también podría haber participado en otros dos expedientes, el relacionado con una obra pare Rehabilitaciones y Construcciones Sanabria, de Daniel Yeray Cañada e irregularidades con la revista Viva Lanzarote.

Además aparece en el auto el dueño de Tecnosound, Eduardo Ferrer, por la organización de un festival de música en 2007 y 2008 (probablemente se refiere al Festival Malpaís). En este caso dice la jueza que Matías Curbelo habría procedido a negociar con el empresario la adjudicación del festival “al margen de todo procedimiento legalmente establecido en cuanto a la forma y a la publicidad requerida”, siguiendo las órdenes de María José Docal Serrano y, en última instancia, de Dimas Martín Martín.

“Dicha adjudicación se habría realizado con una facturación desproporcionada de manera que el sobrecoste del servicio prestado, que habría alcanzado el 50 por ciento de su valor, habría sido abonado por el empresario, en concepto de comisión ilegal a los facilitadores del mismo, principalmente a Dimas Martín Martín y su entorno familiar”, señala el auto.

La ex presidenta del Cabildo y actual consejera, María José Docal, también aparece relacionada con otro caso, relacionado con Francisco Armas, de Horinsa, que habrá entregado 9.000 euros para que se le adjudicasen obras de reasfaltado. Con parte de esa cantidad se habría pagado un tratamiento médico para Docal en la Clínica Ruber de 2.119 euros y el resto habría ido a parar a Dimas Martín.

Uno de los casos no tiene relación con Arrecife, sino con Yaiza, donde también gobernaba el PIL. Se habla de la aceptación de una comisión por parte de Jorge Álvarez, de la empresa Clusa para conseguir “una concesión para la retirada de basuras aprovechando que la contrata del momento estaba en huelga”.

En otros dos casos no se especifica el destino del dinero pero se habla de la entrega mensual de sobres con 3.000 euros, durante seis meses del año 2007, de los que 500 pertenecían al pago de la empresa Naos Iluminación, de Pedro Rodríguez, y 2.500 a Herederos de Juan Acuña, de Juan Jesús Acuña Borges.

Finalmente en otros tres casos se indica que los pagos sirvieron para la financiación ilegal del PIL. Se trataría de pagos hechos por Samuel Lemes, de Samyr, de 2.000 euros, Giñés Parrilla, de J. Parrilla, de hasta 18.000 euros y Manuel Arbelo, de Ferreterías Tinguatón, con otros 6.000 euros, a los que hay que sumar los 120.000 euros que es especifican que pagó Juan Francisco Rosa en dos campañas.

Según canarias7.es:

El sumario del caso Unión sigue siendo fuente de sorpresas. Entre las piezas desgajadas figura una denuncia del expresidente de Puertos, Luis Hernández, contra Carlos Espino, a quien acusa de cobrar dos pagarés que Hernández entregó a cambio del desprecinto de una obra en Playa Blanca.

Entre las novedades del recién alzado secreto de sumario sobresale una denuncia del expresidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Luis Hernández Pérez, en la que acusa de participar en un supuesto cohecho, a Carlos Espino, exconsejero de Política Territorial del Cabildo, y actual director de la Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático del Gobierno de Canarias. Según se hace constar en el auto, Hernández declara haber participado en dicho supuesto cohecho (el 18 de diciembre de 2011, aunque puede ser que exista un error en esta fecha, y el 15 de enero de 2010), ante el juez que inició la investigación del llamado Caso Unión (diligencias 697/2008), cuando aseguró haber entregado dos pagarés a cambio del desprecinto de una obra de su propiedad.

Según los autos, el propio expresidente portuario, como representante legal de Inversiones La Oliva, promotora de una obra en dicho Plan Parcial, denunció a José Antonio Rodríguez, directivo de la empresa Espacio Interiores de Lanzarote; y a Juan Carlos Martín Brito, administrador de la misma, por haber entregado dos pagarés. A cambio buscaba conseguir la presunta violación del precinto de la obra, cuya licencia había sido recurrida por el Cabildo ante los tribunales. Hernández dijo en su denuncia que la obra promovida por su sociedad consistía en la construcción de 49 villas en la parcela R-8A del citado Plan.

La denuncia recoge que «la licencia fue recurrida por el Cabildo, pero pudo ser acabada antes de que se notificase la resolución que ponía fin al procedimiento, momento en el cual se acordó el precinto». Hernández declaró en su intervención que «José Antonio Rodríguez le pidió el pago de una cantidad de dinero, a través de diversos pagarés, para poder entregársela a Carlos Espino, a través de un tal señor Guerra para la violación del precinto», según el documento cuyo secreto ha sido levantado.

Según lavozdelanzarote.com:

Durante años fue la mano derecha de Dimas Martín y uno de los hombres fuertes del Partido de Independientes de Lanzarote, pero el 22 de julio de 2009, cuando llevaba dos meses en prisión provisional, y un mes en la cárcel grancanaria de Salto del Negro, Matías Curbelo decidió "tirar de la manta" e implicar directamente al líder histórico del PIL y a otros cargos del partido. La declaración que realizó ese día en los Juzgados forma parte de la última pieza que se ha separado del caso “Unión”, sobre la que se acaba de levantar el secreto de sumario, y a la que ha tenido acceso La Voz.



Según desvela esa parte del sumario, fue el propio Curbelo quien pidió volver a comparecer ante el Juzgado de Instrucción Número 5, entonces en manos de César Romero Pamparacuatro, para ampliar la declaración que realizó tras su detención. Y ahí, Matías Curbelo no sólo volvió a confesar que había cobrado personalmente sobres con comisiones ilegales de varios empresarios de la isla, sino que también destapó la presunta financiación ilegal del PIL e implico directamente a Dimas Martín.

En esa declaración, Matías Curbelo comenzó diciendo que podía “demostrar unos cuantos asuntos con Dimas”, así como los pagos que realizaron varios empresarios al partido. Ofrecía pruebas, y las entregó ese mismo día. Cuando llevaban varias horas de declaración, el interrogatorio se suspendió para acudir a la casa de Curbelo. Él mismo autorizó voluntariamente un registro, que se realizó en su presencia, en el que los agentes de la UCO recabaron cuatro cartas que le había enviado Dimas desde la cárcel, dándole diversas instrucciones, y un CD con contabilidad del PIL.

En ese CD, además de gastos del partido, también aparece una larga lista de nombres de empresas, así como entregas de dinero realizadas por cargos del PIL, que según Curbelo también se dedicaban a cobrar las comisiones ilegales. Entre otras muchas cosas, en una de las páginas de ese documento de Excel se puede ver la anotación de un ingreso como “donación anónima” de 25.310 euros.

Además, los agentes de la UCO también se llevaron de la casa de Matías Curbelo unas facturas de la clínica Ruber, a nombre de María José Docal. Según el propio Curbelo, se pagaron con parte del dinero de una comisión ilegal, entregada presuntamente por el empresario Francisco Armas, a cambio de la adjudicación de una obra del Cabildo a su empresa, Horinsa, en el año 2005. El resto de la comisión fue a parar a Dimas Martín, según Curbelo.

Respecto a esa presunta irregularidad en la adjudicación, correspondiente a unas obras en la carretera Uga-Femés, Matías Curbelo no implicó al consejero que ocupaba en aquella época el área de Obras Públicas. Según su declaración, Curbelo habló directamente “con el ingeniero de la mesa de contratación” del Cabildo, “para que la adjudicación del reasfaltado se la diera a Horinsa”.

A quién sí apuntó Curbelo como conocedora del cobro de comisiones ilegales fue a la consejera María José Docal, que en aquella época estaba al frente del Patronato de Turismo del Cabildo. Incluso, Matías Curbelo aseguró que fue ella quien “dio las instrucciones” y quien realizó un contrato para subvencionar un Festival del Música, en el que se “infló” un “50 por ciento” el precio la factura, cargando al Cabildo el doble de lo que realmente costaba.

Según Curbelo, la diferencia fue a parar al PIL, y la cobró él personalmente. Después, aseguró que se la entregó a María José Docal, para que ella a su vez se la hiciera llegar a Dimas Martín “o a su hija Susana”, para “pagar algo de gastos de abogados”.

“Dimas me decía que fuera a ver a algún empresario y de la otra parte ya lo tenía Dimas hablado”, describió en su confesión el que fuera mano derecha del líder histórico del PIL. “Me decían: vete a ver a fulano y coge el dinero. Lo he estado haciendo en cosas de campaña, se ha hecho siempre”.

En su declaración, Curbelo reconoció que él había tenido unas “15 ó 20” intervenciones directas en el cobro de dinero, “recaudando” unos “40 ó 50 millones de pesetas” (240.000 ó 300.000 euros) para el partido y para Dimas Martín. Una de ellas, en Galerías Rosa, donde según Matías Curbelo, en el año 2003 acudió a recoger un pagaré de 10 millones de pesetas (60.000 euros).

“En todas las campañas, Juan Francisco Rosa ha convenido financiar de esta manera ilegal al PIL”, aseguró Curbelo en su declaración, afirmando que otras veces recogían el dinero otros cargos del partido, pero que Rosa siempre entregaba pagarés de entre 30.000 y 60.000 euros.

Según Matías Curbelo, ni él era el único “recaudador” del PIL, ni Dimas Martín el único que ordenaba el cobro de comisiones. De hecho, en su confesión aseguró que también actuó bajo las órdenes de Celso Betancort, que fue presidente del PIL y también fue detenido e imputado en el caso “Unión”.

Según Matías Curbelo, todos los presidentes y secretarios que han pasado por el partido “tenían conocimiento de la financiación ilegal del PIL”. Y entre la lista de nombres que dio, se incluía también el de otra imputada en la causa, María Isabel Déniz, que ocupó durante años la secretaría del partido. “Conocía los descuadres legales e ilegales de la financiación del PIL”, aseguró Curbelo.

La confesión de Matías Curbelo aportó datos clave para esta pieza que acaba de separarse del caso “Unión”, que tiene 35 imputados y se centra en el cobro de comisiones ilegales a distintos empresarios a cambio de adjudicaciones de contratos y pagos por parte del Ayuntamiento de Arrecife, el Cabildo e Inalsa, pero también abrió nuevas vías para lo que meses después fue la Operación “Jable”, en la que fueron detenidos más cargos públicos del PIL, incluyendo a Isabel Déniz y Celso Betancort.

Actualmente, Matías Curbelo está en libertad bajo fianza, y tuvo que depositar 12.000 euros para salir de la cárcel. Pasó cuatro meses en prisión provisional, y actualmente está a la espera de juicio.

Según La Voz de Lanzarote:

“Urbaser pagó una comisión ilegal de entre 25 y 50 millones de pesetas (entre 150.000 y 300.000 euros) por la adjudicación del contrato de la limpieza con el Ayuntamiento de Arrecife (en el año 2002). Lo sé a ciencia cierta, con total seguridad, porque Dimas me lo dijo. Me dijo que la comisión era de 50 millones de pesetas y que se la iba a repartir a medias con Isabel Déniz (entonces alcaldesa de Arrecife y secretaria del Partido de Independientes de Lanzarote)”.



Éste es uno de los extractos de la última declaración ante el juez del caso “Unión” del que fuera mano derecha de Dimas Martín, Matías Curbelo. La realizó en julio de 2009, y está dentro de la pieza sobre la que se acaba de levantar el secreto de sumario. En esta parte de su declaración, Curbelo confesó que él mismo recogió una parte de ese pago, de la mano del que era el gerente de Urbaser en Lanzarote, Jacinto Álvarez.

“Dimas me ordenó que fuera a recoger el sobre con el segundo pago”, relató Matías Curbelo al juez, agregando que fue entonces cuando el líder del PIL le contó el importe total de la comisión que pagó la empresa, y quiénes se iban a quedar con ese dinero. Según Curbelo, sabe que la ex alcaldesa estaba al tanto de esa comisión ilegal “porque se lucró” con ella.

Siempre según el relato de Matías Curbelo, Urbaser habría realizado el pago en al menos dos partes. El primero, “de unos 25 millones de pesetas” (150.000 euros) fue directamente “con Dimas o María Isabel”. En el segundo, el propio Curbelo fue el encargado de recoger el dinero. Y la entrega se hizo en la calle, en la zona "trasera del Cabildo”. Allí, asegura que Jacinto Álvarez le entregó un sobre “en el que habría como mínimo 10 millones de pesetas y como máximo 12 millones, posiblemente unos 12 millones”. Según Curbelo, el gerente de Urbaser en Lanzarote trajo ese dinero “de Madrid”. En la Operación “Jable”, varios directivos nacionales de la empresa fueron detenidos, y actualmente están en libertad con cargos.

En esa misma calle donde recibió el sobre, Matías Curbelo asegura que se lo dio a su vez a Miguel Ángel Leal, entonces consejero del Cabildo por las filas del PSOE, así como marido de la que era entonces teniente de alcalde de Arrecife, Nuria Cabrera. "Puede ser que el dinero se repartiera entre el PIL y el PSOE", señaló Curbelo para explicar el papel de Leal en esta operación, que se llevó a cabo hace diez años.

Miguel Ángel Leal Leal también estaba “muy vinculado”, según Curbelo, con el que era jefe de la Oficina Técnica de Arrecife, Rafael Arrocha. De Arrocha dependía, entre otras cosas, la revisión periódica de los precios que cobraba Urbaser al Ayuntamiento. Y es que además de la alcaldesa, también eran necesarias más personas para dar luz verde a ese contrato y a los posteriores pagos a Urbaser.

Tanto Miguel Ángel Leal como Rafael Arrocha fueron detenidos en la Operación “Jable”. Además, Arrocha también había sido arrestado en la primera fase de la Operación “Unión”, por otros presuntos delitos cometidos desde el Ayuntamiento.

Otro de los detenidos en el marco de ex caso “Unión”, el ex concejal de Hacienda de Arrecife, José Miguel Rodríguez (PIL), que llegó posteriormente al Ayuntamiento y también confesó haber cobrado sobornos en la legislatura 2007-2011, fue preguntado en los Juzgados por Urbaser. Y en su opinión, el contrato con esa empresa era “desproporcionado”.

“Hay un gasto mensual de 700.000 euros en los servicios de recogida de basura, limpieza de jardines y viaria, que es de los más altos de España, y precisamente Arrecife no es una ciudad que pueda presumir la limpieza”, afirmó Rodríguez en los Juzgados.

Además, como concejal de Hacienda, explicó que hasta que entró el nuevo grupo de gobierno en 2007, cuando Isabel Déniz perdió la Alcaldía en las urnas, “Urbaser giraba facturación extraordinaria por servicios, distinta a lo pactado en el contrato, como por ejemplo en las fiestas de San Ginés y en la Cabalgata de Reyes”. Según explicó Rodríguez, Urbaser llegaba a cobrar al Ayuntamiento hasta “20.000 euros por limpiar el espacio usado por las caravanas de los feriantes en este tipo de fiestas”.

En la legislatura 2007-2011, Dimas Martín solicitó a sus concejales en el Ayuntamiento de Arrecife el pliego con las condiciones del contrato entre Urbaser y el Consistorio. Y según José Miguel Rodríguez, el motivo estaba claro: en 2013 se iba a renovar el contrato por diez años, y “Dimas podía estar pactando las exigencias de la comisión”.

Así, según José Miguel Rodríguez, el líder del PIL podría haber intentado continuar una “relación” que se inició en el año 2002, bajo la Alcaldía de María Isabel Déniz, cuando se renovó el contrato con Urbaser. Según declaró Matías Curbelo, en tiempos de Déniz, “Urbaser dependía directamente de la Alcaldía”. Y también en esa época, “las relaciones de Isabel Déniz y Dimas eran buenas”.

Según declaró Matías Curbelo, “a él sólo se le utilizaba para recaudar”, pero “los acuerdos los tomaban ellos, con la empresa correspondiente”. Eso sí, también aclaró que la contratación tenía que pasar por “la Oficina Técnica o Contrataciones”, y que también “debe estar metido Parques y Jardines, o por lo menos tener conocimiento”.

Además de la presunta comisión ilegal por la adjudicación del contrato, Urbaser también había pagado presuntamente otras sumas en años posteriores, muchas veces en forma de “regalos”. Así lo reflejaban las libretas encontradas en una especie de almacén “clandestino” que fue registrado por la UCO, en las que Jacinto Álvarez anotaba los regalos que durante años hizo supuestamente a María Isabel Déniz y a otros cargos públicos y funcionarios, incluyendo viajes, bolsos y relojes de lujo.

Además de un contrato excesivamente ventajoso para la empresa firmado en 2002, cinco años después también se aprobó “una revisión de precios”, avalada por Rafael Arrocha como jefe de la Oficina Técnica, que disparó aún más la factura que cobraba Urbaser.



Dentro de la Operación “Jable”, enmarcada en el mismo caso “Unión”, fueron detenidos hasta cinco directivos de Urbaser. El primero fue el gerente en Lanzarote, Jacinto Álvarez, así como un directivo de Madrid, Stephani Jean Valverde. En una segunda fase fueron arrestados Manuel Andrés Martínez y Santiago Alonso, que quedaron en libertad con cargos, imputados por presuntos delitos de cohecho y alteración de concursos. El último detenido fue el director de Obras y Explotación de Urbaser, Francisco José Martínez.

Tras su arresto, Jacinto Álvarez llegó a confesar algunos de los hechos que se le imputan y, supuestamente, habría implicado a sus superiores jerárquicos en la empresa, alegando que cumplía órdenes. De hecho, cuando fueron detenidos Manuel Andrés Martínez y Santiago Alonso, el juez les sometió a un careo con el ex gerente. Jacinto Álvarez pasó casi un mes y medio en prisión provisional tras su detención y, poco después de quedar en libertad con cargos, fue despedido de la empresa.

Según lavozdelanzarote.com:

Las casas familiares de Dimas Martín en Guatiza y en Los Lajares “estaban a nombre de Juan Francisco Rosa”. Así lo admitió el propio Dimas en una de sus declaraciones ante el juez del caso “Unión”. Según el líder histórico del PIL, el empresario les “dejaba vivir” a él y a su familia ahí “desde siempre”.



La trascripción de esa declaración de Dimas Martín forma parte de la última pieza sobre la que se acaba de levantar el secreto de sumario, y a la que ha tenido acceso La Voz. Y en ella, se evidencia que la relación económica entre Rosa y el líder histórico del PIL era mucho mayor de lo que ya había ido desvelando esta causa hasta el momento.

Además de tener en nómina a Dimas Martín a través de “Galerías Rosa” y de realizar presuntos pagos “ilegales” de hasta 60.000 euros por cada campaña electoral para el Partido de Independientes de Lanzarote, el empresario también tenía a su nombre las dos principales viviendas que se le conocían hasta ahora a Dimas.

En uno de los autos del sumario, el juez que inició el caso “Unión”, César Romero Pamparacuatro, sostiene que Rosa pudo ayudar a “ocultar el verdadero patrimonio de Dimas, como favor o prebenda a la actividad política de Dimas”, dado el poder que éste tenía sobre los cargos públicos del PIL, para que influyera favorablemente a sus intereses.

El juez señala en otro auto que Rosa “prestó” a Dimas Martín “cerca de un millón de euros en documento privado, para mantener el señor Martín la propiedad de su casa, en la cual habita con su familia”. El préstamo se habría hecho a través de la empresa Hollypark S.A., de la que es administrador Rosa. En otro auto judicial, se afirma que Hollypark se “subrogó” una deuda de Dimas “de alrededor de 600.000 euros, sin ningún tipo de garantía registral”, en lo que la investigación sostiene que pudo ser un “negocio simulado”.

Con ello, según el juez, Rosa “coadyuvó de manera efectiva a que Dimas eludiera el cumplimiento de las responsabilidades civiles impuestas en la sentencia de la Audiencia Provincial”, que le condenó a ocho años de cárcel y le obligaba a pagar 2,4 millones de euros por el dinero malversado en el Complejo Agroindustrial. Dimas se declaró insolvente y no ha afrontado este pago, aunque el caso “Unión” sostiene que el líder histórico del PIL tendría en realidad un patrimonio de más de 8,5 millones de euros, que habría sido ocultado a la Justicia a través de testaferros.

Estos hechos forman en realidad parte de otra pieza que aún se encuentra bajo secreto, y en la que también podría estar imputado Juan Francisco Rosa. De hecho, en la pieza que acaba de separarse, centrada en las comisiones ilegales y la financiación presuntamente ilegal del PIL, se incluye la declaración que realizó Rosa tras ser detenido, pero se han “tapado” al menos dos folios y han sido eliminados de esta pieza.

Supuestamente, en el interrogatorio se le habría preguntado a Rosa por esas propiedades, aunque esa parte de la declaración continúa bajo secreto y sólo aparece una frase sobre el tema. Concretamente, justo a continuación de los folios que se han “tapado”, le preguntan si Dimas era presidente del Cabildo “cuando Hollypark adquirió la casa” y Rosa responde que no, siendo evidente que el empresario dio más detalles sobre esa supuesta compra durante su declaración.

En cuanto a la parte de la declaración de Juan Francisco Rosa que sí consta en esta pieza, el empresario llegó a admitir lo que podría ser un presunto delito de falsificación de documento mercantil. Así se lo advirtió el juez, que en ese mismo momento le imputó este nuevo delito, castigado con penas de seis meses a tres años de cárcel. Su abogado le pidió hasta en dos ocasiones que no hablara más sobre el tema, pero Rosa explicó los detalles de la contratación de Dimas Martín en una de sus empresas.

Según declaró el propio Rosa, realmente le hizo un contrato a Dimas, a través de Galerías Rosa, “por un tema humanitario”, para que pudiera conseguir el tercer grado penitenciario, pero realmente no trabajaba para él. De hecho, admitió que “las funciones de Dimas en su empresa eran nulas”, que realmente no le pagaban siquiera la nómina y que “no quiere a Dimas ni de cerca”.

La versión de Rosa dista mucho de la que ofreció el propio Dimas Martín en los Juzgados. En su caso, aunque no supo precisar para qué empresa en concreto trabajaba ni qué categoría profesional tenía, sí aseguró que cobraba “en efectivo una nómina de unos mil y pico euros”, que “tenía bastante libertad” y que se dedicaba a ir “por las fincas y por los hoteles”.

Sobre los pagos presuntamente ilegales que Juan Francisco Rosa realizó al PIL, el empresario negó ante el juez haber realizado “donaciones económicas” a un partido político. “Sí he hecho préstamos, pero algunos no los he cobrado y creo que no los voy a cobrar”, señaló en su declaración.

Después de que Rosa negara tajantemente haber aportado dinero para la campaña electoral del PIL, el juez y el fiscal le empezaron a poner datos más concretos sobre la mesa, preguntándole si había financiado gastos de campaña “con cantidades cercanas a 60.000 euros”. Y ahí, Rosa pasó a responder que “no lo recuerda”.

Tampoco supo explicar por qué Matías Curbelo le implicó directamente en estos pagos, ya que según el propio Rosa, “no tiene enemistad” con él. Sin embargo, Matías Curbelo aseguró que Rosa entregaba unos 60.000 euros para cada campaña del PIL, y confesó que él mismo fue a recoger uno de los pagarés a Galerías Rosa.

De hecho, algunos de esos pagarés constan en la causa, ya que varias fotocopias fueron encontradas en casa de Matías Curbelo. Y cuando se las mostraron a Rosa en los Juzgados, dijo que “no recuerda si los ha librado él”. Según Rosa, “Dimas pide dinero por todos lo sitios”, pero él “no ha pagado nada para financiar al PIL ni a otros”.

Lo que sí admitió es haber prestado dinero a la mujer de Dimas, Elena Martín. Según Rosa, le prestó 6.000 euros en el año 2007, y “firmó la hija o la mujer de Dimas”. La entrega la hizo “en tres talones” y hasta la fecha de su declaración en los Juzgados, no había recuperado el dinero “ni creía que lo fuera a cobrar”. Ni siquiera había requerido el pago. “La mujer se moriría de vergüenza”, declaró Rosa.

Juan Francisco Rosa negó en los Juzgados haber recibido “favores” de Dimas Martín, pero en las conversaciones grabadas por la UCO aparecen varias conversaciones entre el empresario y el líder histórico del PIL. En una de ellas, le dice a Dimas que tiene que “imponerse” con Fabián (en ese momento Fabián Martín era vicepresidente del Cabildo y el PIL gobernaba también en el Ayuntamiento de Yaiza).

“La locura es que yo debo 60 millones de euros al (palabra ininteligible) de Yaiza y los intereses corren cada minuto. Y la Fundación, ya me llegó ayer de la Sala diciendo que me dan ocho días para que recurra el tema. Otra vez Felipe Fernández, facturas de ocho mil, facturas de diez mil, facturas de veinte mil euros cada dos por tres”, afirma, haciendo referencia a la solicitud formulada por la Fundación César Manrique para que se ejecutara una de las sentencias que afectan a sus establecimientos hoteleros. “Yo no entiendo que con la fuerza que tú has tenido, esto no se haya arreglado”, le dice Rosa a Dimas en un momento de la conversación.

Además de tener hoteles ilegales (que están pendientes de ejecución de sentencia y del nuevo planeamiento que van a aprobar el Cabildo y el Ayuntamiento de Yaiza), Juan Francisco Rosa también es dueño de una bodega (Stratvs) que también está siendo investigada por el Juzgado de Instrucción Número 5 y por la Fiscalía, por la comisión de un presunto delito contra la ordenación del territorio. Además, Rosa también está pendiente de realizar otras operaciones urbanísticas, tanto en Arrecife como en Playa Blanca.

Durante el interrogatorio, Juan Francisco Rosa también tuvo que responder varias preguntas relacionadas con la operación de Costa Roja, en la que la UCO le señalaba como “el principal beneficiario del intento de soborno de Luis Lleó a Carlos Espino”. Esta trama fue la que dio origen al caso “Unión”, tras la denuncia de Espino.

En su declaración, Rosa señaló que “Costa Roja linda con una parcela suya de 500.000 metros, que es rústica”, y que “sólo se puede hacer un campo de golf, no se puede hacer nada más”. En realidad, hasta ahora el Cabildo tampoco había autorizado ese proyecto, presentado por Rosa en 2002, aunque el futuro Plan Insular pretende abrir la puerta a la construcción de campos de golf.

Respecto a su relación con Costa Roja, Rosa explica que “estaba interesado en conseguir el terreno de Lleó porque quería hacer un campo de golf en condiciones y para ello necesitaba unos 600.000 metros”. Sin embargo, aseguró que finalmente no se pusieron de acuerdo.

Según La Voz de Lanzarote:

El líder histórico del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), Dimas Martín, creó un entramado societario para ocultar sus propiedades y no responder de las multas impuestas por la sentencia judicial del caso del complejo agroindustrial, que ascienden a 5,7 millones de euros.

Ésta es la tesis que se recoge en varios autos de la ‘operación Unión’, cuyo secreto de sumario se levantó la pasada semana. Para llevar a cabo este ocultamiento, Martín se habría servido de varias personas, entre las que se encontraría su hija Susana, el que fuera su mano derecha, Matías Curbelo, los empresarios hoteleros almerienses José María Rossell y José Gonzalo Gil Acosta, así como José Ramón Vizcaíno. Además, tal como este martes desvelaba La Voz, las dos casas que se le conocían hasta ahora al líder del PIL, en Guatiza y Los Lajares, estaban en realidad a nombre de Juan Francisco Rosa.

Rossell es propietario del primer grupo hotelero de Andalucía y llegó a ser presidente y administrador, respectivamente, de El Maho y Televolcán, cuando estaban controlados por el PIL, donde compartía cargo en el consejo de administración con Susana Martín. También es dueño del Hotel Playa Verde en Costa Teguise.

Dimas fue condenado en diciembre de 2004 por la Audiencia provincial de Las Palmas a ocho años de cárcel por malversación de caudales públicos y delitos contra Hacienda y la Seguridad Social (condena por la que aún está en prisión) y a pagar varias multas a la Justicia: una de 2,4 y otra de casi un millón de euros, además de restituir a la empresa pública Emamtsa 2,3 millones. Durante el periodo entre la sentencia de la Audiencia y la que hace firme la condena en 2006 del Tribunal Supremo y 2006, Dimas se habría dedicado a ocultar ese patrimonio.

Según un documento llamado ’Relación de propiedades de Dimas y Elena.doc’ ., encontrado en el registro de su vivienda cuando fue detenido, él mismo valora varias de sus propiedades y fincas en 3.539.961 euros, aunque la UCO en su investigación valoró su patrimonio en 48 propiedades a nombre de testaferros que valdrían más de 8,5 millones de euros. Según se indica en los autos, Martín realizó varios movimientos intermedios de esas fincas para que acabaran volviendo a su propiedad, por lo que se le acusa de los delitos de insolvencia punible y blanqueo de capitales.

Una de las sociedades clave del entramado es ‘Gestión y Desarrollo Gaida’, cuya administradora es su hija Susana, trabajadora del Cabildo. Esa sociedad es propietaria de la casa de Susana en Guatiza, de un apartamento y una finca en Costa Teguise y una oficina en la calle Canalejas de Arrecife, entre otras. En una operación que podría formar parte de este entramado, Susana Martín hizo un reconocimiento de deuda a José Ramón Vizcaíno. En ese documento, la hija de Dimas aceptaba que le debía 300.000 euros a Vizcaíno, por obras que éste supuestamente realizó en esas propiedades.

Por su parte, Gaida reconoció una deuda a favor de Hotel Playa Ventura, del que son administradores Rossell y Gil Acosta, y a su vez se reconoce dueña de unas propiedades de la sociedad Obras y Reformas Famara, a la que Dimas había transmitido varias fincas. Playa Ventura pasa a ser la administradora de Famara, cuyo administrador es Vizcaíno, y cuya sede social está en la calle Canalejas, 21, de Arrecife, propiedad de Dimas Martín, según sus propios documentos.

Señala el auto que “todo culmina con la existencia de una cuenta en Almería en la entidad BBVA donde (según) las propias anotaciones de Dimas Martín, dispone de varias y sustanciosas cantidades de dinero”. La cuenta está a nombre de Gaida, cuya administradora es Susana Martín.

Además hay otras ocho fincas de Teguise que pasan de Gaida a Famara, pero pasando primero por la sociedad Procovista, cuyo administrador es Marcial Rodríguez, pero en la que interviene verbalmente en todas las operaciones Matías Curbelo. La transmisión se hizo poco antes del juico en la Audiencia provincial por el caso del complejo agroindustrial.

Según La Voz de Lanzarote:

El ex consejero del Gobierno de Canarias y abogado, Francisco José Rodríguez-Batllori, “confeccionaba facturas falsamente y las imputaba a la institución para cobrar unos servicios que no había prestado”. Eso es lo que sostiene uno de los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, incluido en la pieza del caso “Unión” sobre la que se acaba de levantar el secreto de sumario. Batllori fue consejero de Empleo y viceconsejero de Justicia del Ejecutivo regional.



Durante los registros llevados a cabo por la UCO, una de esas facturas apareció en la celda de Dimas Martín en el centro penitenciario de Tahíche, donde fue detenido. Además, los agentes también encontraron dos cartas de Batllori dirigidas a Dimas, pidiéndole ayuda: “Mira a ver, pues J.M.R. (en referencia al entonces concejal de Hacienda de Arrecife, José Miguel Rodríguez), a quien le di la factura de este mes, me dijo que tú le habías comentado que parase ya con la última anterior, para desviarla por otro sitio”, decía el ex consejero canario en esa carta. “A mí me da igual, pero quiero insistirte en que este mes me es absolutamente indispensable”.

La factura que apareció en la celda de Dimas iba dirigida al Ayuntamiento de Arrecife, por supuestas “labores de colaboración y asesoramiento”, y el importe era de 3.529 euros. En su declaración ante el juez, Dimas aseguró que “no sabía por qué” tenía esa factura en su poder.

Además, Batllori también habría realizado otros cobros bajo sospecha del Consistorio de Arrecife y, sobre todo, de Inalsa. Sólo en 2008, según la UCO, Rodríguez-Batllori cobró 18.677 euros de la empresa pública de aguas de Lanzarote, aunque no tenía un contrato con Inalsa.

En una de las cartas de Batllori a Dimas, que también apareció en la celda de Tahíche, el ex consejero del Gobierno canario le contaba al líder del PIL que tenía una deuda de 25.000 euros por “problemas familiares” y por “un asunto judicial”. También le explicaba que cuando recibió “lo de Arrecife”, tenía acumulada una deuda de unos 7.500 euros en su cuenta.

“Te ruego mires lo que puedes hacer, pues resuelto este tema, no te daré más la lata. Eso sí, me es indispensable que tanto Inalsa como Arrecife me ingresen antes de los días 10 de cada mes, porque si no, la bola se me hace absolutamente intragable”.

La otra carta de Rodríguez-Batllori a Dimas apareció en el despacho de José Miguel Rodríguez en el Ayuntamiento, que también fue registrado por la UCO. El propio Dimas se la había hecho llegar al concejal. A su vez, José Miguel Rodríguez también había escrito al líder del PIL a prisión, pidiéndole instrucciones sobre si debía pagar esa factura. “Échale una mano hasta donde puedas”, le decía el líder del PIL a Rodríguez en una nota manuscrita, que también fue intervenida por la UCO.

El propio concejal, que fue detenido en el caso “Unión” y admitió varios de los delitos que se le imputan, declaró ante el juez que le constaba que el servicio que prendía cobrar Batllori con esa factura no se había prestado.

Según la UCO, lo que en realidad se estaba pagando con esas facturas eran los servicios jurídicos que había prestado Rodríguez Batllori como abogado a Dimas Martín, por su situación personal (incluyendo la reciente retirada del tercer grado penitenciario). Y en lugar de abonarlo directamente, según la investigación, Dimas ordenaba el pago de facturas desde las administraciones públicas. En su declaración en los Juzgados, José Miguel Rodríguez dijo que le “constaba” que Batllori era el “abogado personal de Dimas”.

Tras ser detenido en Gran Canaria y trasladado en helicóptero hasta Lanzarote, Rodríguez-Batllori negó los hechos que se le imputan ante los agentes de la UCO. Sin embargo, sí admitió que no tenía ningún tipo de contrato con Inalsa ni con el Ayuntamiento de Arrecife, pese a que cobró facturas de ambas instituciones.

En cuanto a Dimas Martín, Rodríguez-Batllori declaró que le había hecho “favores de carácter personal y no gestiones profesionales”. De hecho, el ex consejero del Gobierno canario terminó su declaración ante la UCO asegurando que ni había trabajado para él ni había cobrado nada de Dimas Martín.

Sin embargo, sí señaló que Dimas Martín le llamaba desde la cárcel y que tenía un móvil en prisión, “cosa que consideraba increíble”. Respecto a si recurrió a Dimas para cobrar de las instituciones donde gobernaba el PIL, Batllori afirmó ante los agentes de la UCO que “en ese momento tenía que pasar por el aro de Dimas” (al que en una de las cartas se refería como “el único amigo con el que puedo contar”), porque si no lo hacía no le pagaban, aunque fuera increíble, dado que se encontraba en la cárcel”.

Según declaró Rodríguez-Batllori, “recibía transferencias bancarias” del Ayuntamiento de Arrecife cada dos meses, hasta que “prescindieron de sus servicios”. Sus “servicios”, eso sí, fueron “saltando” de un área a otra, por lo que habría cobrado facturas desde distintas concejalías.

El propio Batllori declaró en el cuartel de la Guardia Civil que primero empezó a tener contactos con Dimas Martín, Ubaldo Becerra y José Miguel Rodríguez, en relación con el Plan General, aunque después “no volvieron a hablar de tema”. Dentro del caso “Unión”, también se investiga el intento de un presunto amaño para adjudicar la redacción de ese documento.

A partir de ahí, según Batllori, “la persona con la que más contacto tuvo fue Luisa Blanco”, que era la concejal de Personal. Sin embargo, después “le comunicó” que no quería “seguir contando con sus servicios”. Luisa Blanco también fue detenida e imputada en el caso “Unión”, dentro de la Operación “Jable”.

Posteriormente, según Batllori, fue la que era concejal de Servicios Sociales, Emilia Perdomo, la que “solicitó sus servicios”. Además, también aseguró haber prestado servicios de asesoramiento a Inalsa, relacionados con la revisión del convenio colectivo de los trabajadores (durante esa etapa no se llegó a realizar ninguna modificación en el convenio), y con la recomendación de un “especialista en derecho concursal”, justo antes de que la empresa pública de aguas entrara en concurso de acreedores.

Según Batllori, se llegó a reunir con Dimas (que en ese momento estaba inhabilitado y cumpliendo condena en régimen de tercer grado penitenciario) y con las consejeras Plácida Guerra y María José Docal.