FORO SOBRE LANZAROTE

Según lavozdelanzarote.com:

La empresa de fontanería Infogelan realizó entre el año 2007 y 2010 un total de 76 trabajos al Ayuntamiento de Arrecife, siempre menores de 30.000 euros, por los que facturó 1,2 millones sin llevar a cabo ningún tipo de contratación. La mayor parte se facturó en 2007 y 2008, con facturaciones cercanas al medio millón de euros cada año.



A pesar de que el objeto social de la empresa es el de “fontanería, bazares, actividades inmobiliarias, transportes de mercancías y montaje y venta de energías renovables”, para el Ayuntamiento de Arrecife y más concretamente para el área de Parques y Jardines, realizó trabajos como los de adecuación de aceras en los barrios, obras en los centros de la tercera edad de Titerroy y Altavista, (cambios de techo, cancha de bolas, instalaciones eléctricas, etc.), retirada de pinos y adecentamiento de fachadas, retirada de coches y bandejas, construcción en el parque Ramírez Cerdá , venta de material de construcción, viajes varios e incluso las esculturas que se colocaron con el nombre de los barrios, por las que cobró casi 12.000 euros por cada una de las siete.

El administrador de la empresa, Jesús Manuel Martín Brito, confesó en el Juzgado que pagaba esas comisiones a José Miguel Rodríguez, concejal de Hacienda, y que antes de la entrada de éste en el Ayuntamiento nunca había trabajado para Arrecife. En 2009 prestó 19 facturas, en 2008, 42; en 2007, 12 y en 2010, tras la operación Unión, tres más, haciendo un asuma total de 1,2 millones. Para todas las adjudicaciones existía la obligación de presentar tres ofertas, pero en casi todas las facturas se especifica que la de Infogelan es la única oferta presentada.

Todas las facturas se cargaban al área de Parques y Jardines y las propuestas de gasto en las que se hace constar que se trata de la única oferta están firmadas por el concejal de ese área, el de Hacienda y un técnico municipal, sin identificarse los nombres.

Martín Brito dijo en su declaración que comenzó a pagar comisiones porque le retrasaron un pago y se las exigieron para pagarle, aunque también reconoció que a pesar de exigirle comisiones, mantenía amistad con José Miguel Rodríguez, a quien siempre le pagaba en su casa. También dijo que otra concejal del PIL, también detenida en el caso, Luis Blanco, le contrató para que hiciera obras en su casa de Playa Blanca, por valor de unos 30.000 euros y que sólo le pagó 8.000 y tenía previsto denunciarla.

Quien también confesó las comisiones fue José Miguel Rodríguez, que dijo haber cobrado aproximadamente el diez por ciento de lo que facturaba Martín Brito, y que esas comisiones se repartían entre él y otros tres concejales: Ubaldo Becerra, Luisa Blanco y Antonio Machín, cuando éste reemplazó a Ubaldo Becerra al frente de la Concejalía de Parques y Jardines. Becerra llegó a declarar en los Juzgados que “lo de pedir comisiones era una costumbre”.

Según laprovincia.es:

El exvicepresidente socialista en el Cabildo de Lanzarote, Segundo Rodríguez, creó en diciembre de 2008 una empresa en la República de Panamá (país incluido en la lista de paraísos fiscales publicada por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico) con la finalidad de invertir en esta sociedad el dinero obtenido supuestamente en concepto de comisiones ilegales.



Rodríguez, que estuvo en prisión provisional del 28 de mayo al 28 de julio de 2009, está imputado dentro del marco del caso Unión por un presunto delito de cohecho. Según la tesis de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil habría desempeñado el rol de conseguidor buscando empresarios que pudieran estar dispuestos al pago de una comisión ilegal.

En el informe elaborado por la UCO se asegura que el que fuera también consejero del Cabildo podría estar ocultando patrimonio "que habría obtenido de modo supuestamente ilícito puesto que se ha podido comprobar la creación de una mercantil en la República de Panamá bajo el nombre de Gestión y Servicio Caribe, de la que es director con pleno control de la misma".

Cuando se realizó el registro de su vivienda durante su detención en mayo de 2009 se le incautó la cantidad de 77.720 euros en billetes de 50 euros y 20 euros, "por lo tanto se puede deducir que Segundo Rodríguez estaría supuestamente invirtiendo dinero en empresas con domicilio social en Panamá, dicho dinero pudiera ser obtenido supuestamente en concepto de comisiones ilegales", señala el informe de la UCO entregado al Juzgado de Instancia número 5, que instruye el Caso Unión.

Gestión y Servicio Caribe (creada por una mujer panameña y otra dominicana) tenía como objeto social el comercio de productos entre Cuba y Panamá. Según los estatutos de esta empresa los negocios de la sociedad serán administrados por la junta directiva pero con la necesaria firma del presidente de la junta, que será el representante legal. En las escrituras se recoge que Segundo Rodríguez es el presidente de la junta directiva.

Precisamente, días antes de su detención, Segundo Rodríguez realizaba un viaje a Cuba y Panamá junto a Matías Curbelo, que también está imputado por cohecho en la operación Unión por ser el presunto recaudador de la trama siguiendo las directrices de Dimas Martín.

Según la UCO la realización del viaje a Cuba y Panamá estuvo condicionado a que antes del mismo cobrasen una presunta comisión que tenían pendiente por las gestiones relacionadas con Jorge Ramón Álvarez, para que la empresa de este empresario (Clusa) lograse la adjudicación de la recogida de basuras en Yaiza. La UCO realizó incluso un seguimiento a Matías Curbelo y Segundo Rodríguez en el aeropuerto de Lanzarote antes de partir a Madrid, donde pudieron constatar cómo Jorge Ramón Alvarez le entregó un sobre dentro de un periódico con la supuesta comisión de 6.000 euros.

Según canarias7.es:

El exlíder del PIL, Dimas Martín, acusa en una conversación grabada por la UCO en el Caso Unión, que el exsecretario del PSOE, Carlos Espino, gastó en su primer año en los Centros Turísticos 1,3 millones en hacer campaña para su partido. Le acusa de «encima no saber camuflar los gastos».

En varias conversaciones grabadas por la Guardia Civil dentro del sumario del caso Unión, Dimas Martín hace referencia a un informe encargado a un economista sobre la gestión en el año 2008 del exconsejero delegado de los Centros Turísticos, entonces secretario insular del PSOE, Carlos Espino.

En una de las conversaciones grabadas Dimas Martín habla con su compañera de partido y responsable del Patronato de Turismo, María José Docal, en los días previos a que Espino, socio de gobierno del Cabildo con el PIL, presentara las cuentas de la empresa para su aprobación.

En dicha conversación Dimas le pregunta a Docal que si ha visto el informe económico de la gestión de Espino y le dice: «Hay 1,3 millones de euros de déficit que son gastos del señor». «¿De Carlos?” (pregunta la consejera del Cabildo refiriéndose a Carlos Espino). «Claro, (responde Dimas), ha subido en gastos generales 800.000 euros, y en contratación de profesionales, 300.000, después, bajan los ingresos y suben las compras».

«No sabe camuflar gastos». Y prosigue Dimas Martín: «Decirle a Carlos que eso les va a llevar a todos a un follón... que haga las cosas más presentables. Se dedica a subvencionar por ahí fiestitas del partido y el coño y... claro, a todos nos gusta hacer campaña, pero..».

En otra conversación de ese mismo día 27 de marzo de 2009, grabada por la UCO, entre Dimas y el economista autor del informe, le dice este a Dimas: «En el informe se pueden sacar más cosas..., pero yo tampoco sé como hacértelo, si más agresivo, menos agresivo, yo más o menos te di un par de pinceladas..», y le responde Dimas: «Sí, hombre, yo creo que con esa idea es importante para decirle al otro (en referencia a Espino), que qué coño está haciendo...». Y responde el economista, «Es un disparate...», y agrega Dimas «va a la ruina, se dedica a hacer festejos del PSOE con cargo a los Centros Turísticos, y después, encima no sabe como camuflarlos».

Según diariodelanzarote.com:

El registro de la casa de Matías Curbelo ha revelado una gran cantidad de documentos, facturas, tablas de contabilidad de campañas electorales, cheques y cartas que revelan comisiones ilegales, negocios de intermediación de inmuebles y fincas y la posible financiación irregular de Partido Independientes de Lanzarote (PIL) y PSOE, o la menos de varios de sus miembros, a través de una empresa pública como los Centros de Arte, Cultura y Turismo.



Curbelo guardaba en una carpeta cuatro facturas originales endosadas a los Centros Turísticos ente el 2 y el 22 de mayo de 2003, en plena campaña electoral para el Cabildo, Parlamento y ayuntamientos, con el sello oficial del departamento de compras del Cabildo.

En esa época habían estado gobernando juntos PIL y PSOE, aunque en ese momento, tras la ruptura del pacto unas semanas antes de las elecciones, el PSOE ya gobernaba solo y al frente de los Centros estaba el consejero Miguel Ángel Leal, que era secretario de organización de los socialistas.

Dos empresas afines al PIL facturaron 120.000 euros por cuatro obras en esos días en el Mirador del Río, Castillo de San José y Jameos del Agua. Las facturas originales de esas obras las guardaba Curbelo en su casa a pesar de que no tenía relación con los Centros Turísticos.

La única obra que se especifica es la de Jameos, con el añadido de pintura y barniz. Esa obra la llevó a cabo la mercantil Decoraciones y Pinturas Ignacio por un valor de 27.045 euros. El administrador de esa empresa es José Ramón Vizcaíno, detenido en esta operación y considerado uno de los testaferros de Dimas Martín, ya que le habría ayudado a ocultar su patrimonio.

Las otras tres están realizadas, siempre por cifras que rondan los 30.000 euros pero no llegan, por la sociedad Jaime e Isaac Rodríguez, cuyo administrador es un primo del entonces alcalde de Teguise por el PIL y hoy parlamentario por CC, Juan Pedro Hernández. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil considera que esas obras “con toda probabilidad no fueron prestadas”.

En el registro se encontraron otras pruebas, como los cheques entregados por Juan Francisco Rosa u otro cheque emitido por Lanzagrava por 18.000 euros, la empresa de Demetrio Rodríguez, también detenido en la operación e implicado por Curbelo en el pago de comisiones ilegales.

Matías Curbelo confesó haber cobrado varias comisiones, así como la financiación ilegal del PIL. Parte de una de las comisiones, de más de 80.000 euros, fue a parar precisamente a Miguel Ángel Leal en el año 2002, entregada por Curbelo para renovar el contrato de Urbaser en el Ayuntamiento de Arrecife. Leal está casado con una sobrina de Matías Curbelo, Nuria Cabrera, que fue concejal de urbanismo de Arrecife.

Según laprovincia.es:

El expresidente del Cabildo de Lanzarote y líder del PIL, Dimas Martín, fue el encargado de tirar de la manta para implicar a la exalcaldesa de Arrecife María Isabel Déniz en un presunto delito de cohecho por amañar el concurso para la adjudicación de la construcción del pabellón deportivo de Argana Alta a la empresa FCC. En diciembre de 2009, Dimas, que ya estaba imputado en la primera fase de la Operación Unión, aportó de manera voluntaria al juzgado unas facturas emitidas por una agencia de viajes lanzaroteña que habían sido abonadas por la constructora FCC por un viaje a Marrakech (Marruecos) de la exalcaldesa de Arrecife, su marido, una hija, tres hermanos de Déniz y dos acompañantes más por un importe de 12.868 euros.

Según el auto que dio lugar a la detención de María Isabel Déniz en abril de 2010, de "la información obtenida a través de la declaración judicial de Dimas en diciembre de 2009, puede tener su causa en los datos obtenidos por la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil) y es que el concurso para la adjudicación del polideportivo de Argana Alta le fue atribuido a FCC, el cual presentó un proyecto de obra redactado por la empresa Gamma Install SL que en última instancia es participada, bien directamente o de manera intermedia a través de otros entes societarios por Rafael Arrocha (en ese momento jefe de la Oficina Técnica del Ayuntamiento de Arrecife), Jacinto Álvarez (gerente de Urbaser), Julio Romero y Manuel Jesús Spínola (jefe de Actividades Clasificadas del Cabildo de Lanzarote)".

Según la UCO la adjudicación del pabellón a FCC "se puede explicar nuevamente por la intervención de Arrocha el cual lo informa favorablemente como jefe de la Oficina Técnica a favor de FCC puesto que previamente se ha puesto en concordancia con Déniz, la cual recibe en gratificación la dádiva del viaje a Marruecos y Jacinto Álvarez, Julio Romero y Manuel Jesús Spínola y Rafael Arrocha salen beneficiados a través de la facturación del proyecto del citado pabellón por la mercantil de la que tienen participación".

Según La Voz de Lanzarote:

La ex consejera delegada de Inalsa, Plácida Guerra, ha sido citada a declarar en calidad de imputada dentro del Caso “Unión”, en relación con las facturas supuestamente irregulares que la empresa pública de aguas abonó a Francisco Rodríguez-Batllori. Así lo ha adelantado este viernes el diario Canarias 7, que asegura que el ex gerente de Inalsa, Rafael Elorrieta Larrea, también se ha sumado a la lista de imputados en esta causa.



La juez Lucía Barrancos cursó éstas y otras nuevas citaciones de imputados y testigos antes de abandonar el Juzgado de Instrucción Número 5 de Arrecife, por lo que hasta el momento se desconoce qué juez estará al frente de esos interrogatorios. Y es que Barrancos consiguió una nueva plaza en un juzgado del País Vasco y ya ha abandonado Lanzarote, por lo que el Caso “Unión” ha vuelto a cambiar de manos. De momento, la plaza del Juzgado Número 5 ha vuelto a ser ocupada de forma provisional, a la espera de que se asigne un nuevo titular.

Además de Plácida Guerra y Rafael Elorrieta, en los próximos meses de noviembre y diciembre han sido citados a declarar otros imputados y testigos en relación a dos piezas distintas del caso “Unión”. Una, relacionada con los pagos que Inalsa y el Ayuntamiento de Arrecife realizaron al abogado y ex consejero de Justicia del Gobierno de Canarias, Francisco Rodríguez Batllori (la investigación sostiene que cobró de ambas instituciones por trabajos no realizados). La otra, vinculada a la supuesta financiación ilegal del PIL, a través del cobro de comisiones ilegales. En ella, están imputados varios empresarios y miembros del Partido de Independientes de Lanzarote.

En cuanto a la pieza de Batllori, a la que ahora se han sumado dos nuevos nombres, ya estaban imputados hasta el momento el propio ex consejero canario, así como el líder histórico del PIL, Dimas Martín. Los agentes encontraron en la celda de Martín, cuando fue detenido en la Operación “Unión”, una factura que Batllori pretendía cargar al Ayuntamiento de Arrecife, además de varias cartas en las que pedía a Dimas que mediara con los cargos públicos del PIL para que le abonaran facturas desde las instituciones.

En esta pieza también están imputados el ex concejal de Hacienda de Arrecife por el PIL, José Miguel Rodríguez, y la también ex concejal Luisa Blanco. Además, ha sido citada a declarar, en este caso como testigo, la edil Emilia Perdomo, cuya Concejalía también contó con los supuestos servicios de Rodríguez-Batllori, según declaró él mismo tras ser detenido en el Caso "Unión".

Además, según Canarias 7, también han sido citados a declarar como testigos la consejera del Cabildo María José Docal, el abogado Pablo Luna y el juez Juan José Cobo.

Según Diario de Lanzarote:

La juez titular del Juzgado de primera instancia número 5 de Arrecife, María Jesús Hernández, ha decretado el levantamiento del secreto de sumario del caso Unión, una causa que cuenta “con más de 70.000 folios”.

En un auto judicial hecho público este jueves se apunta que de la investigación tan solo “se encuentra pendiente de la aportación de un informe” de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre documentación intervenida al antiguo gerente de Urbaser, Jacinto Álvarez.

En el procedimiento judicial, que se ha ido desgajando en diferentes piezas separadas, sobresale la trama por presunto pago de comisiones ilegales de Urbaser para la adjudicación del contrato de recogida de basura y limpieza en Arrecife hace unos diez años y la revisión de precios por el servicio. Las detenciones se produjeron en 2010, un año después del estallido de Unión, y la operación se bautizó como 'Jable'.

La jueza señala que están imputados en esta trama un total de 17 personas: el fundador del PIL, Dimas Martín, su antigua mano derecha, Matías Curbelo, la ex alcaldesa María Isabel Déniz, el ex secretario municipal Felipe Fernández Camero, así como Miguel Ángel Leal, que fue secretario del PSOE en la Arrecife.



También está imputado Rafael Arrocha, durante años jefe de la Oficina Técnica del Ayuntamiento y socio de varias empresas (Gamma Instal, Proyectos Gamma 3 e Infraestructuras Cascosa) que prestaban servicios a empresas que luego contrataban con la Administración pública.

Asimismo, aparecen imputados los socios de las citadas empresas: Manuel Spínola, ingeniero a su vez del Cabildo de Lanzarote, Julio Romero, Daniel Hernández y Rafael Antonio Corujo.

En el caso de Urbaser están imputados Jacinto Álvarez, antiguo responsable de la empresa en la Isla y cuatro miembros de la dirección: Francisco José Marínez, director de obras, Stepahn Jean Antoine Balverde, gerente, Santiago Alonso, director de limpieza y jardinería, y Manuel Andrés Martínez, director de servicios urbanos.



En el procedimiento judicial también se investiga la contratación a Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) del pabellón de deportes de Argana Alta y el supuesto pago de comisiones a María Isabel Déniz.

La nueva titular del Juzgado número 5, la cuarta juez que ha conocido el caso, destaca en el auto que “se ha podido comprobar, evidentemente sin entrar a valorar el fondo, la existencia de indicios de cierta entidad, que integrarían los delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y otros conexos en el ámbito del Ayuntamiento de Arrecife”.

Consulte el auto del caso Unión:
https://docs.google.com/open?id=0B2Jajo ... GxqcGtOQVU

Fuente diariodelanzarote.com:

Seguro que recuerdan al ex jefe de la Oficina técnica de Arrecife, Rafael Arrocha, que a finales de los años noventa incluso llegó a optar a la secretaría insular del PSOE. En mayo de 2009, en la primera oleada de la operación Unión, lo detuvo la Guardia Civil, y tras declarar ante el juez, éste le imputó un delito de revelación de información privilegiada. Se le acusa de haber pasado información a Dimas Martín para, presuntamente, amañar el concurso del Plan General. A nadie que estuviera mínimamente al tanto de lo que se cocía en la Oficina técnica de Arrecife le extrañó la detención.

Foto lanzarotecorrupta:


Poco después se empezó a trabajar ya en la operación Jable y se descubrió que Arrocha hacía algo más que facilitar información. Tenía varias empresas que realizaban trabajos para otras que a su vez conseguían contratos o concursos en Arrecife gracias a sus informes. Véase el caso de Urbaser, principalmente, pero también otros.

En un auto de 18 de abril de 2010 el juez Pamparacuatro nombra varias de estas empresas, entre ellas Lanzagrava, La Roche o Torres CL, y también relata cómo Arrocha autorizaba el pago de facturas por servicios supuestamente no prestados. Esas facturas se habrían pagado a Tinguatón Ferreterías, Inelcon, J. Parrilla o Naos Iluminación. En este último caso, presuntamente, Arrocha se compró un coche, un Chevrolet Captiva de 31.000 euros y para pagar una parte, Naos Iluminación giró una factura de 6.480 euros a Urbaser, que a su vez se la endosó al Ayuntamiento de Arrecife para que la pagara.

Pero esto fue en abril de 2010, poco antes de la segunda detención de Arrocha. ¿Qué estuvo haciendo entre la primera y la segunda detención? Estuvo de baja médica hasta octubre de 2009 y cuando volvió al Ayuntamiento recuperó su puesto, de libre designación. Al entonces alcalde, Pérez Parrilla, no se le ocurrió apartarlo. Al siguiente. Cándido Reguera, tampoco.

Por eso mismo, el 18 de diciembre de 2009, tres días antes de que Cándido Reguera fuera elegido alcalde con el voto de dos concejales que habían confesado que habían recibido comisiones ilegales (una semana antes se había levantado el secreto de sumario de Unión), Arrocha firmaba un informe técnico por el que aprobaba el proyecto de ejecución de la primera fase del Plan de Barrios, con un presupuesto de nueve millones de euros.



En ese informe se nombraba a sí mismo técnico supervisor y director de obras y proponía como apoyo externo a la dirección de obras a la empresa Enac, de Antonio Cárdenas, y al arquitecto Víctor Sánchez. El informe jurídico para esa obra lo firmó un mes después la trabajadora municipal Elena Martín y la retención de crédito la aprobó el interventor Carlos Sáenz.

Hoy, todos los nombrados están imputados en casos de corrupción y no por este expediente, pero cuando se firmó ya lo estaban Arrocha, Elena Martín y Víctor Sánchez. Los responsables de las empresas antes mencionadas también están imputados en Unión, Jable o Montecarlo.

Pues bien. ¿Cómo acaba la historia? Como era previsible. En febrero de 2010 el pleno, con esta documentación, aprobó el proyecto y la contratación a la UTE formada por Inelcon y Lanzagrava por nueve millones de euros. Excepto CC, que se abstuvo, votaron a favor PP, PIL, PSOE, AC y PNL.

Y lo peor de todo es que (y presumo que ustedes estarán de acuerdo conmigo), casi tres años después no parece que las cosas hayan cambiado mucho.

Fuente diariodelanzarote.com:

El sumario del caso Unión que se acaba de levantar contiene un exhaustivo rastreo a los imputados. Entre ellos la ex alcaldesa de Arrecife, María Isabel Déniz, que adquirió durante su mandato como alcaldesa y el año posterior a dejar la alcaldía (2000-2008) tres casas, nueve vehículos y dos embarcaciones, según la investigación patrimonial realizada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.



En las conclusiones de esa investigación se destaca que Déniz pagó en efectivo en diversas ocasiones cantidades que no están reflejadas en sus cuentas corrientes y que alcanzan los 400.000 euros. Déniz y su marido tenían, antes de acceder a la alcaldía, una casa en Playa Honda y un almacén en La Graciosa que quisieron ampliar en 2011 y cuyas obras están precintadas porque tenían permiso para restaurar pero no para derribar el inmueble.

En los años en que fue alcaldesa, el matrimonio ingresaba una media de unos 100.000 euros netos por los sueldos de ambos. En ese periodo compraron a un holandés por 120.000 euros un bungaló en Famara de 189 metros cuadrados construidos, para el que pidieron un crédito de 200.000 euros.

Por esas fechas adquirieron un barco de 13 metros de eslora al empresario Enrique Martinón por 60.000 euros, que pagan mediante un crédito que cancelan después de ingresar en sus propias cuentas 80.000 euros en efectivo; y poco después una finca en Los Valles por 36.000 euros de origen desconocido en la que posteriormente hicieron obras de una vivienda.

También realizó obras en su casa de Playa Honda que podrían haber costado 46.000 euros, según las cuentas que guardaba José Ramón Vizcaíno, presunto testaferro de Dimas Martín, y que aparecen en el sumario de Unión, cuyo secreto se levantó por completo el mes pasado.

En cuanto a los vehículos, Déniz gastó más de 1500.00 euros en total en adquirir dos coches Volkswagen Passat, un Touareg, una moto BMW, un barco de 5,4 metros, el 'Delfín del Norte', un todoterreno Toyota Hilux, una moto Honda, un Mercedes Benz de 25.000 euros y un tractor Masey Ferguson. También compraron en 2008 un piso con garaje de 78 metros en Las Palmas de Gran Canaria.

Pese a sus ingresos, que algunos años sobrepasan los 80.000 euros, José Domingo Abreut (que trabajaba en el Apartahotel Fariones y en Eólicas de Lanzarote), recibió en 2009 una subvención de 4.500 euros del Gobierno de Canarias.

Además, la empleada del hogar de la casa de Déniz no estaba dada de alta en la Seguridad Social por ella, sino por empresas que trabajaban para el Ayuntamiento, como Hercasa, primero, y Urbaser después, a quien incluso pidió que le buscara un colegio mayor para su hija.

Jacinto Álvarez, el ex gerente de Urbaser, pieza clave de la operación Unión, declaró en el Juzgado que dio en tres ocasiones sobres con dinero a Déniz, con 42.000, 30.000 y 9.000 euros.

La investigación policial también ha recogido pruebas fehacientes de que Urbaser le habría regalado un Rolex de 4.500 euros, varios bolsos de Loewe, entradas para el Teatro Real de Madrid que costaban más de 250 euros cada una, entradas para el Santiago Bernabeu, además de un viaje a Santiago de Compostela y otro a Tanzania junto al ex secretario municipal Felipe Fernández Camero y sus parejas, así como el que le pagó la empresa FCC a Marrakech a Déniz y siete miembros más de su familia.

Déniz solía ir a una casa de subastas, Subastas Retiro, en Madrid, en la que compraba cuadros y joyas, como pendientes, pulseras o cadenas que en ocasiones sobrepasaban los mil euros, y en la que gastó más de 10.000 euros en ocho años. La ex alcaldesa fue detenida, enviada a prisión provisional e imputada por varios delitos, como alteración de concurso público, cohecho o malversación de caudales públicos.

Fuente diariodelanzarote.com:

El arquitecto lanzaroteño Carlos Morales, marido de Alexia de Grecia, compró en abril de 2005 una finca rústica en Puerto Calero de 5.133 metros cuadrados por 257.000 euros. Pagó 50 euros por metro cuadrado, dado el carácter rústico de la finca, lo que supone que le costó entre siete y 10 veces menos de lo que cuesta el metro en un solar urbano en distintas zonas de Arrecife o una parcela para construir un chalé en alguna urbanización turística de la Isla.



Morales comenzó a construir en ese terreno una 'mansión' de dos plantas más sótano de 1.454 metros cuadrados. El proyecto de ejecución de la casa ascendió a 312.000 euros.

Para ello presentó una solicitud de licencia ante el Ayuntamiento de Yaiza y el entonces alcalde, José Francisco Reyes, se la concedió a pesar de que tanto el informe del jefe de la Oficina técnica como el del secretario eran contrarios a otorgarla porque el suelo era rústico. Morales y Reyes están imputados dentro de una pieza separada del caso Unión por la construcción de esta casa.

El arquitecto también está imputado por el presunto amaño del Plan General de Arrecife. El pasado 18 de enero declararon ante la juez que instruye el caso, María Jesús Hernández Elvira. A Morales se le acusa de un delito contra la ordenación del territorio y otro de inducción a la prevaricación.

Morales no declaró sobre el delito contra la ordenación, por lo que la juez le ha citado de nuevo para que responda el próximo 22 de febrero. Sobre el delito de inducción aseguró que actuó como interesado y no como arquitecto, a pesar de que en la solicitud ante el Ayuntamiento firma como arquitecto del proyecto de su propia casa.

En su declaración ante la Guardia Civil en junio de 2009, Morales dijo que siempre había considerado que esos terrenos eran urbanos ya que el Plan General de Yaiza de 1973 los reconocía como urbanizable. No obstante, en la escritura de compra venta del terreno, aparece claramente que lo que adquiere es una finca rústica.

De hecho, el vendedor, Heinrich Becker, también declaró ante la Guardia Civil en agosto de ese año que en 2005 intentó construir y tanto desde el Ayuntamiento como desde la Oficina del PIO del Cabildo le contestaron que la legislación no permitía construir porque era suelo rústico.

Por eso Becker decidió vender y lo hizo a un precio, según su declaración, “mucho menor que el de los terrenos colindantes incluidos en los planes parciales Cortijo Viejo y Puerto Calero”, que tienen la calificación de urbanos. Becker dijo que fue José Calero, el promotor de Puerto Calero, quien le presentó personalmente a Morales para que le vendiera la finca.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil hizo tres informes sobre la situación de la casa entre 2009 y 2011, concluyendo que la casa no sólo está en suelo no urbano sino que la construcción además ocupa un bien de dominio público como es la zona de servidumbre marítimo terrestre, ya que la parcela está en primera línea de costa y al ser suelo rústico, la servidumbre alcanza los cien primeros metros de costa

El nuevo Plan General de Yaiza pretende ahora convertir en urbanos más de 80.000 metros en esa franja de terreno, lo que legalizaría la casa de Morales y once más que se han construido en los últimos años, ya que en junio de 2006 el propio Ayuntamiento reconocía en que en esa zona, el Barranco del Agua, sólo había siete casas.

El nuevo Plan permitirá construir hasta 60 viviendas y Morales es propietario de más terrenos en la zona, ya que ha presentado una propuesta de convenio ante el Ayuntamiento.

Fuente diariodelanzarote.com:

Fagarypa, la sociedad que regentaba una peluquería en el número 46 de la calle Triana de Arrecie, facturó 150.000 euros en los años 2005 y 2006 al Ayuntamiento de Arrecife, cuando María Isabel Déniz era alcaldesa.



La sociedad, a pesar de que su sede está fijada en Mácher y su objeto social es la promoción y construcción inmobiliaria, entre otros, tiene su cuenta de cotización en la Seguridad Social dedicada a la peluquería y otros tratamiento de belleza, y los únicos trabajadores que han estado dados de alta en la Seguridad Social en dicha empresa, lo estaban para esa actividad. En la actualidad la peluquería ya no ejerce su actividad.

La Guardia Civil comenzó a recabar datos de esta sociedad por la investigación patrimonial que inició sobre la ex alcaldesa y su entorno, dentro de la operación Unión. Los investigadores detectaron que en 2006 y 2007 la hija de Déniz había comprado material de construcción a la empresa constructora Garpalanz que probablemente, según la investigación, se podían haber usado en la adecuación de la finca que la familia adquirió en Los Valles y en la que se construyó una casa.

Uno de los administradores de Garpalanz es Emilio García Zuheros, que a su vez es administrador de Fagarypa y de varias empresas más, entre ellas Promotora Río Lulua. Tanto Fagarypa como Río Lulua facturaron al Ayuntamiento de Arrecife mientras Déniz era alcaldesa.

La investigación desconoce qué servicios u obras realizaron al Ayuntamiento estas empresas, ya que por un lado una de ellas sólo tenía trabajadores dados de alta como peluqueros y la otra, Río Lulua, que facturó en los años 2006 y 2007, 234.000 euros, y cuyo objeto social es el asesoramiento, asistencia y gestión de empresas, no está recogida en la base de datos de la Tesorería General de la Seguridad Social, es decir, que no tiene ningún trabajador.

A su vez, García Zuheros fue director de una sucursal bancaria de Arrecife y además participó como representante de esa entidad, tal y como acreditan los documentos recogidos en la investigación, en “diversos productos bancarios de financiación a favor de María Isabel Déniz”, tal y como señala el auto de la Guardia Civil, tanto hipotecarios como personales, entre ellos uno de 200.000 euros que le prestó el banco para que Déniz adquiriera un bungaló en Famara por 120.000 euros a un ciudadano holandés, otro de 80.000 para comprar un barco y otro de 155.000 para un piso en Las Palmas.

En otro atestado, la Guardia Civil recoge una de las anotaciones de la agenda del ex gerente de Urbaser, Jacinto Álvarez, que sirvieron, junto a su declaración, para que avanzara la investigación y se obtuvieran indicios de diversos delitos tanto por parte de Déniz como de otros imputados en la causa.

En esa anotación dice Álvarez que “Arrocha (el ex jefe de la oficina técnica) dijo que Isabel tiene un Porsche que lo puso a nombre de un primo”. Ese primo, que aparece en más pasajes del sumario, lo identifica la Guardia Civil como Ángel Ramón Tejera de León, conocido como ‘Mon', que es administrador único de una sociedad, Angarnting, que en septiembre de 2005 adquirió un Porsche Cayenne que posteriormente, en abril de 2006 fue transferido a la sociedad Fagarypa, la que regentaba la peluquería.

Según Canarias7:

La jueza del caso Unión cree que Dimas Martín supuestamente pagaba los honorarios de Francisco Rodrígez Batllori, por los servicios privados que le prestaba como abogado, con cargo a las arcas del Ayuntamiento de Arrecife. Por eso el patrimonio del expolítico del PIL «no mermaba», dice el auto que les acusa de malversar.

En relación al supuesto delito de malversación, consistente en el supuesto pago por parte del Ayuntamiento de Arrecife al letrado exconsejero de Empleo y viceconsejero de Justicia del Gobierno de Canarias, Francisco Rodríguez-Batllori, por servicios que en realidad eran de carácter privado en beneficio exclusivo de Dimas Martín, según consta en las diligencias, «aparece acreditado que, aunque el patrimonio de Dimas Martín no ha sufrido un incremento ilícito, lo que desde luego no ha experimentado es la disminución que debiera haber padecido de haber sufragado con sus propios recursos gastos que en realidad estaban relacionados con su propio asesoramiento jurídico», dice textualmente la anterior titular magistrada del caso Unión.

Dicha afirmación se hace en uno de los autos de la anterior magistrada, que ordenaba mantener el secreto de las actuaciones en la investigación del patrimonio personal y familiar de Dimas Martín, a quien se imputa un delito de insolvencia punible, por no cumplir la sentencia del Complejo Agroindustrial de Teguise, donde la Audiencia Provincial de Las Palmas le condenó en 2004 al expolítico insularista a devolver 5,7 millones de euros. Sin embargo, la magistrada y la Fiscalía no aprecian implicación de Dimas Martín en la trama de cobro de comisiones del PIL.

Según La Voz de Lanzarote:

El ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, tiene una nueva imputación a sus espaldas, que este martes le ha llevado de nuevo a declarar a los Juzgados de Arrecife. Reyes tenía que responder ahora por las licencias que concedió al que era su compañero de partido y actual concejal del PNL en Arrecife, Pedro de Armas, pero esta vez se ha presentado sin abogado.



Al parecer, el ex alcalde habría alegado que “no tiene dinero” para contratar un letrado, por lo que se le ha tenido que asignar uno de oficio para tomarle declaración. Un hecho que contrasta con lo sucedido hasta ahora, en la larga lista de procedimientos judiciales a los que se ha enfrentado José Francisco Reyes. Además de contar en repetidas ocasiones con los servicios del despacho de Felipe Fernández Camero y de su hija, Juana Fernández de las Heras, el ex alcalde llegó a fichar a uno de los abogados del caso Malaya para su defensa en la principal causa que se instruye contra él, el caso “Yate”, por la concesión masiva de licencias ilegales en Playa Blanca.

En la nueva causa por la que ha tenido que declarar este martes, Reyes está imputado junto al secretario del Ayuntamiento, Vicente Bartolomé Fuentes, y el jefe de la Oficina Técnica, Antonio Lorenzo. Ambos han acudido también a los Juzgados este martes para prestar declaración, y los dos están imputados en otros procedimientos judiciales junto al ex alcalde.




En el caso de Vicente Bartolomé Fuentes, además de las causas pendientes, ya tiene dos condenas a sus espaldas por delitos continuados de prevaricación urbanística, aunque las sentencias aún no son firmes y están pendientes de recurso.

En esta nueva causa, investigada por la Fiscalía de Medio Ambiente y en manos del Juzgado de Instrucción Número 5 de Arrecife, responsable del caso “Unión”, se investiga “un delito contra la ordenación del territorio, por la concesión de dos licencias a Pedro de Armas.

Una de ellas fue otorgada en el año 2005, cuando Pedro de Armas, a través de la empresa Marivista, recibió licencias del Ayuntamiento de Yaiza para construir diez viviendas en el Plan Parcial Playa Blanca. El Cabildo había advertido que ese plan estaba extinguido y, por tanto, no se podía autorizar su construcción, tal como ratificaron después los tribunales de Justicia.

Sin embargo, José Francisco Reyes firmó la licencia autorizando la construcción de esas viviendas el 14 de noviembre de 2005 y, sólo ocho días después, autorizó el comienzo de los movimientos de tierra en la zona.

Poco después de la obtención de los permisos municipales, la empresa familiar de Pedro De Armas, Marivista S.L., vendió el solar, ya con las licencias otorgadas por el ex-alcalde de Yaiza, a la empresa “Villas Blancas Lanzarote S.L.”

Además, el Ayuntamiento de Yaiza ocultó esas licencias al Cabildo, impidiendo así que pudiera recurrirlas. Ésta fue durante años una práctica habitual del gobierno de José Francisco Reyes, hasta que la Justicia le obligó a dar cuenta a la primera Institución insular de las licencias que otorgaba. Sin embargo, y aunque entonces empezó a notificarlas, el Consistorio se siguió resistiendo a entregar las concedidas a Pedro de Armas.

Finalmente, en el año 2008, y cuando las obras ya estaban muy avanzadas, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 5 de Las Palmas dictó un auto suspendiendo esas licencias. Además, el Juzgado ordenaba la inscripción del recurso en el Registro de la Propiedad, para advertir a los posibles compradores del pleito que estaba abierto y evitar que adquirieran esas viviendas desconociendo su situación legal.

Pedro de Armas, que actualmente es concejal en la oposición en el Ayuntamiento de Arrecife, ha ocupado distintos cargos de relevancia en las dos últimas décadas, algunos de ellos directamente relacionados con el Urbanismo. De hecho, ha sido concejal de este área en el Ayuntamiento de Arrecife. Además, en el año 2001 fue nombrado consejero delegado de Gesplan, la empresa pública del Gobierno de Canarias dedicada a la Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental de las islas.

Fuente lavozdelanzarote.com:

El 19 de abril de 2010, los agentes de la UCO irrumpieron en un edificio a medio construir ubicado en la calle La Cristina de Arrecife, de donde sacaron cerca de 30 cajas de documentación comprometedora. ¿Cómo llegaron hasta ese almacén clandestino? La respuesta se encuentra en la última parte del caso “Unión” sobre la que se ha levantado el secreto de sumario, que revela la colaboración clave de dos trabajadores de Urbaser.



Fue un mes después de que estallara la primera fase de la Operación Unión, en mayo de 2009, cuando un empleado de Urbaser decidió presentarse voluntariamente ante los agentes de la UCO para denunciar presuntas irregularidades de la empresa: desde el amaño del concurso en el que se adjudicó la limpieza de Arrecife, hasta facturas falsas cargadas al Ayuntamiento. Además, otro trabajador se sumó también a esta denuncia, y los dos estuvieron aportando nuevos datos y documentos a la UCO y al entonces juez del caso, César Romero Pamparacuatro, durante casi un año, en el que se fue gestando lo que después sería la Operación Jable.

En esas declaraciones, los trabajadores advirtieron de la existencia de ese almacén clandestino, de la ubicación de las cinco cajas fuertes que el ex gerente de Urbaser, Jacinto Álvarez, les había hecho instalar en su casa y en la nave de la empresa, del presunto pago de sobornos y, también, de la peculiar relación que Álvarez mantenía con políticos y funcionarios de la isla.

Según la denuncia de uno de los trabajadores, el gerente “se jactaba de llevarse bien con todos los políticos”, pero a su vez les ordenaba a él y a otros empleados de la empresa que “vigilaran” a determinados cargos públicos y funcionarios.

Como ejemplo, este trabajador citó una situación que vivió en mayo de 2002, siendo alcaldesa María Isabel Déniz, cuando se realizó el concurso para adjudicar el servicio de limpieza de Arrecife. Según aseguró primero ante la UCO y luego ante el juez, el mismo día en el que las empresas prestaron sus ofertas, “Jacinto Álvarez le ordenó seguir a María Isabel Déniz para saber con quién y dónde se iba a reunir”.

Tras realizar ese seguimiento, notificó a Jacinto Álvarez que la entonces alcaldesa se había ido a comer a un restaurante de Costa Teguise con Dimas Martín, el ex secretario del Ayuntamiento, Felipe Fernández Camero, y varios miembros más del Partido de Independientes de Lanzarote, entre los que se encontraba Matías Curbelo. Entonces, Jacinto le ordenó que se quedara a comer ahí, “para hacer un seguimiento de las conversaciones”, aunque “no pudo escuchar nada”. La comida del trabajador en este restaurante, según su testimonio, fue pagada por Urbaser (entonces bajo el nombre de Tecmed).

En la misma línea, también citó otro caso que se produjo “dos o tres semanas más tarde”, cuando Jacinto Álvarez le pidió “que vigilase la casa de Arrocha, en El Cable”. En aquel momento, Rafael Arrocha era jefe de la Oficina Técnica de Arrecife, y jugó un papel esencial en el presunto amaño de la adjudicación del contrato a Urbaser, así como en las posteriores revisiones de precios.

De hecho, según la denuncia de este trabajador, mientras el gerente de Urbaser ordenaba espiar a Arrocha y a María Isabel Déniz, también mantenía “numerosas” conversaciones telefónicas con ellos, “desde el momento en que se publicó el concurso, hasta que finalmente Tecmed resultó adjudicataria”. Jacinto Álvarez compartió incluso “reuniones, comidas y cenas” con Arrocha durante esos días, mientras que con la ex alcaldesa “cree” que sólo hubo llamadas. “Isabel y Jacinto se cuidaban mucho de no aparecer juntos”, aseguró este trabajador.

Aunque este empleado aseguró que no fue testigo directo del pago de sobornos, afirmó que intuye que se entregaron, y también que presenció conversaciones de Jacinto Álvarez hablando de “regalos”, concretamente de “un coche de alta gama”. Además, explicó pormenorizadamente cómo se realizó el presunto amaño en el concurso de limpieza de Arrecife.

Según su relato, dos días después de que él personalmente y el redactor del pliego, Sthepani Valverde, entregaran la oferta de Urbaser, Jacinto Álvarez recibió una llamada de Rafael Arrocha, en la que supuestamente le advirtió de que había “al menos dos empresas que habían presentado una oferta mejor”. Entonces, Jacinto le dijo que “debían llevar una documentación esa misma tarde a la Oficina Técnica y entregársela a Rafael Arrocha”. Y esa documentación era “una carpeta idéntica a la presentada oficialmente el 22 de mayo de 2002”, que supuestamente pudo ser reemplazada por la nueva.

Según el trabajador, él desconocía qué documentación estaba llevando al Ayuntamiento, porque era “habitual” que tuviera que llevar papeles al Consistorio, aunque en esta ocasión le sorprendió la hora, porque “la Oficina Técnica no estaba abierta al público en ese momento”, aunque allí les recibió Rafael Arrocha, a quien “le entregaron la documentación”.

Varios meses después de su primera denuncia, este trabajador volvió de nuevo a declarar ante la UCO, para aportar una nueva prueba. Concretamente, un CD con un archivo “que encontró en el ordenador de la secretaria personal de Jacinto”, “relativo a las ofertas realizadas por las diferentes empresas” a ese concurso, que probaría que “Jacinto Álvarez poseía información” privilegiada sobre el resto de los aspirantes.

Durante esos meses de investigación, que después dieron lugar a la Operación Jable, también se sumaron otras pruebas y declaraciones que señalaban a la presunta trama de Urbaser, incluyendo la confesión de Matías Curbelo. El que fuera mano derecha del líder del PIL llegó a declarar ante el juez que él mismo cobró personalmente uno de los sobres de la empresa. En su declaración, implicó a Dimas Martín y a María Isabel Déniz, asegurando que cobraron una comisión “de entre 25 y 50 millones de pesetas” por la adjudicación de ese contrato, y también a Miguel Ángel Leal, entonces consejero del Cabildo por el Partido Socialista, que gobernaba junto al PIL en la capital.

Durante las investigaciones previas a la Operación Jable, Matías Curbelo no fue el único que habló de Miguel Ángel Leal en su declaración. También el trabajador de Urbaser que denunció a la empresa se refirió a Leal cuando describía otras prácticas sorprendentes que les ordenaba realizar Jacinto Álvarez. Además de seguimientos y vigilancia, aseguró que el ex gerente de Urbaser “le obligó a realizar llamadas telefónicas, ocultando el número de teléfono, a diferentes políticos, con el fin de ponerlos nerviosos”. Y una de las personas a las que tuvo que llamar, “bajo la presión de que le despedirían si no lo hacía”, fue a Miguel Ángel Leal. Según este trabajador, lo que pretendía con esto Jacinto Álvarez era “crearle desconfianza hacia su entorno político”.

Y todo ello, al igual que en otros casos, mientras mantenía una fluida relación con éste y otros políticos y funcionarios. “La táctica de Jacinto era llevarse bien con todo el espectro político. Se jactaba de llevarse bien con todos los políticos e que incluso a Miguel Ángel Leal le llamaba para quedar y comer, a pesar de las llamadas que se hacían a escondidas”, aseguró el trabajador en su denuncia.

Además, según su testimonio, el presunto pago de comisiones de Urbaser no alcanzaba sólo al Ayuntamiento de Arrecife. En una ocasión, asegura que Jacinto Álvarez “estaba molesto” porque Dimas Martín le había pedido una fuerte comisión ilegal para adjudicarle la limpieza de los márgenes de las carreteras. Siempre según el trabajador, entonces “Jacinto comentó que con nuevas personas a repartir la comisión, no le salía a cuenta esta obra y prefería perderla”.

En cuanto al Ayuntamiento de Arrecife, la denuncia de dos trabajadores, y las confesiones realizadas por otros imputados, e incluso por el propio Jacinto Álvarez cuando finalmente fue detenido al estallar la Operación Jable, reflejan que los presuntos sobornos no se centraron sólo en la adjudicación del contrato en el año 2002. Según denunció un trabajador de la empresa, Jacinto Álvarez cobró facturas del Ayuntamiento, al margen del contrato, “por obras y servicios que nunca se llevaron a cabo”.

Durante ese tiempo, “personal de Urbaser realizó obras en el domicilio particular de Rafael Arrocha”, según la denuncia del trabajador, a lo que hay que sumar la larga lista de regalos, como productos de lujo y viajes, que Jacinto Álvarez habría realizado a políticos y técnicos, según las anotaciones que él mismo realizó durante años en varias agendas que fueron encontradas por la UCO durante los registros de la Operación “Jable”.

Cuando realizaron esa operación, los agentes tenían datos exactos de dónde se encontraban las cajas fuertes, tanto en casa de Jacinto Álvarez como en la nave de Urbaser, y también de la dirección de almacén clandestino de la calle La Cristina, gracias a las denuncias de dos trabajadores de la empresa.

Uno de ellos aseguró que tras la primera fase de la Operación “Unión”, en mayo de 2009, cuando fue intervenido el Ayuntamiento de Arrecife, “Jacinto estaba malo, se puso muy enfermo por la situación que le afectaba”.

En ese momento, según desveló el otro empleado denunciante, Jacinto Álvarez ordenó trasladar documentación que podía comprometerle a un piso “arrendado a un trabajador de la empresa”. Casi un año después de ese movimiento urgente de documentos, y después de varios meses de investigación y recopilación de pruebas, los agentes de la UCO aparecieron en ese piso a medio construir de la calle La Cristina, en la segunda gran fase del caso “Unión”, la Operación Jable, que multiplicó el número de imputados y consiguió remontarse al pasado y desvelar presuntos delitos de legislaturas anteriores.

Fuente canarias7.es:

El empresario Manuel Brito, imputado en el caso Unión por pagar comisiones ilegales, declaró en su día que hizo pagos sólo a los ediles del PIL, José Miguel Rodríguez y Ubaldo Becerra, desmintiendo así a Rodríguez, que acusó a sus compañeros Antonio Machín y Luisa Blanco de estar implicados.

El administrador de la empresa de fontanería Infogelan, Jesús Manuel Martín Brito, declaró el 28 de abril de 2010, cuando fue detenido en relación con el caso Unión que «pagaba comisiones ilegales al exconcejal de Hacienda de Arrecife José Miguel Rodríguez y Ubaldo Becerra», pero en ningún momento hizo referencia a pagos concretos a los también exediles Antonio Machín y Luisa Blanco, como sí declaró al juez el propio exedil de Hacienda, José Miguel Rodríguez, implicando a sus propios compañeros, según el sumario hecho ahora público.

Cabe decir que las obras se encargaban a Parques y Jardines, que hasta 2008 era responsabilidad de Ubaldo Becerra, y después de Antonio Machín, que siguió contratando a Infogelan. Según declaró el responsable de la empresa el 28 de abril de 2010, dos días después de hacerlo el exedil de Hacienda para implicar a sus compañeros, los pagos se pactaron con el propio Rodríguez, porque el Ayuntamiento le debía dinero y de este modo buscaba agilizar los pagos de la deuda con su empresa.

En su declaración también confesó que le debían un buen montón de facturas y que a medida que le adjudicaban las obras le exigían comisiones, que siempre pagaba a José Miguel Rodríguez en su domicilio. A preguntas del fiscal de si sabía si este dinero después se repartiera con los ediles Antonio Machín y Luisa Blanco, el empresario respondió de modo negativo, añadiendo que él tenía la creencia de que el dinero se lo repartían entre Rodríguez y Ubaldo Becerra.
También dijo que su empresa empezó a facturar a Arrecife cuando Rodríguez llegó al Ayuntamiento de la capital.