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NotaPublicado: Sab 06 Dic, 2014 8:28 am 
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Según Diario de Lanzarote:

No leía, no preguntaba, no sabía nada, no era su competencia, no comprobaba si se hacía la obra, pero firmaba. Francisco Saavedra, ordenanza subalterno en el Ayuntamiento de Arrecife, declaró como imputado la pasada semana dentro del caso Unión, en la pieza de las comisiones ilegales. Es uno de los dos últimos imputados.

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Así se encargaban los trabajos y se pagaban muchas de las facturas que se investigan dentro del caso Unión y que tienen relación con la empresa Infogelanz, que facturó al Ayuntamiento por obras y servicios cerca de 1,3 millones de euros en dos años, cuando la empresa no había trabajado anteriormente para el Consistorio.

Este trabajador dice en su declaración que no sabe distinguir entre un contrato menor y otros contratos diferentes, que ni siquiera sabía si existía el departamento de contratación y que desconoce lo que es un fraccionamiento de contrato. Repite insistentemente que le decían que su función era hacer lo que le mandara el alcalde o los concejales.

Relató que la ex concejal Luis Blanco, también imputada, le llamó para que echara una mano en la concejalía de Barrios porque había mucho trabajo. Preguntó qué tenía que hacer y le dijo que cuando le llevaran las propuestas de compra las tenía que firmar como trámite y ya está, y señala que otras dos trabajadoras, también imputadas en la causa, le llevaban esas propuestas para que las firmara y que no se planteó por qué no firmaban ellas. Dice que no era consciente de que su firma era importante, que “era lo normal”.

En otras ocasiones, en lugar del presupuesto, cuando los trabajos estaban hechos, le decían que tenía que firmar y firmaba sin tener el contrato delante. “Le llegaba la mercancía y firmaba y ya está”, dice la declaración. En una ocasión le pasaron una factura de 23.000 euros, fue al interventor y le dijo que si estaba firmado por él mismo pues también podía firmarlo.

Este ordenanza llega a reconocer que firmaba los presupuestos de gasto pero que no sabía si había otras ofertas o cuáles eran, que pensaba que todo formaba parte de un Plan de Barrios y que no se había presentado ninguna oferta más y que el secretario le decía que tenía que hacer las funciones que le mandaran. Le parecía normal porque firmaban todos: él, el interventor, el técnico de compras, el concejal de Hacienda, otros funcionarios... El hecho es que no miraba ni el nombre de la empresa que se llevaba el contrato, según su testimonio.

Según su declaración, después se ha ido dando cuenta de que pasaban cosas raras y ya no quiere hacer ese trabajo porque no le pagan para ello. Cree que era “para beneficiar a alguna empresa, que se estaban vulnerando los controles y piensa “que ha hecho el tonto y sabe que ha cometido un error”.

Dice el ordenanza que el Ayuntamiento ha cambiado mucho y que ahora se ve que se piden los presupuestos pero que antes le daba la sensación de que no se pedían. También dice que nunca recibió dinero alguno de nadie, “ni un café”.

La declaración dice textualmente sobre el proceder en el Ayuntamiento: “Antes era medio disparate cómo se trabajaba, el run run que dice la gente, que los concejales se están haciendo ricos, que si compran a aquel, al otro, que siempre venían con sus amigos. Se oye en todos lados pero nunca pensó que fuera así”. Asegura que ha sido utilizado, que está bastante desilusionado y les culpa a todos: “Entré en el Ayuntamiento y pensé que era un lugar serio”.

La magistrada que instruye Unión le pregunta al ordenanza que explique, en su declaración, cómo accedió a su puesto de trabajo, hace 29 años. Señala que sólo le pidieron estudios primarios. “El examen era usar la fotocopiadora, les preguntaban verbalmente uno a uno y ya está”, asegura.


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NotaPublicado: Mar 23 Dic, 2014 9:38 am 
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Fuente diariodelanzarote.com:

La jueza Silvia Muñoz, instructora del caso Unión, ha imputado a dos directivos de la empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) por un viaje a Marrakech que la compañía pagó a la familia de la ex alcaldesa del Ayuntamiento de Arrecife, Isabel Déniz.

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Tanto Enrique Astorga González como Enrique José Hernández Martín, ambos directivos de FCC, han sido citados a declarar el 27 de enero por la comisión de un posible delito contra la administración pública.

La jueza destaca en un auto que “existen indicios solventes que permiten razonar” que el viaje “fue utilizado como pago, precio o comisión a la entonces alcaldesa a efectos de conseguir el trato de favor obtenido en la adjudicación a favor de FCC de la obra del pabellón de Argana”.

En el auto, la jueza considera que Déniz es responsable de “la presunta adjudicación, manifiestamente ilegal y a sabiendas de orquestar un artificio de apariencia de legalidad para que la empresa FCC resultara la adjudicataria del pabellón municipal de Argana Alta en el año 2005”.

Para ello, añade, se concertó “con otros imputados”, como Dimas Martín, fundador del PIL, o Rafael Arrocha, jefe de la Oficina Técnica de Arrecife, “para que a cambio de la entrega por el gerente de FCC de una comisión en dinero en efectivo se le adjudicase el referido contrato para la realización del pabellón”.

Unos hechos, añade la jueza Silvia Muñoz, que a falta de “una depurada calificación jurídica” podrían ser motivo de acusaciones de cohecho, prevaricación o alternación de concursos y subasta pública.

En cuanto al viaje a Marrakech, fue Dimas Martín quien “aportó de manera voluntaria” en el Juzgado “unas facturas emitidas por Viajes Insular presuntamente satisfechas o abonadas por FCC” de un viaje realizado en diciembre de 2005 por Isabel Déniz, su marido, su hija y sus hermanos Carmen, Juan y Carolina, esta última jueza, así como otras dos personas. En total, la factura del viaje ascendió a 12.868,36 euros.

En el auto, la jueza señala que hay indicios para determinar que la construcción del pabellón de Argana, ahora cerrado por deficiencias en la edificación, fue adjudicada a FCC, que presentó un proyecto de la empresa Gamma Instal, compañía participada entre otros por el jefe de la Oficina Técnica de Arrecife.

“Así”, señala la jueza, “la adjudicación del citado concurso a FCC se puede explicar nuevamente por la intervención de Rafael Arrocha, el cual lo informa favorablemente como jefe de la Oficina Técnica a favor de FCC con la connivencia de María Isabel Déniz como alcaldesa de Arrecife, la cual recibe en gratificación la dádiva del viaje a Marruecos”.

La jueza resalta que se han llevado a cabo diversas diligencias para identificar a las dos personas que firman el pagaré, fechado el 17 de febrero de 2006, con el que se abona la factura emitida el 31 de diciembre de 2005 por Viajes Insulares a nombre de FCC por el citado viaje a Marruecos.

“Ante las respuestas contradictorias” ofrecidas tanto por FCC como por el Banco Santander, “a quienes se le requirió para la identificación de las personas concretas firmantes del citado cheque”, finalmente se encargó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en septiembre de este año, para que las identificase utilizando la base de datos del Documento Nacional de Identidad. A través de esta investigación se identificó a Enrique Astorga y Enrique José Hernández, de FCC, a los que ahora se ha imputado.

En cuanto a la declaración de Isabel Déniz sobre el viaje, afirmó “hasta en dos ocasiones” que “fue abonado por ella misma”, una “versión” que para la jueza del caso Unión resulta “poco creíble” al existir indicios racionales de lo contrario. Esos indicios son tanto la compra y pago del viaje por FCC como las declaraciones “incriminatorias” de Dimas Martín y de Matías Curbelo.


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NotaPublicado: Mar 20 Ene, 2015 7:12 pm 
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Según La Voz de Lanzarote:

La juez Silvia Muñoz ha decidido sobreseer las actuaciones contra cuatro funcionarios de Arrecife que habían sido imputados en los últimos meses en el caso Unión, y que ahora pasarán a ser testigos en la causa. Las firmas de los cuatro aparecían en distintos expedientes investigados, todos ellos de la empresa Infogelan, en los que se ordenaban pagos por servicios presuntamente no prestados. Sin embargo, tras tomarles declaración e investigar su posible participación en esos pagos, la juez concluye que no hay “indicio alguno de que llegaran a conocer y a participar conscientemente en la trama delictiva”, en la que pudieron ser “utilizados” sin tener conocimiento de ello.

De los cuatro funcionarios que firmaban como técnicos en esos expedientes, dos eran en realidad auxiliares administrativas (Yoana Cabrera y Loyola del Mar Hernández), y un tercero, Francisco Saavedra, ordenanza subalterno. “Ninguno, pese a firmar en los expedientes de contratación en el lugar previsto para la firma de los técnicos municipales, tiene tal calificación”, señala la juez, que subraya que ninguno de los tres tenía conocimientos jurídicos y que sus funciones “distan mucho de las de un técnico municipal”.

Por eso, entre otras cosas, la juez concluye que sus firmas no fueron determinantes para que se realizaran esos pagos (y por tanto esa presunta malversación de fondos públicos), ya que ni siquiera eran las personas indicadas para firmar ese tipo documentos, con los que se supervisa la legalidad de los pagos y contrataciones.

Los indicios apuntan que tanto en el caso de las dos auxiliares administrativas, como en el del ordenanza subalterno, se realizó una utilización mediata, aun no siendo necesaria, para dotar de una apariencia de mayor legalidad el expediente administrativo”, sostiene la juez en su auto. De hecho, agrega que “la innecesaridad de la firma” de estos tres funcionarios se hace evidente al observar otros expedientes, en los que también se realizaron supuestos “pagos fraudulentos”, y en los que “ni tan siquiera figura la firma de técnico municipal alguno” o no se “identifica al técnico firmante con nombres y apellidos”.

En sus declaraciones en los Juzgados, estos tres funcionarios explicaron que firmaron esos documentos siguiendo instrucciones de los concejales de los que dependían y también del propio interventor, Carlos Sáenz. Tanto los ediles como Sáenz continúan imputados en la causa por prevaricación y malversación de fondos públicos, entre otros delitos.

En el caso de Yoana Cabrera y Loyola Hernández, explicaron que firmaban “por indicación del concejal Antonio Machín, quien les informaba que era el trámite habitual”. Ambas dijeron que “pensaban que sólo era un trámite, sin reparar en la importancia de la firma”. En cuanto al ordenanza subalterno Francisco Saavedra, la juez señala que su caso es “especialmente llamativo”. Según su declaración, fue la concejal Luisa Blanco la que le pidió que “echara una mano a la Concejalía de Barrios”, alegando que no había técnicos disponibles.

“Pregunté qué tenía que hacer y me dijo que cuando me trajeran las propuestas de compra, que las firmara como trámite”, explicó. Incluso, según su declaración, llegó a consultar a la entonces secretaria del Ayuntamiento y la respuesta que recibió es que “un subalterno tenía que hacer cualquier función que el alcalde le dijera que tenía que hacer”.

Además, relató que en una ocasión le llegó “una factura grande”, de unos 23.000 euros, y fue a consultar al interventor. “Carlos Sáenz lo miró y me dijo que si estaba firmado por él, también podía firmarlo yo”, explicó el ordenanza. Al respecto, la juez sostiene que “el hecho de que el interventor rubricara el documento con anterioridad a los firmantes como técnicos municipales, sin efectuar reparo alguno, supone otro indicio que apunta a la innecesaridad de la firma del técnico”, ya que es precisamente el interventor el último de los controles para autorizar el pago de una factura, y su firma sí es la indispensable para que la orden de pago se haga efectiva.

“Después me he dado cuenta de que ahí había cosas raras”, afirmó Francisco Saavedra en los Juzgados, donde explicó que ahora ya no quiere “llevar ese trabajo, porque no le pagan para eso”. En su declaración, confirmó que su formación se centra en “estudios básicos” y relató que el examen de acceso al cargo que ocupaba como ordenanza, “se basó en pruebas mecánicas elementales, propias de las funciones que iba a desempeñar, tales como el manejo de la fotocopiadora”.

Por todo ello, la juez concluye que en el caso de estos tres funcionarios, y tras haberles tomado declaración, “los indicios apuntan a que se utilizó una relación de superioridad profesional y confianza”. Además, el auto cita jurisprudencia del Tribunal Supremo, que sostiene que para mantener la acusación contra alguien por un delito de malversación no basta con que haya una “actuación imprudente”, sino que ésta tiene que ser determinante para la comisión del delito.

Así, acuerda el sobreseimiento provisional de la causa contra estos funcionarios, que ahora pasarán a ser testigos en Unión. De hecho, la juez ya les ha citado para que vuelvan a prestar declaración el próximo 26 de enero, ahora en calidad de testigos.

La participación de los tres se centra en expedientes de una misma empresa, Infogelan. Durante la investigación se solicitó un informe pericial a la Audiencia de Cuentas de Canarias, que constató múltiples irregularidades en los pagos, incluyendo la falta de documentos y trámites necesarios, pese a lo cual se abonaron las facturas. En su auto, la juez señala que "de comprobarse la contratación irregular", sólo con Infogelan Fontanería "se habría podido producir un enriquecimiento ilícito a cargo del erario público de 1.193.052 euros por parte de los responsables de la citada mercantil".


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NotaPublicado: Mié 21 Ene, 2015 9:31 am 
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Fuente lavozdelanzarote.com:

Hace dos meses fue citada a declarar en el caso Unión pero, tras comparecer en los Juzgados, la técnico de Arrecife Rut Hernández ha sido "desimputada" y podría pasar a ser “testigo de cargo” en la causa. Y es que además de no haber quedado acreditada su participación en la “trama delictiva”, con su declaración confirmó el pago por servicios no prestados en el Ayuntamiento de Arrecife e implicó así a otros imputados.

En el mismo auto en el que “desimputa” a tres funcionarios de Arrecife, que firmaban como técnicos sin tener ni los conocimientos ni el cargo para ello, la juez Silvia Muñoz acuerda también el sobreseimiento de la imputación de Hernández. Y a su caso, la juez le dedica un capítulo aparte, porque sí tiene categoría de técnico. Sin embargo, sólo aparece su firma en uno de los expedientes investigados. Y no en la factura, sino en el inicio de la contratación del servicio, por lo que su rúbrica no avaló ese pago presuntamente fraudulento que se investiga.

Concretamente, el expediente en el que participó Rut Hernández está relacionado con la iluminación de un árbol de Navidad en el parque Ramírez Cerdá, “utilizando una pila de hidrógeno, para lo que resultaba necesario comprar un habitáculo especial”. Así lo explicó la propia técnico en los Juzgados, donde dejó claro que recordaba ese proyecto y haber firmado la propuesta de gasto, que partía del entonces concejal Ubaldo Becerra.

Sin embargo, ahí terminó su participación en el expediente. En su declaración, Hernández manifestó “con rotunda seguridad” que el proyecto no llegó a realizarse. “A los pocos días de iniciar el procedimiento me dijeron que la pila no iba a llegar a tiempo y la caseta no se construyó. El árbol no se iluminó”, declaró la técnico, que sostiene que ella nunca llegó a ver la factura que se presentó posteriormente por parte de la empresa, Infogelan. “Para mí esa factura no existía porque no se hizo el trabajo”, insistió la técnico.

“Pese a ello”, subraya la juez en el auto, “la factura figura pagada” por el Ayuntamiento, aunque “en la misma no se plasma firma alguna” de esta técnico. “La participación por tanto de la señora Hernández se limita a su intervención en un proyecto que se presupuestó como real, pero cuya ejecución se frustró. Hasta ahí llega su conocimiento como técnico, sin que haya indicio alguno de su participación posterior en el cobro de la factura por unos trabajos no realizados”, sostiene la juez, acordando así el sobreseimiento de esta imputación.

Sin embargo, al igual que con los otros tres funcionarios que acaban de ser “desimputados”, la juez acuerda volver a citar a Rut Hernández, esta vez en calidad de testigo. Y en su caso, su declaración cobra especial importancia en la causa, ya que su testimonio confirmaría uno de esos pagos por servicios no prestados que se investigan en Unión.

Según los informes que obran en la causa, incluyendo un informe pericial de la Audiencia de Cuentas de Canarias, sólo con los distintos pagos a Infogelan se podrían haber malversado casi 1,2 millones de euros del Ayuntamiento de Arrecife entre los años 2007 y 2010. Y eso contando solo una de las empresas que se investigan en una de las piezas de Unión.

Además de por su firma en uno de esos expedientes, Ruth Hernández también había sido citada como imputada por una posible omisión en su supuesto deber de "dirección e inspección de los servicios de limpieza viaria, de parques y jardines y de recogida y transporte de los residuos sólidos urbanos", donde también se investigan pagos presuntamente fraudulentos.

Las defensas de otras dos funcionarias que estaban imputadas, Yoana Cabrera Machín y Loyola Hernández (que acaban también de quedar fuera de la causa) pidieron un informe para que se identificara a la persona que debía supervisar su trabajo en este departamento, que dependía del concejal Antonio Machín.

Tras recibir el informe municipal, en el que se apuntaba a la técnico Ruth Hernández, la juez decidió citarle también para que respondiera por estos hechos. Sin embargo, tras escuchar su testimonio y realizar las diligencias oportunas, concluye que tampoco se ha acreditado que tuviera una “función inspectora” en el momento de los hechos respecto a esas dos trabajadoras.


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NotaPublicado: Mar 27 Ene, 2015 6:53 pm 
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Según Diario de Lanzarote:

Enrique Hernández Martín, responsable de obras de la empresa FCC en la provincia de Las Palmas, reconoció este martes ante la juez Silvia Muñoz, que instruye el caso Unión, que pagó el viaje a Marrakech en diciembre de 2005 a la ex alcaldesa de Arrecife, Isabel Déniz, y su familia. Eso sí, el directivo de FCC dijo que Déniz le devolvió después el dinero en metálico aunque no aportó ninguna prueba ni testigo que lo pueda corroborar.

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La juez de Unión había solicitado que se identificara a los firmantes del pagaré de FCC que sirvió para abonar el viaje. Uno de ellos era Hernández y su versión es la siguiente: en una de las reuniones celebradas en el despacho de alcaldía por los problemas de impagos por la obra del pabellón de Argana (que adjudicó el Ayuntamiento a FCC), Déniz, a quien acababa de conocer unos meses antes, le pregunta si conoce alguna agencia de viajes que haga descuentos porque quiere irse de viaje con su familia.

Según la versión del delegado de FCC, él le contesta que puede conseguir un buen precio mediante Viajes Insular porque hacían descuento a la empresa; y le paga el viaje, aunque no recuerda qué tipo de descuento consiguió.

Después, aunque no recuerda la fecha, Déniz le pagó el coste del billete, unos 10.000 euros, en metálico, en su oficina de Las Palmas. Reconoce que no hay testigos de este hecho. Hernández, según su versión, no registró ese dinero en ningún sitio y lo fue cogiendo poco a poco a cambio de los adelantos que solía hacer por gastos para la empresa de desplazamientos, comidas, etc. Por otra parte, dijo que Déniz no le exigió una comisión por la adjudicación de la obra.

El delegado de FCC aseguró que conoció a Déniz a raíz de la firma del contrato para construir el pabellón de Argana y que conoció a Rafael Arrocha, ex jefe de la Oficina Técnica del Ayuntamiento, con posterioridad a la adjudicación. Una empresa de Arrocha, Gamma Install, fue contratada por FCC en el año 2004, antes de la adjudicación del pabellón. Hernández dijo que no sabía que Arrocha era administrador de la empresa.

En esta pieza de Unión se investiga, entre otras cosas, si Déniz recibió como dádiva de FCC el viaje a Marrakech a cambio de la adjudicación de las obras del pabellón. Además, la empresa de Arrocha hizo el proyecto eléctrico de este pabellón, que hoy está cerrado por las deficiencias en su construcción.

El delegado de FCC declaró que su sueldo es de unos 150.000 euros brutos anuales y que ahora ha disminuido algo. Hernández también era el delegado de FCC cuando se firmó con el Cabildo el contrato con la UTE Edam Janubio para construir la planta desaladora de Janubio, por la que la empresa pública Inalsa ha tenido que pagar 12 millones de euros sin que se construyera.

Por otra parte, el otro firmante del pagaré era Enrique Astorga, que declaró este martes por la mañana. Era un contable cuya función, según dijo él mismo, era firmar pagarés. Lleva jubilado siete años, trabajaba en la central de Madrid y tenía poderes para todas las empresas del grupo. Dijo que firmaba todos los días mil o dos mil pagarés.

Señaló que los pagarés debían llevar dos firmas y que no conocía a las otras personas que firmaban. De Enrique Hernández dijo que acababa de conocerlo en ese mismo momento. “Sólo tenía poder para firmar”, dijo, y aseguró que no sabía siquiera que se había pagado un viaje a la ex alcaldesa con ese pagaré. Señaló que quien controlaba los pagarés era el departamento de proveedores, del que estaba al frente Francisco Robledo Oliva.


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NotaPublicado: Lun 21 Mar, 2016 4:51 pm 
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Según La Voz de Lanzarote:

La juez Silvia Muñoz ha cerrado la instrucción de una de las piezas más importantes del caso Unión, centrada en la adjudicación del contrato de basuras a Urbaser, la adjudicación del contrato de obra del pabellón de Argana Alta y en la sociedad Gamma Install S.A. La magistrada mantiene en esta pieza la imputación a 17 personas. Entre ellas está la ex alcaldesa de Arrecife, María Isabel Déniz, para la que pide una fianza de casi 1,8 millones de euros.

En ese auto, fechado este mismo lunes, la juez instructora solicita también una fianza de 1.032.000 euros para el ex jefe de la Oficina Técnica de Arrecife, Juan Rafael Arrocha, y de 240.000 euros para el ex presidente del Partido de Independientes de Lanzarote, Dimas Martín. La juez da a los tres un plazo de tres días hábiles para depositar esas cantidades. De no hacerlo, el auto establece que se realice la "averiguación patrimonial" y se les embarguen los bienes que sea preciso para "cubrir dicha suma".

El auto recoge además el "sobreseimiento provisional y parcial" de las actuaciones contra Marco Aurelio Hernández Guerra y Miguel Ángel Leal. La magistrada considera que no ha quedado "debidamente justificada la perpetración de los delitos" por los que estaban siendo investigados. Así, de los 19 imputados que había en esta pieza, Muñoz la cierra finalmente con 17. Además de confirmar esas imputaciones, la juez Silvia Muñoz señala también que el marido de María Isabel Déniz, José Domingo Abreut Cabrera, deberá comparecer “en calidad de partícipe a título lucrativo”, por el “beneficio que pudiere haber obtenido de los efectos derivados de la actuación atribuida a doña María Isabel Déniz”.

Concretamente, la juez ordena seguir el trámite de procedimiento abreviado contra los 17 imputados. Esto implica entrar en la recta final para ir a juicio. Así, ahora corresponde a la Fiscalía y a las acusaciones personadas en el procedimiento presentar sus escritos de acusación y solicitar la apertura de juicio oral o si así lo consideraran el sobreseimiento de la causa o la práctica de diligencias complementarias. Para ello, la magistrada les da 30 días hábiles, decidiendo pues ampliar el plazo habitual “en atención al volumen y complejidad de la causa”.

Así, el auto de la juez Silvia Muñoz enumera a las 17 personas a las que mantiene la imputación y por qué delitos:

Dimas Martín (fundador del PIL): por los delitos contra la Administración Pública de cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa, fraude a la administración y uso de información privilegiada.

María Isabel Déniz (alcaldesa de Arrecife cuando se cometieron los hechos): por delitos contra la Administración Pública de cohecho, tráfico de influencias, delito de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa, fraude a la administración, información privilegiada, falsedad documental y blanqueo de capitales.

Felipe Fernández Camero (secretario del Ayuntamiento en el periodo de los hechos que se le imputan): por delitos contra la Administración Pública de cohecho, prevaricación administrativa, falsedad documental, revelación de información privilegiada y fraude a la administración.

Juan Rafael Arrocha Arrocha (Jefe de la Oficina Técnica): por delitos contra la Administración Pública en sus modalidades de prevaricación administrativa, tráfico de influencias, cohecho, delito de exacciones ilegales, revelación de información privilegiada y fraude a la administración, actividades prohibidas a los funcionarios públicos y falsedad documental

Matías Curbelo Luzardo (miembro del PIL y 'mano derecha' durante años de Dimas Martín): por delitos contra la Administración Pública de cohecho, malversación y fraude a la administración y prevaricación.

Francisco José Martínez Llerandi (director de Obras y Conservación de Urbaser): delito de cohecho, malversación y fraude a la Administración y prevaricación.

Stephan Jean Antoine Balverde (gerente de Urbaser): delito de cohecho, malversación y fraude a la Administración y prevaricación.

Jacinto Álvarez de la Fuente (empleado y responsable de Urbaser): delitos de cohecho, prevaricación Administrativa, tráfico de influencias, exacciones ilegales, revelación de información privilegiada y fraude a la administración y falsedad documental.

Santiago Alonso Herreros (director de Limpieza y Jardinería de Urbaser): por delitos contra la Administración Pública de cohecho, malversación y fraude a la Administración y prevaricación.

Manuel Andrés Martínez (director de Servicios Urbanos de Urbaser): por delitos contra la Administración Pública de cohecho, malversación y fraude a la Administración y prevaricación.

Francisco Javier Armas López (administrador de FCC): por delitos contra la Administración Pública de cohecho, malversación y fraude a la Administración y prevaricación.

Manuel Jesús Isidro Spínola Perdomo (proyectos Gamma 3, Gamma Install S.L. e Infraestruturas Cascosa S.L.): por delitos contra la Administración Pública de cohecho, malversación y fraude a la Administración, delito de actividades prohibidas a funcionario público y prevaricación.

Julio Romero Ortega: por delitos contra la Administración Pública de cohecho, malversación y fraude a la Administración y prevaricación.

Daniel Hernández Caraballo: por delitos contra la Administración Pública de cohecho, malversación y fraude a la Administración y prevaricación.

Rafael Antonio Corujo Gil de Montes: por delitos contra la Administración Pública de cohecho, malversación y fraude a la Administración y prevaricación.

Enrique Astorga González (FCC): por delitos contra la Administración Pública de cohecho, malversación y fraude a la Administración y prevaricación.

Enrique José Hernández Martín (FCC): por delitos contra la Administración Pública de cohecho, malversación y fraude a la Administración y prevaricación.

Esta pieza del caso Unión recoge una presunta trama de comisiones alrededor del servicio de recogida de basuras de la ciudad y de la construcción del pabellón de Argana. Así, en esta pieza cuya instrucción la juez acaba de concluir, se investiga la adjudicación supuestamente “fraudulenta” a Urbaser, la alteración del concurso público y la adjudicación directa de dos contratos de obra.

Según recoge el auto, existió un “concierto de voluntades delictivas” para que la empresa resultara adjudicataria del concurso. A lo largo de la instrucción, imputados como Matías Curbelo han confesado algunos de esos pagos. El que fuera la mano derecha de Dimas Martín confesó que había cobrado personalmente un soborno de Urbaser, de “entre 25 y 50 millones de pesetas”, que supuestamente se iban a “repartir” entre Dimas y María Isabel Déniz, a cambio de la adjudicación del contrato de recogida de basura y limpieza de Arrecife. A su confesión se suma además la de otros imputados en esta pieza, como la del que era gerente de Urbaser en Lanzarote, Jacinto Álvarez.

También forma parte de esta pieza el viaje que María Isabel Déniz realizó a Marrakech con ocho miembros de su familia y que fue pagado por FCC. El auto define ese viaje como una “dádiva” de “gratificación” a la ex alcaldesa por la adjudicación a esta empresa de las obras para construir el pabellón municipal de Argana que se produjo en esas fechas (y que actualmente lleva tres años cerrado por sus numerosas deficiencias). Fue el propio Dimas Martín quien entregó al Juzgado la factura de ese viaje, en el que, entre otros miembros de la familia de Déniz y la propia ex alcaldesa, participó su marido.


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NotaPublicado: Lun 21 Mar, 2016 4:56 pm 
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Según Diario de Lanzarote:

“Sin ánimo exhaustivo, puede afirmarse que las dádivas” percibidas por la ex alcaldesa de Arrecife, María Isabel Déniz, desde el año 2000 hasta que perdió las elecciones y dejó la política, “ascenderían a 449.698,34 euros”. Así lo recoge el auto de la juez Silvia Muñoz, instructora del caso Unión, que ha concluido la pieza relacionada principalmente con la trama de la recogida de basura en Arrecife y la construcción del pabellón de Argana.

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Un informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil concluye que Déniz percibió ingresos y efectuó compras en efectivo “sin justificar” el origen del dinero por 400.881 euros entre los años 2000 y 2010, a lo que habría que sumar regalos como un viaje a Marruecos valorado en 17.340 euros (que pagó FCC), otro viaje a Kenia valorado en 14.400 euros (que pagó Urbaser), un reloj Rolex valorado en 4.750 euros o billetes de avión y alojamiento en Madrid valorados en 10.824 euros, pagados también por Urbaser.

La Agencia Tributaria, en otro informe sobre la ex alcaldesa de Arrecife, también concluye que, entre 2002 y 2006, en pleno apogeo de su mandato en la alcaldía, “se aprecian una serie de discrepancias entre el patrimonio declarado y las rentas”, con “especial intensidad a partir del año 2002 en adelante”.

La juez destaca de María Isabel Déniz “una ambición por enriquecerse desmedida” y la acusa de efectuar “exigencias periódicas” a Urbaser, que según concluye la investigación, obtuvo el contrato para la recogida de basura, limpieza de calles y mantenimiento de jardines en la capital, gracias a la alteración del concurso público.

En el auto de la juez Silvia Muñoz se detallan dádivas a María Isabel Déniz, como “42.000 euros en efectivo” o el citado reloj Relox, así como “3.600 euros a pagar a emisoras de radio para que ‘hablen bien de María Isabel’”, o los 48.000 euros y un viaje para la ex alcaldesa, su esposo, el entonces secretario municipal, Felipe Fernández Camero, y su esposa, a Galicia, con alojamiento en ‘gran suite’ en el Hostal Reyes Católicos, que se encuentra en la Plaza del Obradoiro de Santiago.

Entre las dádivas también se incluyen “gastos de 3.000 euros mensuales para ropa y peluquería”, otros 30.000 euros entregados el 30 de abril de 2003, “probablemente el pago de la residencia de estudiante de su hija Omaira en Madrid en el año 2004” e, incluso, “la asistenta doméstica” de la ex alcaldesa entre 2005 y 2006, contratada por Urbaser. En el listado, que anotaba el ex gerente de Urbaser en Lanzarote, Jacinto Álvarez, en lo que la juez define como un “diario de un cohecho continuado”, aparecen numerosos gastos en viajes a Madrid, como dos entradas para la ópera ‘Don Carlo’ en la platea del Teatro Real, a 237 euros cada una.

La juez Silvia Muñoz subraya en su auto que el patrimonio de María Isabel Déniz se incrementó mientras fue alcaldesa de forma notable sin que su origen se encuentre “justificado”. Al contrario, destaca que “excede en mucho de las posibilidades de la unidad familiar”. Así, hace una relación a modo de ejemplo de “inversiones en las que el origen del dinero no encuentra justificación”.

En el auto se resalta que Déniz canceló el 8 de octubre de 2004 la hipoteca que gravaba su vivienda en Playa Honda, y que compró junto a su marido una finca frente al parque eólico de Los Valles valorada en 36.060 euros, donde ejecutó obras por 93.959 euros, “recibiendo el 9 de octubre de 2004 un cheque en su cuenta bancaria de 94.000 euros”.

El 8 de octubre de 2004 también compró una vivienda en Famara valorada en 120.000 euros, que tras ser adquirida quedó mejorada con la construcción de una piscina. En febrero de 2008, el matrimonio compra otro inmueble en Las Palmas valorado en 140.000 euros. Entre 2002 y 2006, Déniz y su esposo desembolsaron al menos 86.667 euros en adquirir vehículos. Poseían hasta ocho, según la investigación.

La juez Silvia Muñoz resalta que el 9 de mayo de 2006, María Isabel Déniz “ingresó en una cuenta común con su esposo la cantidad de 80.000 euros”, a razón de “54 billetes de 500 euros, 15 billetes de 200 euros y 500 billetes de 100 euros, cuyo origen se desconoce”.


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Traducción al español por Huan Manwë para phpbb-es.com