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NotaPublicado: Sab 09 Feb, 2013 7:57 am 
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Fuente diariodelanzarote.com:

Dimas Martín ha repetido incansablemente a lo largo de su vida que es un animal político, que la política es su dedicación y que no se ha enriquecido con esa actividad. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil no opina lo mismo. En un informe patrimonial sobre el político de Guatiza que ocupa 134 páginas, elaborado dentro del caso Unión y que se terminó en diciembre de 2011, le considera un empresario que administra y gestiona sociedades mercantiles y que ha acumulado un gran patrimonio en bienes inmuebles.

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Dice la UCO que, tras investigarlo, “se desprende que la actividad económica y patrimonial de Dimas Martín y el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que se le imputan son consecuentes con una actividad puramente empresarial y sólo desde esta visión se puede encontrar justificación a ciertos aspectos de su patrimonio”.

Los agentes no dejan de lado su actividad política y su influencia en las administraciones locales de la Isla y destacan el puesto que ocupan sus hijos: Fabián, consejero del Cabildo y ahora también parlamentario, José Dimas, concejal y ex alcalde de Teguise, mientras que las dos mujeres tienen cargos de responsabilidad en la Administración: Susana es gerente del servicio insular de deportes y Elena, jefa del departamento de compras del Ayuntamiento de Arrecife.

Lo que también revela el informe es que los hijos forman parte de los negocios de su padre: los cuatro son socios a partes iguales de la sociedad Gestión y Desarrollo Gaida, y realizaron en 2001 una ampliación de capital.

Gaida es la principal mercantil que utilizó Dimas para realizar gestiones inmobiliarias, para participar en otras sociedades como Los Ojos del Cielo, Televolcán, RTV Lanzarote y Obras y Reformas Cabo Blanco, entre otras, y para, según la investigación, intentar ocultar su patrimonio y eludir la multa de 5,7 millones de euros que debe pagar a la Justicia por la sentencia del Complejo Agroindustrial de Teguise y que no afronta porque se considera insolvente. Dimas cumple una condena de ocho años de prisión y no accede al tercer grado porque no satisface esa deuda.

La administradora de Gaida es su hija Susana, detenida en la operación Unión, aunque ella misma reconoció que desconocía la actividad de la empresa y se limitaba a firmar cuando se lo pedía su padre. El propio Dimas aseguró ante el Juzgado que era él quien controlaba la sociedad y que ejercía de administrador de hecho.

Con esa sociedad ganó más de un millón de euros en comisiones realizando, sobre todo, labores de intermediación entre el empresario almeriense José María Rossell, propietario del principal grupo hotelero de Andalucía, y a quien se considera uno de sus testaferros, y el Ayuntamiento de Teguise.

Concretamente, entre 2001 y 2003 ganó 760.000 euros por intermediar ante el Ayuntamiento gobernado por su propio partido para que dos empresas consiguieran licencias y prórrogas urbanísticas (que luego resultaron ilegales), y por la compra venta de una clínica en Arrecife, que tampoco llegó a abrirse y que estaba junto a los Juzgados. En 2005 y 2006 obtuvo otros 400.000 euros por la venta de fincas y de sus participaciones en una sociedad.

La Guardia Civil le adjudica a Dimas todas las propiedades de su entorno y de las sociedades que maneja a través de testaferros. Se trata de 48 fincas, algunas de ellas rústicas, pero muchas urbanas, como una gran cantidad de solares en Los Cocoteros, cuatro parcelas, tres apartamentos y tres locales comerciales en Costa Teguise; tres casas (Guatiza, Los Lajares y Yaiza), una oficina en Arrecife y un almacén en La Graciosa, que Dimas tenía valoradas en cuatro millones de euros.

Dimas Martín no tenía nada a su nombre pero disponía de personas que ingresaban dinero en efectivo o en cheques en cuentas que él manejaba, como su hija Susana y una cuenta en Almería, o Tomás Feo y su hija Carmen Dolores, que trabajaba como administrativa para el PIL y que le ingresaron hasta 77.000 euros en diversas ocasiones por orden suya o Matías Curbelo que llegó a ingresar 150.000 euros.

Para sus negocios utilizaba todo un entramado de sociedades cuyos administradores son considerados como testaferros: José María Rossell y José Gonzalo Gil Acosta, Samuel Lemes, José Ramón Vizcaíno o Marcial Rodríguez, marido de Plácida Guerra, ya fallecido.

Según la Guardia Civil, Dimas intentó ocultar gran parte de sus propiedades para eludir la sentencia del Complejo agroindustrial, e hizo transmisiones de esas fincas de unas sociedades a otras, aunque él las seguía controlando.

Los negocios de Dimas se iniciaron con la urbanización Los Cocoteros a mediados de los años setenta, y treinta años después seguía intentando desarrollar un plan parcial en esa zona, para lo que contaría con la colaboración de Rossell. Muchas de esas fincas tienen anotaciones de embargo por los impagos de Martín, que construyó 110 apartamentos en aquella zona pero vendió más de 300.

Los bancos, principalmente la Banca March, han tenido o tienen embargadas estas propiedades, pero después las habría recuperado a través de sociedades en las que no aparece Dimas pero en las que tendría el control. Esas propiedades le sirven, igualmente, para ponerlas como aval para solicitar préstamos o como garantía de pago para dos supuestas deudas con Rossell y con Vizcaíno.


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NotaPublicado: Lun 11 Feb, 2013 8:59 am 
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Fuente diariodelanzarote.com:

Fabián Martín, presidente del PIL, parlamentario y licenciado en Farmacia, regenta una farmacia en la localidad de Tías desde el año 2006, cuando tenía 27 años. Según la investigación patrimonial realizada a su padre, la adquirió gracias dos operaciones de crédito, una de 2,2 millones de euros que le concedió el Banco Banif, filial del Santander, y un préstamo personal de 345.000 euros que acordó con el anterior propietario, Leopoldo Cabrera Lasso, que fue secretario de organización del PSOE insular, después se pasó a las filas del PIL y fue consejero de la empresa pública de aguas Inalsa.

Para poder cerrar ambas operaciones tuvo que poner como aval cinco bienes inmuebles que pertenecen a las sociedaes que controlaba Dimas Martín y que están valorados en un millón de euros. Para el crédito personal, Fabián puso como aval la finca de Los Rostros (Yaiza) que se encuentra en suelo rústico y por la que hay abierta una pieza separada en la Operación Unión.

La finca sobre la que se construyó la casa se la traspasó Dimas Martín a su mujer Elena por 800 pesetas en el año 2002, y ahora construida se valora en 210.000 euros. Para pedir el préstamo se presentó un informe de tasación que señalaba quela casa estaba construida en 1986, cuando la investigación cree que es posterior al año 2002.

A Cabrera Lasso, la sociedad Gaida, controlada por Dimas, le paga tres meses antes de firmar el préstamo 60.000 euros, que podrían venir, según la UCO , de un cheque falsificado, ya que el mismo día que se paga esa cantidad se ingresa en la misma cuenta un talón librado por Guatiza Bay (una de las mercantiles que la Guardia Civil cree que Dimas controla aunque no sea el administrador) y firmado por su administrador Jorge Solana, que en su declaración dentro del caso Unión afirmó que no era su firma y que Guatiza Bay nunca había tenido cuenta en Solbank, de donde parte el cheque. La otra finca que se pone como aval es una finca urbana en Costa Teguise, junto al Hotel Beatriz, valorada en 253.000 euros y comprada a Ercros.

El crédito de 2,2 millones lo avalan otras tres propiedades: una oficina en la calle Canalejas, un apartamento en el complejo Nautilus en Costa Teguise y la casa de Susana Martín en Guatiza, las tres pertenecienetes a Gaida y traspasadas a Obras y Reformas Famara, cuyo administrador es José María Rossell (dueño del Hotel Playa Verde en Costa Teguise y detenido en el caso Unión), en teoría para garantizar el pago de una deuda pero supuestamente para evitar el embargo por la sentencia del Complejo agroindustrial.

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La de la callle Canalejas es una oficina de 178 metros que se alquiló a una autoescuela y que tiene un valor aproximado de 215.915 euros. Sobre ella pesa un embargo judicial por parte del Instituto Perfiles, una empresa especializada en realizar encuestas, a la que Dimas debería 74.000 euros por una encuesta para el PIL. La segunda es un apartamento en Nautilus de 76 metros y 114.000 euros de valor, también con anotación preventiva de embargo. La otra es la casa de Susana en Guatiza, valorada en 236.000 euros.

La Guardia Civil dice que detecta la intervención de Dimas tanto en ese préstamo como en otro a su hija Susana de la Caja Rural por 108.000 euros, ya que Dimas reconoce en un correo electrónico que lo “paga religiosamente”. Este préstamo se cancela a los tres años con un ingreso de origen desconocido de 88.000 euros.

Según la Guardia Civil, Dimas habría dicho a sus socios de Playaventura (Rossell) que utilizaría el préstamo de la farmacia para tener liquidez y realizar la compra de unas fincas para la operación del plan parcial Los Cocoteros.


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NotaPublicado: Mar 12 Feb, 2013 10:16 pm 
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Según La Voz de Lanzarote:

La sombra de los pagos por servicios no prestados o por facturas “infladas” en el Ayuntamiento de Arrecife, que alcanza a Urbaser y a otras muchas empresas, ha llevado a investigar también a un primo de la ex alcaldesa, María Isabel Déniz de León. Según un informe de la Unidad Central Operativa (UCO), incluido en el sumario del caso Unión, Ángel Ramón Tejera de León facturó al Consistorio más de 325.000 euros a través de dos empresas en sólo dos años, cuando Déniz estaba al frente de la Alcaldía.

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Concretamente, el informe de la UCO señala que en 2005, Lanzelot Pintura y Decoraciones S.L. facturó 42.315 euros al Ayuntamiento. Al año siguiente, la facturación de esa misma empresa se disparó hasta los 211.465 euros. Además, ese mismo año 2006, la empresa Angranting SA Unipersonal, administrada por el primo de Isabel Déniz, facturó otros 75.516 euros al Consistorio.

La UCO rastreó estos pagos en el marco de la investigación sobre el patrimonio de María Isabel Déniz, que se disparó durante su etapa de alcaldesa, y también al cotejar las anotaciones en las agendas del ex gerente de Urbaser, Jacinto Álvarez, que durante años apuntó los presuntos sobornos que pagó a cargos públicos y funcionarios, y también otros supuestos hechos delictivos relacionados con terceras personas.

En esas agendas que intervino la UCO, “aparecen anotaciones refiriéndose al pago de facturas ficticias por servicios no prestados al Ayuntamiento de Arrecife, por empresas del primo de la alcaldesa”. Así lo señalan los agentes en su informe, en el que citan algunas de esas anotaciones.

En una de las agendas, Jacinto Álvarez se refería a Ángel Ramón Tejera afirmando que “tiene una empresa que le hace trabajos (facturas) al Ayuntamiento sin consentimiento de los técnicos y el depositario le está rechazando las facturas por ilegales y los tiene amenazados con llevarlos a la Fiscalía”. Poco después, Jacinto Álvarez hizo una nueva anotación, afirmando que el entonces jefe de la Oficina Técnica, Rafael Arrocha, había firmado finalmente una factura para pagar, a través de una tercera empresa, a Ángel Ramón Tejera. “Arrocha se la firma para salvar a su primo y salvarse ella”, anotó el gerente de Urbaser en sus cuadernos.

Como éstas, se repiten otras anotaciones a lo largo de dos años. En una de ellas, Jacinto Álvarez reitera que “a un primo que le hace obras al Ayuntamiento le ha pagado cantidad de facturas ficticias”. En otra, asegura que “Arrocha dice que el primo de la alcaldesa “Mon” (apodo con el que sus conocidos se refieren a Ángel Ramón Tejera de León) es un testaferro de ella y factura lo que le viene en gana”.

En el informe sobre el patrimonio de María Isabel Déniz, que durante sus años como alcaldesa adquirió dos viviendas, casi una decena de vehículos, dos embarcaciones, joyas y obras de arte, también se incluye la compra de un Mercedes-Benz. Y es que aunque este coche no figura a nombre de la ex alcaldesa ni de su marido, “en realidad es utilizado de hecho” por ellos, según la UCO. Y quien pagó varios plazos de ese coche fue precisamente el primo de Déniz.

La adquisición de ese Mercedes se remonta al año 2008, cuando lo compró una empresa por 25.500 euros. Sin embargo, cuatro meses después, esta empresa empezó a recibir pagos de Ángel de Ramón Tejera de León, que abonó varios plazos del coche, con entregas de entre 2.000 y 4.000 euros. En total hizo cuatro ingresos en cinco meses: dos de ellos a su nombre y otros dos a nombre de las empresas Angranting SA Unipersonal y Lanzelot Pintura y Decoraciones.

Sin embargo, el último ingreso a la empresa titular de vehículo lo hizo el propio marido de María Isabel Déniz. Fue en diciembre de 2009 y pagó 10.000 euros en efectivo, sin que en esas fechas conste ninguna extracción de dinero por ese importe en las cuentas de la familia. La factura de ese último pago, según la UCO, la hicieron a nombre de María Isabel Déniz.

Pese a los distintos pagos que se realizaron durante ese año (en total 22.000 euros) y a que el vehículo era utilizado por María Isabel Déniz, que incluso pagó el seguro del coche, el Mercedes sigue estando sin embargo a nombre de la empresa que lo compró originalmente.

El administrador de esta sociedad fue llamado a declarar como testigo por la UCO, y aseguró que el coche sigue a su nombre porque al comprador le queda pendiente por abonar la cantidad de 3.500 euros. Es decir, que según su testimonio y los datos recabados por la UCO, él compró el coche y lo vendió cuatro meses después por el mismo importe que había pagado, aunque asegura que aún le deben una de las cuotas. Y aunque Ángel Ramón Tejera de León “contribuyó con 12.000 euros para la adquisición del Mercedes”, según la UCO, el vehículo fue en realidad utilizado siempre por María Isabel Déniz y su marido.


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NotaPublicado: Jue 14 Feb, 2013 9:07 am 
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Fuente canarias7.es:

El Partido de Independientes de Lanzarote (PIL) no incluyó en sus cuentas de los años 2005 y 2006 ayudas públicas recibidas de más de 170.000 euros, según el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas, incorporado al sumario del caso Unión, para investigar si pudo haber financiación ilegal.

El informe de fiscalización de las cuentas del PIL del año 2007, en el que se auditó la campaña electoral, detecta algunas anomalías contables de bulto. En dicho informe, incorporado al sumario del caso Unión que se sigue en el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Arrecife, en el que se investiga la supuesta financiación irregular del partido, se hace referencia a la no inclusión en la contabilidad del partido de importantes sumas de dinero recibidas por la formación en concepto de subvenciones.

En concreto, el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas señala que del análisis de las comunicaciones recibidas de las entidades locales, en los años 2005 y 2006, se contabilizan importantes sumas de dinero no incluidas en dicha contabilidad.

Así, «en 2005 el PIL recibió 51.240 euros en subvenciones de los que 37.380 no figuran contabilizados en ninguno de los ejercicios». Además, según información cotejada con el Ayuntamiento de Arrecife, la misma formación insularista recibió en 2006, un total de 9.075 euros de los que sólo figuran en contabilidad 4.597 euros; y en 2005 se abonaron al mismo partido político 13.883 euros, que no figuran contabilizados en ningún ejercicio.

En el apartado de subvenciones a grupos parlamentarios dice también el informe de 2006 que de la solicitud de información a las Cortes Generales y Asambleas Legislativas autonómicas se obtiene que la subvención recibida del Parlamento de Canarias al Grupo Mixto, del que formaba parte el PIL, asciende a 120.048 euros, no incluidos en la contabilidad rendida.

El informe de fiscalización del ejercicio de 2006 también señala que «frente a unos ingresos de 27.523 euros, figuran registrados gastos por un importe total de 98.805,38 euros, lo que ha ocasionado un resultado negativo en el ejercicio de 71.281 euros, correspondiendo la mayor parte a gastos de servicios exteriores», dice como colofón el informe.


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NotaPublicado: Jue 14 Feb, 2013 1:56 pm 
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Fuente lavozdelanzarote.com:

Los primeros pasos del caso “Unión” ya desvelaron que Dimas Martín cobraba presuntos sobornos a empresarios, a cambio de influir sobre los cargos públicos de su partido para que favorecieran sus intereses, adjudicándoles contratos o abonándoles facturas. Sin embargo, los informes posteriores de la UCO reflejan también un cobro de comisiones revestido de “legalidad” por parte del líder del PIL, vinculado a la concesión de licencias urbanísticas.

Al rastrear el patrimonio oculto de Dimas Martín, dentro ya de la Operación “Jable”, los agentes localizaron pagos “oficiales” de cientos de miles de euros a una de sus empresas, por supuestos servicios de “gestión” para la obtención de licencias en Costa Teguise, donde gobernaba el Partido de Independientes de Lanzarote.

La empresa, Gestión y Desarrollo Gaida S.L., estaba a nombre de sus cuatro hijos (Susana, Elena, Fabián y José Dimas Martín), con Susana Martín como administradora. Sin embargo, el propio Dimas era quien la dirigía y “daba las órdenes”, según admitió él mismo tras su segunda detención, dentro de la Operación “Jable”. Sólo entre 2001 y 2003, la empresa ingresó al menos medio millón de euros por esos servicios de “gestión” de licencias.

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La mayoría de esos pagos fueron realizados por José María Rosell, un empresario andaluz que también fue detenido e imputado en esta causa, como presunto testaferro de Dimas. A través de una de sus sociedades, Grupo Hoteles Playa S.A., Rosell firmó un contrato el 22 de febrero de 2001 con la empresa de Dimas, para que ésta gestionara la obtención de licencias en dos parcelas de su propiedad: la 232 y la 216 del Plan de Ordenación de Costa Teguise.

En este contrato, que fue localizado por la UCO dentro de esta investigación, Gestión y Desarrollo Gaida se comprometía a “llevar a cabo cuantos trámites sean precisos ante los organismos correspondientes, especialmente Oficina del Plan de Ordenación de Lanzarote, dependiente del Cabildo de la isla, Consejerías de Política Territorial y de Turismo de Gobierno de Canarias y Ayuntamiento de Teguise, hasta conseguir la obtención de las licencias de construcción, con arreglo a los proyectos que el Grupo Hoteles Playa presentará en los mencionados organismos”. Ese mismo día, Rosell entregó dos pagarés por importe de 270.455 euros, que fueron ingresados en la cuenta de la empresa de Dimas Martín.

Nueve meses después, el entonces alcalde de Teguise, Juan Pedro Hernández (que en aquella época militaba en el PIL y formaba parte del círculo más cercano a Dimas) concedió la licencia a José María Rosell para construir un hotel de 600 plazas en la parcela 216 de Costa Teguise, ubicada junto al hotel Playa Verde, propiedad del mismo empresario.

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El hotel es hoy un esqueleto a la entrada de Costa Teguise, ya que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias paralizó las obras en el año 2005. Después, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Las Palmas declaró ilegal la licencia y una segunda prórroga de la misma, afirmando que en su concesión hubo “una auténtica omisión total y absoluta del procedimiento”. Según la sentencia, el alcalde concedió los permisos (una prórroga de una licencia anterior que había perdido vigencia e incumplía la moratoria insular) pese a que no contaba con informe del Cabildo, y tampoco con informes técnicos y jurídicos de la Oficina Técnica municipal de Teguise.

En el contrato firmado entre la empresa de Dimas y Rosell para gestionar esta licencia, se establecía que los 270.455 euros se destinarían a “los gastos que se produzcan como pago a los diferentes organismos por derechos o tasas de la obtención de licencias”, quedándose Dimas con unos “honorarios de un 10 por ciento de la liquidación final que resulte”.

Sin embargo, la UCO no ha podido determinar si realmente se utilizó parte de ese dinero para abonar “algún pago derivado de los gastos de las oportunas licencias”. Lo que sí encontraron los agentes fueron dos pagarés entregados a Adelfas 24 S.L., una sociedad perteneciente al abogado Felipe Fernández Camero, por la elaboración de dos informes relativos a las parcelas de Rosell.

Uno de los pagarés abonados a Fernández Camero por la empresa de Dimas era de 2.126 euros y el otro de 1.890 euros, correspondientes a las minutas por realizar esos informes: uno sobre la parcela 216 y otro sobre la 232. El primero se elaboró diez días antes de que el alcalde de Teguise concediera la licencia al hotel de José María Rosell, sin contar con otros informes del Cabildo ni del propio Ayuntamiento.

En el concepto de la factura abonada a Fernández Camero, se especificaba que correspondía a los “servicios jurídicos prestados a Hoteles Playa Canarias S.L., consistentes en la emisión de un dictamen fechado el 19 de noviembre de 2001, sobre la vigencia de la licencia otorgada por el Ayuntamiento de Teguise para construir un hotel de cinco estrellas en la parcela 216 de la urbanización Costa Teguise”. Una vigencia que realmente no existía, tal como determinaron después los Tribunales, al paralizar las obras y declarar ilegal la prórroga de esa licencia.

Además de los 270.000 euros de esta operación, José María Rosell entregó otras cantidades a la empresa de Dimas Martín por gestiones similares. En el año 2002, Susana Martín, como administradora de Gestión y Desarrollo Gaida S.L., firmó otro contrato con una empresa de Rosell, en este caso Inversiones Turísticas Inmo S.L., para gestionar licencias de construcción en la parcela 205 de la Urbanización La Maleza, también en Costa Teguise.

En este caso, Rosell entregó a Dimas algo más de 480.000 euros, aunque al día siguiente (el 19 de agosto de 2002) se transfirieron 420.708 al Ayuntamiento de Teguise. La propia Susana Martín entregó después un escrito en el Consistorio, en el que informaba de la intención de “proceder al cambio de uso de las parcelas de turístico a residencial” y de haber realizado el ingreso “voluntario parcial a cuenta de la liquidación que en su momento realice ese Ayuntamiento sobre los derechos a pagar por la concesión de dicha licencia”.

El resto del dinero entregado por Rosell en esta operación, 51.117 euros, fue utilizado por la familia de Dimas Martín, con varias disposiciones en efectivo de entre 1.800 y 6.000 euros, con transferencias y con una orden de pago de 19.105 euros a un hermano de Dimas en Orlando, Florida.

Por otra parte, la UCO también localizó tres facturas por importe de 342.856 euros, relacionadas con otro pago de Rosell a la empresa de Dimas por la supuesta intermediación en la compraventa de la parcela 232 de Costa Teguise, aunque en este caso la investigación no ha encontrado asientos contables del ingreso de esa cantidad.

Aunque la mayor parte de los ingresos por la “intermediación” con el Ayuntamiento de Teguise vienen de José María Rosell, la empresa de Dimas también firmó contratos similares con otras sociedades. Uno de ellos, con Urincasa S.A., que pretendía conseguir una prórroga de la licencia para construir 372 apartamentos. En el contrato, la empresa también pedía que se incluyera la “legalización de calle de rodadura”, “unificación de parcelas” y “realizar locales comerciales”, entre otras cosas.

Urincasa se comprometía a entregar 180.304 euros iniciales y otros 300.506 euros “previa presentación de la factura a la renovación definitiva de la licencia correctamente legalizada”. El 1 de marzo de 2003, se ingresaron los 180.304 euros en la cuenta de Gestión y Desarrollo Gaida S.L., aunque no hay constancia del otro pago.

En cuanto a los 180.304 euros, según la UCO, no hay constancia de que se utilizaran para ningún pago relativo a las licencias de Urincasa. Lo que sí han conseguido acreditar es la compra de varias parcelas por parte de la empresa de Dimas, justo unos días después de recibir ese dinero.

Además, Gestión y Desarrollo Gaida S.L. también cobró en el año 2002 como intermediaria en la compraventa de una clínica de Arrecife. Según los documentos localizados por la UCO, Dimas acordó por escrito una comisión de 47.479 euros, aunque en su cuenta encontraron un ingreso de 270.451 euros en relación con esta operación, sin que esté acreditado cuánto destinó a los posibles trámites para ejecutar esa compraventa.

En uno de los ordenadores intervenidos a Dimas Martín durante los registros realizados por la UCO, encontraron varios archivos relativos a esa clínica. Y en uno de ellos, se habla no sólo de la compra, sino también de la situación urbanística de la parcela y de que “se quiere cambiar su uso de clínica a comercial y oficinas a través del Plan General”. En ese momento, en Arrecife también gobernaba el Partido de Independientes de Lanzarote, con María Isabel Déniz como alcaldesa.


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NotaPublicado: Vie 15 Feb, 2013 9:24 am 
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La ex alcaldesa de Arrecife, María Isabel Déniz y el ex secretario municipal, Felipe Fernández Camero, recurrieron cuando se levantó el secreto de sumario de Unión ante el Juzgado número 5 de Arrecife que instruye el caso, todos los autos por los que se prorrogó ese secreto desde julio de 2008 hasta octubre de 2012, así como su detención y el registro domiciliario de la casa de Isabel Déniz.

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El recurso lo tendrá que resolver el propio Juzgado, que probablemente no lo admita, y posteriormente lo debería hacer la Audiencia provincial, que ya le dio la razón a Déniz en este caso al decretar su puesta en libertad cuando llevaba un mes encarcelada, contra el criterio del Juzgado.

La Audiencia también le ha dado la razón a Fernández Camero el pasado mes de enero al retirarle las medidas cautelaras que se le habían impuesto. Con estos recursos, Déniz y Camero pretenden anular gran parte de las actuaciones del caso Unión.

Sobre la prórroga del secreto de sumario consideran que no estaba justificada alargarla durante cuatro años, porque ni uno ni otro podían interferir sobre las diligencias que se estaban practicando, y sostienen que los autos judiciales están faltos de motivación.

En cuanto a la detención de Déniz, señala su defensa que “nada se dice de por qué creyó el instructor” del caso, entonces el juez César Romero Pamparacuatro, que “no iba a comparecer ante un llamamiento judicial” y que al decretarse su incomunicación se le privó del derecho a la defensa. También destaca que la Fiscalía se opuso a la medida de la incomunicación.

Sobre el registro domiciliario, la defensa de Déniz alega que no se daban las circunstancias para autorizarlo ya que, según su defensa, el juez contaba con pocos elementos de prueba y que además eran sobre un presunto delito cometido muchos años antes del registro, por lo que consideran que la medida es “desproporcionada, carente de idoneidad e innecesaria, al margen de que el delito imputado [...] no obedecía más que a meras sospechas”.

Tanto Déniz como Camero están acusados, dentro del caso Unión, de participar en el amaño del concurso de limpieza urbana y residuos concedido a la empresa Urbaser en el año 2002 y de recibir a cambio, supuestamente, algún tipo de dádiva, como un viaje en el caso de Fernández Camero y dinero, regalos o viajes, en el caso de Déniz.


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NotaPublicado: Vie 15 Feb, 2013 1:39 pm 
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Los viajes de María Isabel Deniz y su familia se han convertido en uno de los ejes del caso “Unión”, que sostiene que varias empresas pagaron las vacaciones de la ex alcaldesa y de otros cargos públicos y funcionarios, incluyendo al entonces secretario de Arrecife, Felipe Fernández Camero, a destinos como Tanzania y Marruecos. Sin embargo, al dirigirse a distintas agencias de viajes en busca de pruebas, los agentes de la UCO no sólo encontraron facturas de viajes privados pagados por Urbaser y Fomento Construcciones y Contratas, sino también por el propio Ayuntamiento de Arrecife.

En uno de los atestados de la UCO, se recoge la información aportada por una de las agencias de viajes, que sólo en el año 2004 cobró hasta tres facturas del Ayuntamiento de Arrecife, por viajes realizados por María Isabel Déniz y sus familiares.

La primera de ellas, fechada el 18 de junio, incluye un vuelo a Madrid a nombre de María Isabel Déniz, y otro a nombre de su hija, así como una noche de alojamiento en el lujoso hotel Reina Victoria. En total, la factura pagada con dinero público ascendió a 980,77 euros, por un viaje entre el 24 y el 25 de junio.

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Sólo cuatro días después, la hija de María Isabel Déniz volvió a viajar a Madrid, aunque esa vez ni siquiera voló con la entonces alcaldesa. En esa ocasión se desplazó a la capital con su padre, aunque la factura, por valor de 717,87 euros, también fue cargada al Ayuntamiento de Arrecife. El marido y la hija de Isabel Déniz volaron el 19 de junio y regresaron al día siguiente, y también se alojaron el hotel Reina Victoria.

En la página web de este establecimiento, la empresa lo define como un “hotel de lujo”, “estratégicamente situado en el centro de la ciudad, con fácil acceso a los principales puntos de interés como son los Museos del Prado, Thyssen-Bornemisza y Reina Sofía, el Parque del Retiro, el Congreso, Puerta del Sol, Plaza Mayor, el Palacio Real y la zona comercial y empresarial”, y también destaca su terraza "The Roof", que califica como “una de las 10 mejores de España”, y tiene unas vistas privilegiadas.

Además, en esas fechas el Ayuntamiento pagó un tercer viaje a familiares de la alcaldesa, en este caso a su hermana, Carolina Déniz. La factura, por importe de 621,77 euros, corresponde a dos billetes de avión, uno a nombre de María Isabel Déniz y otro a nombre de su hermana. Ambas volaron juntas a Barcelona el 7 de mayo de 2004.

Carolina Déniz, que es juez y también ha sido viceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias, ya fue llamada a declarar como testigo en el caso “Unión”, por su participación en otro viaje junto a la ex alcaldesa y varios miembros de su familia. En ese caso, se fueron a Marruecos y la factura fue abonada por Fomento Construcciones y Contratas, en lo que la investigación sostiene que pudo ser un presunto soborno a María Isabel Déniz a cambio de la adjudicación de obras. Otros participantes en ese viaje, como el marido de la ex alcaldesa, también fueron llamados a declarar como testigos.

Además de este viaje a Marruecos realizado en 2005, en la causa también se investigan otras vacaciones de María Isabel Déniz. Según la investigación, la entonces alcaldesa viajó a Tanzania del 17 al 27 de enero de 2004 junto a Felipe Fernández Camero y las parejas de ambos, en un viaje presuntamente pagado por Urbaser.

En las agendas incautadas al ex gerente de la empresa en Lanzarote, Jacinto Álvarez, constan varias anotaciones de las supuestas exigencias que le hicieron tanto María Isabel Déniz como Felipe Fernández Camero para que pagara ese viaje. En uno de esos apuntes, Jacinto Álvarez aseguraba que ya les había entregado 14.000 euros “para un viaje que iba a hacer a Kenia” (país limítrofe con Tanzania), así como los billetes a Madrid. Respecto a esos vuelos de enlace con la capital, la UCO localizó las facturas en una agencia de viajes, y fueron pagadas por Urbaser.

Menos de tres meses después de ese viaje a Tanzania, el 3 de abril de 2004 consta otro viaje de María Isabel Déniz, en este caso a Cuba, y acompañada de nuevo por su marido y sus hijos, así como por Felipe Fernández Camero y su mujer. La UCO localizó una factura conjunta del viaje, a nombre de la ex alcaldesa, “desconociéndose la forma de pago, al no aparecer adeudos similares al total de la factura en las cuentas relacionadas con María Isabel Déniz”.

Por ello, los agentes creen que el viaje pudo ser abonado con dinero negro, procedente de un presunto soborno. En esas fechas, Jacinto Álvarez también realizó anotaciones en su peculiar agenda, en las que señalaba a una posible empresa que podría haber abonado ese viaje.


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NotaPublicado: Vie 15 Feb, 2013 1:46 pm 
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Fuente diariodelanzarote.com:

La jueza del Juzgado número 5 de Arrecife, María Jesús Hernández, que se ocupa del caso Unión, dictó un auto este jueves en el que considera que existieron indicios claros de malversación de caudales públicos en el Ayuntamiento capitalino y en Inalsa para beneficiar al abogado Francisco Rodríguez Batllori por orden de Dimas Martín, fundador del PIL.

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En total, Batllori cobró entre marzo de 2008 y abril de 2009 unos 16.941 euros del Ayuntamiento de Arrecife y otros 26.089 euros de la empresa pública Inalsa. En el auto, ordena el pase de diligencias previas a procedimiento abreviado, antesala de la celebración del juicio.

La jueza considera que Dimas Martín, “desde su situación de especial poder dentro del partido PIL, y pese a estar condenado con pena entre otras de inhabilitación, mantenía un dominio absoluto respecto a las órdenes e instrucciones concretas a dar a los Concejales de su partido en el Ayuntamiento de Arrecife y en Inalsa”.

Así, sostiene que Dimas “se prevalió de su superior jerarquía dentro del PIL utilizando conscientemente tal ascendencia para lograr beneficiar económicamente a Batllori por las gestiones que éste hacia en su nombre”.

Tanto los ex ediles José Miguel Rodríguez y Luisa Blanco, imputados en esta pieza del caso Unión coinciden en señalar que el fundador del PIL “habló con ellos para que Batllori les asesorara en el Ayuntamiento” aunque en realidad mantuvieron una sola reunión en la cafetería de un hotel”. Después, “si bien hablaron en ocasiones con Batllori, ninguno de ellos ha podido concretar qué funciones tenia encomendadas”.

Uno de los imputados reconoce que Batllori no desarrolló trabajo alguno para el Ayuntamiento” si bien se le abonaron facturas, explica la jueza, que llega a la misma conclusión con respecto Inalsa, donde “ni consta contrato, ni consta la necesidad de contratación, ni consta en qué consistió su trabajo, al margen de entrevistas, de no mas de media hora y en una sola ocasión con distintas autoridades del Gobierno de Canarias y otras empresas públicas, sin resultado alguno materializado”.

Para la jueza, se desarrolló un “ilícito plan” para “beneficiar a un particular por las gestiones que éste realizara en favor de Dimas”, y añade que “se prescindió de manera grosera de trámites absolutamente esenciales en la normativa de la contratación del sector público, dirigido a hacer valer y velar el cumplimiento del interés general que aparece quebrantado”. “Existen claros indicios de la sustracción de caudales públicos y presentación de factura falsa para justificar el desvío”, subraya.

En esta pieza de Unión están imputados, en relación a Arrecife, Dimas Martín, Rodríguez Batllori, José Miguel Rodríguez y Luisa Blanco por un presunto delito continuado de malversación de caudales públicos, otro delito continuado de prevaricación administrativa, un tercer delito continuado de falsedad en documento mercantil y otro delito de fraude a la administración.

Sobre Dimas Martín y Rodríguez Batllori pesan las mismas acusaciones con respecto a Inalsa, en donde también aparecen como imputados por idénticos delitos la ex consejera delegada Plácida Guerra, del PIL, y Rafael Elorrieta, que fue gerente de Inalsa bajo el mandato del partido de Dimas Martín.

DOCUMENTO: Auto de la jueza del caso Unión.
https://docs.google.com/file/d/0B2Jajo1 ... sp=sharing


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NotaPublicado: Mié 20 Feb, 2013 9:18 am 
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Fuente canariasahora.com:

El Juzgado número 5 de Arrecife investigó por un posible delito de revelación de secretos al entonces coronel de la Guardia Civil, en el año 2010, y mando de la Comandancia de Las Palmas, Francisco Espinosa Navas. La Fiscalía pidió el inicio de una pieza separada del caso Unión, de donde surgió la investigación, que se acabó archivando.

El caso se inicia tras la detención del gerente de Urbaser, Jacinto Álvarez, y su declaración, en la que dijo que la ex alcaldesa de Arrecife, Isabel Déniz, que es su vecina en la localidad de Playa Honda, le había advertido la noche anterior a su detención, en abril de 2010, que la Guardia Civil le iba a llamar a declarar y que a ella y a otras personas las iban a detener y a registrar sus domicilios.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, encargada de la investigación del caso Unión, tenía constancia del encuentro entre ambos esa noche, porque ya se estaba haciendo un seguimiento a la ex alcaldesa. El chivatazo pudo frustrar parte de la investigación, según la propia Fiscalía, “al alertar con tiempo suficiente para hacer desaparecer algunos efectos que se estaban investigando”. Por ejemplo, en el domicilio de Déniz no se encontraron ni el Rolex ni los bolsos de Loewe que supuestamente recibió (en algunas fotos aparece con el reloj), y de los que se tienen las facturas y el testimonio de Álvarez de que se los entregó.

Fue el coronel Espinosa Navas quien en julio de 2011 dirigió un escrito al Juzgado que instruye Unión en el que decía que a través de la Dirección General de la Guardia Civil había tenido conocimiento de que se le estaba investigando pero que no se le había llamado a declarar y que esa investigación le había causado un perjuicio “grande e irreparable”, profesionalmente y “en su honor” ya que dos coroneles, que debían haber sido ascendidos con posterioridad a él, ya habían sido nombrados generales. El motivo es que en la Benemérita no pueden ascender los mandos encartados. Espinosa hacía responsable de su situación personal y profesional a la Administración de Justicia y aseguraba que no tenía “implicación en delito alguno”.

En julio del año pasado, el coronel fue nombrado Jefe de la misión de la Unión Europea en el Sahel, llamada Eucap Níger, dirigida a luchar contra el crimen y el terrorismo en esa región africana. Hace dos meses, el 14 de diciembre, el Consejo de Ministros lo ascendió al rango de general.

Por su parte, Isabel Déniz, en su declaración ante la Guardia Civil cuando fue detenida en el caso Unión, dijo que “no quería contestar” cuando se le preguntó por qué salió de su casa a las nueve de la noche el día anterior a su detención. En el sumario de Unión también se refleja la estrecha relación de Déniz con un primo suyo, conocido por Mon, que facturaba al Ayuntamiento de Arrecife con sus empresas trabajos que se presume que no se llevaban a cabo y que incluso llegó a pagar parte del coste de un Mercedes que usaba Déniz. En la Isla eran conocidas las relaciones de amistad de este familiar con agentes del cuartel de la Guardia Civil de Costa Teguise.

El ex gerente de Urbaser, Jacinto Álvarez, en relación con esta pieza separada, declaró que no sabía que iba a ser detenido pero sí que iba a ser llamado a declarar y que se lo había dicho Déniz que acudió su casa el domingo (fue detenido un lunes). Según Álvarez, la ex alcaldesa le dijo que sabía que a ella la iban a detener con varios días de antelación y que creía recordar que le dijo que quien la avisó era el coronel de la Guardia Civil “que manda aquí en Canarias y que es de Sevilla”.

Además aseguró que Déniz, que según Álvarez, le pedía regalos a menudo, le había solicitado en varias ocasiones “entradas de partidos de fútbol cuando jugaba el Sevilla”. En una entrevista publicada por el diario La Provincia el 5 de julio de 2009, se califica a Espinosa Navas, natural de la localidad sevillana de Guillena, como “devoto” del Sevilla Fútbol Club.


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NotaPublicado: Mié 20 Feb, 2013 1:36 pm 
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Fuente diariodelanzarote.com:

El ex concejal de hacienda del Ayuntamiento de Arrecife por el PIL, José Miguel Rodríguez, imputado en el caso Unión, se ha arrepentido de forma expresa ante el Juzgado número 5 de Arrecife y ha consignado en el Juzgado casi 17.000 euros, que se corresponden con la cantidad que autorizó que el Ayuntamiento pagara al ex consejero del Gobierno canario, Francisco Rodríguez-Batllori.

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Rodríguez ha devuelto el dinero de esta pieza separada del caso Unión, que se elevará a juicio próximamente, después de que la Fiscalía haga pública su petición de penas para los acusados. En esta pieza están imputados, además de Rodríguez y de Batllori, la ex concejal Luisa Blanco, así como Dimas Martín, el ex gerente de Inalsa y cuñado de Martín, Rafael Elorrieta y la ex consejera de la empresa pública de aguas, Plácida Guerra.

Rodríguez, que es trabajador del Cabildo de Lanzarote, destinado actualmente en el Teatro Insular, está imputado por malversación de caudales públicos, fraude a la Administración y tráfico de influencias. La petición de pena, probablemente sea menor al haber devuelto el dinero por iniciativa propia.

Rodríguez también está imputado en la pieza central de Unión por cobrar comisiones ilegales y contratar servicios y suministros con precios inflados o que no se llevaron a cabo. Es este caso la cifra que pagó el Ayuntamiento es mucho mayor, superior al millón de euros. El ex concejal también está imputado en la operación Montecarlo por motivos similares.

La jueza María Jesús Hernández, que tramita el caso, dictó esta semana un auto previo para pasar el caso a la última fase antes de la celebración del juicio en el que consideró que Batllori había percibido 16.941 euros del Ayuntamiento de Arrecife y otros 26.089 euros de Inalsa entre 2008 y 2009 sin justificar, gracias a la influencia de Dimas Martín, para quien realizaría gestiones particulares. Considera que existen indicios claros de malversación de caudales públicos en el Ayuntamiento capitalino y en Inalsa para beneficiar a Batllori por orden de Dimas.

La defensa de Batllori ha solicitado el archivo de la causa. Insiste en que el ex consejero de Empleo asesoró tanto al Ayuntamiento como a Inalsa y recalca las reuniones mantenidas, por ejemplo, con el consejero de Política Territorial, Domingo Berriel, para tratar la situación del vertedero de Argana y el Plan General, o con el director de Endesa para abordar la deuda de la empresa pública de aguas.

La jueza considera que Dimas Martín, “desde su situación de especial poder dentro del partido PIL, y pese a estar condenado con pena entre otras de inhabilitación, mantenía un dominio absoluto respecto a las órdenes e instrucciones concretas a dar a los concejales de su partido en el Ayuntamiento de Arrecife y en Inalsa”.

Así, sostiene que Dimas “se prevalió de su superior jerarquía dentro del PIL utilizando conscientemente tal ascendencia para lograr beneficiar económicamente a Batllori por las gestiones que éste hacia en su nombre”.


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NotaPublicado: Jue 21 Feb, 2013 11:35 am 
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Fuente lavozdelanzarote.com:

Un hermano de Matías Curbelo que trabajaba en Inalsa, un trabajador portuario jubilado que se definió ante la UCO como “analfabeto”, un antiguo conserje del Cabildo y una dependienta de Zara tienen algo en común: todos ellos manejaron decenas de miles de euros, cobrando cheques de distintas empresas y haciendo ingresos en las cuentas de la familia de Dimas Martín.

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Los cuatro fueron citados a declarar por la UCO en calidad de testigos, dentro de la investigación sobre el patrimonio oculto de Dimas Martín. Sus nombres aparecieron en la documentación aportada por distintas entidades bancarias, que a petición de la UCO identificaron a las personas que habían cobrado cheques bajo sospecha, y también a las que habían realizado importantes ingresos en efectivo en cuentas a nombre de familiares de Dimas Martín.

En uno de los casos, un trabajador portuario prejubilado llegó a ingresar más de 40.000 euros en varias operaciones, entre diciembre de 2005 y agosto de 2006. En total hizo cinco ingresos, de entre 11.000 y 4.590 euros cada uno. Cuatro de ellos fueron a una cuenta de la mujer de Dimas, María Elena Martín, y otro a la empresa Gestión y Desarrollo Gaida, que está a nombre de los cuatro hijos del líder del PIL.

Al ser llamado a declarar, y enfrentarse a cada uno de los resguardos bancarios, aseguró que no recordaba nada, aunque sí reconoció su firma y la fotocopia de su DNI. A eso mismo se aferró ante cada pregunta, incluyendo otra sobre un cheque que cobró por valor de 11.977 euros, emitido por una de las empresas investigadas en Unión por el presunto pago de comisiones ilegales. Alegó que no recordaba haberlo cobrado, y tampoco a quién le entregó después el dinero. “Quiero dejar constancia de que soy analfabeto”, comenzó diciendo en su declaración, según consta en el acta de a UCO.

Respecto a su relación con Dimas Martín, aseguró que sólo lo conoce “del partido”, y explicó que colaboró en varias campañas electorales del PIL “para entretenerse”. Según su declaración, “Dimas es una persona más de la calle y si hace favores se los hace a todo el mundo”.

Pese a la falta de memoria de este testigo, quien sí dio todo lujo de detalles fue su hija, que también fue llamada a declarar. En su caso, fue contratada por el Cabildo como auxiliar administrativa del grupo PIL en la Corporación, “gracias a las relaciones” que tenía su padre “con el partido”. Y desde que entró, siempre según su propio testimonio, empezó a recibir distintos encargos de Dimas Martín, pese a que en ese momento no ocupaba cargos públicos y estaba cumpliendo condena por el caso de Complejo Agroindustrial en régimen de tercer grado.

Entre esas gestiones, se incluía cobrar cheques y hacer ingresos bancarios a familiares del líder del PIL. En uno de los casos, según su declaración, el propio Dimas le llevó en su coche hasta el banco. Ese día ingresó 4.500 euros en una cuenta a nombre de la mujer de Dimas y 6.000 euros en otra a nombre de la sociedad Serrano Atlántico, administrada también por María Elena Martín

Además, también admitió haber cobrado dos cheques de la empresa Gestión y Desarrollo Gaida (a nombre de los hijos de Dimas). Uno por importe de 6.000 euros, que después le entregó en efectivo a Dimas Martín, y otro de 12.000 euros, que ingresó a continuación en la cuenta de su mujer.

En su declaración, esta testigo dio cuenta también de otros encargos que realizó para el líder histórico del PIL mientras trabajaba en el Cabildo, como reservar vuelos, redactar documentos e incuso hacer gestiones en el Registro de la Propiedad. Preguntada sobre este extremo, dio los nombres de las sociedades que figuraban como dueñas de esas propiedades, y todas ellas están vinculadas al supuesto entramado que utilizó Dimas Martín para ocultar su verdadero patrimonio, poniendo bienes a nombre de familiares e incuso de empresarios que actuaban como presuntos testaferros.

Sobre el coste que tenía que pagar por las gestiones en el Registro de la Propiedad, aseguró en su declaración ante la UCO que “las gastos de esas gestiones se los solicitaba a Fabián Martín y él se lo ingresaba” en su cuenta. Además, también relató que le encargaron hablar con un trabajador de la Oficina Técnica de Teguise, porque Dimas iba a renunciar a la propiedad de varias fincas que estaban a su nombre en el municipio, lo que supondría que cualquiera pudiera reclamarlas.

Al igual que esta testigo, también otro ex trabajador del Cabildo, que entró a trabajar como conserje de la Corporación cuando gobernaba el PIL, después de haber colaborado en la campaña electoral del partido, confirmó que había realizado distintas gestiones para Dimas Martín, como llevar documentación a empresarios y cobrar cheques. Uno de ellos, por valor de “varios millones de pesetas”, que después “transfirió a otra cuenta”. El resto, entre “cinco y diez” cheques más, de entre 3.000 y 4.000 euros cada uno, también los cobró “por encargo de Dimas Martín o de Matías Curbelo”, a quienes después “les entregaba el dinero”.

Precisamente un hermano de Matías Curbelo también fue llamado a declarar como testigo, por hechos similares. En su declaración, explicó que era empleado de Inalsa y que había trabajado en distintas campañas electorales del PIL. En cuanto a si en mayo de 2003 cobró un cheque de 18.000 euros, procedente de una empresa investigada en el caso Unión, aseguró que no lo recordaba, pero que “pudo ser una donación para el partido en campaña”.

En cuanto a otra testigo, que fue contratada por el PIL para ejercer de azafata en varios eventos del partido, y trabajaba como dependienta de Zara, optó por negar directamente los hechos. Al preguntarle la UCO si en mayo de 2003 cobró un cheque de 4.507 euros procedente de una empresa, por encargo de Dimas, aseguró que ella “no ha cobrado ni ese cheque ni ningún otro”. Sin embargo, los datos aportados por la entidad bancaria señalan que fue ella quien hizo esa gestión.

A los distintos ingresos que constan en las cuentas de la familia de Dimas hay que sumar también los realizados por el que entonces era su mano derecha, Matías Curbelo. En total, según los informes de la UCO, depositó 147.050 euros en distintas cuentas de Dimas Martín y de su entorno.

En sus informes, la UCO señala que tanto los ingresos de Curbelo como los de otros colaboradores del partido son en realidad los de menor cuantía dentro del entramado societario del líder del PIL, pero aclara que da cuenta de ellos porque son “una constante en el tiempo” y porque se trata de dinero de “dudosa procedencia”.


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NotaPublicado: Vie 22 Feb, 2013 9:19 am 
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Fuente diariodelanzarote.com:

Una consultora privada realizará un informe pericial sobre el proceso de contratación en el Ayuntamiento de Arrecife respecto de cuatro empresas: Construcciones Reina, Infogelanz, La Palmita y Canary Islands Publications, para determinar sus deficiencias y las responsabilidades, dentro del caso Unión.

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La Fiscalía pidió en febrero de 2012 que se realizara ese informe, y tanto la Intervención General del Estado como la de la Comunidad Autónoma se negaron, así que finalmente, el trabajo se encargó a Godoy Consultores, una consultora de Fuerteventura, que es adjudicataria del servicio de peritaciones para los Juzgados en la provincia de Las Palmas.

La documentación sobre los contratos la remitió al Juzgado el Ayuntamiento de Arrecife, con informes tanto de Tesorería como de Intervención, sobre 104 expedientes de pago de La Palmita, del empresario Antonio Gómez Ruiz, que facturó cerca de 300.000 euros, de Construcciones Reina (84.000), Infogelanz (1,2 millones) y de Canary Islands Publications, que editaba la revista Viva Lanzarote (11 expedientes más). Todos los expedientes son del periodo 2007 a 2009.

La prueba pericial deberá señalar las deficiencias de fiscalización y control por parte del interventor, concejal o funcionario encargado de la fiscalización, dirección, coordinación o inspección de la actividad de los servicios de contratación dentro de la concejalía autorizante.

Según la Fiscalía, se hace necesaria para acreditar la emisión de facturas falsas, el abono de servicios no realizados, la doble contratación y el fraccionamiento de contratos para eludir la Ley y permitirá, en su caso “acreditar si hubo fraude más allá de los claros indicios de cohecho reconocido en sede instructora por los empresarios y concejales imputados”.

En el caso de Infogelanz, tanto el concejal José Miguel Rodríguez como el administrador Jesús Manuel Martín Brito admitieron haber recibido y entregado, respectivamente, comisiones ilegales para obtener contratos y se sospecha que participaron también los ediles Ubaldo Becerra, Antonio Machín y Luisa Blanco.

También confesó el pago de comisiones para el PIL el empresario Antonio Gómez y hay indicios de que el responsable de Construcciones Reina pudo pagar para que se le agilizasen sus facturas en el Ayuntamiento y de que Antonio Machín pudo convenir comisiones con la editora de la revista mediante publicidad.

El Juzgado, tras comprobar que en el listado de peritos judiciales de que dispone, no había ninguno capacitado para realizar ese informe, pidió la auditoría al Ministerio de Hacienda, que contestó que se debería dirigir esa petición a la comunidad autónoma porque excedía de sus competencias de auxilio a tribunales y juzgados.

Unos meses más tarde, en mayo de 2012, la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad del Gobierno de Canarias también se negó a realizarla, alegando que tiene “medios limitados” y que debe cumplir estrictamente con las obligaciones comunitarias derivadas de los planes financieros aprobados para su gestión en el ámbito de la comunidad autónoma al objeto de que “no suspenda pagos” ni se “penalice con correcciones financieras que supondrían un perjuicio importante en términos de estabilidad presupuestaria”.

El Gobierno de Canarias señaló que, por esa razón, desde hace años se ha intensificado la relación con auditores externos y que desde 2011 hay un acuerdo con varias firmas para colaborar en los controles sobre fondos estructurales, fondos europeos agrícolas, fondos europeos de pesca y auditorías del sector público.

Finalmente, se requiere a Godoy Consultores, que es adjudicataria del servicio de peritaciones, para que nombre al menos diez auditores contables, aunque tan sólo nombran a uno, el responsable de la empresa, Vicente Godoy, y a un economista ayudante, Lorenzo Muñoz.


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NotaPublicado: Mar 05 Mar, 2013 11:13 am 
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Fuente diariodelanzarote.com:

La jueza María Jesús Hernández, del Juzgado número 5 de Arrecife, ha dictado un auto en el que acuerda el archivo de la imputación por un presunto delito de prevaricación y otro de inducción a la prevaricación contra el arquitecto Carlos Morales, marido de Alexia de Grecia.

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El procedimiento judicial es una de las piezas separadas del caso Unión y en la misma se investiga la construcción de la vivienda de Morales y su esposa en una parcela de 1.209 metros cuadrados entre las urbanizaciones de Puerto Calero y Cortijo Viejo.

Para la jueza, “no hay duda de la ilegalidad de la construcción” y de que el entonces alcalde de Yaiza “nunca” debió conceder la licencia para edificar la vivienda, de unos 1.500 metros cuadrados divididos en tres plantas, como hizo en diciembre de 2006.

Señala en el auto que la calificación del suelo era de “urbanizable no sectorizado”, si bien “el régimen jurídico del mismo era el de suelo rústico de protección territorial y no contaba con instrumento de planeamiento que lo desarrollara”.

Por ello, ordena trasladar las pruebas recabadas durante la investigación a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) para que abra un “procedimiento sancionador” con el resultado, “en su caso”, de “proceder a la demolición de lo irregularmente construido”.

La declaración del redactor del Plan General de Yaiza, Jorge Coderch, y del técnico Jesús Luna, han sido claves para la exculpación de Morales. Coderch declaró que de los informes para el nuevo planeamiento “no se desprende ningún dato de interés ambiental que impidiera la clasificación y categorización como urbanizable” de la parcela.

Por su parte, Luna manifestó que “la situación jurídica del terreno es compleja”, aunque interpretó que gracias a una norma estatal de hace más de tres décadas “el suelo que aquí nos ocupa obtuvo el concepto de suelo urbanizable apto para la urbanización”.

En el auto, la jueza apunta que “siendo claramente ilegales”, la ejecución de las obras “no alcanza a la infracción penal sino a la administrativa” en el caso de Carlos Morales, no así para el ex alcalde.

A José Francisco Reyes le mantiene las imputaciones por obviar “las más elementales normas” del procedimiento administrativo, “vulnerando las más básicas reglas” en materia urbanística “al no contar con los informes jurídicos previos” que avalasen la legalidad de la licencia para la vivienda.

Además, añade que “contravino lo dispuesto por sus técnicos” en la autorización que dio para urbanizar el conocido como barranco del Agua, donde Morales edificó su vivienda. En el nuevo Plan General se incluye un convenio para desarrollar unos 86.000 metros cuadrados en esa zona.

Consulte el auto del Juzgado:
https://docs.google.com/file/d/0B2Jajo1 ... sp=sharing


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NotaPublicado: Mié 06 Mar, 2013 7:11 pm 
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Registrado: Sab 30 Ago, 2003 6:24 pm
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Según Diario de Lanzarote:

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado un total de seis años de prisión para el fundador del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), Dimas Martín, y ocho años de cárcel para el ex viceconsejero de Justicia del Gobierno de Canarias, Francisco José Rodríguez Batllori, por los supuestos delitos de malversación, prevaricación y fraude a la administración.

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En concreto, en el escrito del fiscal se piden para Dimas Martín tres años de prisión como autor criminalmente responsable de un delito continuado de fraude en concurso con los delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos. Se le acusa por la facturación de trabajos no realizados en el Ayuntamiento de Arrecife.

El Ministerio Fiscal solicita otros tres años de prisión para el fundador del PIL por los mismos delitos por la facturación a Insular de Aguas de Lanzarote (Inalsa) de trabajos no realizados.

Mientras, para Batllori se pide lo mismo. Tres años de prisión como autor criminalmente responsable de un delito continuado de fraude en concurso medial con los delitos continuados de prevaricación y malversación de Caudales Públicos por trabajos sin realizar en Arrecife; y otros tres años de prisión por los mismos delitos en Inalsa.

Además, el fiscal solicitó también otros dos años de prisión a Batllori por un delito continuado de falsedad en documento mercantil al realizar unas facturas simuladas que no responden a servicio ni relación contractual alguna para poder sustraer los fondos públicos.

Finalmente, la Fiscalía también acusa en estas facturaciones al ex concejal de Hacienda del Grupo PIL del Ayuntamiento de Arrecife, José Miguel Rodríguez; a la ex concejal de Personal y Régimen Interior, María Luisa Blanco; a la ex consejera delegada de Inalsa, Plácida Guerra Cabrera; y al ex gerente de Inalsa, Rafael Elorrieta Larrea.


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NotaPublicado: Mié 27 Mar, 2013 8:46 am 
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Fuente diariodelanzarote.com:

La jueza Ángela López-Yuste, titular del Juzgado de instrucción número 3 de Arrecife, ha decidido imputar presuntos delitos prevaricación urbanística continuada, prevaricación administrativa, fraude a la administración y malversación de caudales públicos al catedrático Rafael Entrena Cuesta, considerado uno de los juristas más relevantes en el ámbito del Derecho administrativo en España, por el caso Costa Roja.

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En el procedimiento judicial se investiga la concesión por parte del ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, de una licencia urbanística para desarrollar una urbanización de más de 1.012 viviendas, 228 locales comerciales y 2.559 plazas de garaje al promotor Luis Lleó en una bolsa de suelo en Playa Blanca no apta para construir, según recurrió el Cabildo.

La imputación de Entrena Cuesta, acordada en un auto dictado el pasado viernes se debe a un informe de la Guardia Civil sobre la documentación intervenida a Lleó en los registros del caso Unión, en el que el promotor está imputado por el presunto intento de soborno al socialista Carlos Espino para desbloquear el desarrollo de Costa Roja.

El jurista elaboró, en teoría para el Ayuntamiento, un dictamen en mayo de 2007, cinco meses después de otorgada la licencia, para avalar la urbanización, aunque se investigan supuestas conexiones con el promotor.

La jueza ha decidido reabrir el caso, que estaba listo para que se celebrase el juicio, y volver a imputar a Lleó, para el que se había archivado la causa en 2010. Ahora se le imputan los delitos de prevaricación urbanística continuada, prevaricación administrativa, fraude a la administración y malversación de caudales públicos.

Los mismos delitos que se atribuyen a Felipe Fernández Camero, letrado del Ayuntamiento en el pleito con el Cabildo por la ilegalidad de la licencia. También están imputados el ex alcalde, José Francisco Reyes y el secretario, Vicente Bartolomé, por prevaricación, fraude y malversación.


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Traducción al español por Huan Manwë para phpbb-es.com