FORO SOBRE LANZAROTE

Fuente canariasahora.es:

Dimas Martín hipotecó entre 1993 y 1994 en dos lotes su casa de Guatiza, su finca de Lajares, 14 bungalós y una finca en Los Cocoteros y tres fincas en La Maleza, en Costa Teguise. Las dos hipotecas, con la Banca March, sumaban entre ambas 124 millones de pesetas (unos 750.000 euros). Los bungalós de Los Cocoteros han sido para Dimas propiedades bumerán: los vendió en los años setenta y ochenta y los fue recomprando con otras sociedades para intentar pagar las deudas a los compradores que pagaron y se quedaron sin nada, porque vendió más de 300 y construyó poco más de cien. En cierto modo, después de treinta años en política y de cinco condenas, Dimas nunca ha salido de Los Cocoteros. La Guardia Civil considera que aún preparaba, en el año 2009, junto al empresario andaluz José María Rossell, el desarrollo de un plan parcial en esa zona.

El líder del PIL se hipotecó como garantía de pago para sus acreedores de Los Cocoteros, según declaró él mismo en el Juzgado. Eso sí, no pagó las letras al banco y la Banca March acabó quedándose con todas esas propiedades, al menos en teoría, porque en la práctica, y según la UCO, “a la vista de los indicios, el lote de fincas nunca ha dejado de ser suyo desde hace décadas”. La división inmobiliaria de March firma un primer contrato con la sociedad Gaida, controlada por Dimas, en el año 2002, por el que éste debe pagar 120.000 euros por uno de los lotes. En abril de 2004 paga esa cantidad y ese año se anula el auto judicial por el que se adjudicaban las propiedades al banco, así que March le devuelve el dinero… en teoría, porque no hay un apunte contable de ese reingreso en las cuentas de Gaida.

Con el otro lote, en el que están sus casas de Guatiza y Lajares, March también le da una nueva oportunidad. Firma en enero de 2004 (cuando Dimas ingresa en prisión para cumplir condena por el caso de la compra del voto) un contrato con la hija de Dimas, Susana, por el que debe pagar 750.000 euros en cinco años. Paga 60.000 en el acto y no paga más. Y entonces entra en escena Juan Francisco Rosa.

Dimas y Rosa tienen dos versiones, que no son incompatibles, para explicar cómo ocurrió, pero esto es lo que ocurrió: el 22 de octubre de 2004, tres días antes de que comenzara el juicio por el Complejo agroindustrial contra Dimas (que se exponía a ser condenado y a una multa que le supondría la pérdida de sus propiedades, como así ocurrió), el empresario firma un contrato por el que se subroga la hipoteca, y por tanto la deuda, de Dimas con el banco. La última letra la paga ocho días antes de su detención por la UCO, en abril de 2010, pero la casa sigue estando registrada a nombre de March Servicios Inmobiliarios. Según Rosa, a quien Dimas ya debía antes de esa operación 300.000 euros y que podía registrar la casa a su nombre, pensaba reclamar “inmediatamente” la finca y traspasarla a un tercero, pero no lo ha hecho. Por todo esto, la UCO considera que Rosa ayudó a ocultar a Dimas sus propiedades para no hacer frente a la Justicia. En otras palabras: que es un testaferro del político de Guatiza.

Ahora van las dos versiones. La de Dimas es que fue él mismo quien acudió a ver a Rosa para pedirle que se quedara con la deuda porque el banco ya había hecho varios intentos de desahuciarle y que entre ambos pactaron las condiciones. No es el único favor que le ha hecho Rosa en los últimos tiempos porque también le contrató, entre julio de 2004 y 2009, con intervalos, por “motivos humanitarios”, según dijo el empresario, para que pudiera conseguir el tercer grado, aunque ni cobraba el salario ni realizaba ninguna función. Por estos hechos se le acusa de falsedad documental.

La versión de Rosa es que el banco desahució a Dimas aunque le dejó entrar de nuevo en la casa a los cuatro días y que, por otro lado, él iba a pedir un crédito de más de once millones de euros para una ampliación del Hotel Princesa Yaiza. En ese momento, la central de March le dice que le da el crédito pero que le concede otros 800.000 euros para quedarse con la hipoteca de Dimas “porque March no quería dejar a Dimas en la calle”. El empresario aceptó, según su versión, porque “tenía necesidad de tomar ese dinero y porque la propiedad de Dimas valía mucho más (el doble) que la tasación”, y reconoció que el crédito del Princesa Yaiza estaba vinculado al pago de la deuda de Gaida.

Pero hay un hecho más sobre la relación entre Dimas y la Banca March. Dimas cobró una comisión de 270.000 euros por intermediar en la compraventa de una clínica a medio construir junto a los Juzgados de Arrecife. Según un documento intervenido en su casa, Dimas pasó información sobre este terreno a Fernando Pérez, ex director regional de March y luego consejero delegado, porque estaba interesado en esa clínica “para un grupo que representa”. En ese momento ya hablaba del cambio de uso del suelo, que era sanitario y años después, tras varias transacciones, se pintó como socioasistencial en el avance del Plan General y abría la puerta a construir oficinas. El terreno acabó en manos de Luis Lleó, el empresario que hizo que se pusiera en marcha la Operación Unión.

Las tres fincas en La Maleza de Costa Teguise las adquirió Dimas Martín a través de la sociedad Procovista. Se las compró a Río Tinto en 1994 por nueve millones de pesetas. En 1995 las hipoteca y las vende a otra sociedad ‘amiga’, Benitex, pero en la venta se pone una cláusula por la cual las puede recuperar si paga su precio o bien Procovista, que administraba el marido de la ex consejera del PIL Plácida Guerra o bien la Empresa municipal agrícola y marinera de Teguise, una empresa pública que creó para el Complejo agroindustrial de Teguise y que presidía él mismo.

Fuente diariodelanzarote.com:

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acaba de entregar al Juzgado número 5 de Arrecife un minucioso informe en el que se detallan “irregularidades” cometidas supuestamente por directivos de CajaCanarias para ocultar al Banco de España los impagos de los préstamos millonarios concedidos al promotor Luis Lleó, uno de los principales imputados del caso Unión.



La caja de ahorros, integrada ahora en Banca Cívica, otorgó a diversas empresas de Lleó (Residencial Playa Honda, Inversiones Tenderete y La Marina de Naos) préstamos valorados en más de 43,4 millones de euros para acometer la construcción de varias promociones inmobiliarias.

En Arrecife ni se empezó un edificio al lado de los Juzgados y se quedó a mitad un edificio en la vía Medular, cerca de la comisaría de la Policía Nacional en Puerto Naos. En el caso Unión se investigan los influencias desplegadas por Lleó para vendérselo a entidades públicas.

En el caso del edificio de oficinas en Naos, CajaCanarias le dio un préstamo hipotecario de más de 10 millones. Para tener acceso a los fondos era indispensable que se fuese certificando el desarrollo de los trabajos.

La UCO subraya en su informe que aunque el edificio se paralizó “desde mediados de 2008”, se siguieron ejecutando “disposiciones de capital”. En concreto, se materializaron 36 abonos por valor de más de 2,6 millones.

Las intervenciones telefónicas del caso Unión y el rastreo de las cuentas de Lleó llevan a la UCO a asegurar que “el dinero del capital dispuesto por la entidad” bancaria “para acometer la obra, se utilizaba” en realidad “para pagar el propio préstamo”.

Así, se habría actuado en contra de las condiciones del crédito por orden de directivos de CajaCanarias, sin permiso del promotor y con la finalidad de “evitar la obligación” de “realizar la provisión de un porcentaje” del importe de los préstamos impagados, incumpliendo la “normativa” que regula el sector financiero con el objetivo de que no se detectara el 'agujero' en el balance de la caja de ahorros.

En el reciente informe de la UCO se considera que el “bloqueo” del crédito para evitar que saltaran las alarmas y la disposición de capital “para pagar el propio préstamo” pueden dar lugar “a responsabilidades penales” de los “diferentes jefes de préstamos” de CajaCanarias por supuestos delitos de falsedad documental, falsedades contables, apropiación indebida y delitos societarios.

La finalidad, subraya la Guardia Civil, era “falsear las cuentas anuales de la entidad bancaria mostrando una apariencia de normalidad” al evitar que los préstamos “entraran en mora”. También recalca “las innumerables irregularidades administrativas respecto de las obligaciones de proporcionar información contable veraz al Banco de España”.



En uno de los 'pinchazos' telefónicos del caso Unión, Luis Lleó le dice a su abogado: “Mieeerda de Caja que va a declarar de beneficios 30 millones en el 2008”. Pero si “el taponazo mío”, es decir, su crédito global impagado, “es de 32”, exclama. “Creo que están más acojonados ellos que yo” y que “lo que quieren es ganar tiempo”, añade al comentar la supuesta actividad irregular de CajaCanarias.

“Debía estar en mora con los tres préstamos, 32 millones, y nada más que estoy en mora con tarjeta de 12.000 euros”, añade. La UCO apunta que todo era conocido “plenamente por el personal bancario” en Lanzarote y duda de si estas actuaciones irregulares “pudieran ser habituales con otros empresarios”.

Fuente diariodelanzarote.com:

Dos letrados del Tribunal Constitucional asesoraban fiscalmente al empresario Luis Lleó mientras ejercían su cargo en ese tribunal. En un informe elaborado por la UCO y remitido al Juzgado de primera instancia número 5 de Arrecife, dentro del caso Unión, la Guardia Civil considera que podrían haber cometido una incompatibilidad ya que, al ser letrados de ese organismo, no se les permitían actividades industriales, mercantiles, profesionales o de asesoramiento.



Lleó tenía diversos negocios inmobiliarios en Arrecife y San Bartolomé, pero destacaba el de Residencial Costa Roja en Playa Blanca para construir 1.000 viviendas en un suelo no apto para ello. Ese proyecto lo pararon los tribunales y dio lugar a que Lleó intentara sobornar al entonces secretario insular del PSOE, Carlos Espino, lo que desató la operación Unión, donde esta imputado.

La UCO ha realizado varios informes sobre este empresario tras el análisis de los documentos y correos electrónicos incautados en sus oficinas. Uno de estos informes ha hecho posible que se reabriera el caso Costa Roja porque revela la connivencia entre Lleó y el Ayuntamiento, ya que éste encargó al abogado Rafael Entrena un informe que respaldara la concesión de la licencia por parte de ex alcalde José Francisco Reyes, y el informe lo pagó el Ayuntamiento.

La UCO destaca, además de la posible incompatibilidad de los magistrados que “no se puede obviar la posible participación en las presuntas irregularidades cometidas desde el punto de vista fiscal por Residencial Costa Roja” y que ese asesoramiento se reflejó a su vez en el que hacían el abogado de Lleó, Manuel Matamoros, y su asesor fiscal, Jerónimo Campón, “por lo cual pudieran haber cometido ilícitos penales de naturaleza fiscal al realizar operaciones, tanto contables como instrumentales, que pudieran derivar en defraudación de impuestos a la Hacienda Estatal”.

Los dos letrados ya no pertenecen al Constitucional. Se trata de Ignacio Sánchez Yllera, que además de magistrado fue jefe de gabinete de la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, entre 2004 y 2005, y de Ángel Aguallo Avilés, letrado del Constitucional y también de la sala de lo contencioso del Tribunal Supremo, cargo que ocupa en la actualidad. Ambos, que enviaban correos a Lleó desde sus cuentas del Constitucional, llegan a cobrar por ese asesoramiento pero evitando que los pagos se reflejaran directamente, cobrando a través de otras personas.

En el primer caso, Sánchez Yllera, siempre según el informe de la UCO, asesoraba en las actuaciones de todo el grupo de empresas de Lleó y no sólo en cuanto a las consultas tributarias, sino también en otras cuestiones judiciales. Ambos mantienen una relación de amistad. La Guardia Civil cree que los servicios realizados por la abogada María José Vizcaíno a Lléo pueden camuflar la facturación de Yllera, ya que ambos tienen el mismo domicilio en Madrid.

Aguallo habría asesorado a través de un informe sobre la fiscalidad de Costa Roja que firma Ignacio Pérez Royo, inspector de tributos del Ayuntamiento de Sevilla, pero la autoría intelectual es de ambos, según la UCO. Las facturas por los pagos realizados se enviaron a la abogada María José García Vizcaíno y a Manuel Matamoros.

La Guardia Civil detecta, mediante el resguardo bancario, un pago de 75.000 euros a cada uno (de un total de 127.000 que debían cobrar por el asesoramiento), mientras que ese mismo día que se hacen los pagos se reserva para Sánchez Yllera una oficina en el edificio Marina de Naos que Lleó estaba construyendo en al vía Medular de Arrecife.

En varios correos se negociaba la forma de pago, quién emitía las facturas y el precio (6.000 euros al mes para Pérez Royo) y Lleó dice en un correo que le han recomendado que destruya las facturas físicamente y que ya le darán instrucciones.

El asesoramiento se centra en intentar que la sociedad Residencial Costa Roja sea considerada como sociedad patrimonial cuando ya había tributado en el Régimen general (que pagaría el 40 por ciento de sus beneficios) para tributar menos. Se decide hacer una ampliación de capital e inmediatamente después disolver la compañía, únicamente por motivos fiscales. De hecho en el informe de asesoramiento se reconoce que si la sociedad no se disuelve habría un sobrecoste de 1,7 millones de euros.

Los asesores saben que el valor de los títulos de la compañía es mucho mayor que el valor al que se van a adquirir y dice la UCO que existen indicios de realización de negocios simulados y fraudes de ley, porque las acciones de las sociedades que sostenían Costa Roja las iban a adquirir la mujer de Lleó y de su socio, Fernando Martín, y primero tenían que dotarlas de renta para que resultara creíble que tenían capacidad para adquirir esas acciones.

Estas acciones las realiza finalmente el asesor Jerónimo Campón y la UCO cree que “son exclusivamente operaciones documentales que no son un fiel reflejo de la realidad y que realiza movimientos financieros inexistentes para justificar la legalidad de las operaciones contables a realizar”.

Ignacio Sánchez Yllera, que también es magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid y que fue durante 277 días jefe de gabinete de la vicepresidenta en el Gobierno de Zapatero, envía un correo a Luis Lleó en marzo de 2008, unas semanas antes de que se iniciara el intento de soborno al socialista Carlos Espino por parte de Fernando Becerra (como intermediario de Lleó) en el que le dice que “cuantos más amigos tengan a Espino como enemigo mejor parta ti y para el futuro” y le comenta: “Deja que muerda el anzuelo. Le pasará como al gobernador de Nueva York” (que tuvo que dimitir cuando luchaba contra la corrupción).

La Guardia Civil cree que Lleó llevaba una contabilidad paralela que guardaba en una furgoneta. En algunos correos se habla de “cosas en B que hay que llevar al trastero”. “Esa carpeta habría que sacarla del despacho esta semana sin más tardar y que se los lleve a una caja de archivo a la furgoneta de Matagorda”, dice Lleó en un correo. El empresario reconoce la existencia de pagos no contabilizados y de varios pagos en efectivo, como la compra de un solar por 600.000 euros y de cantidades importantes de dinero entregadas para adquirir parte de los terrenos de Costa Roja, con más de un millón de euros de saldo ficticio contable.

Fuente lavozdelanzarote.com:

Luis Lleó quería poner una “cortina de humo” sobre la polémica urbanística de Playa Blanca y, para ello, impulsó la creación de una supuesta asociación ciudadana, con la que pretendía “desplazar la atención” hacia Costa Teguise. Ésa es una de las conclusiones de la UCO, tras analizar los correos electrónicos y la documentación incautada en la Operación “Unión”, en la que el empresario es uno de los principales imputados.

Según el último informe de la UCO, Lleó utilizó a varias personas “afines” de manera “instrumental”, para que figuraran como responsables de la asociación. “Que no se note nada que estamos detrás de este tema, por favor”, escribió Luis Lleó a uno de sus colaboradores, en uno de los correos electrónicos en los que daba instrucciones sobre la creación de esta asociación.

El objetivo era “desviar la atención”, ya que en ese momento sus negocios estaban en el ojo del huracán, tras la megalicencia que le concedió el ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, para construir 1.012 viviendas, 228 locales comerciales y 2.559 garajes en la parcela de Costa Roja, a la entrada de Playa Blanca. Reyes ocultó esos permisos al Cabildo, pero La Voz de Lanzarote los hizo públicos y la licencia fue recurrida y paralizada por los tribunales. Además, el ex alcalde, varios técnicos de Yaiza y el propio Lleó fueron imputados en un procedimiento penal que continúa abierto.

“La idea que parece plantearse es la de poner una cortina de humo sobre el contencioso referente al proyecto de Residencial Costa Roja, utilizando una asociación amparada y promovida supuestamente por ciudadanos extranjeros sensibles, principalmente de Inglaterra, que harían llegar notas de prensa y denuncias a las autoridades y medios de comunicación de la isla y desviar la atención del conflicto en Playa Blanca con Costa Roja hacia la localidad de Costa Teguise”, sostiene la UCO en su informe.

Durante semanas, Lleó y varias personas de su entorno intercambiaron correos electrónicos dando cuenta de los distintos pasos para la constitución de la sociedad, bautizada como Asociación Lanzarote Viva. En uno de ellos, su abogado le explica a Lleó que ha “caracterizado un poco la asociación en función de sus promotores” y que ha puesto como domicilio el del padre de un trabajador del Grupo Nexar, “para que no sirviera de referencia o revelación del emporio de Lleó en la sombra”.

En otro mail, explican a Lleó que “la asociación ya está en la cocina” y que “se va a proceder a trabajar con ella con absoluta discreción, realizando la página web en Argentina”. Además, Lleó también dio instrucciones a un directivo del Grupo Nexar para poner en marcha una línea telefónica en Inglaterra. Según uno de los mails interceptados, llegaron a contratar “un fax en Inglaterra, en el centro de Londres”.

Sin embargo, en los documentos de constitución de la sociedad sólo figuran un trabajador del Grupo Nexar y su padre, y otra mujer de nacionalidad cubana que, según la UCO, también trabajaba en las empresas de Lleó. “La contratación de páginas web extranjeras y un fax en Inglaterra, denotan que la asociación no tiene otro fin que poner a personas interpuestas para intentar concentrar la problemática de las licencias en otro lugar”, sostiene el informe policial.

En cuanto a la página web, Lleó se refería en uno de los correos a la necesidad de ponerla en marcha cuanto antes, para “acelerar y calentar el ambiente, desviando las críticas a Costa Teguise”, y "poner a alguno más nervioso”.

Inicialmente, según se desprende de los correos electrónicos, esa página web estaba escrita sólo en inglés. Sin embargo, en uno de sus mails, Lleó propone hacer una versión también en castellano y deja clara la imagen que tiene de la sociedad en la que está haciendo sus negocios. En ese correo, apunta que sería posible hacer la página web también en español “para llegar a la masa no analfabeta conejera”. Al respecto, agrega que una persona se encargará de redactar un texto “sin contenido jurídico”.

“El hecho que motiva a crear la Asociación Lanzarote Viva a Luis Fernando Lleó es la de desviar la atención con el fin de aliviar la presión mediática que se está produciendo en aquellos momentos en la concesión de licencias en Playa Blanca por parte del Ayuntamiento de Yaiza”, insiste la UCO en su informe.

Sobre el funcionamiento de la Asociación, los agentes señalan que “no se ha podido comprobar si efectivamente se elevó a escritura pública la constitución de esta asociación denominada Lanzarote Viva”, aunque sí tienen constancia de que se presentaron escritos a la administración en nombre de esta asociación, con la que “Luis Lleó no quería aparecer vinculado de ninguna de las maneras”.

Fuente La Voz de Lanzarote:

El secretario del Juzgado de Primera Instancia Número 5 de Arrecife ha contestado a una providencia de la juez que instruye el caso "Unión", Silvia Muñoz, en la que asegura que “efectivamente se constata que no obran la resolución o resoluciones originales que amparen las entradas y registros practicadas en las sedes del Ayuntamiento de Arrecife y de Yaiza, y en sus correspondientes oficinas técnicas”. La juez había reclamado estos documentos, ya que no se encontraban en el sumario. En su respuesta, aunque el secretario confirma que esos autos “no obran en el procedimiento”, también acredita la existencia de los mismos.

“Este secretario tiene perfecto conocimiento, y da fe de ello, de que por parte del anterior magistrado titular de este Juzgado, don César Romero Pamparacuatro, se dictaron sendos autos”, señala en su escrito, fechado el pasado 10 de julio. Además, junto a su diligencia de respuesta, el secretario adjunta los autos judiciales, que fueron localizados en el soporte informático en el que se realizaron y guardaron en su momento.

“Examinadas las propiedades de ambos documentos, se hace constar que se ha verificado el que los mismos en ningún momento fueron rectificados con posterioridad a la fecha en que dichas diligencias fueron practicadas”, continúa el escrito del secretario, que ya ha aportado a la juez las impresiones de ambos autos, para incorporarlos al sumario.

Además, subraya que en las actas de los secretarios que estuvieron presentes durante las diligencias de entrada y registro de los Ayuntamientos de Arrecife y Yaiza, consta que esos autos “fueron notificados a las personas con las que se practicaron dichas diligencias”.

Fuentes jurídicas consultadas por La Voz aseguran que este tema no influirá en la instrucción de la causa, y que se resolverá incluyendo ahora los autos en el sumario. De hecho, aseguran que esto no tiene nada que ver con lo ocurrido recientemente con otros autos, concretamente los que autorizaron el registro en la vivienda y las oficinas de Luis Lleó. En ese caso, los registros sí han terminado siendo anulados, pero no porque el auto no apareciera, ya que finalmente fue localizado, sino porque no estaba debidamente motivado.

El sumario del caso “Unión” se empezó a tramitar al margen del sistema Atlante II por decisión del propio César Romero Pamparacuatro, en medio de las dudas que se planteaban en ese momento sobre la posibilidad de que personas ajenas a la causa pudieran tener acceso al material. El propio fiscal Anticorrupción de Las Palmas, Luis del Río, confirmó esta decisión del magistrado poco después de incorporarse al caso “Unión”, durante una entrevista en el programa “59 segundos” que emitía TVE en Canarias.

Aunque Del Río afirmó entonces desconocer los motivos de Pamparacuatro para evitar el uso de ese sistema, no eludió hablar de las dudas que se planteaban en ese momento sobre su seguridad. “Espero que el Atlante II sea seguro, porque si no las consecuencias podrían ser fatales. El que cualquier persona ajena a la Administración de Justicia pudiese tener acceso a datos de procedimientos judiciales, penales o civiles podría ser muy grave", insistió.

Sobre este sistema informático, incluso dijo que le constaba que en determinados asociaciones judiciales "se ha planteado esta preocupación, sobre todo, en aquellas causas que puedan afectar a algún miembro del Ejecutivo".

Según La Voz de Lanzarote:

El fiscal Javier Ródenas ha pedido a la juez instructora el sobreseimiento de una pieza separada del caso “Unión” y el archivo de las imputaciones contra Luis Lleó, Fernando Becerra, Honorio Nicolás García Bravo, Eugenio Romero Betancort y Carlos Alberto Sánchez Ojeda. En esta pieza separada se investigaba el supuesto ofrecimiento de Lleó a través de Becerra de comisiones presuntamente ilegales para que estos empresarios de la Cámara de Comercio influyeran en el resto de vocales de la entidad con el objetivo de que el pleno aprobara la adquisición de una planta del edificio “Marina de Naos”, propiedad de Lleó, algo que nunca se llevó a cabo.

Además, también se investigaba la posibilidad de un delito de tráfico de influencias por las gestiones realizadas entre Lleó y Carlos Sánchez Ojeda. El fiscal considera que se debe sobreseer provisionalmente las actuaciones contra estas personas, que fueron imputadas y detenidas en el marco de la Operación “Unión”.

El fiscal señala que se deben archivar estas imputaciones puesto que el ilícito penal del delito de cohecho “encuentra su origen precisamente en el hecho de que la acción recaiga en funcionarios públicos, en tanto que los mismos tienen encomendadas funciones dignas de tutela penal”. En esta pieza separada, sin embargo, los imputados son empresarios de la Cámara de Comercio que están sometidos “al derecho privado”.

Por tanto, el fiscal considera que la adquisición en su caso de un edificio o la ampliación de las oficinas de la Cámara de Comercio “no supone el que se ejercite por los vocales imputados una función pública”, por cuanto los vocales no tienen la consideración de funcionarios públicos. “El hecho de proponer al pleno de la Cámara la conveniencia de la adquisición del edificio no supone participación alguna en el ejercicio de la función pública”, afirma Ródenas.

El fiscal apunta a que sería distinto si los hechos investigados se hubiesen cometido con posterioridad a la reforma de la Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio de 2010, “en la que presumiblemente podrían encajar los hechos investigados”, ya que se ha cubierto un “vacío legal, consistente en la atipicidad de las conductas corruptas entre particulares”.

Respecto al presunto delito de tráfico de influencias imputado a Carlos Alberto Sánchez Ojeda por la supuesta mediación con cargos públicos del Gobierno de Canarias para que el Ejecutivo adquiriera el edificio Marina de Naos, propiedad de Lleó, el fiscal señala que “no ha quedado indiciariamente acreditado”. Así, insiste en que el propio informe de la Unión Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de 30 de marzo de 2012 hacía constar también que “no se había podido constatar a ciencia cierta” que Sánchez Ojeda “ejerciera presión sobre miembros del Gobierno de Canarias".

Además, este informe de la UCO se sirve y analiza los correos electrónicos contenidos en un disco duro, hallado en el registro de las oficinas del grupo Nexar, propiedad de Luis LLeó. Pero cabe recordar que este registro fue declarado nulo y, por tanto, no puede producir “ningún efecto en el procedimiento”, según afirma Ródenas.

Según Diario de Lanzarote:

Finalmente será la Audiencia de Cuentas de Canarias la que tenga que hacer una auditoría sobre los expedientes relacionados con cuatro empresas que contrataron con el Ayuntamiento de Arrecife: Estudio de arquitectura La Palmita, del empresario Antonio Gómez Ruiz, Construcciones Reina, Infogelanz, del empresario Jesús Manuel Martín Brito y Canary Island Publications, que edita la revista Viva Lanzarote.



La cantidad que está bajo sospecha es de casi 300.000 euros en el caso de la primera, de 84.000 para Construcciones Reina y de 1,3 millones en el caso de Infogelanz. Todos los contratos se hicieron entre 2007 y 2009.

Los cuatro expedientes están del caso Unión y la nueva juez titular, Silvia Muñoz, ha solicitado a través de una providencia fechada el pasado 6 de noviembre a dicha Audiencia que realice una prueba pericial para aclarar si se ha respetado la legalidad administrativa en esos contratos.

La Fiscalía pidió en febrero de 2012 que se realizara ese informe, pero tanto la Intervención General del Estado como la de la Comunidad Autónoma se negaron por considerar que el cometido excedía de sus competencias o que no disponían de medios suficientes, así que se iniciaron los trámites, a principios de 2013, para encargar la auditoría a una consultora de Fuerteventura.

Finalmente se ha pedido a la Audiencia de Cuentas, que deberá informar sobre si hay deficiencia en esos contratos en la fiscalización por parte del Interventor, el concejal de hacienda u otros funcionarios, si ha habido fraccionamientos irregulares para eludir los requisitos de publicidad o adjudicación, si había partida presupuestaria, si estaban bien definidos los criterios para la adjudicación, etc.

En el caso de Infogelanz, tanto el concejal José Miguel Rodríguez como el administrador Jesús Manuel Martín Brito admitieron haber recibido y entregado, respectivamente, comisiones ilegales para obtener contratos y se sospecha que participaron también los ediles Ubaldo Becerra, Antonio Machín y Luisa Blanco.

También confesó el pago de comisiones para el PIL el empresario Antonio Gómez, que habrá pagado una comisión de unos 20.000 euros para poder cobrar los servicios que ya había prestado y la investigación también considera que hay indicios de que el responsable de Construcciones Reina pudo pagar para que se le agilizasen sus facturas en el Ayuntamiento y de que Antonio Machín pudo convenir comisiones con la editora de la revista mediante publicidad.

Fuente canariasahora.com:

Playa Blanca era un pueblito de pescadores en el sur de Lanzarote y ahora es una de las tres localidades turísticas de la Isla, con 20.000 plazas hoteleras. Pertenece al municipio de Yaiza, que en 1996 tenía 3.300 habitantes y hoy tiene cuatro veces más. Aquel año se aupó a la alcaldía José Francisco Reyes, entonces pastor de cabras además de taxista y hoy a la espera de sentarse en el banquillo para afrontar la petición de 25 años de cárcel por conceder licencias urbanísticas ilegales de 1998 a 2008 y disponer de un patrimonio cercano al millón de euros localizado por la Policía que no ha sabido explicar de dónde ha salido.

A la entrada del pueblo, a la izquierda, hay una parcela con unas vallas que se llama Costa Roja. En ese suelo, el abogado y empresario Luis Lleó pretendía construir 1.000 viviendas y 200 garajes. Reyes le dio la licencia pero el Cabildo de Lanzarote ordenó paralizar la obra.

Después de varios intentos de legalización, el empresario parece que optó por la vía más rápida, más sencilla y más habitual. A través de Fernando Becerra, un intermediario, le ofreció a Carlos Espino, secretario insular del PSOE, consejero del Cabildo y firmante de una querella por ese proyecto, una suculenta comisión para desbloquear el asunto, pero el dirigente socialista denunció ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que se lo tomó en serio.

La UCO pinchos los teléfonos y, además, grabó durante un año las conversaciones entre Espino y Becerra, hermano de un ex consejero del Gobierno de Canarias (del Partido Nacionalista de Lanzarote, la misma fuerza que el alcalde) y de un concejal de Arrecife (en este caso de otra formación, el PIL). Así, y bajo el mando del juez César Romero Pamparacuatro, comenzaba la operación Unión, que se mantuvo un año en secreto y que se salió a la luz el 25 de de mayo de 2009, con 25 detenciones en tres días y las intervenciones en los ayuntamientos de Yaiza y Arrecife.

Lo que empezó por un soborno, gracias a los pinchazos telefónicos y a otra denuncia que se sumó siete meses después, acabó como el mayor caso de corrupción de Canarias, que hoy tiene cien imputados, más de una docena de piezas separadas y aglutina todos los delitos del Código Penal dedicados a la corrupción: hay comisiones urbanísticas, tráficos de influencias, concursos públicos amañados, construcciones en suelo rústico, sobornos, pago de comisiones para adjudicar obras, pago de comisiones para cobrar deudas pendientes y varias formas de malversación.Están imputados gran parte de los empresarios más relevantes de la Isla, algunos otros de fuera, cinco directivos de Urbaser, el marido de Alexia de Grecia, el ex director de la cárcel, funcionarios, abogados y políticos de casi todos los partidos.

Cuando se inció la investigación, la UCO tonó "medidas de reserva y discreción especialmente rigurosas" y los agentes se trasladaron a la Isla sin armas y ni avisar a sus compañeros. El juez hizo lo mismo y tramitó todo desde su ordenador personal, fuera del sistema informático de la Consejería, porque Lanzarote es un sitio pequeño, con muchas relaciones de amistad y parentesco, entre otros motivos.

No sirvió de mucho. Cinco años después nadie ha llegado a juicio y la instrucción, con mas de 30.000 folios, ha sido un calvario. El juez pidió un refuerzo en el año 2009 pero no se lo dieron. En 2010 se trasladó a Tenerife pero quiso seguir con el caso en comisión de servicios. Le concedieron tres meses, sin relevarle de sus otras funciones, y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le denegó la prórroga a pesar de que había seis informes que la aconsejaban. La actual juez, que se dedica exclusivamente al caso, es la quinta que se ha hecho cargo de la instrucción.

En el caso se investigó, pero se archivó, la participación de un teniente coronel de la Guardia Civil en el soplo a una de las detenidas, la ex alcaldesa de Arrecife, Isabel Déniz, hermana de la entonces Viceconsejera de Justicia del Gobierno canario, Carolina Déniz, que sabía que la iban a detener. Ahora el juez Pamparacuatro ha puesto una denuncia que revela que han desaparecido del sumario al menos 21 autos y varias grabaciones originales.

La defensa de algunos imputados sostiene, sin embargo, que el juez ordenaba detenciones y registros, y después elaboraba las órdenes. Ni la Fiscalía ni la Audiencia provincial dan ningún crédito a esta teoría, pero con la ayuda inestimable de varios medios de comunicación están sembrando la sospecha de que incluso se falsearon pruebas y han anunciado una "macroquerella" contra el juez y la UCO.

Hace un mes, la Audiencia de Las Palmas decidió, con el apoyo de la Fiscalía, anular las órdenes de registro de las oficinas de Luis Lleó porque en los autos se hacía mención a otro de los detenidos durante esos días, un error material que se podía haber subsanado. Esto no afecta, en teoría, al juicio, pero con esa anulación se invalidan todas las pruebas obtenidas por la UCO en ese registro, entre ellas un extenso informe de la Guardia Civil, elaborado en base a correos electrónicos, que revelaba que a Lléo le asesoraban dos letrados del Tribunal Constitucional, Ignacio Sánchez Yllera y Ángel Aguallo, mientras ejercían un cargo que es incompatible con el asesoramiento fiscal.

Yllera fue juez en Lanzarote y jefe de gabinete de Teresa Fernández de la Vega. Aguallo es desde marzo de 2008 magistrado de sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo. Ambos, según ese informe, asesoraron a Lleó para ahorrarse impuestos, precisamente de la sociedad Costa Roja, la promotora de la urbanización de las 1.000 viviendas. Lo que buscaban era convertir Costa Roja en sociedad patrimonial para ahorrarse 1,7 millones, hacer una ampliación de capital en favor de la mujer de Lleó y de su socio y después disolverla. Y eso es exactamente lo que hizo el empresario.

Entre 2006 y 2008, tanto Yllera como Aguallo y el inspector de tributos del Ayuntamiento de Sevilla, Ignacio Pérez Royo, mantienen una correspondencia fluida con Lleó y sus abogados, principalmente con Manuel Matamoros, utilizando sus cuentas de correo del Tribunal Constitucional. En ese tiempo, mientras los dos letrados prestaban sus servicios a Lleó, el Cabildo denunció el proyecto de urbanización y se inició un proceso penal por la concesión de la licencia.

El informe también revela que el bufete EJP, el mismo que contrató a Jaume Matas y del que es socio el antiguo vocal del CGPJ Enrique Arnaldo Alcubilla, elaboró un informe a la carta que avalaba la licencia a Costa Roja. El informe fue encargado por Lleó pero lo pagó el Ayuntamiento. El arquitecto que hizo el proyecto de esa urbanización también llegó a denunciar que el promotor había pagado una comisión de tres millones de euros para conseguir la licencia.

El 19 de marzo de 2008, sólo seis días después del nombramiento de Aguallo como magistrado del Supremo, Lleó envía a su secretaria el siguiente correo, que lleva como asunto "facturas Aguallo y Pérez Royo": "Para resolver definitivamente de momento me dicen que no incluyamos en ningún modelo ni 347 ni 190 las facturas y las destruyamos físicamente y ya nos darán instrucciones".

Por otro lado, Yllera envía un correo a Lleó ese mismo mes, unas semanas antes de que se iniciara el intento de soborno a Carlos Espino en el que le dice: "Cuantos más amigos tengan a Espino como enemigo mejor para ti y para el futuro" y añade, según la UCO, que deje "que muerda el anzuelo".



El informe de la UCO, que ya no tiene validez jurídica, dice sobre el asesoramiento de los dos letrados que "no se puede obviar la posible participación en las presuntas irregularidades cometidas desde el punto de vista fiscal por Residencial Costa Roja (...), por lo cual pudieran haber cometido ilícitos penales de naturaleza fiscal al realizar operaciones, tanto contables como instrumentales, que pudieran derivar en defraudación de impuestos a la Hacienda Estatal". Entre la documentación incautada figura una transferencia realizada por Lleó a Aguallo de 75.000 euros (la mitad de sus honorarios, según revela el informe) y un contrato de una opción de compra de una vivienda para Sánchez Yllera, así como la reserva de una oficina en el edificio La Marina de Naos.

En su denuncia por la desaparición de los autos del sumario, el juez Pamparacuatro se queja de que los órganos políticos y el CGPJ "no adoptaron las medidas necesarias para garantizar la buena marcha de una investigación judicial de gran envergadura relacionada con la corrupción". El juez pone de manifiesto que Sánchez Yllera y Francisco Caamaño estuvieron al mismo tiempo a las órdenes de De la Vega, uno como jefe de gabinete y otro como secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Finalmente, Caamaño ascendió a ministro de Justicia y lo era cuando ese mismo Ministerio denegó el refuerzo que había pedido el juez y había aprobado el Poder Judicial para acelerar el caso. El Ministerio no le dio el apoyo alegando que no se estaba justificaba la «excepcional carga de trabajo» que conllevaba la instrucción.

Fuente lavozdelanzarote.com:

El interventor del Ayuntamiento de Arrecife, que estuvo 10 meses en prisión provisional por su imputación en el caso “Montecarlo”, ha pasado a estar imputado también en una de las piezas centrales del caso “Unión”, la número 12. La juez Silvia Muñoz ha decidido llamar a declarar a Carlos Sáenz el próximo viernes 25 de abril, para que responda por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.



Junto a Sáenz, también han pasado a estar imputados en esta pieza la hija de Dimas Martín, Elena Martín, que es jefa de Contratación del Ayuntamiento, así como dos técnicos de la Concejalía de Parques y Jardines: Yoana Cabrera Machín León y Loyola del Mar Hernández Álvarez.

Estas cuatro nuevas imputaciones habían sido solicitadas por el fiscal, Javier Ródenas, tras analizar el informe pericial elaborado por la Audiencia de Cuentas de Canarias a petición del Juzgado de Instancia Número 5. En ese informe, según sostiene la Fiscalía, “se evidencian indicios racionales de criminalidad” tanto por parte del interventor como de las tres técnicos del Consistorio que “validaron la contratación de las empresas auditadas”.

Concretamente, en esta pieza se investigan los contratos con Antonio Gómez Ruiz, a través de Estudio de Arquitectura La Palmita; con Construcciones y Reparaciones Reina, de Manuel Gregorio Reina Fabre; con Canary Island Publications S.L., editora de la revista Viva Lanzarote, y con Infogelan Construcciones e Infogelan Fontanería, de Jesús Manuel Martín Brito. Esta última empresa es la que presentó una facturación más abultada, llegando a cobrar 1.193.052 euros del Ayuntamiento durante el periodo investigado. El propio administrador de la empresa reconoció tras ser detenido haber pagado comisiones ilegales a cambio de las adjudicaciones.

Además, en la causa no sólo se investiga la adjudicación irregular de contratos y servicios, sino también si esos trabajos se realizaron realmente y si hay “duplicidad” de obras o “sobrecoste en la ejecución”. Para determinarlo, la Fiscalía recuerda que se solicitó una pericial auditoría a la empresa Godoy Consultores y pide a la juez que se le requiera “con carácter urgente” para que informe del estado en el que se encuentra ese informe.

Hasta ahora, en esta pieza ya estaban imputados el líder histórico del PIL, Dimas Martín; el que entonces era su mano derecha, Matías Curbelo, y cuatro concejales del partido en el Ayuntamiento de Arrecife: José Miguel Rodríguez; Ubaldo Becerra, María Luisa Blanco y Antonio Machín.

La Fiscalía considera todos ellos formaban parte de una “posible trama corrupta que anida en el Ayuntamiento de Arrecife bajo una asociación ilícita y/o coparticipación delictiva, consistente en la ejecución de hechos esenciales para la comisión de delitos de múltiple proyección (maquinaciones para alterar el precio de las cosas, prevaricación, revelación de información reservada y privilegiada, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos…), pero cuyo denominador común es el ataque a la administración pública”.

El nexo de unión de casi todos los imputados en esta pieza está en su “pertenencia al Partido de Independientes de Lanzarote, bajo el poder omnipresente de quien fuera el fundador de la formación política, el imputado Dimas Martín, quien se valdría de los concejales del grupo PIL para la obtención de fondos irregulares con los que atender la financiación de su partido político y además enriquecerse con las cuantiosas comisiones ilegales exigidas a los empresarios como medio para la adjudicación de obras y contratos con la Corporación Local”.

A cambio, según el escrito del fiscal, estos empresarios recibían “la adjudicación en cascada de contratos que, bajo la fraudulenta modalidad de contratación menor, quebrantaban las más elementales normas de licitación pública: transparencia, legalidad, libertad de concurrencia e igualdad de oportunidades”.

Aunque su nombre aparece varias veces en el sumario del caso "Unión", el interventor de Arrecife no fue imputado en el inicio de esta causa, pero sí en otra pieza investigada posteriormente, la número 13, centrada en los pagos a una empresa de electricidad por trabajos presuntamente no prestados. Además, fue detenido e incluso enviado a prisión provisional en otro procedimiento abierto después, el caso Montecarlo.

En esa causa, Carlos Sáenz es el principal imputado y debe responder por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, blanqueo de capitales, prevaricación y falsedad de documento público no sólo en el Ayuntamiento de Arrecife, sino también en el de San Bartolomé y en el Consistorio majorero de La Oliva, en los que también fue interventor.

En el caso Montecarlo, en el que se investiga el pago de facturas "infladas" o por trabajos no realizados en esos municipios, Sáenz habría actuado presuntamente en connivencia con políticos de otras formaciones. De hecho, en esa causa sólo hay imputado un ex cargo del PIL, José Miguel Rodríguez, y el resto son de distintos partidos, como el PP, CC y el PSOE.

Tras pasar 10 meses en prisión provisional, Carlos Sáenz pidió reincorporarse a su puesto de interventor en Arrecife y aunque inicialmente se acogió durante varios meses a una baja médica, en agosto volvió a ocupar su cargo, en el que continúa actualmente.

Fuente diariodelanzarote.com:

De los 139 expedientes que ha analizado la Audiencia de Cuentas de Canarias sobre cuatro empresas que contrataban con el Ayuntamiento de Arrecife, dentro del caso Unión, entre los años 2007 a 2009, sólo en dos de ellos se había aprobado el gasto y la reserva del crédito necesario en el prepuesto, antes de poner en marcha el expediente. En todos los demás casos se expidió la factura antes de que se aprobara el gasto y de que se certificara si había o no crédito para pagarlas.



Este es solo una de las múltiples irregularidades que revela el informe de la Audiencia sobre estas empresas y particulares que facturaron más de 1,6 millones de euros. La mayor parte correspondió a Infogelan, del empresario Jesús Manuel Martín Brito, con maś de 1,2 millones.

Entre las irregularidades generalizadas se encuentran gastos efectuados sin que se hicieran expedientes de contratación, fraccionamientos indebidos, ausencia de otras ofertas presentadas para la misma obra o servicio como exige la Ley, falta de acreditación de la habilitación profesional del contratista para contratar con la Administración...

Tampoco hay firma de recepción del contrato en muchos de los casos o al menos una firma válida, porque en muchos contratos la firma no está identificada, e incluso en muchos otros la fecha o algunas otras partes son ilegibles.

Ni siquiera consta entre la documentación el presupuesto hecho por la Administración, sino solo el presupuesto presentado por el contratista. Es decir, el Ayuntamiento, antes de contratar una obra o servicio debía haber hecho un presupuesto y no atenerse al que presente quien se lleva la obra.

Algunos de los empresarios, así como dos de los concejales del PIL que contrataban estos servicios, reconocieron que pagaron y cobraron, respectivamente comisiones ilegales. Muchas de los gastos eran desmesurados e incluso innecesarios.

A finales de abril tuvieron que declarar por estos contratos el interventor municipal, Carlos Sáenz, y la responsable municipal de compras, Elena Martín. El primero no declaró alegando que no tenía toda la información disponible y la segunda se negó a declarar.

Quienes sí declararon, también como imputadas, fueron dos auxiliares administrativas de parques y jardines, con más de diez años de experiencia en el Ayuntamiento aunque una de ellas se sintió indispuesta y tuvo que dejar la declaración.

Ambas alegaron que sólo tramitaban los expedientes y que no intervenían en los presupuestos ni en la contratación, pero aparecen sus firmas en varios expedientes. Dijeron que firmaban porque no había técnicos en el departamento.

Una de ellas aseguró que el concejal Antonio Machín, del PIL, le decía “que firmara, que sólo es un trámite” y afirmó que no sabía que estuviera aprobando gastos con su firma. El concejal le decía que era “el trámite del área”. “No sabía por qué tenía que firmar las facturas, pensaba que era el trámite habitual”, declaró.

Estas son las conclusiones del informe de la Audiencia de Cuentas:

Estudio La Palmita. Es una empresa de Antonio Gómez Ruiz. En un caso el Ayuntamiento le contrata, a título particular, para hacer un proyecto de arbolado en la ciudad y después le adjudica a su empresa. Entre 2007 y 2008 facturó casi 300.000 euros tanto en proyectos como en suministro de flores de Pascua (maś de 37.000 euros) y plantaciones de árboles en varias zonas de Arrecife. Se llevó 23 contratos.

Construcciones Reina. Once contratos entre agosto y diciembre de 2007. Facturó 84.000 euros en trabajos como el arreglo del balneario de El Reducto, la perrera municipal o el parque de los pinos en Titerroy. Cobró 10.000 euros por reparar la fuente de este parque.

Infogelan. 1,2 millones en 90 contaos más otros cuatro a su administrador, Jesús Manuel Martín Brito, por cosas tan diversas como retirada de coches y bandejas, limpieza de solares, obras en la pescadería municipal, que costó 280.000 euros, otros 20.000 euros en reparación de fuentes en el parque temático, 100.000 euros en reparación de zaguanes, de portales de la calle Clavijo y Fajardo, 75.000 euros en las esculturas con el nombre de los barrios, cientos de miles de euros en adecentamiento de aceras, 22.000 euros en vallar el parque de Valterra, decenas de miles en obras en parques... Muchas facturas se reconocían el 31 de diciembre.

Canary Island Publications. 21.000 euros en publicidad en una revista, con precios de hasta 2.200 euros por una página en el número de agosto.

Fuente diariodelanzarote.com:

La Fiscalía de Las Palmas pide seis años de prisión para el interventor del Ayuntamiento de Arrecife, Carlos Sáenz, el ex jefe de la Oficina técnica, Rafael Arrocha y el ex concejal del PIL, José Miguel Rodríguez, por la trama de las facturas falsas de electricidad que se pagaban a la empresa Proselan, del empresario José Daniel Hernández Arráez, para quien se piden cinco años y seis meses.



Los tres primeros están acusados de tres delitos: prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y fraude, como autores en este último caso y como como cooperadores necesarios en el caso de los funcionarios en los otros dos delitos. El empresario suma a estos tres delitos el de falsedad en documento mercantil y se le considera inductor a la prevaricación.

Los hechos se remontan a septiembre de 2008 cuando los cuatro acusados, según la Fiscalía, idearon “un plan que tenía por objeto la arbitraria expoliación de fondos públicos titularidad del Ayuntamiento de Arrecife" para lo cual "crearon la apariencia de que se iban a prestar determinados servicios de iluminación y otros de electricidad en diferentes fiestas de la ciudad de Arrecife, a sabiendas de que los referidos servicios nunca iban a ejecutarse”.

En definitiva, se facturaban trabajos de electricidad por parte de Proselan para fiestas de barrios y se adjudicaban esos de forma directa a pesar de que excedían la cantidad de 18.000 euros. Se trata de 14 facturas que suman 350.000 euros, presentadas entre diciembre de 2008 y abril de 2009 y se llegaron a pagar 250.000 euros a pesar de que los trabajos, según la Fiscalía, nunca se ejecutaron.

Hernández, que iba en las listas del PNL como número 3 al Parlamento en 2007, presentaba las facturas, Arrocha les daba el visto bueno como responsable del contrato y Rodríguez y Sáenz autorizaban el gasto. Los trabajos no aparecían pormenorizados y sólo se especificaba que eran "trabajos de montaje y desmontaje y utilización de líneas, postes proyectores, cuadros accesorios y mantenimiento" tanto en distintas fiestas de barrios como en carnavales.

Diez de estas facturas pertenecen al año 2008 y cuatro a 2009. Las de 2008 se corresponden con las fiestas de Valterra, de San José Obrero, las de Chaxiraxi en Argana Baja, las de San Francisco Javier y las de carnaval. Las de 2009 pertenecen a las fiestas de carnaval y a las de San José Obrero en Titerroy.

Cada una de estas facturas oscila entre los 23.000 y los 27.000 euros y la descripción de los trabajos es siempre la misma: “trabajos realizados de montaje de líneas, postes, proyectores, cuadros y accesorios en las fiestas” del barrio correspondiente. En ocasiones se presentaban dos facturas, una del montaje y otra del desmontaje, y cada una de ellas rondaba los 25.000 euros.

En julio de 2009, el Ayuntamiento, gobernado entonces en minoría por el PSOE tras el estallido de la operación Unión, encargó dos informes internos que constataron que los trabajos ni siquiera se hicieron y que Proselan facturó trabajos antes de que la empresa estuviera legalmente constituida.

Tras esos informes, se trasladaron las facturas a Fiscalía. Un particular también llevó esas facturas al Juzgado, incorporándose al caso Unión como la pieza número 13. Es la tercera de las piezas que ya tienen calificación de Fiscalía, y que están listas para juzgarse, tras la del soborno de Lleó y los pagos realizados a Rodríguez Batllori.

La Fiscalía pide que declaren como testigos varios trabajadores del Ayuntamiento y dos empresarios de empresas de electricidad que sí hicieron algunos de los trabajos facturados, como Jesús Machín y Carlos Lemes, así como dos peritos de la Audiencia de Cuentas de Canarias y de la Agencia Tributaria.

DOCUMENTO: Escrito de acusación de Fiscalía:
https://www.dropbox.com/s/yd4xrurn8txpv ... eza-13.pdf

Fuente lavozdelanzarote.com:

Uno de los denunciantes del caso “Unión”, Carlos Espino, ha dirigido un escrito al Consejo General del Poder Judicial en el que pide que se abra un expediente de investigación contra los magistrados Ignacio Sánchez Yllera y Ángel Aguallo, cuyos nombres aparecen en varios informes de la UCO por su relación con uno de los principales imputados en la causa, el empresario Luis Lleó.



Los documentos que acreditaban la labor de asesoramiento que realizaron estos dos jueces, que en ese momento formaban parte del Tribunal Constitucional, quedaron fuera del caso Unión, al anularse los registros en la vivienda y las oficinas del empresario Luis Lleó. Sin embargo, Espino pide ahora al Poder Judicial que abra diligencias internas para depurar responsabilidades. Y es que en sus informes, la UCO advertía de que, entre otras cosas, ambos magistrados podrían haber incurrido en “incompatibilidad”.

Tal como en su momento publicó La Voz de Lanzarote, los correos electrónicos interceptados en el caso Unión y los informes policiales apuntan a que ambos jueces asesoraron fiscalmente a Lleó, denunciado por el presunto intento de soborno a Carlos Espino, y que también estaba siendo investigado entre otras cosas por presuntos delitos de evasión de impuestos.

En las fechas en las que se produjo ese asesoramiento, Aguallo y Sánchez Yllera formaban parte del Tribunal Constitucional como letrados. Además, Ignacio Sánchez Yllera era jefe de gabinete de la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, así como juez de Vigilancia Penitenciaria y técnico del Consejo General del Poder Judicial. Actualmente, ambos siguen ejerciendo como magistrados, uno en el Tribunal Supremo y otro en la Audiencia Provincial de Madrid.

El informe de la UCO señalaba que tanto el juez Ángel Aguallo Avilés como Ignacio Javier Sánchez Yllera, que asesoró a Lleó en “diversos asuntos jurídicos”, pudieron incurrir en “algún tipo de incompatibilidad”, ya que eran letrados-magistrados del Tribunal Constitucional. Al respecto, señala que la ley impide que los miembros de este órgano compatibilicen ese cargo con “cualquier otra función, destino o cargo, así como el ejercicio profesional y con la intervención en actividades industriales, mercantiles o profesionales, incluso las consultivas y las de asesoramiento”.

Sin embargo, a la luz de la documentación incautada en los registros durante la Operación Unión, la UCO sostiene que realizaron ese asesoramiento a Lleó y cobraron por ello. Además, según el informe policial, intentaron camuflar esos pagos, evitando que vinieran “reflejados directamente a nombre de la persona que realiza el asesoramiento”.

Entre los documentos intervenidos por la UCO, se encontraron facturas enviadas a la abogada María José García Vizcaino (a la que la UCO señala como pareja del magistrado Ignacio Sánchez Yllera), de los pagos realizados por prestación de servicios relacionados por Residencial Costa Roja a Ángel Aguallo Avilés y a otro asesor de Lleó, así como el envío a través de Ignacio Sánchez Yllera de documentos y consultas realizadas por los redactores del dictamen fiscal del residencial Costa Roja.

Ángel Aguallo Avilés fue uno de los “autores intelectuales” de ese dictamen, en el que recomendaban a Lleó los pasos a seguir para que Residencial Costa Roja tributara como sociedad patrimonial, obteniendo una tributación muy inferior a la que se realiza en el régimen general de sociedades, pese a que no cumplía los requisitos para ello.

En ese dictamen, proponían a Lleó la disolución de la sociedad y la entrada de otras personas como accionistas. Esto último se hizo con la compra de participaciones por parte de dos personas, aunque la UCO subraya que pudo tratarse de una operación ficticia, “realizada exclusivamente de manera documental”.

En el escrito que ha dirigido al Consejo General del Poder Judicial, Carlos Espino reproduce también el contenido de otros correos electrónicos que formaban parte del sumario del caso “Unión” y que fueron publicados en su día por distintos medios. En uno de ellos, Ignacio Sánchez Yllera le dice a Luis Lleó que es “imposible localizarle, que teme, intuye y tiene algún dato de que sus cosas familiares (consultores-inmubles) van a estallar por los aires y que puede verse en vuelto en otra causa penal”. En ese mismo mail, el magistrado apunta que todo ello “es consecuencia de no haber recibido noticia ni dato alguno de esos magníficos economistas-contables, lo que le hace creer la sospecha de que les estás preparando alguna gorda”.

En otro de los correos electrónicos, también aparece mencionado el propio Carlos Espino, que además de denunciar el intento de soborno por parte de Lleó para desbloquear la urbanización de la parcela de Costa Roja, también había denunciado la licencia que en su momento le concedió José Francisco Reyes para construir más de mil viviendas en ese suelo, y que dio lugar a otra causa penal que está pendiente de juicio.

“Cuantos más amigos tengan a Espino como enemigo… mejor para ti”, le decía el magistrado Sánchez Yllera a Lleó en uno de esos mails. Además, le recomendaba que dejara que Carlos Espino “mordiera el anzuelo”, porque “le pasará como al gobernador de Nueva York”, en aparente referencia a Eliot Laurence Spitzer.

Este abogado y político llegó a ser conocido como “el sheriff de Wall Street” por su lucha contra la corrupción y, en particular, por la persecución de los delitos de altos ejecutivos y brokers. Sin embargo, en 2008 renunció a su cargo a raíz de un escándalo sexual.

Fuente lavozdelanzarote.com:



“Dimas, perdona, sé que no estás para estos temas, pero estoy desesperado y no tengo a quién recurrir”. Esta frase forma parte de una de las cartas que pusieron a la UCO sobre la pista del ex consejero del Gobierno de Canarias Francisco Rodríguez Batllori, que desde este jueves se sentará en el banquillo de los acusados en el primer juicio del caso “Unión”.

Los agentes hallaron estas cartas cuando la Operación Unión ya había arrancado. De hecho, fue en los registros de la primera oleada de detenciones cuando se encontraron con este nuevo frente, al descubrir un triángulo epistolar entre Rodríguez Batllori, Dimas Martín y el entonces concejal de Hacienda de Arrecife, José Miguel Rodríguez.

En ese momento, Dimas no ocupaba ningún cargo público y estaba en prisión, cumpliendo una condena por malversación de fondos públicos. Y fue en su celda de Tahíche donde se localizaron algunas de estas cartas e incluso una factura que Batllori pretendía cargar al Ayuntamiento de Arrecife, por trabajos presuntamente no realizados. “Mira a ver, pues J.M.R. (José Miguel Rodríguez), a quien le di la factura de este mes, me dijo que tú le habías comentado que parase ya con la última anterior, para desviarla por otro sitio. A mí me da igual, pero quiero insistirte en que este mes me es absolutamente indispensable”, le decía Batllori a Dimas, relatándole los problemas económicos que estaba atravesando.

Ésta y otras cartas evidenciaban que el ex consejero canario recurría a Dimas para que el Ayuntamiento de Arrecife -y otras administraciones públicas gobernadas por el PIL- le pagara facturas por supuestos servicios que ni siquiera conocía el concejal que debía autorizar los pagos.

“Cada vez que te quitan de circulación aparecen unos personajes que acuden en tu nombre y quiero que me vayas indicando cómo actuar”, le planteaba a su vez José Miguel Rodríguez a Dimas en una carta, refiriéndose a una visita que había recibido de Batllori. “Estuvo hoy en mi despacho, supuestamente mandado por ti (…) Me dejó una factura por importe de 3.500 euros que eran por los servicios prestados por él. Al respecto le dije que yo me pondría en contacto contigo y que por lo tanto tardaría unos días en poder darle una respuesta”, le explicaba el concejal a Dimas.

Al ser interrogado por este tema, el propio José Miguel Rodríguez confesó ante el juez que tales servicios no se prestaron al Ayuntamiento de Arrecife, admitiendo que incurrieron en una presunta malversación de fondos públicos realizando esos pagos.

Por su parte, Rodríguez Batllori asegura que sí prestó servicios tanto para Arrecife como para Inalsa, por los que cobraba unos 3.500 euros mensuales (un mes de cada una de las dos instituciones), aunque reconoce que no tenía ningún tipo de contrato. Sin embargo, la investigación realizada por la UCO sostiene que lo que se pagaba con esas facturas era, en todo caso, las gestiones privadas que Batllori realizaba para Dimas Martín.

“Paco Batllori ya sabes cómo es, vende más de lo que consigue. No queda duda que tiene sus contactos, pero es pesado como una piedra y me temo que el caso que le hacen es nulo. Échale una mano hasta donde puedas”, respondía Dimas a José Miguel Rodríguez en otra carta, cuando éste le pidió instrucciones sobre qué hacer con la factura que le había presentado el ex consejero canario.

Además de abogado y consejero de Empleo, Rodríguez Batllori fue viceconsejero de Justicia del Gobierno de Canarias. Respecto a sus “contactos”, el propio Batllori hablaba de ellos en las cartas que remitía a Dimas, haciendo referencia a su “amistad” con altos cargos del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior de Justicia de Canarias

Una de esas cartas fue encontrada en la celda de Dimas Martín y la otra en el despacho de José Miguel Rodríguez, ya que Dimas se la había reenviado al concejal con otra nota manuscrita: “Como ves soy el paño de lágrimas de todo el mundo. Mira lo que puedes hacer, en el fondo me da pena de él”, le decía al respecto.

Y es que en esa carta, Batllori le contaba a Dimas detalles sobre su vida personal, sus problemas económicos y las deudas que arrastraba. “En fin Dimas, perdona que me desahogue contigo, pero es que eres el único amigo con el que puedo contar. Por ello te ruego mires lo que puedas hacer, pues resuelto este tema ya no te daré más la lata. Eso sí, me es indispensable que tanto Inalsa como Arrecife me ingresen antes de los días 10 de cada mes, porque si no la bola se me hace absolutamente intragable”, concluía, despidiéndose con un: “Te aseguro que nunca te fallaré y que siempre podrás contar conmigo para lo que sea”.

Respecto a los temas en los que supuestamente estaba intermediando Batllori, la investigación policial y judicial apunta que respondían a gestiones privadas para Dimas, sobre todo en relación con su situación carcelaria, ya que en ese momento estaba intentando conseguir el tercer grado penitenciario. De hecho, ése es uno de los temas de los que más hablaban en las cartas interceptadas por la UCO, en las que Batllori daba cuenta a Dimas de las supuestas gestiones que estaba realizando para ayudarle a lograrlo.

Además, también hay varias referencias a un libro que al parecer iba a escribir un periodista de Gran Canaria, y del que también pretendían que se “encargara” el entonces concejal de Hacienda de Arrecife. “Estuve con J.M.R. (José Miguel Rodríguez) y me dijo que tú no le habías indicado nada, que contactaría contigo a la espera de tus instrucciones”, le decía Batllori a Dimas Martín, explicándole que el periodista estaba “a la espera de lo que tú digas y montar el mejor operativo posible para verse contigo”.

“Dime qué debo hacer al respecto”, preguntaba en otra carta José Miguel Rodríguez a Dimas hablando de este asunto. “Es un libro que vamos a escribir que puede ser muy interesante, de eso ya te hablaré con más tranquilidad”, le respondía Dimas.

El periodista que Batllori estaba poniendo en contacto con Dimas y que supuestamente iba a escribir ese libro era Francisco Chavanel, que ahora acaba de ser denunciado por el fiscal Ignacio Stampa por atentar contra su honor de forma reiterada durante los últimos cinco meses, tanto en su programa de radio como en varios artículos publicados en el diario Canarias 7, intentando desprestigiar su trabajo y el de otros jueces y fiscales en distintas causas de corrupción, especialmente en el caso Unión y el caso Stratvs, con presuntas calumnias e injurias sobre su actividad profesional y su vida personal.

Las cartas interceptadas por la UCO, la posterior investigación policial y judicial y una denuncia presentada por el sindicalista e integrante de Alternativa Ciudadana Andrés Barreto, que llevó a los Juzgados otras facturas presuntamente fraudulentas pagadas por Inalsa a Rodríguez Batllori, llevaron a la apertura de una pieza separada dentro del caso “Unión”, que será la primera de esta macrocausa en ir a juicio.

La vista comenzará este jueves en Arrecife con seis imputados, acusados de distintos delitos de fraude, en concurso con malversación y prevaricación, por haber participado en el pago de facturas por trabajos presuntamente no realizados tanto desde el Ayuntamiento de Arrecife como desde Inalsa. Batllori está acusado también de falsedad documental, por lo que la Fiscalía pide para él la mayor pena: ocho años de cárcel.

Junto a él se sentarán en el banquillo Dimas Martín, para quien el fiscal Javier Ródenas pide seis años de cárcel; la ex consejera delegada de Inalsa, Plácida Guerra, y el ex gerente de Inalsa, Rafael Ellorieta, para los que se piden cinco años de prisión; así como los ex concejales de Arrecife Luisa Blanco y José Miguel Rodríguez. Para Blanco, la Fiscalía también pide cinco años de cárcel, mientras que para Rodríguez rebaja la solicitud de pena a un año de prisión, al considerar como atenuante su confesión, su colaboración con la investigación y el hecho de que ya ha devuelto el dinero que presuntamente contribuyó a malversar en esta causa.

Fuente lavozdelanzarote.com:

Billetes de avión, reservas de hotel y hasta alquileres de vehículos a nombre de Dimas Martín podrían haber sido abonados durante años por el Cabildo de Lanzarote y por Inalsa, mientras el líder histórico del PIL no ocupaba cargo público y se encontraba incluso cumpliendo condena (en aquel momento en régimen de tercer grado penitenciario). Además, esas reservas se habrían gestionado a través de una trabajadora del Cabildo, que mientras estaba en su puesto de trabajo mantenía un constante “flujo de llamadas telefónicas” con Dimas Martín, en lo que podría constituir otro delito de malversación, al utilizar recursos públicos para fines particulares.

Así lo sostiene un auto de la juez que instruye el caso “Unión”, Silvia Muñoz, que ha abierto otro frente en la investigación y acaba de ordenar que se practiquen nuevas diligencias dentro de una de las piezas de la causa, al haberse encontrado “indicios racionales de criminalidad” respecto a estos hechos. Concretamente, advierte de la posible existencia de un nuevo delito de malversación “al sufragar los gastos de avión y estancias hoteleras del imputado Dimas Martín durante los años 2007-2010 con cargo al erario público del Cabildo de Lanzarote y/o de la entidad pública Inalsa, así como la utilización de una funcionaria del Cabildo (afiliada al grupo político PIL), para gestiones particulares del imputado Dimas Martín, cuando aquella ejercía función pública como trabajadora del Cabildo”.

En aquel momento, tras las elecciones de 2007 y hasta el estallido de la Operación Unión, el PIL gobernaba junto al PSOE en el Cabildo de Lanzarote, y Plácida Guerra estaba al frente de la Consejería de Inalsa. Por su parte, Dimas Martín estaba fuera de las instituciones y se encontraba cumpliendo condena, aunque la mayor parte de ese tiempo en régimen abierto, gracias al tercer grado penitenciario que después fue anulado.

Ante estos nuevos indicios hallados en la investigación, la juez ha decidido requerir información “urgente” al Cabildo, a Inalsa, a dos compañías aéreas y a dos agencias de viajes con las que supuestamente se contrataron esos servicios, para que aporten toda la información al respecto en un plazo máximo de cinco días.

En el auto fechado el pasado jueves 30 de octubre, la juez ordena dirigir cinco oficios reclamando información, dos de ellos al Cabildo. Uno, para que informe sobre las funciones que desarrollaba entre enero de 2007 y diciembre de 2010 la trabajadora el Cabildo que realizaba gestiones para Dimas, así como los datos sobre su nombramiento, las personas que formaban parte de su departamento, sus superiores jerárquicos y la dependencia funcional y orgánica de su puesto, así como “si estaba habilitada para la gestión de billetes de avión (reserva y pago) y plazas hoteleras (reserva y pago) con las agencias de viajes”.

Además, el Cabildo también deberá enviar al Juzgado de forma “urgente” y “en todo caso en el plazo de cinco días” el listado de “todos los gastos de viaje facturados” a la Corporación a través de dos agencias de viajes entre junio de 2007 y junio de 2009, “que hayan sido gestionados" por esta empleada.

La juez ordena remitir otro oficio similar a Inalsa, para que emita una certificación sobre los “gastos de viaje (pasajes de avión, estancias hoteleras, alquiler de vehículos)" facturados en ese mismo periodo a través de dos agencias de viajes a la antigua empresa pública de aguas a nombre de Dimas Martín.

Del mismo modo, el Juzgado también recabará información directamente en las agencias de viajes y en las compañías áreas. Por un lado, solicitará a las agencias que expidan una certificación con los billetes, hoteles o vehículos de alquiler reservados a nombre de Dimas Martín y facturados al Cabildo o a Inalsa. Por otro, reclama también a Binter e Iberia el “listado de billetes emitidos a nombre del imputado Dimas Martín entre junio de 2007 y junio de 2009”, especificando a través de qué agencia se compraron y a nombre de quién se giró la factura.

La pieza en la que se han ordenado estas nuevas diligencias es una de las principales de Unión, la número 12, que tiene en total 22 imputados entre políticos, técnicos y empresarios. En ella, se investiga una presunta trama de corrupción, supuestamente orquestada por Dimas Martín, para el cobro de sobornos en beneficio de cargos públicos del PIL y del propio partido, a cambio de pagos de facturas o adjudicaciones de contratos desde la administración, fundamentalmente el Ayuntamiento de Arrecife.

La instrucción de esta pieza está prácticamente concluida, a falta ahora de estas nuevas diligencias ordenadas por la juez. En su auto, y a falta de que el fiscal eleve su escrito de calificación cuando concluyan estos últimos trámites de la instrucción, la juez recuerda que se investigan delitos contra la administración pública, como prevaricación, cohecho, infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, tráfico de influencias, malversación, exacciones ilegales, abuso de información privilegiada y delitos electorales, estos últimos en relación con la supuesta falsedad de datos en las cuentas presentadas por el PIL en las campañas electorales.

Además de Dimas Martín, en esta pieza están imputados los ex concejales del PIL Ubaldo Becerra, José Miguel Rodríguez, Antonio Machín y Luisa Blanco; el interventor de Arrecife Carlos Sáenz; la jefa de Contratación (e hija de Dimas), Elena Martín; el entonces jefe de la Oficina Técnica, Rafael Arrocha; las técnicos Yoana Cabrera Machín y Loyola del Mar Hernández; la consejera del Cabildo María José Docal; el que fuera mano derecha de Dimas, Matías Curbelo; los empresarios Juan Francisco Rosa, Antonio Gómez Ruiz, Jesús Manuel Martín Brito, Daniel Yeray Cañada, Manuel Gregorio Reina Fabre, Francisco Armas, Antonio Cárdenes y Samuel Lemes; y el ex director de la prisión de Tahíche, Joaquín Herrera.

Al menos tres de los imputados, Ubaldo Becerra, José Miguel Rodríguez y Matías Curbelo, han reconocido los hechos que se les imputan. Incluso, meses después de su detención, Curbelo llegó a aportar al Juzgado más datos que incriminaban a Dimas Martín y a otros miembros del partido, incluyendo documentos con la contabilidad del PIL y detalles sobre el cobro de sobornos y sobre las "donaciones" que recibía el partido de distintos empresarios

Según Diario de Lanzarote:

La jueza del caso Unión, Silvia Muñoz, ha imputado a otros dos técnicos del Ayuntamiento de Arrecife –Francisco Saavedra López y Rut Hernández Toledo- en la pieza separada en la que se investiga el presunto cobro de comisiones ilegales en las concejalías gestionadas por el Partido de Independientes de Lanzarote (PIL).



Así, la jueza ha citado a declarar como imputado al técnico Francisco Saavedra López, por la presunta comisión de un posible delito de prevaricación y malversación de caudales públicos en relación a los contratos de la empresa Infogelan entre 2007 y 2010, “en los que intervino como técnico municipal en manifiesta contradicción con el derecho”. El técnico participó en “más de 50” expedientes de contratación de esta compañía.

La empresa Infogelan está siendo investigada por trabajar para el Ayuntamiento a cambio de comisiones ilegales. En el caso Unión se trata de comprobar la contratación irregular de esta empresa y la jueza señala que “se habría podido producir un enriquecimiento ilícito a cargo del erario público” de más de 1,1 millones de euros “por parte de los responsables de la citada mercantil”.

Además, la jueza ha citado como imputada a Rut Hernández Toledo, técnico de Medio Ambiente del Ayuntamiento. Otras dos trabajadoras imputadas, Yoana Catalina Machín León y Loyola Hernández Álvarez, solicitaron al Ayuntamiento que identificara a la persona sobre la que recaía la función de dirección e inspección de los servicios de limpieza viaria, de parques y jardines y de recogida y transporte de los residuos sólidos urbanos del municipio.

El Ayuntamiento certificó el pasado 24 de septiembre que la técnico responsable era la citada Rut Hernández Toledo, cuya firma consta en un expediente que se corresponde con una propuesta de gastos investigada en el caso Unión.

La juez quiere interrogarla por ese expediente en el que intervino, así como por su “supervisión, al parecer no efectuada” sobre los citados servicios municipales, que “pudieran ser conductas tributarias” susceptibles de ser “castigadas como delito de prevaricación y malversación de caudales públicos”, bien por acción o por omisión.

DOCUMENTO: Consulte el auto del Juzgado:
https://www.dropbox.com/s/hqxgukdf4iiwt ... e.pdf?dl=0