FORO SOBRE LANZAROTE

Según cronicasdelanzarote.es:

Alternativa Ciudadana 25 de Mayo (AC-25M) ha llevado ante Fiscalía al Consejo de Administración de la empresa pública insular de Aguas S.A., Inalsa, y a su Gerencia, tras hallar indicios de presunta prevaricación y uso fraudulento de fondos públicos.



Así lo pusieron de manifiesto este viernes en rueda de prensa varios miembros de Alternativa, cuyo concejal en Arrecife Andrés Barreto figura como firmante del escrito presentado ante Fiscalía. A su juicio, debería haber sido la propia Administración concursal que actualmente dirige la gestión de Inalsa la que, de acuerdo a los artículos 133, 134 y 135 de la Ley 1.564/99 sobre Ley de Sociedades Anónimas y Ley Concursal, debería haber exigido al Consejo de Administración responsabilidades penales por la actual situación de quiebra por la que atraviesa la empresa pública.

Durante su comparecencia, los asamblearios Blanca Blancas, Verónica González y José Acle han revelado la existencia de cinco facturas de honorarios presentadas y percibidas por supuestos trabajos de asesoramiento a Inalsa por parte del abogado Francisco Rodríguez-Batllorí Sánchez, que fue viceconsejero de Justicia del Gobeirno de Canarias, y que en total ascienden al montante de 20.784,41 euros.

En dichos documentos, que se adjuntan en la denuncia, figuran unos pagos "por la realización de asesoramiento o gestiones que", según AC-25M, "nada tienen que ver con la empresa pagadora Inalsa S.A". Tras recordar el contexto económico en que se halla Inalsa y todo lo conocido con la Operación Unión en Lanzarote, Alternativa Ciudadana exige a Inalsa que explique si dichos pagos se debieron al citado asesoramiento, si hubo otras personas beneficiadas y que la empresa aporte certificación sobre tal colaboración y su contratación. Igualmente, piden que se aclare si se tomó algún tipo de medidas con los 60 expedientes por sendas personas acusadas de fraude por consumir agua sin contador ni contrato.

Para los componentes de Alternativa Ciudadana, el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) anunciado y que afectaría a unos 46 empleados de la empresa, y la subida de tarifas (de entre un 8 y un 18 por ciento) propuesta el pasado 16 de enero por la Concursal al Consejo Insular de Aguas "obedecen al "saqueo permanente con guantes blancos que han protagonizado los gestores que han pasado por Inalsa los últimos años". Los asamblearios denuncian la "connivencia" del Consejo Insular de Aguas con la concursal y el propio Consejo de Administración, criticando que su composición, prácticamente igual a la del Consejo, sirve para que la empresa pueda pedir subvenciones a Madrid.

Denuncian que "ahora todos los dirigentes se quieren ir de rositas y guardan silencio para taparse los unos a los otros cuando, alegan, han dejado a la empresa con 40 millones de euros en deudas, un laudo de 12,3 millones de euros, pérdidas en red del 40 por ciento, incrementos en los gastos de personal (hasta el 40 por ciento), subidas en los costes de subcontratas (918.667 euros en 2009, cuando, contradictoriamente, se alega que sobra personal), 4,665.000 euros por costes energéticos extra por la liberación del sector, además de la competencia desleal de plantas desaladoras ilegales en complejos hoteleros.

Según exponen, Inalsa conseguiría con dicha regulación de empleo un sobrecoste de 1.915.000 euros, junto al perjuicio económico de estas 46 familias. Por el contrario, apuestan por aplicar la Ley 14/2005 de Jubilación Forzosa, "que tendría coste cero para Inalsa".

Aseguran no entender cómo el presupuesto de la empresa recoge una subida en el gasto del personal, propiciada por las horas extras, cuando se supone que la concursal alega que sobran 46 trabajadores.

A Alternativa le parece sencillamente increíble que los gastos de Inalsa hayan pasado de 34 millones de euros en 2007 a 47 millones en 2008, o que el gasto energético haya pasado en solo seis meses de 7,7 millones de euros a los 16,6 millones.

Asimismo, AC ha cuestionado a los tres administradores concursales que se han hecho cargo de Inalsa tras el concurso de acreedores. Por un lado, tras confirmar que cada uno cobra 200.000 euros anuales, más los 73.000 euros anuales de la consejera delegada, los 90.000 del gerente y los 136.500 de cada uno de los tres asesores, no les parece lo más adecuado que uno de estos administradores represente al mismo tiempo a la empresa Unelco-Endesa. “Su objetivo está claro, cobrar o privatizar”, concluyen.

Video de Diario de Lanzarote: