Según diariodelanzarote.com:
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) obligó al Ayuntamiento de Tías a demoler un restaurante en la avenida de Puerto del Carmen por haberse ejecutado las obras de forma ilegal. Las denuncias contra las obras del restaurante se remontan a hace unos siete años, sin que el Consistorio hubiese actuado hasta hace unos días.
Una sentencia judicial firme obligó al Ayuntamiento a demoler las obras del restaurante, conocido como ‘La Rueda', en las que se utilizó una vivienda para ampliar el local. Se cometieron diversas infracciones que afectaban a los retranqueos y a un exceso de edificabilidad, entre otros motivos.
Según las fuentes consultadas, se produjeron hasta 10 denuncias de un restaurante vecino ante el Ayuntamiento de Tías desde el año 2003. Las obras llegaron a estar paralizadas pero se reactivaron con el amparo de una licencia que permitía tan sólo el reformado del baño. El Juzgado condenó en primera instancia al Consistorio por inactividad y le obligó a iniciar un expediente y demoler las obras.
Sin embargo, en un primer momento el Ayuntamiento se limitó a sancionar al titular del restaurante pero no obligó a derribar los trabajos ejecutados que incumplían la normativa urbanística. Ante un nuevo requerimiento ante la Justicia, el Consistorio fue obligado a demoler en ejecución de la sentencia.
El concejal de Urbanismo de Tías,
José Antonio Gutiérrez, reconoció que un auto judicial instaba al Ayuntamiento a ejecutar el derribo y le daba un plazo de dos meses que venció el pasado viernes. Los trabajos de demolición comenzaron hace unas dos semanas, señaló.
El derribo del restaurante en la avenida de Puerto del Carmen ejecutado hace unos días no es el único caso de infracción urbanística sobre la que se tarda años en actuar.
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias también censuró la “inactividad” del Ayuntamiento de Tías en relación a un caso parecido con otro restaurante, ‘El cangrejo rojo', ubicado en el centro comercial Roque Nublo.
El Alto Tribunal declaró ilegal la unión de una vivienda al restaurante en funcionamiento al objeto de ampliarlo, así como el levantamiento de un muro de dos metros en la azotea y la alteración del uso de la escalera que daba acceso a otras dos viviendas del centro comercial, convertidas en escaleras de servicio al restaurante.
El TSJC llegó a señalar que el Ayuntamiento había incurrido en una “clara dejación” de su obligación de “
investigar y adoptar todas las medidas que sean necesarias y legalmente procedan frente a obras clandestinas”.
“
Es difícil encontrar un supuesto tan claro de inactividad material en el ejercicio de potestades que el legislador ha querido atribuir a los ayuntamientos”, destacó el Alto Tribunal. La vivienda que se había anexado al restaurante, donde se había colocado la cocina, fue clausurada.
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