FORO SOBRE LANZAROTE

Según laprovincia.es:

El Juzgado de lo Social de Arrecife ha obligado al Ayuntamiento de la capital lanzaroteña a contratar a la trabajadora Belén Martín García, sobrina del líder del PIL, Dimas Martín, después de que ésta denunciara al Consistorio tras ser rescindido el contrato de prestación de servicios que venía prestando desde hacía un año y medio en la Concejalía de Servicios Sociales, gestionada por los independientes. Tras encadenar tres contratos seguidos de seis meses cada uno en el mismo departamento, el Ayuntamiento no volvió a renovárselo, lo que dio lugar a que esta trabajadora presentara una denuncia por despido nulo.

La sentencia señala que "tal como consta en la prueba documental aportada, que no ha sido negada por la propia demandada [esto es, el Consistorio], la actora desde el 24 de enero de 2008 ha venido trabajando para el Ayuntamiento de Arrecife, mediante contratos de prestación de servicios con una duración de seis meses, comenzando una nueva prestación al día siguiente de terminarse el anterior contrato, prestando servicios de coordinación en la Concejalía de Asuntos Sociales, sin que por parte de la entidad demandada se haya acreditado cuál es la razón en el presente caso de no suscribir un nuevo contrato".

El fallo añade que dicha razón "obedece única y exclusivamente a la reclamación judicial y extrajudicial de la trabajadora para que se le reconozca su derecho a ser personal laboral y trabajadora fija-indefinida de dicha corporación con todos los derechos inherentes a tal condición, vulnerando con ello la garantía de indemnidad que la asiste. Por todo ello procede la estimación de la presente demanda declarando nulo el despido efectuado a la actora el 24 de julio de 2009".

El comité de empresa ya había alertado, sin éxito, en febrero del año 2009 al por entonces alcalde de Arrecife, el socialista Enrique Pérez Parrilla, al concejal de Recursos Humanos, a Secretaría y a Intervención de lo que estaba sucediendo con este contrato para evitar una reclamación de esta trabajadora y que lograra una plaza fija en el Consistorio de la capital.

El primer contrato, de 11.970 euros, era para la "coordinación de los recursos humanos adscritos a la Concejalía de Servicios Sociales" y se establecía una cláusula por la que no podía ser objeto de prórroga ni revisión de precios. Seis meses después se firma otro con la diferencia de que era para la "coordinación multidisciplinar" de la misma área de 11.970 euros y tampoco podía prorrogarse. Finalmente, el 28 de enero de 2009 se firma otro contrato pero esta vez de 14.000 euros y como "coordinadora de las diferentes áreas" de Servicios Sociales.