Registrado: Jue 21 Abr, 2005 11:14 am Mensajes: 1198
Según diariodelanzarote.com:
La asociación Transparencia Urbanística se ha presentado este martes por la noche en sociedad y ha dejado claro que su objetivo es enfrentarse “a la corrupción política con mayúsculas”. En esa línea, anunció que ha solicitado en el Juzgado de Instrucción número 5 de Arrecife su personación en el conocido ‘caso Unión' como acusación popular.
El colectivo se dio a conocer públicamente este martes en un acto celebrado en el hotel Lancelot de Arrecife, que ha contado con numerosa asistencia de público. Entre los miembros de la asociación se encuentra Ezequiel Navío, conocido por su vinculación con el grupo conservacionista Adena, que ha leído un manifiesto.
También participan del colectivo personas muy conocidas en el ámbito del ecologismo en Lanzarote como el ex presidente de El Guincho, Ginés Díaz Pallarés, el jurista Javier Díaz Reixa, Luis Guirao o Mario Alberto Perdomo, quienes flanquearon a Navío en la presentación.
Coincidiendo con el aniversario del estallido de la operación Unión, el colectivo ha pedido en el Juzgado su personación en el que es considerado uno de los mayores casos de corrupción que se están investigando en la actualidad en el Archipiélago, con más de 70 imputados entre cargos públicos, empresarios y funcionarios.
En su declaración de intenciones, Transparencia Urbanística ha subrayado que la lectura que se hace desde ciertos sectores acerca de que los casos de corrupción dañan la imagen de la Isla, se debe percibir que esas operaciones “refuerzan positivamente” el “papel y la importancia” de los mecanismos para “defender el interés general”.
“Lanzarote sale beneficiada cuando se desmantelan los tejidos que impiden el normal funcionamiento de sus administraciones, desarbolando las presuntas tramas de corrupción que pudieran descubrirse”, señaló Navío.
“El calibre de los acontecimientos vividos en Lanzarote en el último año”, añadió, “ha sido suficiente para que muchas personas y colectivos salgan del letargo y comiencen a plantarse en la calle y en otros foros frente a la corrupción”.
Así se explica el nacimiento de Transparencia Urbanística, indicó el portavoz del colectivo, quien destacó que se trata de “una asociación no partidista, sin ánimo de lucro y exenta de pautas que sí poseen otras organizaciones no gubernamentales”.
Navío recalcó que la asociación “pondrá a disposición de la Justicia o de las autoridades pertinentes aquellos casos en que se estime una clara y evidente vulneración de la legislación que ampara los derechos de todos, desde las normas medioambientales a las urbanísticas, y desde el mal uso de los fondos públicos a los aprovechamientos impropios”.
La personación como acusación popular de la asociación en el caso Unión se enmarca en ese fin del colectivo, que pretende “formar parte de la instrucción e intervenir cuando se estime conveniente par progresar en sus objetivos, que se mejore la gestión pública y que se erradique la corrupción, en caso de ser probada, de esta Isla y del resto de Canarias”.
Por otro lado, el portavoz de la asociación destacó que se “trabajará siempre desde el respeto” y “la consideración a todas las personas, sean imputadas, absueltas o condenadas”. “Nunca entrará en luchas públicas de escarnio o de desprestigio personal aunque otros lo hagan”, aseguró.
Navío hizo hincapié en que el fin último de Transparencia Urbanística es “erradicar el fenómeno de la corrupción y sus consecuencias y dar ejemplo de buenas formas y de respeto, empezando por recalcar la presunción de inocencia para todas las personas que se encuentren implicadas y bajo sospecha en una instrucción”.
Los miembros de la asociación subrayaron este martes que “el sector privado desempeña un papel clave” en la existencia de la corrupción “dependiendo del polo en el que se ubique: si las empresas son honestas, se reducirá enormemente el riesgo de corrupción”.
Partiendo de la base de que “el mundo empresarial es fuente de trabajo y de riqueza”, el colectivo exigió “que los empresarios acaten las leyes y no promuevan acciones que conlleven implícitas pautas de connivencia con personas que ocupan puestos de responsabilidad en las administraciones públicas”.
Una vez terminada la presentación, dio comienzo la mesa redonda organizada por la asociación, en la que intervinieron David Hammerstein, ex eurodiputado de Los Verdes; Jesús Lizcano, de Transparencia Internacional-España; y Enrique Climent, de ‘Abusos Urbanísticos No'.
El debate giró en torno a “cómo afecta la corrupción al bolsillo de los ciudadanos”, y los tres ponentes disertaron sobre el tema, dando luego la palabra a personas del público.
Hammerstein confirmó que la Comisión Europea ha dado por cerrado el expediente abierto a España por las subvenciones otorgadas a varios hoteles de lujo de la isla de Lanzarote que posteriormente han sido declarados ilegales por los tribunales.
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