FORO SOBRE LANZAROTE

Según laprovincia.es:

Dos empresas, la conservera Garavilla y la sociedad Incagolf, han reclamado ante los juzgados número 3 y número 8 del la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Madrid la propiedad de un total de 60 viviendas sociales del barrio de Valterra construidas en los años 50 para alojar a marineros y trabajadores de las industrias transformadoras del pescado. Éstos o sus descendientes todavía viven en ellas y temen ahora un eventual desalojo. Por su parte, el Instituto Social de la Marina, según fuentes jurídicas cercanas al proceso, ha defendido ante los tribunales la titularidad pública de los inmuebles, cedidos en régimen de alquiler a los actuales inquilinos.

La Asociación de Vecinos Marineros de Valterra dio ayer la voz de aviso, pero lo cierto es que llega cuando el proceso judicial casi ha concluido. De hecho, el contencioso iniciado por Garavilla, que cerró sus instalaciones de Arrecife en el año 2000, ya está visto para sentencia. En cuanto al impulsado por Incagolf, heredera de los supuestos derechos en este caso particular de otra conservera, la Rocar, clausurada a principios de los años noventa, se encuentra en fase de calificaciones, el umbral par quedar también visto para sentencia. La sentencia del primero podría ver la luz antes de Navidades y del segundo caso en enero.

Según las fuentes consultadas, las empresas basan su reclamación en el hecho de que pagaron la construcción de esas viviendas, mientras que los vecinos matizan que tan sólo se comprometieron con el Instituto Social de la Marina a poner una suma que tampoco llegaron a completar. Por su parte, el ISM, dependiente del Ministerio de Trabajo e Inmigración, se agarra a una supuesta vulneración del convenio por incumplimiento de cláusulas contractuales, en concreto las relacionadas con la obligatoriedad de sufragar el mantenimiento de los inmuebles. Además, considera que ha expirado el plazo que tenían para reclamar la propiedad.

Los vecinos se aferran a la esperanza y a derechos que creen adquiridos tras haber pagado alquiler, impuestos y arreglos durante décadas. No obstante, muchas de las casas se encuentran en muy mal estado, en buena parte debido a deficiencias constructivas y a su antigüedad. De hecho, un informe municipal aconseja su restitución, según recordó ayer el alcalde de Arrecife, Cándido Reguera.

Vídeo de diariodelanzarote.com:

El Juzgado central de lo contencioso administrativo número 3 de la Audiencia Nacional ha desestimado el recurso presentado por la conservera Garavilla contra el Instituto Social de la Marina en el que reclamaba la titularidad de un grupo de 40 viviendas del barrio de Valterra, en Arrecife.



La sentencia, dictada el pasado 19 de mayo, tiene como consecuencia “inmediata” que las 40 viviendas en litigio “seguirán siendo propiedad del Instituto Social de la Marina y que los vecinos no serán desalojados de las mismas”, según informaron este viernes fuentes del Gobierno.

“Desde hace varios años los inquilinos vivían con gran preocupación por el creciente interés de las empresas en adquirir la propiedad de las mismas, lo que podría conducir a que fuesen desalojados del hogar donde han vivido más de 50 años”, añadió el Ministerio de Trabajo e Inmigración, del que depende el Instituto.

Las viviendas objeto de recurso fueron construidas en el año 1955 por el Instituto Social de la Marina, con la participación de distintas empresas conserveras con la finalidad de que éstas las destinaran a sus trabajadores, siempre que éstos fuesen pescadores o trabajadores relacionados con la pesca, como viviendas de protección oficial.

Para ello, Aquilino Fernandez firmó un convenio con el Instituto Social de la Marina, en el que se regulaba la forma de amortización y el destino que debía darse a las 40 viviendas asignadas.

Transcurrido el plazo de amortización de las mismas y tras un escrito dirigido al Instituto Social de la Marina solicitando la escrituración de las 40 viviendas a su nombre, la conservera Garavilla, sucesora de Aquilino Fernandez, interpuso en 2008 un recurso judicial.

Ahora, la Audiencia Nacional ha desestimado el recurso de la conservera, que pretendía que se le reconociera la propiedad de las viviendas y rescindir el convenio firmado en 1955 con el Instituto Social de la Marina.

Fuente diariodelanzarote.com:

Balón de oxígeno para los vecinos de Valterra. La Audiencia Nacional acaba de dictar sentencia contra la pretensión de la empresa Incagolf, que se hizo con los derechos de la antigua conservera Rocar, de que la Justicia le reconociese la propiedad de unas 20 viviendas en el tradicional barrio marinero de Arrecife, construidas en los años 50 del pasado siglo por iniciativa del Instituto Social de la Marina.



La sentencia viene a dar un respiro a los vecinos, que se anotan un tanto en el pleito abierto sobre la titularidad de un total de 70 de las 200 casas de Valterra, que reclaman en los tribunales las antiguas conserveras Garavilla, Rocar y Ojeda, o empresas que las han sustituido en los últimos años.

El interés especulativo que se cierne sobre Valterra no es nuevo y lleva tiempo preocupando a los vecinos, muchos de avanzada edad, que hace más de medio siglo que vienen ocupando unas viviendas construidas a partir de 1955. En agosto de ese año se firmó el convenio de colaboración entre el Instituto Social de la Marina y Rocar para financiar la construcción de un grupo de 20 viviendas que tenían como destino “los pescadores de Puerto Naos”.

Entre las condiciones del acuerdo se estipulaba que una vez que se amortizasen las obras, el organismo estatal, dependiente hoy en día del Ministerio de Empleo, transferiría a la Rocar “o a los beneficiarios de las viviendas, según los casos, el pleno dominio de los terrenos ocupados por las edificaciones”.

En abril de 2008, Incagolf exigió al Instituto Social de la Marina que le otorgase la escritura de propiedad del bloque de viviendas, pero la respuesta fue negativa: se dio por rescindido el convenio por “incumplimiento” de la antigua Rocar en cuanto a las obligaciones que había asumido para la construcción de las casas. Lo mismo hizo el organismo con el resto de conserveras, que han llevado sus reivindicaciones hasta la Justicia, sin éxito por el momento.

En el caso de las 20 viviendas asignadas en la década de los 50 a las familias de trabajadores de Rocar, la Audiencia Nacional ha rechazado el recurso judicial por entender que en el litigio no se puede aplicar la jurisdicción contenciosa, reservada a discrepancias entre la Administración y un particular, sino la vía civil, por tratarse de un pleito “que se ventila” para determinar a quién corresponde el “derecho de propiedad” de las casas. La sentencia es firme, pero no cierra la puerta de forma definitiva a que Incagolf continúe la batalla legal.

Las 20 viviendas sobre las que se acaba de dictar sentencia por la Audiencia Nacional han cambiado de manos en la última década en un par de ocasiones, a pesar de que las familias que las disfrutan no se hayan dado ni cuenta y, lo más importante, aunque la Justicia está considerando esas transacciones papel mojado.

Así, Rocar, que pasó a denominarse Tecnocar Canarias en 2001, “cedió y transmitió” a la empresa Residencial Puerto Naos las casas en mayo de 2002. En julio de 2005 se volvieron a vender las viviendas a Incagolf 21, que ahora se denomina ATM Integrity Arquitectura e Ingeniería. Estas últimas mercantiles tienen su sede en Las Palmas.

El Parlamento ha aprobado recientemente una iniciativa, a instancias del diputado David de la Hoz (CC) para que se inste al Gobierno central a “mediar en el litigio existente” por la titularidad de las viviendas de Valterra. El objetivo es que se lleven a cabo “los trámites legales oportunos” para reconocer la titularidad a favor de las familias de los trabajadores del sector pesquero o quienes hayan adquirido “de buena fe” las casas en las últimas décadas.

En la Cámara regional también se acordó “poner a disposición de los afectados el asesoramiento que le sea necesario para hacer valer sus derechos y poder consumar su acceso a la titularidad de la propiedad”.