FORO SOBRE LANZAROTE

Según Canarias 7:

El presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, ha decidido que dos de los principales responsables de la Oficina del Plan Insular, Leopoldo Díaz y Esteban Armas, queden al margen de la elaboración de informes de compatibilidad en relación con licencias vinculadas a Montaña Roja, en el municipio de Yaiza. La decisión se ampara en la petición formulada por un promotor, quien entiende que estos técnicos están supeditados al vínculo que mantuvieron con la Fundación César Manrique (FCM), entidad que ha acudido a la vía judicial para evitar la proliferación de nuevas camas.
Según fuentes oficiales, la decisión se hace a la espera de ver qué se decide por el juez al que el mismo promotor ha hecho llegar la petición de recurso. En concreto, se entiende que los dos especialistas tienen que quedar al margen, «para preservar la seguridad jurídica», del Cabildo. Cabe precisar que el inversor al parecer tiene el propósito de forzar la anulación de los informes emitidos en su contra, así como también afectar a los informes firmados por los dos técnicos sobre licencias recurridas por la FCM, en su mayor parte también recurridas por el propio Cabildo, muchas de ellas con sentencia a en contra de los promotores, quienes han visto así anuladas las licencias das por Teguise y Yaiza para construir, por no ajustarse las mismas a la programación de crecimiento contemplada en el PIOT. Se espera que el auto judicial al efecto se dé a conocer a lo largo de este mismo otoño.

En principio, esta situación no tiene por qué afectar a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en la que se anulan las licencias de 39 viviendas del Plan Parcial Playa Blanca, ante el fundamento de que este planeamiento ya ha sido anulado al completo en fechas previas, afectándose a las cientos de viviendas hechas o programadas. En la sentencia, dada a conocer esta semana, se invita a la demolición de los inmuebles, quedando así los promotores a expensas de las demandas que puedan interponer los compradores.

Según diariodelanzarote.com:

Según diariodelanzarote.com:

El secretario insular del PSOE, Carlos Espino, ha asegurado este martes que emprenderá acciones legales contra la decisión del presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, de "apartar" a dos técnicos del Plan Insular de Ordenación de Lanzarote (PIOL) por la recusación hecha en un procedimiento por un promotor urbanístico.



San Ginés decidió la pasada semana estimar la recusación de Urena Mountain a dos funcionarios, Leopoldo Díaz y Esteban Armas, por ser miembros del Patronato de la Fundación César Manrique (FCM). La empresa ha iniciado el proceso de legalización de un proyecto de hotel en Playa Blanca anulado por los tribunales a instancias de la FCM, que ha solicitado la ejecución de la sentencia.

El presidente del Cabildo de Lanzarote rechaza las alegaciones hechas por los funcionarios. Uno de ellos, Leopoldo Díaz, hace diez años que no tiene vinculación con la FCM, antes de que la entidad presentase algún recurso judicial. Además, ninguno de ellos ha participado en las decisiones de interponer los recursos que tomó la FCM, ya que esas decisiones no las toma el Patronato.

Señalan igualmente que los informes que ellos realizaron para ese procedimiento responden a criterios “objetivos, homogéneos y sistemáticos” ya que se trata de la adecuación del proyecto hotelero al PIOL.

San Ginés esgrime razones de seguridad jurídica y de prudencia a la vista de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Las Palmas que anuló la adjudicación del Plan Territorial Especial de Ordenación Turística Insular a una empresa que también había tenido relación con la FCM.

Espino señaló este lunes que primero se presentará un recurso administrativo y que no descartan otras medidas más contundentes para evitar lo que consideran una “arbitrariedad” de San Ginés, ya que su decisión "no está fundamentada en informe jurídico alguno".

A juicio del PSOE, el máximo mandatario de la Corporación insular "podría haber incurrido en un delito de prevaricación, al tomar la decisión sin el preceptivo informe jurídico", según indicó en una nota.

“Es cierto que San Ginés tiene capacidad para revocar a los técnicos, pero siempre con el respaldo de los servicios jurídicos del Cabildo, no de manera arbitraria y por decretazo, tal y como ha hecho”, señaló Espino.

El secretario de los socialistas señaló que la actitud del presidente es una invitación a todos los indisciplinados urbanísticos para que recusen a los funcionarios públicos.

“Esto deja claro de qué lado está San Ginés”, señaló Espino, que destacó que es la primera vez que un presidente del Cabildo se atreve a poner en cuestión la profesionalidad de los técnicos del PIOL, que han hecho ganar 27 procedimientos contra licencias ilegales “por la calidad de sus informes”.

Para el PSOE, esta acción de San Ginés no es aislada sino que está relacionada con el abandono del proyecto de legalización de los hoteles que presentó el PSOE, “con el nombramiento de un comisario político para dirigir la Oficina del PIO y con acciones que interesan al lobby empresarial que promovió la moción de censura” por la que accedió San Ginés a la presidencia.

Espino puso de manifiesto que resulta “cínico” cuestionar la vinculación de estos dos técnicos con la FCM y no cuestionar la imparcialidad del asesor jurídico del presidente, Ignacio Calatayud, que es yerno del abogado Felipe Fernández Camero, que a su vez es el abogado defensor de la mayor parte de los empresarios con licencias anuladas y está imputado en el procedimiento que se sigue en el Juzgado número 2 de Arrecife por una presunta trama para conseguir esas licencias.

Asimismo destacó que Calatayud trabajó en el despacho de Ignacio Díaz de Aguilar, que es quien representa a la empresa que ha solicitado la recusación y que también está imputado por cohecho en el citado procedimiento penal. Espino también señaló que otros dos asesores directos de San Ginés son familiares de empresarios con licencias anuladas y del puerto Marina Rubicón, investigado por la Fiscalía.

Según cronicasdelanzarote.es:

El presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, tomó la decisión de apartar a los dos técnicos en el pleito que mantiene la Fundación César Manrique con la empresa Urena Mountain S.A. y el Ayuntamiento de Yaiza como consecuencia de la recusación que se había formulado y pendiente de la decisión de la sala.

La magistrada-juez María Olimpia del Rosario Palenzuela dictó el pasado 19 de octubre una providencia desde el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 3 de Las Palmas de Gran Canaria instando al Cabildo a emitir un nuevo informe de compatibilidad en el pleito interpuesto por la Fundación César Manrique contra la empresa Urena Mountain S.A. y el Ayuntamiento de Yaiza “por otros técnicos distintos a Esteban Armas Matallana y Leopoldo Díaz Bethencourt". Así se desprende de un documento al que ha tenido acceso este martes Crónicas de Lanzarote, documento que pone de manifiesto que la decisión adoptada por el presidente de la institución, Pedro San Ginés, tal y como ratificaron a este diario fuentes de la Primera Corporación insular, se produjo en primera instancia como consecuencia de la recusación formulada por la empresa y a la espera de que finalmente se pronunciara la sala, como finalmente hizo. Además, según estas mismas fuentes, San Ginés tuvo en cuenta lo que los dos técnicos señalaron sobre el espinoso asunto.

Con esta noticia se abre un nuevo capítulo en el largo culebrón del pleito por el territorio y de las distintas corrientes que existen a la hora de afrontar esta cuestión, sobre todo de las corrientes políticas. De hecho, este mismo martes el secretario general del Partido Socialista Canario (PSC), Carlos Espino, acusaba al dirigente de Coalición Canaria (CC) de haber podido cometer un acto de prevaricación al adoptar la decisión de apartar a estos dos técnicos de la Oficina del Plan Insular de un asunto vinculado con el polémico tema del Plan Parcial de Montaña Roja. “Entendemos que nos encontramos ante lo que puede ser una prevaricación, ya que se toma la decisión sin el apoyo de los informes jurídicos que requiere cualquier resolución que dicte un órgano administrativo. Por tanto, vamos a combatirlo por todas las vías que estén a nuestro alcance”, anunció Espino.

Sin embargo, el presidente del Cabildo no contaba con un informe jurídico, contaba con una recusación formulada en base a una primera sentencia, y ahora cuenta con la orden expresa de una magistrada, quien explica en su providencia que “vistas las alegaciones formuladas, requiérase por plazo de diez días al Excelentísimo Cabildo de Lanzarote a fin de que sea emitido un nuevo informe de compatibilidad por otros técnicos distintos a D. Esteban Armas Matallana y D. Leopoldo Díaz Bethencourt”, añadiendo en su escueto escrito que “contra la presente resolución cabe recurso de súplica en el plazo de cinco días desde su notificación”.

Cabe reseñar que durante su rueda de prensa Espino calificó de “cacicada, arbitrariedad e indecencia” la decisión acordada por el actual grupo de gobierno de la Primera Corporación insular, aseverando que “sienta un peligroso precedente, puesto que el resto de promotores también podrían pedir lo mismo”.

Según diariodelanzarote.com:

El Hotel Princesa Yaiza solicitó al presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, que apartara a los técnicos de la Oficina del Plan Insular, Leopoldo Díaz y Esteban Armas, del procedimiento seguido ante el Juzgado para intentar la obtención de una nueva licencia.



La petición de la empresa de Juan Francisco Rosa se produjo a mediados de agosto, pero fue la reclamación de la compañía Urena Mountain, solicitada casi mes y medio después, la que se utilizó para apartar a los técnicos de la emisión de informes.

El 18 de agosto pasado, la empresa Hotel Princesa Yaiza SA presentó un escrito de 18 folios, en el que solicitaba a San Ginés que recusara a Díaz y Armas y que, por tanto, no dejase que informasen sobre la solicitud ante el Cabildo de una nueva autorización turística, un trámite fundamental para tratar de conseguir la legalización del establecimiento, declarado ilegal por la Justicia.

En la solicitud de recusación se argumenta que el presidente debe apartar a los dos técnicos de la Oficina del Plan Insular por dos razones: por “ser o haber sido” patronos de la Fundación César Manrique, que ha pedido la ejecución de la sentencia que declara ilegal el hotel, y por “tener enemistad manifiesta” con Juan Francisco Rosa, administrador de la empresa y “cabeza visible” del establecimiento.

La intención de la empresa de Rosa es conseguir que San Ginés retire a los técnicos, que el 29 de abril emitieron un informe desfavorable que echa por tierra la fórmula planteada para conseguir la legalización del hotel: obtener del Cabildo una nueva autorización turística para el establecimiento de 660 plazas y, con ella en la mano, pedir al Ayuntamiento de Yaiza otra licencia de obras que sustituya a la declarada ilegal por los tribunales.

Según el estudio de la Oficina del Plan Insular, el Hotel Princesa Yaiza está plagado de irregularidades urbanísticas. Así, incumpliría no sólo la normativa territorial de la Isla, sino que tiene “un total de cinco plantas” construidas cuando el número máximo permitido para el plan parcial Costa Papagayo es de tres. La letrada que defendió al hotel es Juana María Fernández, esposa del asesor jurídico del presidente, Ignacio Calatayud.

A pesar de que la recusación de la empresa de Juan Francisco Rosa se presentó en agosto, el presidente del Cabildo decidió actuar con otro caso, el del proyecto de hotel de la empresa Urena Mountain, en Montaña Roja (Playa Blanca), entidad representada por el despacho de abogados de Ignacio Díaz de Aguilar, y que también pidió la recusación, pero el 5 de octubre.

Fuentes jurídicas consultadas entienden que la recusación admitida por San Ginés a petición de Urena Mountain, que toma como justificación una sentencia que anuló la adjudicación del Plan Territorial Turístico al urbanista Fernando Prats, que a su vez había elaborado un informe para la Fundación, supone en la práctica que los dos técnicos del Plan Insular quedarán apartados de todos los procedimientos en los que tome parte la FCM.

La empresa de Rosa resalta en el escrito que dirige a Pedro San Ginés que el procedimiento que se sigue ante el Cabildo para conseguir una nueva autorización turística, con la que luego pedir otra urbanística, “es la llave que conduce a la legalización o a la demolición del Hotel Princesa Yaiza”.

En el escrito insiste en que aparte a los dos técnicos y asegura que “tienen enemistad manifiesta, pública y notoriamente conocida” contra Juan Francisco Rosa. Y pone como ejemplo de esa aseveración que el Cabildo no haya dado luz verde desde 2002 a un campo de golf fuera del núcleo de Playa Blanca, en lo que tilda de “proceder inamistoso”.

La empresa afirma que “se siente perseguida y maltratada por los responsables de la Oficina del Plan Insular por el asunto de las licencias urbanísticas” y critican que el Cabildo haya hecho públicas las irregularidades urbanísticas detectadas en la página web Legalidadurbanistica.org, asegurando que en la información difundida se cometen errores con “mala fe”.

El escrito presentado por la empresa de Rosa recoge numerosas críticas a la Fundación César Manrique, de tal manera que considera que “la situación en la que se encuentra en la actualidad el hotel”, sin cobertura jurídica alguna al tener sus permisos urbanísticos anulados, está directamente “provocada” por las “actuaciones” de la entidad presidida por José Juan Ramírez.

Además, sostiene que la Fundación se sumó a los recursos planteados por el Cabildo contra licencias hoteleras no porque “fuera necesario anular dos veces una misma licencia, sino, a todas luces, para posteriormente intentar mediatizar cualquier procedimiento que se pudiera articular para resolver el conflicto”.

También se refiere al “conflicto” que existe en la Isla por la anulación de una treintena de proyectos hoteleros y entiende que éste “se prolonga” por “un periodo de tiempo que excede ya de doce años y que ha dado lugar a un enfrentamiento que enrarece, desde su origen, la vida pública de Lanzarote, provocando una radicalización sin precedentes de las posturas opuestas”.

Añade que se “ha generado una extrema judicialización de las actuaciones administrativas”, de la que “se han hecho amplio eco todos los medios de comunicación locales, provinciales, regionales y, posteriormente, sin duda inducidos por alguna de las partes en conflicto, los nacionales y, últimamente, también los internacionales”.

Según lavozdelanzarote.com:

El abogado Felipe Fernández Camero, en representación del Ayuntamiento de Yaiza, solicitó al Juzgado número 3 de lo contencioso administrativo de Las Palmas de Gran Canaria el pasado 3 de noviembre que los informes de compatibilidad de los proyectos hoteleros con el Plan Insular de Ordenación (PIOL) los firme únicamente el presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés.

Camero hizo esta solicitud dentro del procedimiento de ejecución de sentencia del proceso iniciado por la empresa panameña Urena Mountain, y dentro del periodo de alegaciones a la providencia de la jueza Olimpia Martín del pasado 23 de septiembre, por la que aceptaba la recusación de dos técnicos de la Oficina del PIOL solicitada por la empresa.

Urena, representada por el abogado Ignacio Díaz de Aguilar, consiguió una licencia del Ayuntamiento de Yaiza para construir un hotel, aunque finalmente no lo construyó. La licencia fue recurrida por el Cabildo y la Fundación César Manrique (FCM) y la Justicia dio la razón a esta última. En la fase de ejecución de sentencia, la empresa debe realizar los mismos trámites para comprobar si se puede conceder o no esa licencia.

En esa fase, Urena Mountain solicitó dos informes del PIOL que fueron negativos, pero la sociedad recusó a los técnicos Leopoldo Díaz y Esteban Armas, por su relación con la FCM. El Cabildo decidió apartar a los técnicos y el Juzgado de lo contencioso número 3 de Las Palmas también optó por esa decisión, que ha recurrido a su vez al FCM.

Ahora, la tesis del abogado del Ayuntamiento de Yaiza es que el Juzgado devuelva el informe de compatibilidad con el PIOL en este proceso y que ni ése ni ningún otro informe firmado por empleados del Cabildo pueda ser considerado como informe de compatibilidad. Señala el abogado que el único informe que puede tener esa consideración es el que firme el presidente del Cabildo en forma de resolución, “una vez que concluya el procedimiento administrativo que se tramite con tal fin”.

En sus alegaciones, de nueve folios, Camero sostiene que el informe de compatibilidad no es atribución de los empleados, ya que éstos no tienen reconocida la capacidad legal de dictar “verdaderos actos, y menos aún los que afecten a terceros interesados en procedimientos de la competencia de otras administraciones”.

Camero asegura que dicho informe lo contemplaba el propio PIOL como “la decisión finalizadora de un procedimiento”. “Cualquier informe que emane del personal del Cabildo insular de Lanzarote adscrito a su oficina del PIOL no puede ser considerado como el informe o dictamen de compatibilidad”, dice el texto presentado en el Juzgado.

El abogado asegura que se observa un “exceso” en los informes de compatibilidad “últimamente emitidos por la Oficina del PIOL” y que en la actualidad no existe en el Plan Insular ninguna programación relativa a la implantación de uso turístico que sea aplicable en ningún espacio de Lanzarote, refiriéndose a la anulación de la Moratoria por parte de los tribunales.

Señala que toda programación de plazas es inaplicable puesto que la Moratoria de 2000 está anulada y la del Plan de 1991 quedó extinguida en diciembre de 2000, pero que sin embargo la Oficina del PIOL aplica "indebidamente" los criterios para después del año 2000 dirigidos al planeamiento municipal contenidos en las fichas de los planes parciales en vigor.

Califica, por último, esos informes de compatibilidad como improcedentes, ya que “no son conformes con el ordenamiento jurídico”, porque no se limitan a comprobar si la licencia se adecua a las determinaciones del PIOL, sino que “indebida e ilegalmente la extienden a otras cuestiones que no deben ser tenidas por puestas”.

Los informes de compatibilidad con el PIOL emitidos por los técnicos del Cabildo son un obstáculo para conseguir una posible legalización de esos hoteles con licencia anulada. En las últimas semanas se vive una polémica en el Cabildo por la decisión del presidente, Pedro San Ginés, avalada después por el Juzgado, de apartar a los dos técnicos del procedimiento.

El PSOE, en la oposición, ha criticado a San Ginés por “desmantelar” la Oficina del PIOL al nombrar un nuevo director insular y por estar, según los socialistas, al servicio de un lobby empresarial. La pasada semana se conocía que el empresario Juan Francisco Rosa solicitó en agosto a San Ginés que apartara a esos dos técnicos del procedimiento de sus hoteles por “enemistad manifiesta”.

Camero, que fue detenido la pasada semana por la Guardia Civil dentro del caso "Unión", es además el abogado de Juan Francisco Rosa en ese procedimiento. Además, tanto Camero como Rosa e Ignacio Díaz de Aguilar están imputados en el proceso penal que se sigue por la concesión de licencias ilegales en Yaiza. Otra de las polémicas suscitadas en las últimas semanas en el Cabildo es la relación del asesor jurídico de San Ginés, Ignacio Calatayud, con Díaz de Aguilar y con Camero, ya que trabajó en ambos despachos y es yerno del segundo.