Según Diario de Lanzarote:
El Juzgado de lo Penal número 3 de Arrecife tiene pendiente dictar sentencia en el juicio celebrado contra Enrique Pérez Parrilla y José Luis Brito por la ocupación de terrenos en Playa Honda para la construcción de una rotonda en la época en la que eran presidente del Cabildo de Lanzarote y alcalde de San Bartolomé, respectivamente.
El pasado 20 de diciembre se celebró la vista oral del caso, en el que dos particulares acusan a Pérez Parrilla, Brito y la que era secretaria del Ayuntamiento de San Bartolomé a finales de los años 90 de presuntos delitos de usurpación, prevaricación, coacciones, falsedad en documento público y falsedad de certificado. Cabildo y Ayuntamiento serían responsables civiles subsidiarios.
Los tres quedaron absueltos por sentencia dictada por el Juzgado el 10 de febrero del año pasado. Sin embargo, la acusación recurrió a la Audiencia Provincial, que obligó en una sentencia del pasado 26 de julio a repetir el juicio al no haber sido grabada una parte de la vista en el Juzgado.
En concreto,
el motivo del litigio está en la supuesta ocupación de unos 800 metros cuadrados de terreno para la construcción de una rotonda de acceso a la localidad de Playa Honda a finales de la última década del pasado siglo para mejorar la circulación.
El proceso judicial ha sido largo, puesto que se ha extendido unos once años. A favor de Pérez Parrilla y del resto de imputados obra el hecho de que ya el Juzgado falló su absolución en el primer juicio y que el fiscal pidió el sobreseimiento de la causa. En la sentencia anulada se hace referencia a cierta “temeridad” de la acusación particular.
La Audiencia Provincial de Las Palmas ordenó que se repitiera la vista oral en el Juzgado de lo Penal número 3 de Arrecife ya que no se había grabado todo el juicio, que se prolongó durante más de siete horas.
Esto, señala la Audiencia, causó en la acusación particular “una clarísima indefensión” a la hora de plantear el recurso de apelación.
Así, no sólo no se grabaron “el inicio del juicio, las cuestiones previas y el interrogatorio” de dos de los acusados, sino que tampoco quedó constancia “escrita” por parte del secretario judicial.
“Se ha producido una evidente infracción de normas procesales generadora de indefensión”, por lo que la Audiencia decretó “la nulidad del juicio celebrado y de todos los trámites posteriores al mismo”.
La acusación particular denunció al Cabildo y al Ayuntamiento de San Bartolomé por supuestamente ocupar de forma irregular unos 800 metros cuadrados, por los que exigían cerca de 400.000 euros.