El consejero de Ordenación Territorial y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, Augusto Lorenzo, y el presidente del Cabildo, Francisco Cabrera, comparecieron ayer públicamente para garantizar que las 25.000 camas anuladas en la llamada Segunda Modificación del PIO, aprobada en febrero de 2003 por el pleno de la Corporación, y que ayer mismo caducó, al no culminarse su tramitación, seguirán suspendidas y sin posibilidad de construirse, gracias a las garantías que ofrecen las Directrices de Ordenación, que en su día aprobó el Gobierno de Canarias.
Tanto el responsable de política territorial del Ejecutivo autónomo como el propio Cabrera, aseguraron que de los siete planes parciales suspendidos con motivo de la tramitación de la llamada Segunda Revisión del PIO, que afectan a cerca de 5 millones de metros cuadrados de suelo y a un millón de metros construibles, repartidos en los municipios más turísticos como Yaiza, Teguise y Tías, no podrán ejecutarse, con la excepción de 459 camas localizadas en el Charco del Palo, en Haría y del Plan Parcial Playa Blanca, que en la actualidad se viene construyendo, aunque ya ha sido llevado a los tribunales, a través de un contencioso administrativo encabezado por el Cabildo.
Según los informes técnicos solicitados, tanto por Política Territorial, como por el propio Cabildo, los citados planes de Haría y Playa Blanca, incluyen la construcción de 459 camas en el caso del Charco del Palo, y de unas 4.000 en el de Playa Blanca, pero en ningún caso podrían construirse, dado que en el caso del primero no se tramitaron y en el segundo, se encuentran recurridas ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), por lo que «no habrá posibilidad para su ejecución» explicaron ambos mandatarios.
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