Registrado: Jue 21 Abr, 2005 11:14 am Mensajes: 1198
Según diariodelanzarote.com:
El catedrático Luciano Parejo, a petición del grupo de gobierno del Cabildo, ha emitido un dictamen jurídico en el que apunta una salida a la ejecución de las sentencias que anulan cerca de una treintena de complejos hoteleros y que pasaría por suspender “en lo estrictamente necesario” el Plan Insular y los planes generales de Yaiza y Teguise.
El jurista destaca que como los fallos de las sentencias “se limitan a anular, siempre por motivos formales” las licencias de edificación o los proyectos de urbanización hay “margen suficiente” para “organizar el ajuste de las obras y edificaciones a la ordenación que corresponda”.
Sería el Gobierno de Canarias el que aprobase la suspensión parcial del planeamiento insular y municipal y, al mismo tiempo, acordase unas “normas provisionales” que estableciesen “el escenario normativo” sobre el que proceder a la ejecución de las sentencias de los hoteles conseguidas por el Cabildo y la Fundación César Manrique.
En el dictamen, presentado en el Consejo de la Reserva de Biosfera, se señala que “la ordenación que con carácter provisional o transitorio” se estableciese en las zonas afectadas de Yaiza y Teguise “con la finalidad de resolver el problema de la ejecución de las sentencias firmes existentes” debe ser “objetiva” y “exclusivamente en función del interés general”.
El catedrático apuesta por esta fórmula por cuanto sostiene la tesis de que la programación de nuevas plazas turísticas que contemplaba el Plan Insular que entró en vigor en 1991 caducó, como mucho, en 2002. Cabe destacar que la revisión del Plan Insular del año 2000, conocida como moratoria, y su programación turística, fue anulada por la Justicia.
Para llevar a cabo esta estrategia, el dictamen sugiere que “a la mayor brevedad posible” el Cabildo tome un “acuerdo plenario” en el que se solicite al Gobierno de Canarias que actúe suspendiendo el planeamiento insular y municipal necesario y de forma paralela apruebe una normativa transitoria, de especial trascendencia.
Además, el Cabildo tendría que requerir a los ayuntamientos de Yaiza y Teguise para que sus respectivos plenos municipales acuerden la transferencia a la Corporación insular de la competencia para ejecutar las sentencias referidas a las obras y establecimientos declarados ilegales por los tribunales.
Acto seguido, el Cabildo tramitaría “los pertinentes procedimientos de restablecimiento de la legalidad”, requiriendo a las empresas que soliciten la “legalización” de los hoteles, adoptando posteriormente lo que procediera: la regularización “total o parcial” o la “demolición total o parcial”.
“En todo caso”, señala el dictamen, el Cabildo resolvería los expedientes “de acuerdo con las normas provisionales aprobadas por el Gobierno de Canarias”, de ahí la importancia de esta normativa transitoria que se fuese a aprobar en sustitución del Plan Insular y de los planes municipales.
Por último, el catedrático señala que “todos y cada uno de los pasos” que se dieran deberían comunicarse a los órganos judiciales competentes, en particular al presidente de la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias para “la supervisión de la actuación administrativa”.
El dictamen de Luciano Parejo considera “inapropiada” la aprobación de una ley específica de “legalización” de las obras y construcciones afectadas por las sentencias, como propuso el anterior grupo de gobierno de la socialista Manuela Armas.
Luciano Parejo entiende que el informe de compatibilidad con el Plan Insular de las licencias, de carácter preceptivo y vinculante, peca de “inconstitucionalidad”. Admite que los tribunales no lo han “cuestionado hasta ahora”.
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