FORO SOBRE LANZAROTE

Según Crónicas de Lanzarote:

La justicia podría no levantar las medidas cautelares contra los políticos que fueron administradores de Insular de Aguas de Lanzarote (INALSA) y abrir la pieza de responsabilidades penales. Tal y como se adelantó este viernes en el programa "A buena hora" de Crónicas Radio-Cadena COPE, todavía no se ha cerrado la puerta que formaciones como Alternativa Ciudadana (AC-25M) pretendían tener abierta para que aquellos que condujeron a la empresa a la situación de quiebra asuman la responsabilidad no sólo política sino penal, paguen en definitiva por sus actos.

Según ha podido saber este medio de fuentes del caso, provenientes de los servicios jurídicos de uno de los principales acreedores de INALSA, el juez de lo Mercantil no sólo no ha levantado aún las medidas cautelares contra los políticos administradores de INALSA que tienen sus bienes embargados preventivamente, sino que podría decretar el incumplimiento del convenio por parte del Consorcio Insular de Aguas, abriéndose así la pieza de responsabilidades penales que podría suponer la ejecución definitiva de los embargos de sus propiedades.

Al parecer, al menos en uno de los casos, el Consorcio entiende que el dinero que el Canal de Isabel II se comprometió a abonar para el pago de la deuda debe ser depositado en el juzgado, pero se niega a entregar el certificado de dicha deuda al acreedor, en la medida en que la misma está pendiente de contenciosos judiciales paralelos que los servicios jurídicos del Consorcio consideran que tienen muchas posibilidades de ganar, y se trata de contenciosos cuya retirada no conformó parte expresa del convenio de acreedores. Se trata de un contencioso contra el laudo y contra el contrato de SEAFSA, entre otros.

Según esas mismas fuentes, el juez de lo Mercantil, que en principio se mostró favorable a que el certificado de la deuda no fuera entregado mientras el montante total de la misma se encuentre sub iudice, y a que los fondos fuesen entregados en depósito hasta tanto haya sentencia definitiva al respecto, al parecer exigiría ahora al Consorcio la entrega del certificado de deuda al acreedor en cuestión que amenaza con denunciar el incumplimiento del convenio. La decisión estaría ahora en la asamblea del Consorcio Insular de Aguas, que debe decidir sobre esta controvertida cuestión que parecía haber quedado superada para quienes creían que el asunto estaba definitivamente resuelto y que afecta a una pléyade de políticos en activo como Inés Rojas, Pepe Torres, Sergio Machin, Mario Pérez, Manuela Armas o Manolo Fajardo Paralea, entre otros, y a políticos retirados como Enrique Pérez Parrilla o Plácida Guerra.

Las fuentes consultadas han querido aclarar que la denuncia, y por tanto la posible apertura de la pieza de responsabilidades penales contra estos administradores, nada tienen que ver con la validez del concurso y la adjudicación de la gestión del ciclo integral del agua al Canal Isabel II que es definitivo e independiente de cómo se resuelva el concurso de acreedores, y por tanto el Consorcio no tendría en ese sentido ningún riesgo de poner en peligro los 54 millones de euros en inversiones que a través de la filial con la que opera en la isla, Canal Gestión Lanzarote, ya han comenzado a ejecutarse.

Vídeo Lancelot TV:

Fuente Diario de Lanzarote:

El Consorcio del Agua inició la semana pasada la entrega de certificaciones a los acreedores de Inalsa. Esos certificados son la garantía de pago y reflejan la cantidad a cobrar y la fecha en que se cobrará, según el convenio que se alcanzó en julio dentro del proceso concursal de la empresa, y que validó el juez el pasado mes de septiembre, con una quita de un 21 por ciento (unos nueve millones) de la deuda.



Representantes del mayor acreedor, FCC, que suma la deuda de la UTE Edam Janubio más la de Aguas Filtradas, que es una filial de la empresa, acudieron al Cabildo de Lanzarote para obtener ese certificado y el Consorcio se ha negado a entregárselo.

Fuentes del Consorcio señalan que, a pesar del convenio, hay un desacuerdo sobre la cantidad que se reclama, ya que hay dos pleitos vivos en los tribunales: uno sobre la nulidad o no del contrato de Edam Janubio para construir la planta del Sur de la Isla, que se encuentra en el Juzgado de lo contencioso administrativo y otro sobre la prórroga que se otorgó al contrato de Aguas Filtradas, que el Consorcio ha ganado en primera instancia y se ha recurrido.

Según estas fuentes, FCC no retiró o pidió que se retiraran estos pleitos como condición para firmar el convenio, y ahora el Consorcio considera que la resolución de los pleitos podría variar la cantidad que se adeuda. Las consecuencias reales sobre la deuda, en caso de que el Consorcio ganara ambos pleitos, están por determinar.

En el caso de Edam Janubio, la deuda que surgió del laudo que obligaba a pagar 12 millones de euros ya se incluyó en la cantidad que debía Inalsa a FCC en el convenio, pero lo que se discute es la nulidad de aquel contrato, que por otra parte firmó y ratificó la propia Inalsa. En el caso de Aguas Filtradas, no se discute que se haya prestado el servicio sino el coste, pero se podría llegar a un acuerdo.

Lo más probable es que FCC acuda ahora al Juzgado de lo mercantil que llevaba el concurso de acreedores de Inalsa para exigir el cumplimiento del convenio y que presente una demanda por incumplimiento. Dicho incumplimiento podría tener como consecuencia que se anulara el convenio y por tanto la quita del 21 por ciento acordada en el convenio.

Según Diario de Lanzarote:

El pago de la millonaria deuda de Inalsa que hundió a la empresa pública no es agua pasada. Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) ultima la presentación de manera inminente de una demanda por incumplimiento del convenio ratificado por el Juzgado de lo mercantil en septiembre.



También lo hará Aguas Filtradas, si antes del próximo jueves el Consorcio del Agua no le entrega el certificado que acredita su derecho a cobrar, que al igual que en el caso de FCC, le ha sido negado por el Consorcio del Agua.

FCC también estudia como siguiente paso la interposición de acciones penales contra los actuales representantes de Cabildo y ayuntamientos en el Consorcio del Agua. Hasta que el juez no dé carpetazo definitivo al concurso de acreedores, siguen con sus bienes embargados los consejos de administración de Inalsa presididos por Inés Rojas y Manuela Armas.

En cuanto a Aguas Filtradas, asegura que “procederá a interponer demanda” por “incumplimiento del convenio de acreedores”, con las “consecuencias previstas” en la ley concursal de “inhabilitación y embargo de sueldos y bienes”. El requerimiento iría dirigido también a los actuales miembros del Consorcio: el presidente del Cabildo y los alcaldes.

Como se recordará, FCC logró en 2006 un laudo arbitral que le reconocía unos 12 millones de euros de indemnización al no haber podido culminar una planta desaladora a instalar en Janubio (Yaiza), que Inalsa le había contratado cinco años antes y de la que sólo se llegó a construir una nave.

En el convenio validado por el juez, tras una quita del 21,7 por ciento, se especifica que tendría derecho a percibir 9,4 millones, que abonaría Inalsa del canon de 50 millones comprometido por la empresa madrileña Canal de Isabel II a cambio de la privatización del agua durante los próximos 30 años.

Sin embargo, desde el Consorcio se ha mostrado el desacuerdo con la cuantía y se señala que hay procedimientos judiciales abiertos que a su juicio afectarían al montante de la deuda con FCC: un pleito exigiendo la nulidad del contrato de la desaladora, firmado por PSOE y PIL en 2001, y un recurso contra la inclusión de la deuda en el concurso de acreedores.

Esta es la razón en la que se escudó la entidad pública para no entregar el certificado en el que quede constancia de la deuda con FCC y la fecha de pago. Una decisión que va a desencadenar una nueva batalla judicial: en el caso de que el juez estime la demanda de FCC, las fuentes jurídicas consultadas –próximas a los acreedores y al Consorcio- sostienen que Inalsa perdería la quita de los acreedores, que supuso una reducción de la deuda global de la empresa pública de 41,4 millones a 32,4. En el caso de la de FCC, la deuda se rebajó en 2,6 millones.

En cuanto a Aguas Filtradas, la empresa defiende que en el convenio de acreedores se le recogió una deuda a su favor de 9,8 millones, que con la quita “pactada” se quedó en 7,6 millones. Desde el Consorcio se ha pleiteado contra una ampliación del contrato efectuada con Plácida Guerra (PIL) de consejera delegada, que a su juicio afectaría al montante de la deuda.

Versiones radicalmente distintas

01. Para FCC, se ha incumplido de forma clara el convenio validado por el juez y que reconocía la obligación de pagar la deuda a los acreedores con el dinero del Canal de Isabel II. “De forma irrevocable, no sujeta a controversias ni a litigios de clase alguna”, reza el convenio.

02. Para Inalsa, la constructora cometió un error al no exigir que, al tiempo que se firmaba el convenio, se determinase la retirada de los recursos judiciales abiertos. Fuentes próximas al Consorcio, propietario único de Inalsa, entienden que “el interés general está en juego”.

Fuente canarias7.es:

Sectores de Coalición Canaria y Partido Socialista pretenden forzar un acuerdo del Consorcio de Aguas para que se entreguen a FCC, acreedor de Inalsa, los certificados con los que saldar la deuda y de este modo evitar los embargos a los exmiembros de los consejos de administración.

El objetivo es evitar que Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), propietaria de la UTE de Janubio, pida al juez de lo Mercantil que ejecute los embargos preventivos de los bienes de los 17 exmiembros de los consejos de administración de Inalsa afectados, presididos por Inés Rojas y Manuela Armas.

Para ello, sectores de Coalición Canaria (CC) y del PSC-PSOE, entre los que se encuentran varios exmiembros de los consejos de Inalsa y algún alcalde, preocupados por los embargos, estarían moviéndose para forzar un acuerdo en la asamblea del Consorcio de Aguas (órgano formado por los siete alcaldes y el Cabildo, como propietarios de Inalsa), para acordar que se entreguen a FCC los certificados con los que quedaría saldada la deuda; y de este modo evitar los embargos y la denuncia penal que FCC anuncia.

La asamblea del Consorcio de Aguas ha sido convocada para mañana jueves y en ella deberá decidirse si se entregan dichos certificados a FCC como eje central. De no ser así, algunas fuentes hablan de forzar un acuerdo en el pleno del Cabildo. Mientras, el presidente , Pedro San Ginés, ha dicho que se va a mantener y sólo entregará dichos certificados si lo ordena el juez. San Ginés insiste en que el Cabildo aún puede ganar a FCC los pleitos, que rebajarían la deuda.

Según Crónicas de Lanzarote:

El consejero de Coalición Canaria (CC) en el Cabildo Sergio Machín, metido en estos momentos en un turbulento proceso que podría terminar con su expulsión de la formación, ha remitido esta semana a la institución que preside Pedro San Ginés una factura emitida por el despacho de abogados Garrigues para que se abone a cuenta de las arcas públicas, según atestigua el documento al que ha tenido acceso este diario.

Fuentes consultadas en la institución aseguran que es el primero de los integrantes de los consejos de administración que gestionaron la empresa Insular de Aguas de Lanzarote (INALSA) hasta que entró en concurso voluntario de acreedores que ha intentado que sea el Cabildo quien pague los gastos de su representación letrada, utilizando un método similar al que propuso en su día la concejal tránsfuga del Partido Popular (PP) en Arrecife, Nayra Callero, entendiendo que su situación judicial se debe a una actuación política en defensa de los intereses de la institución y que por tanto es ésta la que debe sufragar el gasto.

El consejero nacionalista ha presentado una factura por importe de 10.500 euros que le ha remitido el despacho que eligió para su defensa en el contencioso que se ha mantenido en los últimos años, Garrigues, que justifica la cantidad bajo el concepto de “factura inicial por servicios profesionales prestados dentro de los autos de medidas cautelares 5/2011 del Juzgado de lo Mercantil Número 1 de Las Palmas de Gran Canaria (concurso de Inalsa) y en el que se le exige el embargo preventivo de sus bienes hasta un máximo de 44.000.000 de euros por haber formado parte del Consejo de Administración de la sociedad en el periodo comprendido entre 2007 y 2009”.

La factura, que ha cogido por sorpresa a los actuales integrantes del grupo de gobierno del Cabildo, se traslada a la institución coincidiendo con uno de los momentos más tensos que se recuerdan desde que San Ginés tomó posesión como presidente de la corporación. Coincide, además, con el lío que se ha organizado una vez que, como adelantó este diario, Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) pretende cobrar la deuda que ha quedado al margen del contrato con Canal Gestión S.L. en un proceso que podría provocar, si así lo estima el juez que lleva el caso, que se proceda finalmente al embargo de los bienes de todos los integrantes de los dos consejos de administración de Inalsa que se han visto afectados por la medida, entre ellos políticos conocidos de CC como el propio Machín, la consejera de Bienestar Social del Gobierno canario, Inés Rojas, el viceconsejero de Política Territorial del Ejecutivo autonómico, Mario Pérez, y el alcalde de Haría, José Torres Stinga, o del Partido Socialista (PSOE) como el actual portavoz del Grupo Parlamentario, Manuel Fajardo Palarea, la viceconsejera de Educación del Gobierno canario, Manuela Armas, o el ex presidente del Cabildo y ex alcalde de Arrecife Enrique Pérez Parrilla.

Las fuentes consultadas no han precisado a este diario si finalmente se va a abonar la factura, puesto que es un tema que, según han precisado, no les ha dado ni tiempo a mirar.

Este diario ha consultado a la parte afectada, desde donde se ha trasladado una versión distinta. Según explican, la factura no ha sido enviada al Cabildo por el consejero, sino por el despacho de abogados que le ha defendido. Es más, Sergio Machín entiende que no será la última que llegue del mismo despacho, puesto que fueron varios los integrantes del Consejo de Administración de Inalsa los que contrataron los servicios de Garrigues.

De igual modo, el consejero cree que no habría que sacar de contexto un asunto así, puesto que cualquier político del Cabildo que se ha visto involucrado en alguna cuestión jurídica vinculada con el ejercicio de su cargo, como sucede en la actualidad, no se ha pagado de su bolsillo su defensa letrada.

Extracto de la factura remitida por Sergio Machín al Cabildo:
http://www.cronicasdelanzarote.es/IMG/d ... abildo.doc

Vídeo Lancelot TV:

Vídeo Lancelot TV:

Fuente canarias7.es:

La UTE Edam Janubio, dependiente de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), ha demandado en el juzgado al Consorcio de Aguas por incumplir el convenio con los acreedores de Inalsa, suscrito en junta el pasado verano, al no entregar los certificados con los que saldar la deuda pendiente.

La demanda fue presentada en la mañana de este lunes en el Decanato de los Juzgados de Las Palmas que deberá trasladar al Juzgado de lo Mercantil número 1 que instruye el concurso de acreedores de Inalsa. En ella se denuncia ante el juez el supuesto incumplimiento del convenio para saldar la deuda con los acreedores que se llevó a la junta el 12 de julio y fue aprobado por unanimidad.

El convenio supuestamente incumplido por el Consorcio de Aguas (órgano formado por el Cabildo y los ayuntamientos como propietarios de Inalsa), pasaba por la entrega a los 166 acreedores de Inalsa de certificados de deuda, con cargo a los créditos cedidos por Canal de Isabel II, como empresa concesionaria del servicio de aguas por importe de 35 millones de euros, descontada una quita del 21% de la deuda.

Transcurrido más de un mes desde el plazo e el que el juez de lo Mercantil dictó sentencia, dando validez al convenio para saldar las deudas (el pasado 18 de septiembre), la UTE Edam Janubio interpuso ayer demanda de incumplimiento, al no haber recibido aún los certificados del pago de la deuda, al igual que otros 140 acreedores, de los 166 existentes.

De este modo, la UTE de Janubio reclama al juez que ordene a Inalsa, así como al Consorcio Insular de Aguas, el depósito, ante el Juzgado, de los 50 millones de euros del canon que Canal de Isabel II (ahora Canal Gestión Lanzarote) debe aportar al Consorcio y que éste; a su vez, se comprometió a destinar a saldar las deudas con los acreedores, a través de la entrega de certificados, algo que sólo se ha hecho con 26 de los 166 acreedores existentes.

Ahora el juez decidirá si admite a trámite la denuncia, oídas las partes, y en el caso de ser admitida y resuelta en contra de las demandadas, el procedimiento podría derivar en la apertura de pieza de calificación y liquidación de Inalsa, con la correspondiente declaración de culpabilidad de los responsables.

Fuente canarias7.es:

La UTE de Janubio dependiente de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) informó este miércoles de su intención de desistir en las próximas horas de la demanda interpuesta el pasado lunes, ante el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Las Palmas, contra el Consorcio Insular de Aguas, por incumplir el convenio con los acreedores para solventar la deuda de Inalsa.

La razón del desistimiento se basa en la entrega el martes por parte del Consorcio de Aguas (Cabildo y ayuntamientos, dueños de Inalsa) de los certificados con cargo al canon de Canal de Isabel II para pagar la deuda a la empresa.

Según Canarias7:

La UTE Edam Janubio, formada por FCC y SPA, uno de los principales acreedores de Inalsa, han presentado escrito en el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Las Palmas, donde solicitan al juez que proceda a abrir la pieza de calificación, para determinar si en el concurso de acreedores de la empresa pública de aguas Inalsa es culpable; y para que se depuren responsabilidades sobre los administradores de la empresa.

Según la UTE, la ley exige la apertura de la citada pieza de calificación, en los casos en los que la quita (rebaja de la deuda exigida por los acreedores) sea de más de un tercio, en este caso fue del 21,7%, 12 millones de euros de los 57 millones totales, que no se da; o cuando la espera del pago supere los tres años, y en este caso, la espera pactada supera los tres años al ser de cinco años. Se cree también que alguien tiene que pagar la quita que se ha descontado a los acreedores.

La UTE aporta jurisprudencia en la que se ordena depurar responsabilidades, por situaciones similares a las de Inalsa, y hacen referencia a varios autos del propio juez de lo Mercantil, en los que se hace mención a que el concurso de acreedores reúne condiciones de culpabilidad.

Recuerdan que Inalsa se encontraba en causa de disolución en diciembre de 2007, al no poder hacer frente a sus pagos, pese a lo cual no se pidió el concurso de acreedores hasta junio de 2009.

Según La Voz de Lanzarote:

El Juzgado de lo Mercantil Número 1 de Las Palmas de Gran Canaria ha levantado el embargo que ordenó en julio de 2011 sobre 18 cargos públicos de Lanzarote que participaron en la gestión de Inalsa en los años anteriores a que entrara en concurso de acreedores, cuando registraba "pérdidas continuadas" y estaba "en quiebra técnica".

La medida cautelar pretendía garantizar el pago de las deudas con los acreedores en caso de que la empresa fuera liquidada, sin contar con activos suficientes para hacer frente a sus obligaciones económicas, ya que la mayoría de bienes y derechos de Inalsa eran inembargables. Sin embargo, tras la privatización de la empresa pública de aguas y el convenio de pago alcanzado con los acreedores, el Juzgado entiende las circunstancias han cambiado y ya no es necesario el embargo preventivo.

Los embargos se dictaron sobre las personas que formaron parte de los dos últimos consejos de administración de Inalsa, cada uno en diferente cuantía. Así, Manuela Armas, Plácida Guerra, Juan Félix Eugenio, Carlos Espino, Enrique Pérez Parrilla, Jesús-Iván Rodríguez González, José Dimas Martín, Feliciano-Ramón Díaz Hernández y Antonio Barambio tuvieron que responder por la cuantía solidaria de 9.337.492,50 euros; mientras que Inés Rojas, Mario Pérez, Sergio Machín, Rafael Martín, Aquilino Romero, Manuel Fajardo Palarea, José Juan Cruz Saavedra y José Torres Stinga afrontaron embargos por la cuantía solidaria de 1.914.730,50 euros.

Contra este auto, fechado el pasado 11 de marzo, aún cabe recurso ante la Audiencia Provincial en el plazo de 20 días. En caso de que no se presenten recursos, y una vez que la resolución sea firme, el Juzgado ordena que se libre “mandamiento de cancelación de la anotación preventiva de embargo a los correspondientes Registros de la Propiedad y Registros públicos que procedan”.

El auto recuerda que la medida cautelar se adoptó cuando Inalsa se encontraba en concurso de acreedores, “con un valor liquidativo incierto, con pérdidas continuadas y en quiebra técnica”. En ese escenario, el Juzgado entendía que la empresa estaba abocada a su liquidación y a que “el servicio fuera asumido por la administración competente, bajo cualquier forma de gestión entre las posibles”.

De haberse llegado a esa situación, el Juzgado entendía que Inalsa no podría haber hecho frente al pago de sus deudas. “Sólo hay que examinar las cuentas anuales, tal y como han sido formuladas, con fondos propios cada vez más negativos desde el ejercicio 2007”, sostiene el auto, que agrega que, “además, los fondos propios serían negativos desde 2006 si se hubiera practicado la oportuna provisión por la condena arbitral” (por la planta de Edam Janubio).

Desde entonces, el Juzgado recuerda que la empresa soportó “pérdidas continuadas”, hasta el punto de que la administración concursal pidió el cese de la actividad, lo que hubiera dejado en una “situación más gravosa” aún a los acreedores. Al respecto, el Juzgado subraya que “la mayoría de los bienes y derechos que componen la masa activa” de Inalsa no servía “por naturaleza para satisfacer a los acreedores, de forma que carecen sustancialmente de valor liquidativo”.

Esto podría haber dado lugar a que el concurso de acreedores se calificara como “culpable”, exigiendo responsabilidades patrimoniales a los administradores de Inalsa, que por eso fueron sometidos a un embargo preventivo de sus bienes. Sin embargo, el acuerdo de pago alcanzado con los acreedores, gracias a las cantidades aportadas por la empresa que se ha hecho cargo de la gestión de Inalsa, ha hecho cambiar las circunstancias.

“Debe concluirse que se ha producido una variación sustancial de las circunstancias que justificaron la adopción de la medida cautelar y que, en consecuencia, procede acceder a la solicitud de alzamiento de la medida cautelar acordada en su día por este Juzgado”, sostiene el auto. Al respecto, señala que desde la aprobación del convenio de pago “no se ha planteado a este Juzgado incidente concursal sobre el posible incumplimiento del convenio”.

Por eso ordena levantar la medida cautelar, aunque aclara que “el proceso principal” aún no ha “terminado”, como sostenían los afectados por los embargos al pedir el levantamiento de esta medida. Según el Juzgado, “todavía existe una posibilidad” de que se abra la fase de calificación del concurso de acreedores, y que éste sea calificado como culpable. Así, hace referencia a dos posibles “hipótesis” que entiende que aún podrían darse. Una, que se declare el “incumplimiento de convenio” de pago acordado con los acreedores. Otra, que la propia “concursada” (Inalsa), “solicitara la apertura de la fase de liquidación, ante la imposibilidad de cumplir con ese convenio”.

Vídeo Lancelot TV: