FORO SOBRE LANZAROTE

Según Diario de Lanzarote:

El Juzgado de lo contencioso ha obligado al Ayuntamiento de Yaiza a ejecutar la sentencia en la que se exige la revisión de la licencia concedida para la construcción de un edificio en primera línea en Playa Blanca a una empresa de la que es socia la número dos en la lista de Coalición Canaria, Narcisa Peña.



La licencia de obras para construir un edificio de 10 locales, ocho viviendas y sótano entre la calle Gueldera y la avenida de Playa Blanca fue concedida el 21 de agosto de 2001 por el entonces alcalde, José Francisco Reyes, a las empresas Club Lanzarote y Dacaanalpa, de la que es administradora Peña.

En el momento de concederse la licencia, tanto Reyes como Peña eran compañeros de partido, Coalición Canaria, y gobernaban el Ayuntamiento sureño. En la zona la normativa urbanística permite dos plantas y el inmueble tiene tres.

Contra el permiso de obras recurrieron unos vecinos, que denunciaron que el edificio superaba en altura “lo previsto en la normativa urbanística” y le privaba “de las vistas”, proyectando “sombra sobre la playa”.

El alcalde de Yaiza rechazó su solicitud para que anulase de forma voluntaria la licencia de obras el 2 de mayo de 2003. Y los vecinos, Salvador Luis Lerín y Francisco Olmeda, recurrieron a la Justicia. El Juzgado, sin embargo, desestimó en primera instancia su petición, sentencia de enero de 2006.

En cambio, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en sentencia de diciembre de 2006, les da la razón y condena al Ayuntamiento a “iniciar el procedimiento de revisión de la licencia” dada por Reyes.

“Puede concluirse”, señala el TSJC, “que la altura” máxima de dos plantas “ha sido superada” incumpliendo el planeamiento que ordena el casco urbano de Playa Blanca, “lo que pone de manifiesto que la licencia constituye una infracción grave” de la ley del territorio de Canarias.

El TSJC se basó en un informe técnico emitido por la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) emitido en junio de 2003 en el que apunta que el edificio “tiene una tercera planta de unos quince metros de frontis”, por lo que vulnera la normativa".

Así lo avala también el informe de la arquitecta municipal que señala que la altura máxima debía ser de siete metros y dos plantas, mientras que el edificio, en la parte que da la avenida de Playa Blanca, mide “12,02 metros y por lo tanto sobrepasa la altura total permitida”.

Tras pasar unos cuatro años y medio desde que se dictó la sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia, el Ayuntamiento sureño todavía no ha culminado la ejecución de la sentencia que le obliga a revisar de oficio la licencia del edificio.

De hecho, este martes, el pleno de la Corporación ha tenido que volver a iniciar los trámites para revisar el permiso de obras, después de que caducara el plazo administrativo para culminarlo ante la inacción del grupo de gobierno liderado por Ángel Domínguez y Leonardo Rodríguez, compañeros de partido de Peña.

Ya en la etapa en la alcaldía de la pilista Gladys Acuña el Juzgado requirió al Ayuntamiento para que cumpliera la sentencia. Acuña inició el expediente en 2009, aprobándolo en Junta de Gobierno, pero luego en el pleno, estando ya en minoría, se quedó sobre la mesa.



Ante los requerimientos del Juzgado, la Corporación municipal volvió a celebrar otro pleno en el que se dio vía libre al procedimiento para revisar de oficio la licencia. Tras la moción de censura y el cambio de gobierno, el expediente caducó, por lo que ahora se ha tenido que reiniciar.

Para la portavoz del PIL y ex alcaldesa, “para ajustar” el edificio a la normativa urbanística, “no queda más remedio que derribar la parte que sobra”. Acuña mostró su convicción de que “este asunto ha tenido mucho que ver incluso con mi moción de censura”.