Según La Voz de Lanzarote:
El Juzgado de Instrucción Número 2 de Arrecife, que desde hace siete meses está a cargo de Leticia Esther Mateo Requena, también se enfrenta a un nuevo cambio de juez. Es otra de las consecuencias de la decisión adoptada el pasado martes 19 de abril por el Consejo General del Poder Judicial, que asignó nuevos jueces a 15 juzgados de Canarias, incluyendo no sólo el que inició el caso “Unión”, sino también el que instruye el caso “Reyes”.
Así, la otra gran causa contra la corrupción abierta en Lanzarote, que investiga la existencia de una presunta trama organizada para la concesión de licencias ilegales en Playa Blanca,
pasará ahora a la juez Ana Manella González, que este miércoles ha jurado su cargo y la próxima semana se incorporará a este Juzgado lanzaroteño.
De esta forma, el caso “Reyes” vuelve a cambiar de manos por segunda vez en siete meses. En septiembre, la jueza que instruía esta causa, María Dolores García Benítez, dejó el Juzgado de Instrucción Número 2 de Arrecife, al conseguir plaza en un nuevo destino, concretamente en Ciudad Real. Desde entonces, Leticia Mateo se hizo cargo del Juzgado como juez sustituta (y por tanto del caso “Reyes”), pero ahora tendrá también que abandonarlo.
Así, una nueva juez quedará al frente de esta causa, cuya investigación empezó hace casi cinco años, y que tiene una treintena de imputados entre políticos, técnicos, empresarios, abogados y familiares del ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes.
En septiembre de 2009, esta causa dio un enorme salto tras la detención del ex alcalde de Yaiza, su mujer y tres de sus hijos. En su declaración ante la jueza y el Ministerio Fiscal, Reyes llegó a reconocer que había cobrado dinero por la concesión de licencias ilegales, y dio nombres de varios empresarios, que pasaron a estar imputados en este proceso judicial.
Sin embargo, el ex alcalde se retractó de su confesión inicial.
El ex alcalde pasó dos meses en prisión provisional después de su arresto, y desde diciembre de 2009 está en libertad bajo fianza de 120.000 euros.
El caso “Reyes” comparte varios imputados con el caso “Unión”, incluyendo al propio ex alcalde, a empresarios como Juan Francisco Rosa y Francisco Armas y al abogado Felipe Fernández Camero, al que la Fiscalía señala como el “inductor de la conducta presuntamente delictiva de José Francisco Reyes”.
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