FORO SOBRE LANZAROTE

Según diariodelanzarote.com:

El Ayuntamiento de Arrecife ha decidido aplicar ‘mano dura' y proceder al derribo de varias viviendas levantadas en la calle Balayo de Argana Alta en un suelo que no es apto para edificar. Este lunes se acordonaba la zona para llevar a cabo la demolición el martes por la mañana.



Las denuncias contra una promoción de diez viviendas de dos plantas en la calle Balayo, levantadas por Construcciones Míguez Lanzarote SL, se han sucedido desde la anterior legislatura, después de que el Ayuntamiento denegara la licencia de construcción y estableciera un precinto a las obras, roto en varias ocasiones.

En noviembre de 2007, el entonces concejal de Urbanismo del Ayuntamiento capitalino, Antonio Hernández, firmó un decreto ordenando la demolición de las viviendas de la calle Balayo, que en la actualidad están casi culminadas.

El Ayuntamiento dio traslado de su resolución al Juzgado para que autorizase la entrada en la propiedad para demoler las obras. Una autorización judicial que ha sido concedida y que ha determinado, tal y como adelantó el actual responsable del Plan General de Arrecife, Ubaldo Becerra, que el Consistorio acometa el derribo de las viviendas ilegales.

Sobre las once de la mañana de este lunes, un operario acordonaba el perímetro de las viviendas para comenzar a primera hora del martes la demolición, según está previsto por el Ayuntamiento. En la zona también se encontraba un agente de la Policía Local de Arrecife.

Según las fuentes consultadas, el derribo de las diez viviendas supondrá un coste aproximado de unos 30.000 euros y los trabajos de demolición pueden ejecutarse en un par de jornadas.

Las obras al final de la calle Balayo han sido denunciadas en multitud de ocasiones por Alternativa Ciudadana, que se quejaba de que a pesar de la denegación de la licencia por parte del Ayuntamiento en enero de 2006, se seguía construyendo.

Las viviendas están construidas, tal y como trascendió en su momento, en un suelo urbano no consolidado y fueron denunciadas por la Policía Local en octubre de 2006. El expediente sancionador arranca de la pasada legislatura.

En el mapa aprecio que al Sur de la calle Balayo, entre la calle Rafael Alberti y la calle Luján Pérez y acotada verticalmente por la calle Gabriel Celaya, ha DESAPARECIDO la calle JOSÉ ZORRILLA, por estar ocupada por toda una hilera de casas.

Estas casas que ocupan un dominio público municipal, como es la calle JOSÉ ZORRILLA, ¿tienen licencia de obras?

Y si tienen licencia de obras, ¿quién es el Técnico municipal que ha firmado licencias de obras para ocupar una calle municipal?

http://callejero.paginasamarillas.es/fl ... CIFE%20(GC)%20(E)&idioma=spa&site=callejero&ve=

Fotos diariodelanzarote.com:







http://www.youtube.com/watch?v=GbtIWBzEnMg

Según cronicasdelanzarote.es:

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de las Palmas ha condenado en sentencia de primera instancia al Ayuntamiento de Arrecife a indemnizar con 1.700.000 euros a la Constructora Míguez Lanzarote, S.L. por un derribo que entiende “ilegal”, de diez viviendas en la calle Balayo, esquina calle León Felipe, del barrio de Argana Alta, en octubre de 2008.



Según ha podido saber este diario de fuentes cercanas al caso, la sentencia, notificada este mismo lunes, 27 de junio, a las dos partes, señala, tal y como insiste el responsable de Construcciones Míguez Lanzarote, S.L., Miguel Míguez, que “el grupo de gobierno de entonces en Arrecife retiró al solar la categoría de urbano que ya tenía, y la rebajó ilegalmente”. El Ayuntamiento realizó al parecer una segregación del solar y posteriormente le retiró la consolidación como suelo de categoría urbana. Según Míguez, “Coalición Canaria pidió una rectificación meses después, pero nunca llegó a hacerse ninguna modificación puntual”.

Tras varias peticiones desatendidas, el constructor prosiguió con las obras de la calle Balayo hasta que el Ayuntamiento las precintó y derribó las diez viviendas en octubre de 2008, alegando que fueron construidas en suelo urbano no consolidado y careciendo de licencias. La constructora violó el precinto del Ayuntamiento y éste también conminó a las empresas de servicios públicos a negar el suministro de los mismos al edificio. Fue entonces cuando se dictó un Decreto con el que el Consistorio determinaba dar cuenta incluso del incumplimiento, a la Fiscalía a efectos de la exigencia de la responsabilidad penal que pudiera corresponder a Construcciones Míguez Lanzarote, S.L.

Por su parte, al entender que se estaban lesionando sus derechos, el promotor denunció al Ayuntamiento de Arrecife tanto ante el juzgado de lo Penal de la capital lanzaroteña como ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas, órgano que ya se ha pronunciado a este respecto.



El promotor recuerda que esta causa le llevó a convertirse en su día en uno de los denunciantes del caso Unión en Lanzarote. “Con la entrada del nuevo grupo de gobierno, en la nueva legislatura, a mí se me dijo que había que hacer frente a unas comisiones si quería que el solar tuviera la misma categoría de urbano. No acepté porque el solar no podía ser rebajado de categoría. Ya existía un certificado que lo catalogaba como urbano”, relata el denunciante.

Ahora el Ayuntamiento de Arrecife dispone de un plazo legal de cinco días hábiles para recurrir a un órgano superior esta sentencia de primera instancia, mientras que el promotor continúa a la espera de lo que dicten también los juzgados de lo Penal de Arrecife.

Cabe recordar que la Junta de Gobierno de Arrecife, conformada por la mayoría que ostenta el poder en el Ayuntamiento capitalino, denegó el 10 de enero de 2006 la licencia solicitada por la promotora para levantar un edificio en la calle Balayo. La razón, el terreno estaba catalogado como suelo urbano no consolidado. Sin embargo, la construcción de lo que ya se perfilaba como un conjunto de viviendas continuó sin que el Consistorio precintara la obra.

Por ello, partidos como Alternativa Ciudadana 25 de mayo denunciaron al grupo de gobierno ante la Fiscalía por presunta prevaricación, al considerar que actuó negligentemente en el caso. Sin conocer que el Ayuntamiento ya había denegado la licencia, Alternativa alertó, a principios de año, sobre los movimientos de tierra que se estaban haciendo en el solar, pero, según subrayó en su día el concejal Andrés Barreto, el grupo de gobierno hizo caso omiso a la advertencia.

En junio del año anterior Alternativa presentó dos escritos, acompañados por fotografías, desvelando que la cimentación de la construcción iba en curso. Además, en septiembre constató que el edificio de dos plantas estaba prácticamente terminado, según el concejal de la oposición, para dar cabida a diez viviendas. Una de las denuncias de Alternativa, en noviembre de 2007, daba cuenta de que las obras seguían ejecutándose de noche a pesar de estar precintadas y aprovechando las luces de unos vehículos.

Según lavozdelanzarote.com:

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 5 de Las Palmas de Gran Canaria ha rechazado el recurso presentado por la entidad mercantil Construcciones Míguez Lanzarote S.L., librando así al Ayuntamiento de Arrecife de afrontar una indemnización millonaria, por el derribo de diez viviendas que se construyeron sin licencia en la calle Balayo.

Pese a que el Ayuntamiento levantó varios precintos sobre las obras, el propietario de la empresa, Miguel Míguez, siguió construyendo. Finalmente, en octubre de 2008, el Ayuntamiento llevó a cabo el derribo y Míguez demandó al Consistorio reclamando una indemnización de cerca de dos millones de euros (concretamente, 1.712.050). Sin embargo, la magistrado Mercedes Martín Olivera ha dado la razón al Consistorio, representado en este pleito por el abogado Agustín Domingo Acosta.

En su recurso, Construcciones Míguez pedía que se anulara el decreto del Ayuntamiento que ordenó el derribo y la desestimación (por silencio administrativo) de su solicitud de revisión de ese decreto, pero también el acuerdo de noviembre de 2003 por el que se aprobó la adaptación básica del Plan General de Ordenación Urbana de Arrecife, al entender que se había cambiado el uso del suelo.

Sobre este último punto, la sentencia lo rechaza porque supone “una evidente desviación procesal”. Y es que sostiene que para impugnar determinados actos, no se puede combatir otros que “por el mero transcurso del tiempo han quedado firmes y consentidos”.

Respecto al decreto de derribo, según la sentencia, consta que le fue notificado al afectado el 21 de noviembre de 2007 pero que no fue recurrido. Ocho meses después, cuando el decreto ya era firme, Construcciones Míguez dirigió un escrito al Ayuntamiento solicitando su revisión. Para ello, se amparaba en el artículo 102 de la Ley 30/92, que permite reclamar en cualquier momento la revisión de un acto con “vicios de nulidad radical”.

Sin embargo, la magistrado rechaza que el promotor pueda acogerse a este artículo de la Ley, que no puede aplicarse “cuando el administrado ha tenido sobrada oportunidad” de solicitar la nulidad en tiempo y forma. En este caso, la sentencia señala que el recurrente “tuvo la oportunidad de impugar el acto por el que se acuerda la demolición”, y no lo hizo.

Además, subraya que “se le dio traslado durante toda la tramitación del expediente sancionador (sin que formulase alegaciones), así como de las órdenes de paralización de las obras y del precinto, haciendo caso omiso a las mismas, continuando las obras y sin que acreditase a lo largo de la tramitación, ni siquiera en este momento, que tenía la correspondiente licencia”.

Por todo ello, ni siquiera entra al fondo de las alegaciones presentadas por Construcciones Míguez, ya que entiende que ello implicaría “entrar a resolver la legalidad de un acto administrativo con respecto al cual, no procede su revisión”.

Contra la sentencia, que fue dictada el pasado 1 de julio y acaba de ser notificada a las partes, cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.