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NotaPublicado: Jue 26 Jul, 2012 10:32 am 
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Según diariodelanzarote.com:

El teniente de alcalde y concejal de hacienda de Arrecife, José Montelongo (PSOE) declaró este miércoles durante tres horas ante el Juzgado de instrucción número 4 de Arrecife por el caso Montecarlo.



A su salida, sobre las seis de la tarde, no aclaró qué delitos se le imputan, amparándose en el secreto de sumario. Según se ha podido saber, se le imputan dos delitos, aunque no ha trascendido de cuáles se trata. Además de Montelongo, también declaró durante unas dos horas el ex alcalde de San Bartolomé, Miguel Martín (CC).

Montelongo dijo a los medios de comunicación que estaba “muy tranquilo” y recalcó que el caso “está bajo secreto de sumario”, por lo que eludió hacer más declaraciones.

“He respondido a todo lo que se me ha preguntado, he colaborado con la Justicia como no podía ser de otra manera y ahora me toca esperar”, señaló el teniente de alcalde socialista.

Con respecto a la continuidad del pacto de gobierno con CC y Alternativa Ciudadana en Arrecife, Montelongo afirmó que tendría que ser la mesa de seguimiento “la que decida”.

“A nivel personal” Montelongo dijo que no tenía intención de tomar ninguna decisión salvo “seguir trabajando” en el grupo de gobierno. AC pidió que se le apartara de sus áreas de forma cautelar si continuaba imputado.

Montelongo es concejal de hacienda desde junio de 2011, cuando accedió a ese cargo tras el pacto PP-PSOE y ha mantenido el área tras la entrada del nuevo grupo de gobierno en marzo.

En la operación también están imputados Carlos Sáenz, interventor del Ayuntamiento de Arrecife y José Vicente Montesinos, empresario, ambos en prisión provisional desde hace dos meses acusados de malversación de caudales públicos, cohecho, blanqueo de capitales, prevaricación y falsedad en documento público.

También están imputados por los mismos delitos Javier Betancort (PP) y José Miguel Rodríguez (PIL), es concejales de hacienda de San Bartolomé y Arrecife, que fueron detenidos de forma simultánea.

También declaró el ex alcalde de Arrecife Cándido Reguera (PP), a quien se le imputan los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y alteración de precios en concursos.

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Además han declarado, en calidad de testigos, la actual alcaldesa de San Bartolomé, Dolores Corujo, y la concejal de hacienda, Carmen González, así como varios funcionarios del Ayuntamiento de Arrecife.


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NotaPublicado: Jue 26 Jul, 2012 12:29 pm 
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Según lavozdelanzarote.com:

El abogado Federico Toledo está prestando declaración este jueves en el Juzgado de Instrucción número 4 de Arrecife como imputado dentro del caso "Montecarlo". Toledo, cuya imputación no había trascendido hasta el momento, ha entrado al Palacio de Justicia poco antes de las 10 de la mañana, accediendo a los Juzgados por una puerta lateral.

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El abogado fue hace años presidente del comité local del PP de Arrecife y ha llevado algún procedimiento contencioso administrativo del Ayuntamiento. Entre ellos, el juicio que perdió el Consistorio contra el empresario José Montesinos, por el que el Ayuntamiento fue condenado a pagar más de 50.000 euros a una de sus empresas. Montesinos es uno de los principales imputados en la Operación "Montecarlo" y actualmente está en prisión provisional.

Poco después de iniciarse esta investigación, la ex secretaria municipal, Asenet Padrón, denunció que cuatro personas, entre ellas Federico Toledo, habían entrado en su despacho en su ausencia y habían tenido acceso a expedientes que ya había solicitado la Fiscalía.

El ex alcalde Cándido Reguera declaró públicamente que tras hacer unas fotocopias del expediente, se traspapelaron varios folios originales que se llevó a su casa y que acudió posteriormente a su domicilio con la ex secretaria (que fue cesada después por el propio Reguera) y que reintegró el expediente completo.

El miércoles también declararon como imputados el concejal de Hacienda de Arrecife, José Montelongo (PSOE) y el ex alcalde de San Bartolomé, Miguel Martín (CC). En total, hasta el momento hay al menos ocho imputados en esta causa.


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NotaPublicado: Jue 26 Jul, 2012 8:01 pm 
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NotaPublicado: Mié 08 Ago, 2012 12:50 pm 
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Según diariodelanzarote.com:

La juez del Juzgado de instrucción número 4 de Arrecife imputa al actual concejal de hacienda del Ayuntamiento de Arrecife, José Montelongo, un delito de malversación de caudales públicos, además de otros delitos, y le impuso medidas cautelares tras declarar en el Juzgado a finales de julio dentro del conocido caso Montecarlo. Montelongo declaró el pasado 25 de julio y tiene que firmar en el Juzgado el día 1 de cada mes.

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La imputación de Montelongo y la negativa de Coalición Canaria y PSOE en el Ayuntamiento a apartarlo de sus funciones dio pie a la salida de ese grupo de gobierno de Alternativa Ciudadana por negarse a gobernar con una persona que está siendo investigada por la Justicia por su actuación en el Ayuntamiento.

La operación investiga presuntos fraudes en servicios y concursos prestados en los Ayuntamientos de San Bartolomé, La Oliva (Fuerteventura) y Arrecife, donde ejercía o ejerció como interventor Carlos Sáenz, uno de los detenidos en esta operación.

Sáenz se encuentra en prisión provisional junto al empresario José Vicente Montesinos, acusados de varios delitos, como malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación, blanqueo de capitales y falsedad en documento público.

En la operación también están imputados los ex concejales de hacienda de Arrecife y San Bartolomé, José Miguel Rodríguez y Javier Betancort, respectivamente, los ex alcaldes de San Bartolomé y Arrecife, Miguel Martín y Cándido Reguera, el abogado Federico Toledo y otras personas cuya identidad no ha trascendido.

Según se ha podido saber, a Reguera se le imputan varios delitos tanto por su actuación como alcalde de Arrecife entre 2010 y 2012 como cuando fue concejal de hacienda en san Bartolomé hasta el año 2004.


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NotaPublicado: Mar 23 Oct, 2012 5:38 pm 
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Según Diario de Lanzarote:

La interventora accidental del Ayuntamiento de Arrecife, Carmen Villaverde, ha renunciado a su cargo sólo cuatro meses y medio después de su nombramiento, el pasado 6 de junio. El Ayuntamiento deberá aceptar ahora su renuncia, que se hará efectiva cuando se nombre un sustituto.

Villaverde, funcionaria de carrera y técnico de la Administración general, ejercía el cargo de contable desde septiembre de 1994 y era responsable de ese departamento. Fue nombrada tras la detención y encarcelamiento a finales de mayo del interventor Carlos Sáenz, dentro de la operación Montecarlo. Sáenz permanece aún en prisión.

En los últimos años, los principales cargos funcionariales del Ayuntamiento de Arrecife se han tenido que reestructurar. Primero fue destituido en 2004 por incompatibilidad el secretario Felipe Fernández Camero, que años después fue detenido dentro de la operación Unión; y después, en 2010, se cambió al jefe de la Oficina técnica, Rafael Arrocha, que fue detenido en esa misma operación.


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NotaPublicado: Mar 23 Oct, 2012 5:44 pm 
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Según Lanzarote Ahora:

Algo huele a podrido en Arrecife
…y no parece haber Marcelo dispuesto a echar una mano al Hamlet de turno para luchar en busca de la verdad y la honestidad. El ayuntamiento de Arrecife, por lo visto, no parece distar mucho del Estado de Dinamarca al que se refiere el drama de Shackespeare. Es verdad que el actual alcalde es el primero en reconocer que esa Casa, por dentro, está hecha unos zorros. La reciente historia de los altos funcionarios es descorazonadora. Uno apartado por tocar en cincuenta orquestas, otro en la cárcel, otro más detenido cada dos horas, una a la que le fuerzan el despacho y se lía a denuncias que te pego, y ahora la interventora que dimite vayan a saber ustedes por qué. Nos soplan que tiene que ver con algunas cosillas de esas que alguien puede ver dentro de la Ley y que otros lo ven fuera. Como los penaltis que le pitan al Barça, más o menos. El caso es que sólo ha durado cuatro meses y pico en el cargo.

Esas adjudicaciones
No diremos demasiado de lo que nos han soplado desde Arrecife que luego Montelongo se cabrea y empieza a buscar a los confidentes. Como ha ocurrido recientemente. La Ciudad tiene tan pocos problemas que su Teniente de Alcalde se permite el lujo de ir a la caza de brujas. Eso sí: también saca tiempo para recuperar las viejas costumbres de cuando era un Don Nadie (ahora parece que transitoriamente es un Don Alguien, o a él se lo parece), y ha vuelto a llamar por teléfono a quienes se lo dejó de coger a los dos minutos y treinta segundos de ser el corneta de Cándido Reguera. Arrieros somos, que dijo el otro. Cuentan que una de las bajonas que les entran a los políticos cuando “vuelven” de su estatus es que el móvil no les suena ni pa Dios. Lo miran cada diez segundos por si está en silencio o se ha quedado sin batería. Pero el caso es que no les suena. Pero este no era el asunto, sino el de no dar demasiadas pistas de lo que nos soplan de las cocinas municipales por si los montelongos.

La Feria
Pero no nos resistimos. Somos así de cabezuditos. Igual no tiene relación con lo que les vamos a contar. O de repente también eso es una gotita que ha contribuido a llenar el balde de la paciencia de la interventora. El asunto que nos filtran tiene que ver con la infraestructura que se ha montado en la recientemente celebrada Feria Medioambiental (con rotundo éxito, que una cosa no quita la otra). El ayuntamiento invita a las empresas que pueden aportar la infraestructura en cuestión, se presentan tres y, cómo es lógico hay una que oferta el precio más barato. Pero hete aquí que el ayuntamiento cae en la cuenta de que se les ha olvidado poner un acto (otro más a los inicialmente presupuestados). Así que a pedir un nuevo presupuesto se ha dicho. Y esta vez, ¡oh sorpresa!, o no, una de las empresas que antes no era la más económica, ahora sí que lo es. O sea que esa empresa, curiosamente, daba la cobertura precisa más barata con 49 actos que con 39, por ejemplo. Y, claro, tiempos de crisis, adjudicado a la oferta más económica.

Ya habrá pagado
Las otras empresas se quedaron con cara de bobos. Sobretodo, imaginamos, la que en primera instancia ofertó el precio más barato. Pero aquí no acaba la historia. Como esto es muy pequeño y nos conocemos todos, no tardan en filtrarnos que la empresa adjudicataria, no hace mucho, era perseguida por el propio ayuntamiento de Arrecife, pero no para adjudicarle ninguna feria, sino para que pagara lo que debía. En concreto el 20 de agosto y tras dos intentos de localizar a la empresa que ahora no hubo que localizarla, sino que vino sola, el Ayuntamiento de Arrecife publicaba la “Diligencia de Embargo de Derechos o Créditos” del expediente 120**15**1 (en los asteriscos van numeritos que también nos sabemos). Claro, si uno se pone en la piel del tesorero o de la interventora y ve que a quien hace un par de meses tenía que perseguir porque según parece no pagaba un recibo desde el 2008, ahora viene solito y se le adjudica, a la segunda, una feria que no se llevó a la primera porque no era la empresa más barata, quizá también nos entrarían ganas de salir corriendo y no volver al despacho en cuatro meses por si los fiscales y las ucos.


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NotaPublicado: Dom 17 Mar, 2013 10:45 pm 
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Según La Voz de Lanzarote:

No le consta “que hubiera un proyecto con ese nombre”, ni tampoco “ningún contrato” ni “ningún servicio” que se prestara y que “encaje” con el concepto de la factura. Eso es lo que aseguró en los Juzgados una técnico del Ayuntamiento de Arrecife, cuando le mostraron una factura de 63.000 euros pagada por el Consistorio e investigada dentro del caso “Montecarlo”.

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El pago fue autorizado por el ex alcalde, Cándido Reguera, y cargado a una de las Concejalías que gestionaba Lorenzo Lemaur. Sin embargo, la técnico que trabajaba en las áreas de Lemaur asegura que desconoce “el proyecto” al que se hace referencia en la factura, y también que realmente se haya prestado algún servicio en ese concepto. Lo mismo afirmó por escrito el trabajador responsable del área de Cultura, al recibir un requerimiento de la Fiscalía pidiendo documentos sobre ese pago. Según este trabajador, en su departamento no constaba ni el proyecto ni la memoria del mismo.

En la factura, de la empresa Tunera Producciones, se especifica que el concepto era el “Estudio y conclusiones del Proyecto de Apoyo al desarrollo de las acciones y programas de los centros socioculturales de Arrecife” y se emitió en diciembre de 2010. Sólo un mes antes, esa empresa había presentado al Ayuntamiento una propuesta para realizar un proyecto con una denominación muy similar: “Proyecto de apoyo al desarrollo de las acciones y programas de la Concejalía de Barrios del Ayuntamiento de Arrecife”.

En su declaración como testigo en el caso Montecarlo, la técnico responsable señaló que sí conocía el proyecto bajo ese nombre, aunque en este caso tampoco le consta cómo se contrató ni que se llegara a ejecutar. Al respecto, explicó que cuando Tunera presentó esta propuesta, en noviembre de 2010, Lemaur le “solicitó ayuda para la elaboración del pliego de prescripciones técnicas, porque el servicio de contratación era muy estricto, en el sentido de que hubiera algún técnico que hubiera supervisado el pliego”.

Tras cumplir este encargo, la técnico comunicó al concejal que “la adjudicación debía tramitarse como un procedimiento negociado” y que “debía invitarse a otras dos empresas”, ya que el contrato superaba los 18.000 euros. Sin embargo, según declaró en los Juzgados, no le consta que después “se hicieran las invitaciones, ni que se celebrara el contrato, ni que se ejecutara el servicio”.

Y todo ello, pese a que le hicieron figurar a ella como la encargada del contrato. “Entiendo que fue porque necesitaba un técnico”, explicó en su declaración, en la que insistió en que ella se limitó a hacer el pliego de prescripciones técnicas, y después no volvió a saber nada más, por lo que entendía que el contrato ni llegó a firmarse.

Sin embargo, el Ayuntamiento sí pagó hasta tres facturas por este supuesto servicio. La primera, en teoría, sería la abonada por orden de Cándido Reguera, aunque no coincide la denominación exacta del proyecto. Las dos segundas fueron autorizadas por el ex concejal Lorenzo Lemaur y eran de 15.461 euros cada una.

La autorizada por Reguera, por importe de 63.000 euros, corresponde en teoría al supuesto “estudio y conclusiones” del proyecto, que en realidad se había presentado solo un mes antes en el Consistorio, y como una simple propuesta. La segunda, abonada ya por Lemaur y por importe de 15.461 euros, correspondía al pago del desarrollo del proyecto entre los meses de octubre de 2010 y enero de 2011. Es decir, se pagaba incluso un mes en el que el supuesto proyecto ni siquiera se había presentado aún en el Consistorio.

Además, cuando Cándido Reguera estaba aún en la Alcaldía, a la Fiscalía llegó dos veces el mismo proyecto para justificar estos gastos. En ambos casos, el texto es idéntico y sólo cambia la última hoja: en una aparece el presupuesto, y en la otra no. Y en la que sí figura el importe que tendrá esta iniciativa, la cifra coincide con las dos facturas abonadas por Lemaur, que en total suman 29.450 euros más IGIC, pero no se dice nada sobre los 63.000 euros abonados previamente por Reguera.

Tras ser citado a declarar en calidad de imputado por estos y otros hechos al estallar la causa, Cándido Reguera reconoció que nunca vio la memoria de ese proyecto, en la que se debía dar cuenta de las actividades realizadas, aunque afirmó que “sabe que se hizo porque recuerda haber visto a dos chicas trabajando en los centros socioculturales”. Sin embargo, con respecto a la factura de 63.000 euros que él firmó personalmente, acabó señalando que en realidad obedecía a otros servicios prestados por la empresa.

Según él, “proyectos pequeños que se iban contratando” y que se abonaron en esa misma factura. Y entre esos proyectos, aseguró que se incluían un “estudio sociológico sobre Malpaís”, “las pantallas para ver los partidos de la selección española en el Mundial”, “el Día del Emprendedor” o “el Día de Canarias”. Sin embargo, tanto en la factura como en la orden de pago, el concepto que figura es el de “Estudio y conclusiones del Proyecto de Apoyo al desarrollo de las acciones y programas de los centros socioculturales de Arrecife”.

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Lo que sí señaló el ex alcalde es que fue él quien “encargó personalmente” esos supuestos servicios a esta empresa. Además, admitió que “fue una decisión verbal” y que “no hay procedimiento de contratación”. Aunque según él, fueron “varios encargos a lo largo de 2010 y 2011” y esos 63.000 euros “no se pagaron por el proyecto solo”.

Ante esta afirmación, el ex alcalde también tuvo que responder si se trataba de un posible “fraccionamiento irregular” de facturas, para evitar los trámites de contratación establecidos, a lo que respondió que entendía que no.

En cuanto al “estudio sociológico” que aseguró que se pagaba dentro de esos 63.000 euros, el fiscal le preguntó si se trataba de una encuesta y Cándido Reguera confirmó que sí. Según su declaración, la empresa le dio una copia, en la que “aparece una empresa de Madrid, llamada Institutos Perfiles Canarios”. Respecto al dinero que costó esa encuesta, Reguera aseguró que lo desconoce.

Aunque reconoció que fue él quien pidió esos supuestos servicios a Tunera y que lo hizo sin ningún procedimiento de contratación, Cándido Reguera intentó justificar la firma de esas facturas escudándose en el interventor, Carlos Sáenz, que también está imputado en la causa y continúa en prisión provisional.

En este sentido, aseguró que “al no poner reparos el interventor”, él “firmaba” las facturas “con carácter de dar el visto bueno, porque entiende que sí han pasado los cauces legales”. Además, a preguntas de su abogada, agregó que cuando firmaba facturas no era una sola, sino “un bloque”, y que “a veces no miraba el importe ni el concepto” y “firmaba sin más”.

Ni en la factura firmada por Reguera ni en las dos de Lorenzo Lemaur aparece la firma de la técnico del área, que asegura desconocer todo lo relativo al proyecto de Tunera. En la primera factura, junto a Cándido Reguera firma como técnico Miguel Ángel Leal, adscrito al área de Turismo.

En las otras dos facturas, junto al nombre de Lemaur aparece el de Emilia Perdomo, que en esa época era miembro del grupo de gobierno, aunque la firma no se corresponde con la suya. De hecho, el Ayuntamiento tuvo que aclarar después al Juzgado que quien realmente firmó esas facturas fue un trabajador del área de Barrios, Blas Cedrés, y que por “error” se agregó debajo el nombre de Emilia Perdomo.

En el encabezamiento del proyecto presentado por Tunera al área de Barrios, la empresa lo definía como “un servicio externo para el desarrollo de actividades y proyectos a desarrollar, de forma directa o indirecta, por dicha Concejalía, dirigidos a la política general en materia de Barrios del Ayuntamiento, a la dinamización social y cultural de los mismos y, de forma específica, si bien no principal, de apoyo a la gestión y dinamización de los centros socioculturales del municipio”.

En las cláusulas, se establecía también que se presentarían memorias mensuales, para ir “evaluando las acciones” y “replanteando objetivos”. Sin embargo, no constan en el Ayuntamiento ni esas memorias mensuales, ni tampoco la memoria final del proyecto, en la que se debería haber dado cuenta de las acciones realizadas.

De hecho, la Fiscalía considera que esos servicios ni siquiera llegaron a prestarse: ni los que se pagaron con las dos facturas de Lemaur, ni los de los 63.000 euros autorizados previamente por Reguera, y adjuntados a ese mismo expediente.


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NotaPublicado: Mar 26 Mar, 2013 5:33 pm 
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Según Diario de Lanzarote:

La jueza del Juzgado de Instrucción número 4 de Arrecife, Aurora García, ha acordado la puesta en libertad del interventor de los ayuntamientos de Arrecife y San Bartolomé, Carlos Sáenz, principal imputado del caso Montecarlo, así como del empresario José Vicente Montesinos, recaudador durante años en el Consistorio de San Bartolomé y con contratos que se están investigando en la capital de la Isla.

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Sáenz fue arrestado el 22 de mayo de 2012 en el comienzo de la operación Montecarlo que ha terminado salpicando a políticos, funcionarios y empresarios relacionados con contrataciones cuya legalidad está siendo investigada en el procedimiento judicial. La puesta en libertad de ambos imputados, los únicos que estaban en prisión provisional, se ha llevado a cabo sin el visto bueno de la Fiscalía. La jueza abandona en unos días el Juzgado.

Montesinos acusó en una declaración en el Juzgado al interventor de “chantaje” y “extorsión”, y aseguró que le 'obligaba' a pagarle una cantidad fija al mes. Facturaba al Ayuntamiento de San Bartolomé con la empresa Recingest 3.000 euros mensuales, que “los cobraba por transferencia y tenía que sacarlos y dárselos a Carlos Sáenz en efectivo”.

El empresario señaló que “había sido amigo de Carlos [Sáenz] hasta mediados de 2007 porque le chantajeaba” de tal forma que “o le pagaba o no cobraba en los ayuntamientos de San Bartolomé, Arrecife y La Oliva”.

Aseguró que ese año, el interventor “no sólo quería los 3.000 euros” sino que pedía “más dinero” y le exigió “50.000 euros de lo que cobraba Progestil”, la empresa con la que cobraba por la recaudación en San Bartolomé. Añadió que Sáenz le amenazó con que “si no lo hacía dejaría de recibir dinero por su trabajo”.

Montesinos manifestó en el Juzgado que Carlos Sáenz “lo hacía porque la ambición es grande y era el momento de dar el 'bocado'”, y destacó que “a partir de ese año dejó de cobrar en los distintos ayuntamientos debido a que no aceptó el chantaje”.


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NotaPublicado: Mié 27 Mar, 2013 1:16 pm 
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Fuente lavozdelanzarote.com:

El interventor Carlos Sáenz, que este martes quedó en libertad tras 10 meses en prisión provisional por el caso “Montecarlo”, ha pedido su reincorporación en el Ayuntamiento de Arrecife. Sáenz ha mantenido una reunión en Secretaría con el alcalde, Manolo Fajardo Feo, y el secretario este miércoles.

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Al parecer, el Ayuntamiento de Arrecife podría pedir un informe a Función Pública para saber qué decisión debe adoptar con respecto a Carlos Sáenz. Cabe recordar que Sáenz tiene una plaza como interventor en Arrecife, y en Teguise y San Bartolomé ejercía como interventor por “acumulación”, aunque a estos consistorios Función pública ya les autorizó para que cubrieran la plaza con otra persona.

Sáenz abandonó la cárcel de Tahíche este martes por la tarde, después de que así lo acordara en un auto la juez del Juzgado de Instrucción Número 4 de Arrecife, Aurora García. Asimismo, también quedó en libertad el empresario José Montesinos, que también llevaba 10 meses en prisión provisional.

Carlos Sáenz fue arrestado en Lanzarote el 22 de mayo de 2012, pero primero prestó declaración en los Juzgados de Fuerteventura y después fue trasladado a Arrecife. Los Juzgados de ambas islas decidieron enviarle a prisión provisional.

Sáenz está imputado por cinco delitos: malversación de caudales públicos, cohecho, blanqueo de capitales, prevaricación y falsedad en documento público. Además, tendrá que declarar ante el Juzgado de Instrucción Número 4 de Arrecife el próximo 2 de abril.


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NotaPublicado: Jue 23 May, 2013 6:42 pm 
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Según La Voz de Lanzarote:

La funcionaria del Ayuntamiento de Arrecife Asenet Padrón ya no tendrá competencias en el área de Actividades Clasificadas, aunque seguirá al frente de Responsabilidades Patrimoniales e Infracciones, también bajo la dirección del teniente de alcalde, José Montelongo. El grupo de gobierno ha decidido nombrar a Pilar Machín para que asuma Actividades Clasificadas, después de que Padrón comunicara que estaba "sobrecargada de trabajo", según señalan desde el grupo de gobierno.

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Alternativa Ciudadana ha reconocido que fue Padrón la que comunicó que “llevaba muchos departamentos y tenía mucho trabajo” y pidió al grupo de gobierno que le “descargara” o le “pusiera más personal”. Sin embargo, esta formación cuestiona que el grupo de gobierno le haya “quitado” precisamente la competencia en Actividades Clasificadas, una de las más “conflictivas”.

En este sentido, el concejal Domingo García ha asegurado que en esta decisión tiene “sus suspicacias”. “Ha habido un tremendo encontronazo entre el responsable político (en este caso José Montelongo) y la trabajadora. Hay que recordar que viene desde el momento en que Asenet Padrón era secretaria del Ayuntamiento y tuvo aquel conflicto con el entonces alcalde, Cándido Reguera, Nayra Callero y José Montelongo, que entraron en su despacho”, ha recordado.

Incluso, García ha señalado “da la sensación de que hay una especie de persecución por parte de José Montelongo en el caso de Asenet Padrón”. “Eso es lo malo y lo que se trasluce”, ha lamentado. “Si ponen ahora a Pilar Machín y lo hace bien, nosotros encantados de la vida”, ha manifestado, para después recordar que Padrón “denunció por entender que su despacho había sido violado”.

“Ahí se introdujeron ellos (en referencia a Cándido Reguera, Nayra Callero y José Montelongo) y se llevaron documentos, en este caso, Cándido Reguera. Curiosamente, ves como esta persona que denunció ha sido trasladada de un departamento a otro por imposición de José Montelongo”, ha valorado Domingo García.

Ante todo esto, Domingo García ha asegurado que Actividades Clasificadas es el área “más conflictiva”, puesto que tiene que ver “con si una instalación abre al público o no, si reúne los requisitos adecuados o no”. “Vemos el caso concreto que afecta a José Montelongo, y va a parecer una cuestión personal, pero con el caso de Lude se preguntó si tenía licencia de actividad o no. Asenet Padrón, como es su responsabilidad, hizo un informe basándose en otros informes técnicos, donde decía que eso no tenía licencia y así se demostró”, ha indicado.

“También tiene que ver con el Palacio de Justicia de Lanzarote, que también está pendiente de regularización. Su responsabilidad era dar un informe tal cual marca la norma”, ha recordado Domingo García, que ha insistido en que Padrón era la que hasta ahora informaba para “conceder o no las licencias oportunas”.


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NotaPublicado: Sab 20 Jul, 2013 11:49 am 
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Según La Voz de Lanzarote:

El juez del caso "Montecarlo", Juan Manuel Montañez, ha ampliado al ayuntamiento de Teguise esta investigación judicial. En una reciente resolución dictada el pasado 15 de julio, el Instructor de esta importante causa criminal accede a la petición que había sido formulada por el fiscal del caso en el mes de abril para que el consistorio remitiera al Juzgado un informe detallado relativo a la existencia de contratos y pagos efectuados a las empresas relacionadas a José Vicente Montesinos y a los pagos mensuales a Carlos Sáenz.

Esta resolución supone un nuevo impulso a la instrucción del caso que había sufrido un parón debido al cambio de titular del Juzgado de Instrucción Número 4 de Arrecife que instruye la causa.

El caso "Montecarlo", que se inició a raíz de una denuncia anónima, tiene ya al menos una quincena de imputados entre políticos, técnicos y empresarios. La denuncia, que pudo partir de un trabajador del Ayuntamiento de Arrecife, se centraba en presuntos hechos delictivos cometidos en ese Consistorio, pero después la investigación llegó también hasta San Bartolomé.

Actualmente, la causa está separada en varias piezas, aunque en muchas de ellas se repiten los mismos imputados. Ése es el caso del que era interventor de ambos municipios, Carlos Sáenz, pero también de Cándido Reguera, que fue alcalde de Arrecife y concejal de Hacienda de San Bartolomé. Además, Javier Betancort también está imputado en la pieza de San Bartolomé por su etapa como edil de Hacienda, y a su vez en otra del Ayuntamiento de Arrecife, en este caso por su actividad privada.

Lo mismo sucede con uno de los dos principales imputados en la causa, el empresario José Vicente Montesinos, que trabajó tanto para Arrecife como para San Bartolomé. Montesinos también pasó diez meses en prisión provisional por esta causa, aunque la juez decretó su puesta en libertad el mismo día que a Carlos Sáenz, el pasado 26 de marzo.


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NotaPublicado: Jue 29 Ago, 2013 7:04 pm 
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Según La Voz de Lanzarote:

Carlos Sáenz ha vuelto a sentarse este jueves en el Pleno del Ayuntamiento de Arrecife, después de que el pasado 8 de agosto se reincorpora a su puesto de interventor. El funcionario llevaba más de un año alejado de este cargo, tras su detención en el caso Montecarlo, en el que está imputado por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, blanqueo de capitales, prevaricación y falsedad de documento público.

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Tras su arresto, el Juzgado decretó prisión provisional para él. Sin embargo, tras pasar diez meses en la cárcel, se levantó esta medida y quedó en libertad a la espera de juicio. Al salir de Tahíche, el pasado 26 de marzo, Carlos Sáenz solicitó recuperar su puesto, pero inmediatamente empezó a presentar bajas médicas que renovaba semanalmente, por lo que siguió lejos del Ayuntamiento.

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Sin embargo, el pasado 8 de agosto, justo al día siguiente de que la nueva interventora que había contratado el Consistorio para sustituirle, Martina Taaroa Manteiga, asistiera a su primer Pleno, Carlos Sáenz volvió al Ayuntamiento a recuperar su cargo.

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Sáenz es uno de los principales imputados en el caso "Montecarlo", donde está investigado no sólo por su gestión en Arrecife, sino también como interventor de los Ayuntamientos de San Bartolomé y La Oliva (Fuerteventura), donde ya no ocupa este cargo.

Tanto él como el empresario José Vicente Montesinos son los nexos comunes que unieron a tres municipios en esta misma investigación. En algunas piezas, también se repiten nombres como los de Cándido Reguera, imputado en la causa tanto por su etapa de alcalde de Arrecife, como por su periodo al frente de la Concejalía de Hacienda en San Bartolomé.


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NotaPublicado: Mié 18 Dic, 2013 2:36 pm 
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Fuente diariodelanzarote.com:

El Ayuntamiento de Arrecife tardó nueves meses en contestar a una demanda en el procedimiento judicial por el que el anterior alcalde Cándido Reguera decidió destituir de su cargo a la secretaria accidental Asenet Padrón, precisamente porque consideraba que no había sido diligente en dar traslado al abogado contratado por el Ayuntamiento y sólo le había dado dos días de plazo para interponer un recurso.

Padrón, en un escrito dirigido a la Junta de personal municipal, desmonta las explicaciones sobre el cese que dieron en rueda de prensa en febrero de 2012 Cándido Reguera (PP), junto a su entonces compañera de partido Nayra Callero y el teniente alcalde José Montelongo (PSOE).

La ex secretaria había denunciado previamente que los tres concejales habían entrado en su despacho en su ausencia y sin su permiso para consultar un expediente que había sido solicitado por la Fiscalía, y que tras la visita faltaban documentos.

Reguera explicó entonces que Padrón no llevaba “los expedientes ni el trabajo con la diligencia debida”, concretamente en ese en el que una empresa reclamaba una indemnización de 90 millones de euros al Ayuntamiento.

Sin embargo, según la ex secretaria, no hubo falta de diligencia. El pasado mes de noviembre el secretario de la Corporación certificó, contestando a una solicitud hecha diez meses antes, que el procedimiento al que se refirió el entonces alcalde corresponde a una reclamación de la empresa promociones parque de La Vega contra la Comisión de valoraciones de Canarias, que es órgano que depende del Gobierno.

La funcionaria municipal, en su escrito, señala que no era un procedimiento contra el Ayuntamiento, sino que se comunicó al Ayuntamiento que se podía personar, y que todos los trámites se hicieron correctamente.

Según su relato de los hechos, en noviembre de 2011 se pidió presupuesto al abogado que indicó el alcalde para que llevara el caso, y en diciembre se le entregó el expediente completo, aunque previamente ya se había enviado la personación. La contestación a la demanda en ese procedimiento se presentó en octubre de 2012, nueve meses después de la destitución de la secretaria.

La funcionaria relata en un escrito los hechos y pide que se informe de ellos a la Junta de personal ya que en una Junta de hace dos años se informó “falsamente” de los motivos de la destitución.

Pide que en el futuro “este tipo de conductas abusivas ni se produzcan ni se toleren” y señala que se le atribuyó una responsabilidad que nunca existió, que las acusaciones contra ellas eran falsas y que no hubo falta de diligencia.

Añade que “se actuó sin negligencia, en tiempo y forma, y que en aquellos días, además de cuanto ya demanda de por sí este Ayuntamiento y en los que se atendieron cuatro sesiones plenarias y numerosas comisiones informativas, además, se encontraban abiertas unas diligencias de investigación por parte de la Fiscalía, por las cuales, casi a diario, y con apercibimientos personales si no se contestaba en el plazo se pedía documentación a la Secretaría debiendo dar prioridad a aquello que posteriormente derivo en el caso Montecarlo”.


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NotaPublicado: Mar 27 May, 2014 9:14 am 
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Fuente lavozdelanzarote.com:

Uno de los grandes casos de corrupción abiertos en los Juzgados de Arrecife, el caso Montecarlo, se está viendo frenado por los reiterados cambios de juez. De hecho, va a afrontar hasta dos en pocas semanas. Estos nuevos cambios se suman al que sufrió menos de un año después de estallar la operación, cuando en mayo de 2012 se produjeron las primeras detenciones.

En abril de 2013, la juez que instruía la causa, Aurora García, dejó la isla para ocupar una plaza en Sevilla en comisión de servicios. En ese momento le sustituyó Juan Manuel Montañez, que tuvo incluso que suspender varias declaraciones que había dejado fijadas la anterior juez, hasta poder conocer los detalles del caso, que tiene una quincena de imputados entre políticos, técnicos y empresarios, y ramificaciones en varios ayuntamientos, por presuntos delitos de malversación de caudales públicos.

Meses después de llegar al Juzgado, Montañez sí empezó a cursar nuevas citaciones y llegó a tomar declaración a varios imputados, pero los avances en la causa se vieron retrasados de nuevo al conocerse que se produciría un nuevo cambio. En este caso, era la propia Aurora García quien iba a volver al Juzgado de Instrucción Número 4 de Arrecife, al no haberse renovado su comisión de servicios en Sevilla.

Fue a principios de este mes de mayo cuando la juez Aurora García (ex decana de los Juzgados de Arrecife) se reincorporó a su antiguo Juzgado, pero eso no ha traído estabilidad a la causa. De hecho, según han confirmado a La Voz desde el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Aurora García volverá a marcharse en pocas semanas. En este caso, la juez ya habría conseguido plaza en un Juzgado de Jerez de la Frontera, y estaría esperando sólo que el nombramiento sea publicado en el Boletín Oficial del Estado.

Así, en pocas semanas, la causa habrá cambiado dos veces de manos. Tras la marcha de Aurora García se designará un nuevo juez para el Juzgado de Instrucción Número 4, que tendrá que empezar a conocer de cero todo el procedimiento.

Y todo ello, cuando el pasado jueves día 22 se cumplieron dos años del estallido del caso Montecarlo, con las primeras detenciones del interventor Carlos Sáenz; el ex concejal de Arrecife José Miguel Rodríguez; el ex edil de San Bartolomé y entonces presidente del Consejo Regulador del Vino, Javier Betancort; y el empresario José Vicente Montesinos.

Tanto Sáenz como Montesinos pasaron diez meses en prisión provisional por esta causa, pero salieron en libertad en marzo de 2013. De hecho, esta decisión fue una de las últimas que adoptó Aurora García antes de dejar la instrucción de la causa para marcharse a Sevilla. Desde entonces, ambos están en libertad a la espera de juicio y Carlos Sáenz se ha reincorporado como interventor al Ayuntamiento de Arrecife.

El caso "Montecarlo", que se inició a raíz de una denuncia anónima, tiene ya al menos una quincena de imputados entre políticos, técnicos y empresarios. La denuncia, que al parecer partió de un trabajador del Ayuntamiento de Arrecife, se centraba en presuntos hechos delictivos cometidos en ese Consistorio, pero después la investigación llegó hasta San Bartolomé, donde Sáenz también era interventor.

Actualmente, la causa está separada en varias piezas, aunque en muchas de ellas se repiten los mismos imputados. Ése es el caso de Carlos Sáenz, pero también de Cándido Reguera, que fue alcalde de Arrecife y concejal de Hacienda de San Bartolomé. Además, Javier Betancort también está imputado en la pieza de San Bartolomé por su etapa como edil de Hacienda, y a su vez en otra del Ayuntamiento de Arrecife, en este caso por su actividad privada y por las facturas que giró al Consistorio durante la Alcaldía de Reguera.

Lo mismo sucede con uno de los dos principales imputados en la causa, el empresario José Vicente Montesinos, que trabajó tanto para Arrecife como para San Bartolomé. Además, el pasado verano el juez que en ese momento instruía la causa accedió a la solicitud de la Fiscalía y ordenó ampliar también la investigación al Ayuntamiento de Teguise, donde también era interventor Carlos Sáenz.


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NotaPublicado: Mar 03 Jun, 2014 7:01 pm 
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Según Diario de Lanzarote:

El Juzgado de lo contencioso número 1 de Las Palmas ha dictado una sentencia en la que declara la nulidad del decreto que conllevó la destitución de Asenet Padrón como secretaria accidental del Ayuntamiento de Arrecife.

Imagen

La destitución de Padrón se produjo en enero de 2012, bajo el gobierno municipal compuesto por Partido Popular y Partido Socialista. El entonces alcalde, Cándido Reguera, y su teniente de alcalde, José Montelongo, llegaron a dar una rueda de prensa para criticar la labor de la jurista.

En aquel momento, el grupo de gobierno aseguró que no se había llevado ciertos expedientes “con la debida diligencia como secretaria”, poniendo de ejemplo la contestación a una reclamación de más de 90 millones de euros por parte de unos propietarios de suelo.

Antes, la secretaria había denunciado que tanto Reguera como Montelongo y la edil Nayra Callero habían entrado en su despacho el 29 de diciembre sin estar presente. En aquella época la Fiscalía había solicitado al Ayuntamiento determinada documentación para sus investigaciones.

Ahora, el Juzgado ha emitido sentencia anulando la destitución del cargo. En la resolución judicial se destaca que el Ayuntamiento puede ejercer “sus potestades discrecionales” en el caso de una trabajadora que ocupa un puesto de manera accidental.

No obstante, destaca que tanto la doctrina judicial como el cargo desempeñado por la trabajadora obligan a que su revocación esté “motivada” para “impedir un ejercicio arbitrario” de la potestad del Ayuntamiento de organizarse.

Así, la sentencia subraya que el puesto de secretaria accidental, es decir, que desempeña la labor pero no tiene la plaza en propiedad, “no es un puesto basado en la confianza política” en el que se van a realizar “encargos personales” del alcalde.

Al contrario, añade el Juzgado, la secretaria accidental debe desempeñar “solo aquellas funciones que le corresponden, propias de la Secretaría”, en el “estricto marco” de la legislación, por lo que “es necesario garantizar su independencia”.

Por tanto, el Juzgado reclama al Ayuntamiento que se dé marcha atrás en su destitución para que “se dicte resolución debidamente motivada” para “así poder conocer las razones que han llevado a la Corporación a revocar el nombramiento” de Padrón “y permitir un posterior control jurisdiccional de las razones del cese”.

ALTERNATIVA. La organización asamblearia, que dio a conocer la sentencia, recalcó que la destitución de Padrón “venía motivada por unas cuestiones de índole personal y que en su momento supuso un auténtico escándalo político”.

MONTECARLO. Alternativa afirma que su destitución tuvo “relación con el llamado caso Montecarlo, donde tanto Cándido Reguera como José Montelongo están imputados, una causa, que a día de hoy, se dirime en los Juzgados”.

PROFESIONALIDAD. Para Alternativa, hay que “acabar con el mal uso que determinados cargos políticos, en este caso del Partido Popular y del Partido Socialista, pretenden realizar sobre la labor profesional de los funcionarios públicos”.


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Traducción al español por Huan Manwë para phpbb-es.com