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NotaPublicado: Vie 07 Ago, 2015 4:04 pm 
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Según Diario de Lanzarote:

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha vuelto a dar la razón a la ex secretaria accidental del Ayuntamiento de Arrecife, Asenet Padrón, y ratifica la sentencia del Juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Las Palmas que declaraba nulo el decreto que firmó en 2012 el entonces alcalde, Cándido Reguera, destituyéndola de su cargo.

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La nueva sentencia supone que hay retrotraer las actuaciones al momento anterior al cese, dejar sin efecto ese cese y, o bien volver a nombrar a Padrón secretaria o dictar otro decreto en el que se motive la destitución.

Padrón ocupaba la plaza de secretaria accidental y su cese fue anunciado en una rueda de prensa en febrero de 2012. Las explicaciones oficiales de su destitución las dieron el exalcalde Cándido Reguera, junto al entonces teniente alcalde y hoy primer edil José Montelongo y la concejal Nayra Callero, cuando se mantenía el pacto PP-PSOE en el Ayuntamiento.

En esa comparecencia argumentaron que la secretaria no había sido diligente al dar traslado al abogado contratado por el Ayuntamiento con sólo dos días de plazo de una notificación para interponer un recurso ante una demanda de la sociedad Parque de la Vega que reclamaba casi cien millones de euros. El alcalde llegó a decir que Padrón no llevaba “los expedientes ni el trabajo con la diligencia debida”. Precisamente, hace sólo una semana se ha conocido la sentencia que libra al Ayuntamiento de pagar esa cantidad.

Los motivos reales del cese eran bien distintos. Padrón logró demostrar, meses después, que el abogado había obtenido el expediente completo con el tiempo suficiente. De hecho, la contestación a la demanda en ese procedimiento se presentó en octubre de 2012, nueve meses después de su destitución. Su cese estuvo relacionado con el caso Montecarlo, donde Reguera, ya fallecido, estaba imputado y donde sigue imputado el actual alcalde José Montelongo.

Padrón debía entregar en Fiscalía cierta documentación de unos expedientes, bajo apercibimiento de asumir responsabilidades penales, que se convirtieron en el conocido caso Montecarlo, que afecta a la contratación de diversas empresas en Arrecife. Esos documentos no se encontraban en el despacho de Secretaría y Padrón llegó a denunciar que el alcalde y los dos concejales antes nombrados habían entrado en su despacho sin su permiso el 29 de diciembre de 2011 y habían desaparecido dichos documentos.

La ex secretaria era la responsable de la custodia de los documentos, que finalmente se encontraban en la vivienda del entonces alcalde, y hasta ese lugar se tuvo que trasladar para reintegrarlos al expediente municipal. Días después de ese episodio, Padrón fue cesada por los motivos expuestos. La funcionaria recurrió el cese y ganó en primera instancia pero el Ayuntamiento apeló la sentencia.

En un escrito enviado posteriormente a la Junta de personal, Padrón justificó que actuó “sin negligencia, en tiempo y forma, y que en aquellos días, además de cuanto ya demanda de por sí este Ayuntamiento y en los que se atendieron cuatro sesiones plenarias y numerosas comisiones informativas, además, se encontraban abiertas unas diligencias de investigación por parte de la Fiscalía, por las cuales, casi a diario, y con apercibimientos personales si no se contestaba en el plazo se pedía documentación a la Secretaría debiendo dar prioridad a aquello que posteriormente derivó en el caso Montecarlo”.

La nueva sentencia destaca que el cargo de la Secretaría no es “un puesto basado en la confianza política, donde no se van a realizar encargos personales del presidente de la Corporación” y que por tanto es “necesario garantizar su independencia”.

Así pues, el cese en el cargo, a pesar de que es una potestad discrecional de la alcaldía, “tiene que estar motivado con la finalidad de impedir un ejercicio arbitrario de las potestades de autoorganización de la administración, no siendo suficiente, contra lo que entiende el Ayuntamiento de Arrecife, la mera cita de preceptos legales”.

Añade el fallo que es necesario conocer las razones “que hayan llevado a la Corporación a revocar el nombramiento para permitir un posterior control jurisdiccional de las razones del cese”. La sentencia no tendrá probablemente efectos prácticos ya que Padrón trabaja ahora como técnico del Grupo A1 en el departamento municipal de responsabilidad patrimonial y el alcalde puede nombrar como secretario a otro funcionario que reúna las características para ser secretario accidental.


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NotaPublicado: Mar 08 Sep, 2015 3:40 pm 
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NotaPublicado: Dom 08 Nov, 2015 9:05 am 
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Según Diario de Lanzarote:

La Fiscalía de Las Palmas, en un breve informe presentado recientemente al Juzgado, en el que se mostraba en contra del archivo de las actuaciones del caso Montecarlo contra el actual alcalde de Arrecife, José Montelongo, considera que no solo no hay que archivar la causa sino que los indicios de la responsabilidad penal del alcalde se han reforzado.

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Según el fiscal, los documentos aportados por el ex tesorero del Ayuntamiento, Antonio Cabrera Panasco, durante sus declaraciones judiciales, corroboran la declaración de la tesorera accidental Carmen Villaverde y dejan constancia escrita del interés de Montelongo, cuando era concejal de Hacienda, “en evadir la prelación de pagos de forma inmotivada e ilegal en contra de los intereses generales municipales” y en favor de las empresas Inelcon y Señalcon.

Montelongo está acusado de aprobar el gasto para pagar facturas de esas empresas de electricidad, que llegaron a facturar, sólo en la Navidad de 2010, hasta 250.000 euros. El Ministerio Público apunta que también hubo otro reconocimiento de facturas a favor de las mismas empresas poco tiempo después del que se hizo en noviembre de 2011, “y cuyo análisis resulta imprescindible para esclarecer su participación”. El alcalde está imputado en esta pieza y en la de la empresa Tunera.

Montelongo, en sus dos declaraciones judiciales, según apunta el fiscal, “no ha sabido dar explicación mínimamente razonable a conceptos tan elementales y propios de su cargo (precisamente concejal de hacienda), como el procedimiento para el reconocimiento de una obligación de pago y ejecución del gasto, ha conformado facturas irregulares con cantidades legalmente indebidas, ha ordenado el pago de múltiples facturas irregulares y ha impulsado el reconocimiento de otras muchas por elevadísimas cantidades sin el mínimo control que dichas actuaciones exigían”.

Y todo esto lo habría hecho, “amparándose en una confianza en la labor del Interventor imputado para tratar de eximirse de responsabilidad cuando diversas circunstancias que obran en la causa invitaban, como mínimo, a lo contrario respecto de ese Interventor concreto y también de esas facturas, al recelo, y a extremar los mecanismos de control del gasto que estaban a su disposición y que no se han de ceñir únicamente al parecer del Interventor de Fondos (entre otros, “confiar” igualmente en sus tesoreros, lo cual afirma haber hecho, de forma claramente mendaz)”.

Aunque no lo cita en el informe, la Fiscalía se refiere a que había hechos ya denunciados contra el Interventor Carlos Sáenz, como el caso de las facturas de otra empresa de electricidad, Proselan, que se juzgará este mes, y que fueron precisamente denunciadas por el PSOE, o el de los pliegos de condiciones irregulares, que es otra pieza separada en Montecarlo. El fiscal Ignacio Stampa señala sobre el actual alcalde que tomó “una postura claramente activa y pro-pago a dichas empresas a sabiendas de su ilegalidad”.

Por otra parte, en el mismo escrito el fiscal solicita el archivo de la causa contra el ex tesorero García Panasco porque considera que no hay indicios de infracción penal en su conducta y destaca que, mientras que se imputa a este tesorero no se acordó la imputación del resto de tesoreros que hicieron los pagos. De hecho, señala que no es “de los tres que actuaron con respecto a Inelcon y Señalcon, el que pudiera ser sospechoso de facilitar pagos irregulares a tales empresas”.

Además, dice que, por los escritos de la defensa de Montelongo se confirma su “animadversión” hacia ese tesorero. También destaca que Panasco manifestó a los entonces alcalde y concejal su desacuerdo con la decisión de pagar esas facturas “al margen del orden de prelación legalmente establecido ante la carencia de Plan de Disposición de Fondos”.

El Ayuntamiento de Arrecife está personado en el caso Montecarlo, pero la Fiscalía no tiene claro de qué forma, y le solicita que explique “qué pretensión acusatoria ejercita y la condición en que se encuentra personado en la causa, si como acusación particular o actor civil, ejerciendo acciones penales o civiles, o ambas”, ya que de momento sólo se le tuvo personado “ambiguamente en calidad de perjudicado”.

“Tal diligencia -dice la Fiscalía- resulta imprescindible con el fin de evitar cualquier fraude procesal o la existencia de intereses coincidentes entre acusación y defensa” ya que el Ayuntamiento no ha especificado el perjuicio que se le ha causado y no ha propuesto ni una sola diligencia de instrucción.


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NotaPublicado: Mié 20 Ene, 2016 4:23 pm 
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Según Diario de Lanzarote:

El alcalde de Arrecife, José Montelongo, ha decidido no readmitir a la ex secretaria de Arrecife, Asenet Padrón, en ese puesto. Una sentencia firme le obligaba hace meses a retrotraer las actuaciones al momento anterior al cese y motivar la destitución. Ahora ha emitido un decreto en el que alega que el cese se produce por motivos de organización interna, porque hacían falta técnicos en otros departamentos.

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Padrón ejercía como secretaria accidental, ya que la plaza está vacante desde 2004. Fue cesada en enero de 2012 por el entonces alcalde Cándido Reguera, quien dio una rueda de prensa junto al entonces teniente alcalde José Montelongo para criticar la "falta de diligencia" de Padrón, a quien acusaron de demorarse en una notificación para interponer un recurso en una reclamación millonaria contra el Ayuntamiento.

Posteriormente, Padrón demostró con un certificado que el abogado del Ayuntamiento había obtenido el expediente completo con el tiempo suficiente. En un escrito dirigido a la Junta de personal, la funcionaria desmontaba las razones que se dieron para su cese y destacaba que la contestación a la demanda por el Ayuntamiento se presentó en octubre de 2012, nueve meses después de su destitución.

Padrón había denunciado previamente que tres concejales habían entrado en su despacho en su ausencia y sin su permiso para consultar un expediente que había sido solicitado por la Fiscalía, y que tras la visita faltaban documentos.

En el nuevo decreto de destitución, que para el Ayuntamiento supone la ejecución de la sentencia, el alcalde no hace mención a los motivos esgrimidos de forma pública en 2012 y motiva el cese en las “potestades de auto organización” del Ayuntamiento.

También justifica que no se restituya a Padrón en el puesto de secretaria por la designación del actual secretario, Francisco Javier López, “auxiliar de Administración general” pero licenciado en Derecho “y suficientemente cualificado para el desempeño del puesto de secretario” del Consistorio “dada su dilatada experiencia”.

Así, el decreto señala que esta elección permite "una mejor y más eficiente organización” de los “recursos humanos” evitando que “los departamentos a los que están asignados funcionarios de la subescala técnica o de gestión se vean desprovistos del técnico asignado a los mismos".

El alcalde considera que de esta manera se optimiza el personal “con que cuenta la Corporación al asignarse al puesto” de secretario accidental “a un funcionario de inferior subescala formal pero con plena capacitación material”, por lo que “se consigue su cobertura de la forma que se considera más eficiente” por el Ayuntamiento.

La nueva resolución, que no está acompañada de informe técnico, señala que con el cese se consiguió dotar al departamento de Infracciones de un técnico (Asenet Padrón) que conoce bien esa materia, reforzando la seguridad jurídica de los expedientes. No obstante, tras su cese en enero de 2012, Padrón pidió la baja, y seis meses después se incorporó al departamento de Responsabilidad Patrimonial, y no al de Infracciones, donde la destinaron más tarde.


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NotaPublicado: Lun 01 Feb, 2016 4:11 pm 
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Según Crónicas de Lanzarote:

Inspección Fiscal ha abierto un expediente informativo tras los escritos de queja presentados por la secretaria del Juzgado de Instrucción número 4 de Arrecife, Mar Vidal Villagrasa, contra el representante del Ministerio Público en la capital, Ignacio Stampa, por presuntos "insultos y amenazas" a raíz de varios altercados ocurridos en el marco de la tramitación de las diligencias previas del caso ’Montecarlo’, en el que está imputado el propio alcalde de Arrecife, José Montelongo.

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Según recoge este lunes el diario Canarias 7 en su edición impresa, haciéndose eco de los escritos de queja presentados por la secretaria del Juzgado de Instrucción número 4 de Arrecife, el fiscal se dirigió a su despacho el pasado 22 de septiembre para revisar una documentación acordada por providencia de esa misma fecha y, cuando la secretaria le dijo que tomara asiento, "éste se puso a gritar y amenazar indicando que no iba a revisar dicha documentación en presencia de la secretaria", a lo que ésta le respondió que se trataba de un trámite obligado, por tratarse de piezas de convicción que deben revisarse en presencia de la secretaria, ya que es ésta quien debe velar por su seguridad.

Según el escrito al que afirma haber tenido acceso Canarias 7, "no es la primera vez que se producen estos hechos", pues la secretaria judicial afirma que ya vivió un episodio similar cuando ella ejercía en el Juzgado número 3, donde se tramitaba el procedimiento del caso Yate. Sin embargo, explica que no cursó queja, "por ser un incidente aislado y puntual".

La secretaria judicial presentó un segundo escrito, fechado el 17 de diciembre, en el que relata que Ignacio Stampa compareció ese día en el Juzgado para entregar una cédula exigiendo que la letrada procediera a corregirla, algo que al parecer no podía hacer al estar firmada y sellada, ante lo que asegura que el fiscal se puso a dar voces acusándola de estar cometiendo un engaño y obligando al juez a pedir que se calmara.

Canarias 7 apostilla su información señalando que, tras las quejas de la secretaria, el propio fiscal denunciado ha presentado un escrito de recusación ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias alegando "enemistad manifiesta" de la letrada y pidiendo que ésta sea apartada de procedimiento de diligencias previas del caso Montecarlo.


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NotaPublicado: Lun 22 Feb, 2016 3:47 pm 
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Según Diario de Lanzarote:

El alcalde de Arrecife, José Montelongo (PSOE), que estaba citado a declarar este lunes por la mañana en el Juzgado número 4 de Arrecife por el caso Montecarlo, ha decidido no hacerlo alegando que no ha tenido tiempo para estudiar la nueva documentación aportada a la causa por la Fiscalía. Los otros dos imputados llamados a declarar hoy, el interventor Carlos Sáenz y el empresario Carlos Lemes, han solicitado la misma medida.

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Montelongo se ha ratificado en sus dos declaraciones anteriores (la primera de julio de 2012) y solicitará declarar de forma voluntaria una vez que su defensa estudie la documentación. Además, su defensa ha planteado que se aporte más documentación. El martes está previsto que declare el técnico de festejos José Nieves.

La citación se producía en la pieza relacionada con la empresa Inelcon. Montelongo también está imputado en la pieza de Tunera. Esta declaración se había suspendido ya dos veces, en octubre de 2015 porque no se les había dado traslado de documentación y el pasado 3 de febrero por la misma circunstancia. Finalmente, los imputados han alegado que no les ha dado tiempo a estudiarse la causa en estas tres semanas.

Dentro de esta pieza, la Fiscalía, en un informe del año pasado, y ante la petición de archivo por parte del alcalde, consideraba que los indicios de su responsabilidad penal se han reforzado. Según el fiscal, los documentos aportados por el ex tesorero del Ayuntamiento, Antonio Cabrera Panasco, durante sus declaraciones judiciales, corroboran la declaración de la tesorera accidental Carmen Villaverde y dejan constancia escrita del interés de Montelongo, cuando era concejal de Hacienda, "en evadir la prelación de pagos de forma inmotivada e ilegal en contra de los intereses generales municipales" y en favor de las empresas Inelcon y Señalcon.

Montelongo está acusado de aprobar el gasto para pagar facturas de esas empresas de electricidad, que llegaron a facturar, sólo en la Navidad de 2010, hasta 250.000 euros. El Ministerio Público apunta que también hubo otro reconocimiento de facturas a favor de las mismas empresas poco tiempo después del que se hizo en noviembre de 2011, "y cuyo análisis resulta imprescindible para esclarecer su participación".

Montelongo, en sus dos declaraciones judiciales, según sostiene el fiscal, "no ha sabido dar explicación mínimamente razonable a conceptos tan elementales y propios de su cargo (precisamente concejal de hacienda), como el procedimiento para el reconocimiento de una obligación de pago y ejecución del gasto, ha conformado facturas irregulares con cantidades legalmente indebidas, ha ordenado el pago de múltiples facturas irregulares y ha impulsado el reconocimiento de otras muchas por elevadísimas cantidades sin el mínimo control que dichas actuaciones exigían". El fiscal considera tomó una postura "claramente activa y pro-pago" de las facturas a esas empresas "a sabiendas de su ilegalidad".


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NotaPublicado: Mié 09 Mar, 2016 4:41 pm 
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Según La Voz de Lanzarote:

El caso Montecarlo acaba de sumar cinco nuevos imputados en una de las piezas, concretamente la que investiga los pagos a Inelcon. El juez Ricardo Fiestras Gil ha decidido llamar a declarar a cuatro ex concejales del Ayuntamiento de Arrecife y una nueva técnico, por presuntos delitos de malversación de caudales públicos en el pago de facturas a esta empresa por trabajos presuntamente no realizados.

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Los nuevos imputados son la ex concejal del PNL Isabel Martinón, la ex edil del PP Ángela Hernández, los ex concejales socialistas Alberto Morales y Víctor Betancort y la arquitecto técnico Penélope Tabares. Todos ellos serán citados para el próximo mes de abril para declarar en calidad de “investigados”, que es como se denomina ahora a los imputados.

Los pagos bajo sospecha se realizaron al menos entre los años 2008 y 2011, en los que pasaron por el Ayuntamiento de Arrecife hasta tres grupos de gobierno distintos (el PSOE-PIL, el PP-PIL-PNL y el PP-PSOE). Por eso, se han ido sumando nuevos ediles que estuvieron al frente del área de Hacienda, así como ex concejales de otros departamentos desde los que se autorizaron los pagos de facturas a esta empresa.

En el caso de Isabel Martinón, ocupó la Concejalía de Hacienda durante una parte del periodo que se investiga en esta causa. Concretamente, desde diciembre de 2009 y hasta las elecciones de mayo de 2011. Durante ese tiempo gobernaron juntos en Arrecife el PP, el PIL y el PNL, tras presentar una moción de censura al socialista Enrique Pérez Parrilla, que había quedado en minoría al expulsar al PIL del grupo de gobierno tras el estallido de la Operación Unión.

En cuanto a la popular Ángela Hernández, estuvo al frente de la Concejalía de Tráfico durante ese mismo periodo, entre diciembre de 2009 y mayo de 2011. Su imputación estaría relacionada con una parte de los pagos a Inelcon relacionados con su Concejalía. Y es que entre otras cosas, esta empresa recibió importantes sumas de dinero en ese periodo por supuestas reparaciones de semáforos.

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Respecto a los dos concejales socialistas, formaban parte del grupo de gobierno al inicio de esa misma legislatura, antes de la moción de censura. En el caso del Alberto Morales, estuvo al frente de la Concejalía de Turismo y también habría firmado pagos a Inelcon. Por su parte, Víctor Betancort ocupaba el área de Transportes. Además, se hizo cargo de la Concejalía de Hacienda tras la detención del ex edil del PIL José Miguel Rodríguez en la Operación Unión.

En la providencia en la que ordena estas cinco citaciones, el juez señala que la decisión surge de las nuevas declaraciones realizadas en los Juzgados y de la documentación incorporada a la causa. Dentro de esta misma pieza, la pasada semana prestaron declaración un perito, interventor general del Estado, y un técnico de Arrecife, que también está imputado en la causa. Se trata de José Antonio Cabrera, de quien dependía el control de los semáforos cuando se produjeron los pagos bajo sospecha.

Esta pieza, que investiga facturas de cientos de miles de euros abonadas a Inelcon y Señalcon, suma así una quincena de imputados. Entre ellos se encontraba el ex alcalde del PP, Cándido Reguera, que falleció durante la instrucción. También, junto a otros técnicos y ex concejales, está imputado el actual alcalde, José Montelongo, aunque por su etapa como concejal de Hacienda al inicio de la pasada legislatura, cuando gobernó durante un periodo junto a Reguera.

Además de ésta, el caso Montecarlo tiene otras dos piezas abiertas en Arrecife y una más en San Bartolomé, aunque en este caso ya está cerrada. En todas ellas está imputado el interventor, Carlos Sáenz, que sigue ejerciendo este cargo en la capital. Tanto la pieza de San Bartolomé como una de las de Arrecife giran en torno a los pagos a las empresas de José Vicente Montesinos. En cuanto a la cuarta pieza, se centra en las facturas abonadas por el Ayuntamiento capitalino a Tunera Producciones.


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NotaPublicado: Mié 13 Sep, 2017 8:21 am 
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Según Diario de Lanzarote:

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha declarado ilegal, por segunda vez, la destitución de la exsecretaria del Ayuntamiento de Arrecife, Asenet Padrón, que fue apartada del cargo en 2012. Recurrió a los tribunales y se anuló su cese, pero la sentencia se incumplió y no se le permitió regresar al puesto, y ha vuelto a ganar al Ayuntamiento.

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La jurista, designada secretaria accidental del Ayuntamiento de Arrecife en el año 2005, fue destituida bajo la alcaldía del fallecido Cándido Reguera (PP), en enero de 2012. Padrón recurrió su cese, y ganó en primera y en segunda instancia, obligando a Ayuntamiento a retrotraer las actuaciones y a motivarlo.

La sentencia firme del TSJC, dictada en el año 2014, decía que el cargo de la Secretaría no es "un puesto basado en la confianza política, donde no se van a realizar encargos personales del presidente de la Corporación" y que por tanto es "necesario garantizar su independencia".

Para ejecutar la sentencia del TSJC, el entonces alcalde, José Montelongo (PSOE), que gobernaba en 2012 junto al PP, emitió un decreto en diciembre de 2015 trasladándola de departamento pero no repuso a la jurista en su puesto de secretaria, así que la funcionaria volvió a recurrir alegando que no se estaba ejecutando el fallo debidamente.

Ahora, la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) le ha vuelto a dar la razón y considera que el decreto que firmó el exalcalde es nulo y que se debe reponer a la funcionaria "en el puesto de trabajo del que fue indebidamente removida", así como abonar las costas procesales y la diferencia salarial que se hubiera podido producir.

La sentencia del TSJC dice, sobre el decreto firmado por el exalcalde socialista en diciembre de 2015 que "la rocambolesca decisión municipal no hace sino corroborar que el objetivo en todo momento pretendido fue y sigue siendo el de cesar” a la funcionaria “en su puesto de trabajo, al margen de necesidades del servicio o de razones de interés público algunas". También se destaca que en ningún momento se abrió expediente alguno para destituirla ni se le dio audiencia.

El Ayuntamiento de Arrecife, para cumplir la sentencia anterior, de 2014, primero debía haber puesto en su anterior puesto da trabajo a Padrón y después argumentar el cese "con hechos y datos de la realidad, pero de la realidad existente en la fecha del acto anulado y, en cualquier caso, de hechos que consten en el expediente", señala el fallo.

"Sólo de este modo -destaca la sentencia- puede enjuiciarse luego la razonabilidad de la medida y, eventualmente, controlarse el cumplimiento de la prohibición constitucional de la arbitrariedad, lo que es singularmente relevante en el caso de ejercicio de potestades discrecionales".

Se da la circunstancia de que la jurista fue destituida y se pasó dos días sentada en el pasillo del Ayuntamiento, frente al Registro general del Consistorio, sin que se le encomendara tarea alguna.

Cuando se produjo la primera sentencia firme del TSJC, en lugar de restituir a la exsecretaria en su puesto, el exalcalde del PSOE ratificó en ese puesto a otra funcionaria y motivó el cese en base a un informe que se confeccionó seis meses después de la destitución de Padrón.

El exalcalde argumentó el cese por la supuesta necesidad que había en el departamento de Infracciones de contar con técnicos cualificados para dotarlo de mayor seguridad jurídica. Sin embargo, en su recurso, Padrón demuestra que en la fecha del cese no existían esas necesidades en ese departamento y que tampoco se le envió a Infracciones.

"Ni siquiera en el propio procedimiento judicial, se alegó, ni de pasada, ni en primera ni en segunda instancia, que el cese fuese por la causa que ahora se da", señalaba la funcionaria en su recurso, en el que también aportaba como prueba los decretos que revelan que el departamento de Infracciones, al menos desde 2006 de manera ininterrumpida, siempre tuvo un técnico al frente del mismo.

Según la sentencia, lo que tenía que haber hecho el exalcalde es colocar a Padrón de nuevo como secretaria accidental, abrir un expediente, cosa que no se hizo, emitir los informes correspondientes y resolver.

"Sin embargo, nada de eso ocurre. Se dicta un decreto, en el que se retrotraen las actuaciones, como si de una expresión se tratase, porque realmente, nunca se produjo tal retroacción, se da un nuevo motivo jurídico de cese, que consideramos que es incierto", según apelaba la secretaria y recoge el fallo.

La sentencia sólo se podría recurrir en casación aunque es improbable que el Ayuntamiento de Arrecife la recurra. Puede que no tenga efectos prácticos, más allá de las cantidades económicas que haya que sufragar, ya que la funcionaria solicitó la reducción de jornada y está adscrita a la asesoría jurídica.

Por otra parte, los dos procedimientos judiciales y sus recursos han generado un gasto en costas procesales para el Ayuntamiento de Arrecife que superan los 13.000 euros, según las fuentes consultadas.

Más detalles

DESTITUCIÓN. La destitución de la exsecretaria, anulada por los tribunales, se produjo después de que los entonces responsables políticos del Ayuntamiento acusaran a la funcionaria en una rueda de prensa de “falta de diligencia” en un procedimiento relativo a una reclamación millonaria al Ayuntamiento por una expropiación.

CERTIFICADO. Meses después, la funcionaria demostró con un certificado que el abogado del Ayuntamiento en el citado procedimiento había obtenido el expediente completo con el tiempo suficiente.

DENUNCIA. La exsecretaria llegó a denunciar que habían entrado en su despacho en su ausencia y sin su consentimiento en busca de un expediente que estaba siendo objeto de investigación judicial.


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NotaPublicado: Vie 19 Oct, 2018 3:43 pm 
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Vecinos Unidos ha anunciado que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Las Palmas ha ordenado al Ayuntamiento de Arrecife que proceda "de forma inmediata" al cumplimiento de la sentencia en la que ordenó que se reponga a Asenet Padrón en el puesto de trabajo "del que fue indebidamente removida" como secretaria del Consistorio.

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La destitución de Asenet Padrón se produjo en enero de 2012 bajo la Alcaldía de Cándido Reguera y ya el Juzgado se ha pronunciado en hasta tres ocasiones a favor de la exsecretaria del Ayuntamiento declarando nulo su cese, según apunta Vecinos Unidos. Sin embargo, a pesar de ello, Padrón no había sido restituida en su puesto de trabajo.

Desde la formación recuerdan que ya el 17 de octubre de 2017, después de que por sentencia del 5 de septiembre se ordenase reponer a Asenet Padrón a su puesto de trabajo, Vecinos Unidos presentó una moción al pleno solicitando que la exsecretaría de Arrecife volviera a ocupar el puesto "ante la falta de decisión por parte de la todavía alcaldesa".Y Vecinos Unidos, en dicha sesión plenaria, la todavía alcaldesa de Arrecife, Eva de Anta, aseguró textualmente que "el Ayuntamiento efectivamente cumple las sentencia y las ejecuta" y que se estaba "preparando" la "ejecución" de esta última sentencia que había llegado al Consistorio.

"¡Mentira! ¡La alcaldesa nos mintió descaradamente!", señalan ahora desde Vecinos Unidos, desde donde explican que hacen estas acusaciones "porque el pasado 10 de octubre de 2018, un año después de sus palabras, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 del TSJC ha requerido al Ayuntamiento de Arrecife para que, de forma inmediata, proceda al cumplimiento de la sentencia de 5 de septiembre de 2017... y se dicte el decreto de ejecución de sentencia acordando la reposición en su puesto de trabajo de Doña Asenet Padrón. Asimismo, Vecinos Unidos afirma que la resolución judicial ordena que se le abonen las cantidades adeudadas a la exsecretaria de Arrecife "como consecuencia inherente a la sentencia".

De esta forma, Vecinos Unidos también critica "el despilfarro de más dinero público en procedimientos innecesarios". Y es que, recuerda que ya en el pleno de octubre de 2017, su concejal Andrés Medina advirtió que este "innecesario procedimiento" le había costado a las arcas municipales "en torno a 13.000 euros". "Ahora, con esta nueva sentencia (la tercera), un año después, ¿a cuánto más ascenderán las costas judiciales", se pregunta el partido.

"¿Acaso todo este gasto económico de dinero público tiene mucho que ver con el obsesivo interés de la todavía alcaldesa de Arrecife de mantener a su secretaria accidental Pilar Machín?", añade Vecinos Unidos, que apunta que esta funcionaria "fue designada digitalmente por la propia Eva de Anta".

"Ya en enero de 2017, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de LAs PAlmas anuló el nombramiento de la actual secretaria accidental, porque vulneró un derecho fundamental recogido en el artículo 23.2 de la Constitución Española", recuerda la formación, que también señala que "en junio del mismo año, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias le reprochó a la Alcaldía la confusión y oscuridad que trató de generar en el pleito, con consideraciones ajeas o extrañas, condenando al Ayuntamiento al pago de las costas (otra vez).


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NotaPublicado: Mar 23 Oct, 2018 2:43 pm 
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La alcaldesa de Arrecife, Eva de Anta, ha ordenado a través de un decreto firmado ayer que se recurra la providencia por la que el Juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Las Palmas de Gran Canaria ordena que se cumpla "de forma inmediata" la sentencia de 5 de septiembre de 2017 dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias que obligaba a su vez que se repusiera en su puesto a la exsecretaria municipal Asenet Padrón.

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De Anta ha decidido contratar para este recurso de reposición al abogado Víctor J. Hernández por 2.996 euros. La providencia, del pasado 10 de octubre, obligaba también a abonar las cantidades que se le adeudan a Padrón, que fue designada secretaria accidental en 2005, cuando gobernaba Isabel Déniz, y destituida en enero de 2012, bajo el gobierno municipal compuesto por Partido Popular y Partido Socialista.

La exsecretaria accidental ya ha ganado dos procedimientos por su destitución sin que hasta ahora se le haya reincorporado a ese puesto. El primer cese fue anulado y se obligó al Ayuntamiento a motivarlo. Como no se repuso a la jurista en el puesto de Secretaría, los tribunales volvieron a anular el siguiente cese, dictado por el entonces alcalde, José Montelongo.


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Traducción al español por Huan Manwë para phpbb-es.com