El ex presidente accidental, Marío Pérez (CC), ordenó la no comparecencia del Cabildo en el recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) que interpuso la trabajadora y esposa del consejero de Asuntos Sociales, José María Espino (CC), contra una resolución que ordenaba su traslado a otro departamento de la Corporación en 1997.
La mujer del consejero, que consideraba no ajustada a derecho dicha resolución, recurrió por la vía contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), el cual dictó sentencia el 15 de julio de 2001, acordando la inadmisión de dicho recurso.
La Sala rechazó la pretensión de la esposa de Espino, que pedía que «se anulara el nombramiento de otra trabajadora como jefa del área de Servicios Sociales y, en su lugar, se le permitiera a ella ocupar dicho cargo».
A pesar del rechazo del TSJC, la esposa del consejero acudió en recurso de amparo ante el Constitucional, que lo admitió a trámite el 14 de abril de 2004.
Frente a esto, Mario Pérez ordenó al abogado del Cabildo que se retirara del pleito, dejando indefensa a la institución en una causa en la que había obtenido el respaldo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias previamente.
La decisión de Pérez se adoptó sin existir informe jurídico «aconsejando o desaconsejando la personación del Cabildo en el citado recurso», según consta en el certificado expedido por el secretario de la Corporación, que también confirma la existencia la carta dirigida al letrado ordenando la retirada de la defensa.
Como se recordará, Asunción Hernández Martín, esposa del consejero de Asuntos Sociales, ejerce en la actualidad como jefa del Servicio, tras la remodelación ordenada por su marido a su llegada a este departamento como consejero, en julio de 2003.
Un decreto dictado por Dimas Martín supuso el cese de la anterior coordinadora en favor de su propia esposa. En el mismo decreto, se ordenaba además, a propuesta del propio Espino, incluir en su salario un complemento de cargo y responsabilidad, que en un decreto posterior fue corregido e incrementado hasta los 430 euros.
El nombramiento de la esposa de Espino como jefa de área fue además una de las primeras decisiones adoptadas por el consejero nada más incorporarse al cargo, tras las elecciones de 2003, tal y como denunció este periódico en su día.
Asunción Hernández, que fue trasladada al departamento de Informática por una decisión de la presidenta en funciones, María José Docal, adoptada el 4 de noviembre de 1997, también interpuso demanda por moobing o acoso moral contra el Cabildo, por esta misma causa, ante los juzgados de lo Social, y perdió. En cuanto al recurso ante el TC, todavía no se conoce un pronunciamiento y, en el caso de que el fallo sea contrario al Cabildo, se espera una importante indemnización por daños a la demandante.
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